El derecho a decidir (I): Lo que no es decidible en democracia

“Del mismo modo que no hay democracia sin un sustento de concordia, nuestra historia nos demuestra que la concordia sólo se hace efectiva con la garantía de la ley. La ley no es un capricho de la democracia, es parte consustancial de ella” Mariano Rajoy. 12/10/2014

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó el pasado sábado el decreto de convocatoria de la consulta (de autodeterminación) de Cataluña prevista para el 9 de noviembre. El objeto de la consulta es, según el decreto, “conocer la opinión sobre el futuro político de Cataluña”, y se fundamenta en el “derecho a decidir” que algunos catalanes invocan y una mayoría del parlamento catalán le atribuye al “pueblo de Cataluña”, proclamado en la “Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”.

Pero el derecho que invoca una fracción de los catalanes, no es cualquier derecho a decidir. El proclamado por la mayoría (independentista) del parlamento catalán y ahora decretado por la Generalitat, es “el derecho a decidir para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo”, lo que en este caso se traduce en el derecho de los catalanes (y sólo de ellos, los catalanes) a “decidir” –en una “consulta”, cosa que me confunde–si quieren que Cataluña sea (o no) un Estado, y (sólo en el caso de que respondan Sí a esto), si quieren que sea un Estado independiente (lo que traería como consecuencia la disolución de la unidad de España y su desintegración territorial).

Cuatro ideas han intentado fundamentar este específico “derecho a decidir” que supuestamente le corresponde al “pueblo de Cataluña”:

1.   La idea –proclamada en la Declaración– de que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, idea esta que fue repetida y desarrollada hace pocos días por Artur Mas, quien afirmó que la Generalitat como institución es anterior a la Constitución de 1978, y que él es el presidente 129° de la Generalitat.

2. La idea –repetida  mil veces, hasta que todos la crean– de que el plan independentista viene respaldado por una mayoría social y consenso político.

3.  La idea de que el Gobierno de España ha (supuestamente) rechazado el diálogo (supuestamente) propuesto por la facción independentista de Cataluña, y la legalidad de la consulta (que los independentistas atribuyen al hecho de que fue aprobada por el parlamento catalán).

4.      La idea de que “el derecho a decidir de un pueblo no tiene límites” (Artur Mas). Asociada con esta, la idea de que la democracia (electoral o referendaria) es lo principal (o lo único) que importa en la organización política y nada más, por lo tanto, los ciudadanos tendríamos la facultad (aparentemente imperial) de votar y decidir sobre los asuntos que nos interesen y sin límite alguno, aunque lo hubiere en la constitución.

En esta primera entrega sobre el derecho a decidir, quiero comentar únicamente esta última idea. Es la idea que plantea una aparente contradicción o tensión entre la primacía de la soberanía y la supremacía de la constitución, o lo que es lo mismo, entre la democracia y el Estado de Derecho. Esta idea se expresa gráficamente en las recientes declaraciones del diputado izquierda-republicano Alfred Bosch, quien señaló que, “entre obedecer a un tribunal [constitucional] politizado u obedecer a la mayoría de la población en Cataluña que quiere ir a las urnas, nuestra obligación, nuestro deber y lo más correcto es obedecer a los ciudadanos de Cataluña…”. Obedecer al pueblo u obedecer a la constitución, he allí el aparente (y falso) dilema.

Lo que aspiramos explicar acá es que invocar la soberanía, la autodeterminación y la democracia como fundamento de “ese” derecho a decidir, es incompatible con la lógica de una constitución normativa que, precisamente por ello, proclama en su artículo 9.1 que “[l]os ciudadanos y [no sólo] los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Este afortunado precepto impone un requisito esencial de todo Estado de Derecho: el sometimiento pleno de los poderes públicos y de los ciudadanos, al Derecho.

Del artículo 9.1 se deduce que la Constitución no es un programa de gobierno ni un catálogo de principios, sin vinculación jurídica ni obligación de inmediato cumplimiento, sino que es la “norma suprema” del ordenamiento español, y en cuanto tal, prevalece sobre cualquier otra norma, incluyendo –naturalmente– a las leyes de los parlamentos de España y de Cataluña; y todos los poderes públicos, y también los ciudadanos, estamos sujetos a lo que prescribe el Texto Constitucional (Sentencia N° 16/1982 del TCE).

La Constitución debe ser, entonces, una norma cualitativamente superior y distinta a todas las demás, principalmente por una razón que interesa a todos los españoles –insisto, a todos–: porque la Constitución, con sus virtudes y con sus defectos, contiene las “reglas básicas de convivencia”; dicho de una forma más técnica, incorpora el sistema de valores esenciales sobre el cual se constituye el orden de convivencia política entre los catalanes, los vascos, los gallegos y los demás españoles. Y por eso mismo, el artículo 9.1 señala que este principio de supremacía constitucional vincula no sólo a los poderes públicos, sino también a los ciudadanos, quienes por tanto, tenemos (todos) un deber general negativo de abstenernos de cualquier actuación que vulnere la Constitución (Sentencia N° 101/1983 del TCE).

Desde luego, un paradigma como este parece estrellarse contra algunos elementos del principio democrático, y principalmente contra el derecho a la participación, la regla de la mayoría para la toma de decisiones políticas y –para decirlo más claro– contra el traído “derecho a decidir”. De este modo y gracias al paradigma de la supremacía constitucional, aquel clásico principio de soberanía popular se ha desvanecido (o al menos se ha redimensionado), dado que hoy día todos los poderes públicos –incluso el legislativo y con él la llamada soberanía popular– están sujetos a la constitución.

Pero esta tensión o aparente choque no existe –según doctrinarios como Ferrajoli– si se asume la democracia desde una perspectiva sustancial (o constitucional) y no sólo desde una perspectiva formal (o electoral). Por “democracia sustancial” –lo explica la profesora Alterio– debe entenderse al “conjunto de límites y vínculos impuestos por los derechos y por los principios constitucionales tanto a la validez de las leyes como a la democracia política”. De este modo, Ferrajoli distingue dos dimensiones que tiene (o debe tener) la democracia.

Una dimensión formal –que es la exclusivamente defendida por los factores independentistas que hay en España– que determina el quién y el cómo se adoptan las decisiones, y que se funda en la soberanía popular y la regla de la  mayoría, pero que por sí sola no alcanza (ni es suficiente) para definir a la democracia. Para que haya realmente democracia, o para que pueda decirse que la hay, es preciso cumplir las condiciones que exige la dimensión sustancial. Las condiciones de la democracia sustancial indican qué es lo que se puede o no se puede decidir (en democracia), y sólo cuando estas condiciones se cumplen, es que se puede calificar a un sistema político como democrático. Esas condiciones sustanciales son los derechos fundamentales (según Ferrajoli), pero también los principios fundamentales que configuran la convivencia política, algunos de los cuales se refieren, precisamente, a la forma de gobierno y al modelo de Estado.

De este modo –lo expone el profesor Rentería– el núcleo de la teoría de Ferrajoli es lo que él llama la “esfera de lo indecidible”, que configuraría un nuevo paradigma democrático y jurídico. La esfera de lo indecidible, según el nombrado autor mexicano, tiene como finalidad evidenciar todos aquellos espacios que la Constitución sustrae a la esfera de la política, sobre los que el poder político no debe decidir.

En otras palabras, la “esfera de lo indecidible” proclama la existencia de unos sitios o lugares que la Constitución, si se la toma en serio y se la tiene como norma suprema vinculante, arrebató a la esfera de la política y por tanto, son lugares o espacios sobre los que el poder político, incluso el de las mayorías electorales, no debe decidir. Ese ámbito de lo indecidible incluye a los derechos fundamentales y los límites negativos que estos imponen en garantía de los derechos de libertad; pero también a todos aquellos elementos que el constituyente estableció como no-modificables (o –completamos nosotros– elementos modificables sólo mediante una reforma de la Constitución).

En lo que respecta a España, hay dos elementos que son parte de lo indecidible: la forma política del Estado español, que es la monarquía parlamentaria; y el modelo autonómico de organización territorial, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen (Arts. 1 y 2 CE); entre otros. Ninguno de estos aspectos (ni otros más) podría ser decidido o modificado fuera de un proceso constituyente o de reforma a la Constitución.

De este modo –aclara el nombrado Ferrajoli– queda desmentida esa concepción tramposa y ramplona de la democracia –hoy predicada por el independentismo catalán– que la ve solamente como un sistema político de reglas que protegen la omnipotencia de la mayoría, y que de ser cierto, conduciría inexorablemente a la tiranía de la mayoría sobre las minorías. En realidad, hay reglas del “estado democrático”, que serían las normas formales para regular cómo y cuándo puede decidir la mayoría; y reglas del “estado constitucional” (los derechos y los principios fundamentales), que serían normas materiales que cierran lo que no puede decidirse, ni siquiera por mayoría.

Aunque la doctrina de Ferrajoli merece algunas correcciones, sobre las cuales volveremos en una próxima entrega, luce temerario afirmar que la defensa de la Constitución (y de sus garantías) frente a los intentos de cambiarla por métodos “democraticistas”, sea “fundamentalismo constitucionalista dogmático”, como recientemente lo llamó el Dr. Rafael Mateu De Ros.

Antes bien, el fundamentalismo democrático que predica el independentismo catalán, y que de buena fe apoyan otros, es muy delicado y peligroso toda vez que –como la voluntad de la (supuesta) mayoría estaría antes que la Constitución (y que sus garantías)– así como hace pocos meses se predicó que mediante un simple referéndum se podía cambiar la forma de estado a República, u hoy se predica que con una consulta (parcial) los catalanes podrían disolver la unidad de la Nación española, en el futuro los españoles podrían –por ejemplo, y por una simple mayoría– interrumpir el mandato de algún gobernante aunque no haya terminado aún la legislatura ni se haya dado algún supuesto constitucional de elecciones anticipadas, sin que pueda invocarse la Constitución para contener ese desenfreno de “democraticismo”.

Si se aceptara esta especie de “democraticismo”, por vía de una mayoría electoral se podría restringir irrazonablemente (e incluso derogar) algún derecho fundamental, sólo “porque esa es la voluntad de la mayoría”. Por vía de una consulta electoral y “democrática”, los catalanes podrían decidir, por ejemplo, que a los extranjeros (los no-catalanes) se les prohíba hablar en castellano, o se les prohíba el acceso a colegios u hospitales públicos en Cataluña.

No se pretende argumentar por lo ridículo o por reducción al absurdo, para exagerar los peligros del decisionismo democrático. Porque consultas o votaciones aparentemente absurdas (e ilegítimas) como esas, que restringen arbitrariamente los derechos fundamentales de una minoría, se llevaron a cabo en 2012 en un país de tanta tradición constitucional como los Estados Unidos de América (en Maryland se le preguntó a los ciudadanos si los inmigrantes  con tres años de estudio podían acceder o no, a universidades; y en  Montana se llegó a votar la prohibición para que los inmigrantes no asistieran a escuelas de Estados Unidos).

Decir entonces que “a nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión en una urna”, como lo hizo el presidente de la Generalitat, es una falacia pues ha quedado demostrado que, por vía de consultas, referendos y votaciones, y con el apoyo de una mayoría presuntamente omnipotente (incluso superior a la Constitución), los derechos fundamentales de las minorías y los principios fundamentales de la convivencia podrían fácilmente ser mutilados.

Si –como lo escribió un reciente editorial de El Mundo– la democracia consistiera sólo en votar, no harían falta las leyes (y menos aún la constitución). Bastaría con instaurar una suerte de democracia plebiscitaria o tumultuaria y adaptarse en cada momento a lo que expresara la mayoría, soberana y por tanto ilimitada. No por casualidad, en todas las democracias del mundo existen unas normas que establecen de qué se puede votar y en qué condiciones.

Se puede concluir, en sintonía con el profesor Balaguer Callejón, que el pueblo ostenta en la Constitución una doble condición: la primera, como titular de la soberanía y del poder constituyente, por tanto, como fuente de legitimidad de la Constitución; y la segunda, como sujeto constitucionalizado que puede votar para dotar de legitimidad a los poderes del Estado, y ser consultado en la esfera de lo que no decidió previamente la constitución.

En su primera condición, como titular de la soberanía y del poder constituyente, el pueblo permanece fuera del orden constitucional y puede decidir al margen de la constitución. En este ámbito, todo (o casi todo) es decidible. Puede decidir si quiere una monarquía o una república; si un sistema parlamentario u otro diferente; si un estado autonómico, federal o unitario, e incluso si quiere romperse y dar lugar a diversos estados independientes. En esta primera condición, casi todo es decidible, pero semejante poder se manifiesta sólo cuando se ha roto el consenso constitucional y se ha tomado la decisión de ejercer el poder constituyente (o al menos el de revisión o reforma constitucional) para dar lugar a un nuevo orden. En ese momento histórico, el Pueblo actúa como un colectivo homogéneo y (en teoría) ilimitado.

Así que, cuando se afirma que vivimos en democracia, no se dice solamente porque podamos votar periódicamente a unos funcionarios, o podamos ejercer otros derechos políticos; sino también por la autolimitación del pueblo como soberano. Esa autolimitación que supone la aprobación de una constitución normativa implica –según explica el nombrado autor español– que se ha renunciado a la imposición permanente e ilimitada de un sector del pueblo sobre otro, y que se han reconocido unas reglas que definen, entre otras cosas, el tipo de vinculación que la mayoría puede imponer a la minoría.

Pero a partir de ahí, cuando la Constitución ya fue escrita y aprobada, el pueblo soberano no tiene relevancia en los asuntos por ella decididos, y tampoco la tiene en la configuración (o caracterización) del Estado como Estado democrático (que ahora es también un estado constitucional de derecho). Esto así porque la idea de estado democrático no se entiende hoy sólo como aquel en el que hay un pueblo soberano que ejerce su soberanía a través de representantes electos, o a través de referendos. En el estado constitucional de derecho, estado democrático es aquel en el que el pueblo ha renunciado a su poder soberano (originalmente ilimitado) y ha consentido en el poder supremo de la Constitución.

En esta segunda condición –que se activa cuando la Constitución ha sido dictada y entra en vigencia– es que se manifiesta perfectamente la articulación democrática del Estado constitucional (o lo que es lo mismo, la articulación entre democracia y Derecho). En su segunda condición, el pueblo no vota ni decide porque sea el titular de la soberanía, sino porque a través de la Constitución, se autoconfiguró como sujeto constitucionalizado (o poder constituido) que, en cuanto tal, vota cuando lo prescribe la Constitución (y no antes ni después), decide cuando la Constitución se lo permite; y en definitiva, actúa siempre sometido a la Constitución (y también a las sentencias del Tribunal Constitucional, como principal garante de la misma). En esta segunda condición, el pueblo no actúa ya como un colectivo homogéneo, sino como una multiplicidad de intereses (fruto del pluralismo), algunos de los cuales son mayoría y pueden imponerse sobre otros, siempre que lo hagan dentro del marco constitucional.

En conclusión: el quid del asunto ya no es quiénes votan, o si el referéndum es para todos los españoles o sólo para los catalanes. El quid del asunto es que la unidad de la Nación española es parte de la esfera de lo indecidible, por tanto, ninguna mayoría puede, por un simple referéndum, alterarla o disolverla. Para ello, se debe impulsar la reforma de la Constitución mediante el procedimiento en ella establecido, y sólo entonces, ahora sí en el ejercicio de su soberanía, el pueblo "español" podrá decidir el futuro político de toda España.

Nos vemos en la próxima entrega.

Lo que pocos te dicen sobre por qué emigran…

Juan Carlos se topó con un artículo de su amiga Daniela, Lo que pocos te dicen sobre emigrar. Como Juan Carlos ahora vive fuera de Venezuela, el artículo llamó su atención. Daniela plantea allí algunas cosas por las que –a su juicio– deben pasar las personas que desean vivir en otro país, que muy pocos dicen y que quizás usted (el lector al que ella se dirige) desconoce.

Como Juan Carlos ahora vive fuera de Venezuela, se preguntó por qué a pesar de lo que ella plantea, él y demasiados venezolanos más han emigrado recientemente y muchos otros más quieren hacerlo. Intenta comprender las razones del que emigra, que al final no es más que un intento de comprenderse a sí mismo. Juan Carlos cuenta sus respuestas:

Cuando emigra, “Usted siempre será extranjero”, advierte Daniela. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), él y muchos venezolanos se sentían extranjeros en su propia tierra. Porque la Venezuela que él y su generación conocieron sí emigró, se fue a no sabe cuál parte, y lo que queda de aquella tierra les resulta extraña, ajena, no es “nuestro” país, es otro muy distinto, en el cual se sienten extranjeros.

Cuando emigra, “Usted formará parte de la minoría…”, prosigue Daniela. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya él y muchos venezolanos se sentían parte de una minoría en su propio país (para no decir que efectivamente lo eran o lo son). Muchos venezolanos tuvieron (o han tenido) que “adaptarse” para encajar en esa “nueva” mayoría que es hoy Venezuela, con la cual (aunque muchos no quieran reconocerlo públicamente) no se sienten identificados.

A Juan Carlos le consta personalmente que en su entorno muchos han tenido que emigrar porque fueron discriminados (como si fueran extranjeros), incluso por empresas privadas, y no consiguieron empleo o eran muy mal remunerados. Pero su entorno, ese que lee este artículo o el de Daniela, no es necesariamente la mayoría. Fuera de su entorno (o de la “burbuja” en la que Juan Carlos vivía), la Venezuela de verdad, la de la mayoría, siete de cada diez adolescentes abandonan el bachillerato, y tres de cada diez adolescentes son “niñas” embarazadas. Tal vez por eso, muchos de los que han emigrado (o quieren emigrar) ya se sentían (o se sienten) parte de una minoría.

Cuando emigra, “probablemente usted deberá trabajar el doble de lo que trabajaba en su país”, previene Daniela. Y así lo siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya él y muchos venezolanos sentían que, para conservar razonablemente la calidad de vida que han tenido, o para alcanzar una razonablemente parecida a la que alcanzaron sus padres, debían trabajar en Venezuela el doble de lo que ya trabajaban, y aún así sospechaban que no lo lograrían. Suponer que hoy día un venezolano típico puede, con su salario y nada más que con su salario, tener capacidad de ahorro o comprar un vehículo o una vivienda, es –en opinión de Juan Carlos– una suposición muy poco realista.

Cuando emigra, “usted deberá hacer grandes sacrificios que quizás antes no hacía”, sigue advirtiendo Daniela, con razón y con algunos ejemplos. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya muchos venezolanos sentían que debían hacer sacrificios que antes no hacían. Muchos venezolanos acostumbrados a comer en algún restaurante el fin de semana, o a salir los viernes en la noche, o a ir a la playa en fin de semana, o a realizar alguna vacación en el exterior, sienten que ya no pueden hacerlo (y si lo hacen, es con riesgo) por temor a la creciente inseguridad pública, al deterioro generalizado de los servicios (incluso privados) o, sencillamente, porque no podían, no pueden o no podrán pagarlo.

Cuando emigra, usted “debe adaptarse a la nueva cultura”. Es la “regla de oro” del emigrante, dice Juan Carlos. No pretenda el emigrante que el país se le adapte; es él quien debe adaptarse al país que lo recibe. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), y precisamente porque ya muchos venezolanos se sienten extranjeros en su propia tierra, Juan Carlos y muchos venezolanos tuvimos (o hemos tenido) que “adaptarnos” a esas “nuevas realidades” que hay hoy en Venezuela. Con la agravante de que en este caso, la adaptación puede no ser una virtud y mucho menos una regla de oro. Como muy bien lo escribió Unai Amenábar en octubre del año pasado, a quien recomienda leer, “De tanto adaptarnos hemos terminado por ser una especie de bagazo de sociedad… En muchos casos la adaptación puede producir evolución. Queda claro que en otros la firmeza en defender posiciones al menos evita la involución. El que se adapta demasiado termina siendo aplastado.”

Cuando emigra, usted “debe contar con un capital monetario importante”. Sí, sería lo ideal, dice Juan Carlos. Pero no es indispensable. Muchos europeos emigraron a Venezuela con sólo una bolsita y su sueño no se convirtió en una pesadilla. Pero sí, sería mejor hacerlo con capital para no “empezar desde cero”.

“Si usted logra sobrepasar todas las circunstancias anteriores, lo más probable es que el fruto de su esfuerzo lo vean con más esplendor sus futuras generaciones. Podrían ser sus hijos o nietos que al haber nacido o haberse criado en ese otro país puedan tener las puertas más abiertas a oportunidades nuevas que quizás usted no tuvo.”. Así es. Y así se siente ahora Juan Carlos. Precisamente por eso es que muchos extranjeros emigraron a Venezuela en el siglo pasado. Y por eso es que muchos venezolanos como Juan Carlos emigran ahora. Para que sus hijos y nietos cosechen el fruto del esfuerzo y tengan las oportunidades que –en criterio de quienes emigran– ya no ofrece Venezuela.

Y además emigran porque ya muchos venezolanos sienten que cualquier esfuerzo de regeneración en Venezuela, suponiendo que se comience ahora, no verá sus frutos en el corto plazo. Que sólo sus hijos (o tal vez sus nietos) verán (o volverán a ver) una Venezuela próspera, con oportunidades y con calidad de vida para todos aquellos que trabajan con tesón y sin “enchufes” y sin “rentas” que le capturan a un petroestado.

No cuento lo de Juan Carlos para justificar la emigración; total, él intenta sólo comprenderla. Y al final, tiene razón Daniela. Si usted está pensando en emigrar, “ponga todos los elementos en su balanza”, evalúe sus debilidades y amenazas, y decida si tiene las fortalezas y las oportunidades para hacerlo. Pero si decide quedarse en Venezuela, haga lo que Daniela acertadamente le recomienda. Y sobre todo, ¡no se adapte!

Día de la Independencia

“En un patio sin luz, difícilmente crecerá bien un árbol.
Su mundo circundante no le da alguna oportunidad, lo deforma”
Luis González Carvajal

La familia de Juan Carlos quiso celebrar que hace 203 años, el 5 de julio de 1811, los diputados y representantes de Caracas y de otras seis de las 10 provincias agrupadas en la Capitanía General de Venezuela, declararon solemnemente que sus provincias unidas son y debían ser un Estado libre, soberano e independiente, absueltas de toda sumisión a la Corona de España, con pleno poder para darse la forma de gobierno que fuera conforme a la voluntad general de sus pueblos. Era la primera vez que una colonia española de América declaraba su independencia.

Para la familia, la declaración de independencia de Venezuela fue un acto esencialmente civil. Tres días de intensa discusión en el Congreso, a la cabeza de la cual estuvieron brillantes diputados como Fernando Peñalver, Francisco de Miranda, Francisco Javier Yánez y Juan Germán Roscio, quien redactó la Declaración de Independencia y posteriormente sería corredactor de la primera Constitución de Venezuela, la de 1811.

La familia decidió celebrar este 203° aniversario de una manera original, o al menos diferente a como siempre lo hacen. Resolvió pasear con los chicos (de 12 y 10 años de edad) por el centro histórico de Caracas y llevarlos a los lugares donde ocurrieron los hechos civiles que dieron origen a la independencia de Venezuela. El padre y la madre piensan que los chicos necesitan unas dosis de amor por su país, y nada mejor para eso que un embate de patriotismo, ese engañoso sentimiento de orgullo nacional que al decir del colombiano Mauricio García Villegas, opaca nuestras miserias colectivas, exalta nuestras glorias y nos crea la [falsa] sensación de que pertenecemos a un grupo social único, de gente virtuosa cuyas hazañas serán recordadas por siempre. “Así como las religiones embolatan [o engañan] a la muerte, el patriotismo embolata al olvido”

La familia aparca el auto en Chacaíto, a siete estaciones de distancia del centro. Es un buen día para coger el Metro y disfrutar de sus instalaciones y su servicio, como no puede hacerse en día laborable. Inmediatamente se topan con la primera multitud, haciendo una larga fila para comprar los tickets en la caseta del operador de turno, pues las máquinas acondicionadas para venderlos están vacías, anuladas por una inflación que se devoró al fulano “bolívar fuerte”. Comprar tickets con una o dos monedas se volvió una quimera.

La familia aborda el vagón. En el ambiente se respira aún el pesado aire de agobio de la semana laborable. En el sistema del aire acondicionado no hay (todavía) ozono; al menos por ahora, no tienen que pagar un impuesto para respirar en el Metro. Para ser justos, se percibe algún esfuerzo gubernamental por recuperar y modernizar nuestro único sistema de transporte. A pesar de todo, el Metro sigue siendo un referente de Caracas, la nostalgia de la ciudad que pudimos (o podríamos) ser y el síntoma de que en algún momento de nuestra historia, estábamos haciendo las cosas relativamente bien en Venezuela. La familia llega a su destino: Capitolio.

Los chicos suben por la escalera hacia la boca de la estación (Esquina de Bolsa, Mercaderes), ansiosos por ver (al fin) algunas edificios históricos que les han mencionados sus padres y que han visto solamente en sus libros de historia o de ciencias sociales: el Palacio de Las Academias, antigua sede de la Universidad de Caracas; el Palacio Federal Legislativo, maravilla arquitectónica que nos legó Antonio Guzmán Blanco que hoy día sirve de sede de la Asamblea Nacional. Al salir de la estación, vuelven a toparse con una multitud.

La familia enseguida se da cuenta de que podrá ver sólo de lejos los edificios. La fachada Oeste del Palacio Federal Legislativo y sus adyacencias están “tomadas” por vehículos y funcionarios militares, y unas barandas que no permiten acercarse a menos de 50 metros del llamado Paseo Patrimonial de Caracas. La escena es totalmente militar. Los chicos decepcionados preguntan. Sus padres no saben cómo justificar que en el día de una festividad esencialmente civil, los ciudadanos sean aislados y alejados de sus instituciones.

Afuera de las barandas militares, una marea de ciudadanos con camisas rojas y consignas prochavistas restringe la circulación peatonal. Esa sensación “patriótica” de que los venezolanos (todos) somos un grupo social único de pueblo libertador y gente virtuosa, súbitamente se desvanece. Parece que patriotas son sólo ellos, los rojos. La familia rodea (como puede) la sede del Palacio Federal Legislativo e intenta llegar a la Plaza Bolívar. En el camino, se topan con una pantalla gigante que muestra lo que está ocurriendo en el interior del parlamento de Venezuela.

El orador de orden es un señor lleno de insignias y colorines en su verde uniforme. El insert de la pantalla explica que es un “general en jefe”, líder del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional. ¡Sí, un militar! Los niños preguntan otra vez. Cuesta explicarles que sea un militar quien les explique a los diputados, a los civiles, cómo fue que los diputados de 1811, también civiles, gestaron y proclamaron la independencia. La familia logra escuchar algo de lo que dice el general en jefe: “… Esta Fuerza Armada es chavista. Chávez no es un partido político, no es una entelequia; Chávez es una doctrina militar, política y económica…”. Aquella sensación “patriótica” de que la Independencia nos une, de que los venezolanos (todos) somos un grupo social único, se diluyó definitivamente. La patria y la independencia es sólo de un grupo, y quienes la encarnan mejor son los militares, no los civiles.

Cuando la familia logra alcanzar la Plaza Bolívar, se tropieza con un “hecho turístico” no previsto. En torno a la fachada Este del Palacio Federal Legislativo, hay aparcadas (y atravesadas) no menos de 50 “camionetotas” (o vehículos rústicos), la mayoría de la afamada marca japonesa, blindadas y de color negro. Alrededor, no hay gente del pueblo con camisas rojas. Sí hay decenas de escoltas con sus motos, sus chaquetas negras y sus armamentos. De eso trata el “Plan Patria Segura”: la patria viaja blindada, segura y sin tráfico. “Maduro es pueblo”, proclama una valla cercana.

El mayor de los niños le cuenta a sus padres que en Estados Unidos, la gente puede ir al museo (en Washington) cualquier día y mirar el Acta de Independencia de ese país. “Yo lo vi en una película, ¿dónde podemos ver nosotros el Acta de Venezuela?”. Sus padres no saben cómo explicarle que el Acta de Independencia de Venezuela está oculta, en un arca bajo llave, adentro de ese hermoso edificio, cercado por la “Patria Segura”, la de los militares, barandas, “camionetotas” y escoltas.

Finalmente, la familia pudo disfrutar de la Plaza Bolívar y de los edificios adyacentes, incluyendo la Catedral de Caracas y la Casa Amarilla, los lugares donde comenzó la independencia de Venezuela, el 19 de abril de 1810. De allí caminaron hasta la Casa Natal del Libertador (me refiero a Simón Bolívar) y el Museo Bolivariano. Ambos lugares están razonablemente cuidados y mantenidos, pero en la entrada de ambos, predomina siempre la misma imagen y la misma foto: la de un señor que falleció en 2013, al que unos llaman “comandante eterno” y otros el “segundo Libertador”. Por momentos, la familia no sabe en dónde está, en la casa natal de cuál libertador, si en la del primero o en la del segundo.

El interior de ambos recintos está repleto de muebles, cuadros y bienes que los chicos han visto sólo en sus libros de historia. Ambos están fascinados. Por fortuna, no se dedican a leer cada uno de los carteles que cuelgan en la exhibición. En la mayoría, el gobierno bolivariano intenta escribir la historia con odio y resentimiento. La antigua historia oficial, que ciertamente merecía correcciones porque fue descrita con algún sesgo pro-español, pretende ser reemplazada por nueva historia oficial. En ella existen solamente el lado puro de los negros esclavizados e indígenas asesinados, y el lado oscuro de los españoles invasores, asesinos y genocidas; y la religión católica fue solamente un “manto de dominación colonial”. Los adultos se preguntan cómo o porqué los burócratas inscriben a sus hijos en colegios privados católicos (y no en colegios públicos laicos), y se someten a semejante dominación. Así de simple, así de blanco y negro, es el nuevo pensamiento histórico.

En el tercer piso del Museo, los chicos se topan extrañados con un cartel que explica que entre 1811 y 1815, la independencia fracasó porque no contaba con apoyo popular. “O sea, ¿que la gente no quería la Independencia?”, pregunta uno de los chicos. El padre le responde que a veces los pueblos pueden equivocarse; y que algunas veces, los líderes (como Mandela) deben seguir sus ideales y hacer sus revoluciones, aún en contra de lo que quiere la mayoría.

La familia regresó a buscar el auto. En el camino de regreso a casa, una “cadena” nacional de radio y televisión transmite el desfile militar “en conmemoración de los 203 años de la firma del Acta de Independencia y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” que se celebra, no en honor de nuestros padres fundadores, los civiles que proclamaron la independencia (como creía la familia) sino “en honor al comandante supremo y eterno”. Como era de esperarse, el desfile está encabezado por una militar, la vicealmirante Maribel Parra, quien se proclama “hija de Chávez y dispuesta a defender su legado”: “Para este pueblo heroico Chávez es nuestro segundo Libertador porque con su ejemplo nos enseñó a ser verdaderos ideales patriotas y hoy a 16 meses de su salto a la inmortalidad se ha multiplicado… ¡Chávez vive, la patria sigue…”.

La familia llegó a su casa con una rara sensación. Tal vez se equivocó de ruta. Tal vez el año próximo deba ir hasta Sabaneta de Barinas (y no al centro de Caracas), para visitar la casa natal del “segundo Libertador”, allí donde nació el que supuestamente más amó a la patria, les enseñó a quererla y a ser verdaderos patriotas. O tal vez el año próximo la familia ya viva en otro país, después de aceptar (con resignación) nuestras miserias colectivas y que ya no pertenecen a un grupo social único.

Carta cordial a Beatriz Montañez

Licenciada Beatriz Montañez.

Aunque soy español, vivo (todavía) en Venezuela y soy profesor (o catedrático) de Derecho Constitucional en este país. He visto con serenidad la bronca pública que tuvo usted con Bertín Osborne a propósito del apoyo o respaldo que –supuestamente y según afirma el señor Osborne– le ha dado el eurodiputado Pablo Iglesias al gobierno de Venezuela, y que usted niega; y me he quedado con una sensación de sorpresa y de confusión que tal vez usted pueda aclararme.

I

Digo primero sorpresa porque Pablo Iglesias es, que se sepa, cofundador del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una organización política no partidaria que, al decir de su página web, apuesta por “la transformación del actual modelo económico [capitalista] hacia otro [el socialismo]”, y por “el poder constituyente como capacidad democratizadora de avance histórico para las mayorías sociales”.

Yo no juzgo que esté bien o mal la presunta vinculación entre Pablo Iglesias y el gobierno bolivariano de Venezuela, cada cual juzgará. Pero me sorprende que usted niegue esos vínculos, cuando es bien sabido en Venezuela, y en especial por quienes somos profesores (o catedráticos)­ de Derecho constitucional, que Pablo Iglesias y otros catedráticos como Juan Carlos Monedero, Rubén Martínez Dalmau, Roberto Viciano Pastor, entre otros, han sido consultores, asesores y formadores del gobierno de Venezuela y de las fuerzas políticas que le son afines. No tiene que creerme a mí, léalo usted misma en la página web del CEPS:

“Durante más de una década, nuestra experiencia política ha estado concentrada en América Latina proveyendo consultoría política, jurídica  y económica a fuerzas y gobiernos progresistas en la región.

Hemos cooperado como técnicos en el diseño de políticas públicas (procesos constituyentes así como en materia legislativa, planes de desarrollo y gestión pública) en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Paraguay.

Hemos organizado y co-organizado programas de formación académica en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba.

Hemos organizado y co-organizado programas de formación de cuadros políticos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala.

Hemos asesorado a fuerzas políticas de izquierdas en procesos electorales en Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Colombia y Perú.” [Subrayado y negrilla añadidos].

Además, en Venezuela hemos visto a Pablo Iglesias y a otros catedráticos del CEPS, ser entrevistados en la emisora gubernamental de televisión –alineada (y alienada) enteramente con la corriente dominante en el partido socialista– y elogiar (sin matices ni atenuantes) la gestión de ese gobierno bolivariano. Muchos de estos videos están disponibles en la web.

Yo mismo he leído con atención una de las publicaciones del CEPS: “Por una Asamblea Constituyente: Una solución democrática a la crisis”. Incluso comparto algunas de las críticas que Iglesias y otros han hecho al sistema político español, bastante parecidas –por cierto– a las que muchos hicimos al “estado de partidos” que imperaba en Venezuela antes de 1999, y que por no ser oídas, condujeron al triunfo electoral de Hugo Chávez, con resultados bien conocidos en este país por quienes vivimos aquí y los hemos padecido.

Por eso le insisto: No juzgo que esta relación intelectual entre Iglesias, Monedero y otros catedráticos del CEPS con el chavismo venezolano, sea buena o sea mala. Tampoco digo que por razón de esos vínculos, Iglesias y los demás profesores (a uno de los cuales conocí personalmente en Venezuela), apoyen absolutamente todo lo que ha ocurrido en este país (por el contrario, me consta que este al que conocí, discrepa parcialmente de lo ocurrido en Venezuela desde el 2000). Pero negar la relación intelectual y afectiva entre Pablo Iglesias y el gobierno bolivariano de Venezuela, como lo ha hecho usted, es –con todo respeto– una temeridad de su parte.

II

Por otra parte, me confunde la distinción que aparentemente usted propuso entre “el sistema democrático que hay en Venezuela” (presumiblemente bueno, según Pablo Iglesias) y lo que hace el presidente de Venezuela con su pueblo (que usted califica de “masacre”). Concretamente, dice usted que,

“… cuando Pablo Iglesias dice que alaba a la República Bolivariana se refiere al sistema democrático que hay en Venezuela… Otra cosa es lo que el presidente venezolano haga lo que hace con el pueblo, que yo estoy de acuerdo que es una masacre… Otra cosa es que esa democracia se aplique o no, en Venezuela, y que el presidente venezolano esté llevando a cabo una masacre… Una cosa es que el sistema democrático exista y otra cosa es que se aplique… Ahí estoy. Venezuela es un ejemplo como sistema democrático. No que lo que esté haciendo su presidente sea lo correcto.”

Su distinción me confunde porque, incluso sin entrar en los detalles, no alcanzo a comprender cómo Pablo Iglesias o usted pueden considerar bueno o ejemplar el sistema democrático que hay en Venezuela, si ese mismo sistema tolera (e incluso justifica) que el presidente “masacre” a su pueblo (que quede claro, eso lo ha dicho usted, no yo). ¿Puede ser democrático un sistema que le asegura impunidad a un jefe de estado y de gobierno que –según usted– masacra a su pueblo? ¿No será más democrático un sistema (como el español) que usted acusa de no-democrático pero que con todos sus defectos (que los tiene), permite imputar penalmente a la hija del jefe de estado y a funcionarios relevantes que militan en el partido de gobierno? ¿Cómo es democrático un sistema sólo en la teoría, pero que no se aplica? ¿Puede ser democrático un sistema sin estado de derecho?

Entrando en los detalles, usted afirma que una de sus razones para elogiar al sistema democrático que hay en Venezuela es que “Venezuela ha conseguido elevar la participación electoral… censar a las personas que antes no existían y que ahora pueden votar”. Esa elevada participación que ustedes exaltan se da principalmente en la elección directa del presidente de la república, pero no en elecciones de otro tipo, como las legislativas, las estadales o las municipales. Y ese incremento no es solamente un mérito atribuible al Poder Electoral, que lo tiene, sino también una secuela de la nacionalización masiva y bajo control exclusivo del gobierno, de extranjeros que adquieren derecho de voto; y del perverso “clientelismo” originado por las misiones sociales del gobierno, cuyos beneficiarios son trasladados y forzados a votar (por el gobierno), como requisito para acceder a viviendas de protección oficial y a otros beneficios sociales (aunque el discurso oficial diga que pertenecen al pueblo por derecho).

Y para no extenderme aún más, prefiero no entrar en detalles de cómo los funcionarios y el dinero público, los impuestos de los ciudadanos, son utilizados sin control para financiar misiones sociales con fines electorales, y costear las campañas electorales de los candidatos socialistas, tal como lo reconoció y denunció públicamente el recientemente destituido ministro de planificación, ahora perseguido por causa de sus denuncias.

Otra razón de usted (y presuntamente de Pablo Iglesias) para elogiar al sistema democrático que hay en Venezuela, es que “los cargos en Venezuela son revocables… Que se puede revocar al presidente, y que el pueblo puede elegir que deje de ser presidente”. Permítanme aclararles, y así lo demostré en mi libro sobre el tema, que Venezuela no es el pionero ni el único país donde puede revocarse el mandato de un jefe de estado. Esto mismo puede hacerse en al menos dos países europeos de régimen parlamentario: Austria e Islandia.

Es pertinente aclararle, también, que si bien la Constitución de Venezuela permite revocar los mandatos de cualquier funcionario de elección popular, no es menos cierto que la única vez que se intentó el referéndum revocatorio contra el jefe de estado, el gobierno bolivariano impuso todo tipo de trabas y obstáculos para retrasar su convocatoria hasta que tuviera la certeza de poder ganarlo, y al final, los ciudadanos que firmaron la solicitud del referéndum quedaron identificados y “fichados” en una lista ignominiosa (la “Lista Tascón”), que fue utilizada por el gobierno para discriminar y destituir arbitrariamente a funcionarios públicos, y para discriminar a una multitud de ciudadanos en el acceso a cargos públicos y a diversos servicios públicos. Para documentarse sobre este asunto, sin falsa modestia la invito a leer mi libro, uno de cuyos ejemplares le fue obsequiado al profesor del CEPS que conocí en Venezuela.

Como catedrático que soy de Derecho Constitucional, podría exponerle las múltiples bondades que tiene la Constitución de Venezuela. Claro que las tiene. Y defectos también. Pero, para no extenderme innecesariamente, le contaré solamente que la Constitución y (en teoría) el sistema democrático de Venezuela, garantizan de manera muy amplia y generosa la libertad de información y de expresión; sin embargo, si usted viviera en Venezuela, no hubiera podido conducir o participar en un programa como “El Intermedio”, ni hubiera podido ser premiada por ello (como sí lo fue en España), porque en Venezuela, la emisora de TV que transmitiera ese programa, hubiera sido multada y acosada de mil formas por el gobierno, o hubiera sido presionada por el gobierno para retirar ese programa, o hubiera sido presionada por el gobierno para que la despidieran, y todo ello, sin que la emisora o usted pudieran obtener alguna tutela judicial, pues los tribunales Supremo y Constitucional ni siquiera le darían trámite a su recurso.

III

Un día después de su bronca con Bertín Osborne, he leído que para documentarse sobre Venezuela, usted recomienda leer el libro “Comprender Venezuela, pensar la democracia”.

Pues lo leí, y resulta que sus autores, quienes dicen ser izquierdistas y simpatizantes de la Revolución Bolivariana, intentan algo que me parece loable: aspiran defender la compatibilidad de las aspiraciones emancipatorias de la izquierda revolucionaria con el estado de derecho y sus instituciones asociadas (separación de poderes, libertades individuales, sometimiento del gobierno al imperio del Derecho, etc.). Sin embargo, estos autores desconocen (u “olvidan”) que el 5/12/2009, 10 días antes de celebrarse el 10° aniversario de la Constitución, la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de su Sala Constitucional, en una entrevista concedida a la emisora gubernamental de televisión, propuso reformar la Constitución por considerar que “hay algunos aspectos que se contradicen en lo que es el régimen”, uno de ellos, el nombrado principio de separación de poderes. “No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”.

Dos días después, en un acto público celebrado en la sede del Tribunal Supremo, la magistrada amplió su propuesta e invitó al entonces jefe de estado (y de gobierno), Hugo Chávez, presente en el acto, “a traspasar esa barrera que deriva de una odiosa división de Poderes”, la cual, a juicio de la magistrada,

“impidió que el Estado se erigiese como uno; con la fortaleza para desarrollar el interés colectivo por encima de los privilegios individualistas de todo orden, germen tal vez de un liberalismo que impregnó no solo el ámbito del desarrollo constitucional liberal burgués, sino que permeó la ciencia del Derecho de conceptos, teorías e instituciones, que nuestro nuevo constitucionalismo echa por tierra,… Es eso lo que nos mueve a reunirnos para aceptar el reto de una construcción jurídica más humana y liberadora… Hoy en cambio hemos venido implementando un Sistema que apuesta por la intensa coordinación, interrelación y colaboración entre los Poderes Públicos.”

¿Cómo le parecería a usted y a los que de buena fe creen que las aspiraciones emancipatorias de la izquierda revolucionaria son compatibles con la separación de poderes y otros principios asociados al estado de derecho, que el presidente del Tribunal Constitucional de España le pidiera al Rey y al Presidente del Gobierno, renunciar a los límites odiosos de la división de Poderes y erigir al Estado como uno solo, con la fuerza para hacer prevalecer el interés colectivo de la Nación Española por encima de los intereses individuales y de las autonomías, e impulsar un nuevo constitucionalismo que apueste por una intensa coordinación, interrelación y colaboración entre los Poderes Públicos para lograr los fines de la Nación Española? ¿No le suena eso a franquismo? ¡Ah! Por cierto, en ese acto estuvieron presentes los catedráticos Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, ambos del CEPS, quienes podrían confirmarle lo que aquí le ha contado.

IV

Por último, licenciada Montañez, le recomiendo que para comprender lo que pasa en Venezuela, no lea solamente un libro. Así como para comprender lo que pasa en España, no es suficiente con leer “¡Que no nos representan!” (Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero). Es bueno leer opiniones divergentes y contrastarlas.

Que algunas de las críticas de Iglesias y Monedero al sistema electoral (y político) español sean razonables, y merezcan ser consideradas, no quiere decir que España carezca de libertades y democracia, que la llamada Transición fue una farsa y mucho menos que haya de echarse por tierra aquello bueno que se alcanzó, y que tanto costó alcanzar.

En 1998, la mayoría de los venezolanos cometimos el error de confiar en el discurso populista de un líder aún más carismático que Pablo Iglesias. Aquel líder carismático también negó ser amigo del régimen cubano, también negó ser socialista o comunista, también prometió arrasar con el “estado de partidos” y sus “cúpulas podridas” (o “castas”, como las llama Pablo Iglesias), y también prometió restituirle la soberanía al pueblo.

16 años después, ese líder carismático terminó imponiendo una revolución socialista que predica la idea religiosa del “hombre nuevo” que nacerá en la nueva sociedad socialista; que demolió el estado de derecho y provocó el exilio de decenas de juristas; que ha oprimido las libertades individuales con el pretexto de que debe prevalecer el interés colectivo de la Nación; y que predica la superioridad y "hegemonía política, moral y cultural” de sus ideas, al amparo de la cual interviene hasta en la vida privada de los venezolanos y les exige disciplina y lealtad militante, estimulada con dosis intragables de propaganda oficial y de culto a la personalidad. ¿Le recuerda esto al franquismo?

Disculpe usted. Tal vez por ello, quienes vivimos en Venezuela hemos aprendido a desconfiar de los discursos bonitos y grandilocuentes de líderes carismáticos.

P.D.: En la víspera de publicar este artículo, me entero de que para poder respirar aire puro en el principal aeropuerto de Venezuela, hay que pagar un impuesto al gobierno socialista. “Así te despide el chavismo: Cobrándote el último respiro en el territorio de lo que fue tu país" (I. Puyosa).

Un cordial saludo.