miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Derecho innominado del Procurador

La inmunidad de jurisdicción constituye un principio universal de Derecho Internacional que implica que los Estados no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello.
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional
Hace dos días, Carlos Escarrá se estrenó en el cargo de Procurador General de la República, al anunciar públicamente que presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una “Acción Innominada de Control de la Constitucionalidad” contra la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Leopoldo López. Según Escarrá, esta Acción Innominada fue elaborada sobre la base de un “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo”, en el que se detectaron varias situaciones, una de ellas, la violación de “un principio de inmunidad de respeto de los Estados”, es decir, del principio de inmunidad de jurisdicción [1], un antiguo principio del Derecho Internacional que –en su concepción original– implicaba que ningún Estado podía ser sometido a la jurisdicción de un tribunal extranjero o internacional.
Todo parece indicar que el “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo” fue insuficiente toda vez que, de haberse estudiado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría se habría enterado que la Sala Constitucional no admite el ejercicio de acciones innominadas, y que el principio de inmunidad de jurisdicción no aplica cuando el Estado ha consentido voluntariamente en someterse a la jurisdicción internacional.
1.      El Procurador y su equipo han calificado a su acción como “innominada” (que carece de nombre o denominación) porque no está prevista en la Constitución ni en la Ley; en palabras más sencillas, la Procuradoría se “inventó” esta acción pues en ninguna parte de la Constitución o de la ley venezolana se contemplan acciones de inconstitucionalidad contra sentencias de la CorteIDH. [2]
El caso es que, mediante sentencia del 20 de julio del 2009 (N° 1003), la Sala Constitucional del TSJ rechazó una “Acción innominada de Cumplimiento Forzoso” y le ordenó al accionante que rectificara su acción pues a su juicio, no se apreciaba claramente cuál era la pretensión [3]. Pero más recientemente, en una sentencia del 04 de agosto de este año (N° 1320), la Sala Constitucional fue aún más enfática y recriminó a los accionantes del caso (Fedecámaras y otros) por ejercer una acción no-prevista en el ordenamiento jurídico. “Esta Sala –afirmó el Tribunal– asegura la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, para lo cual resulta necesario que se consolide la coherencia en el ejercicio de las acciones, recursos y solicitudes que dispone el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de los particulares”. Y en razón de ello, concluyó la Sala:
… constituye una carga de los interesados interponer conforme al ordenamiento jurídico, las acciones o recursos que considere pertinentes en resguardo de lo que considere su situación jurídica infringida -o la una colectividad o de la sociedad en general-, lo cual no comporta una libertad en torno a la posibilidad de intentar al margen del régimen jurídico estatutario cualquier solicitud y; por contrario compele a la necesidad de ejercer las acciones correspondientes -vgr., nulidades, demandas o interpretaciones-… y garantizar la referida coherencia del sistema de justicia.” [4]
Explicado en palabras más sencillas, ningún abogado de la República, incluyendo el Procurador General, goza de libertad para interponer acciones judiciales al margen de la Constitución o de la Ley; por el contrario, el Procurador General tiene la obligación de ser coherente en el ejercicio de las acciones y recursos que contempla el ordenamiento jurídico para la protección de la Constitución, y en consecuencia, de presentar únicamente acciones nominadas y que estén en el ámbito de competencias de la Sala Constitucional. Lo contrario es atentar contra la coherencia del sistema de justicia, y esto es mucho más grave si quien lo hace es el Procurador General de la República, dicho sea de paso con el aparente propósito de intentar justificar una jugarreta contra la eficacia plena de la Constitución.
2.      Por otro lado, podríamos anotar acá una diversidad de argumentos para refutar el alegato de inmunidad de jurisdicción que equivocadamente alegó el Procurador. Pero, para no ser acusado de apátrida o de traidor a la Patria, prefiero repetir lo que ha sentenciado la Sala Constitucional del TSJ: “la inmunidad de jurisdicción de los Estados constituye un principio universal de Derecho Internacional Público (par in parem non habet jurisdictionen), que implica que éstos no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello…” (Sentencia N° 954 del 24 de mayo del 2004) [5], y que ha repetido también la Sala Político-Administrativa: “La inmunidad de jurisdicción es el principio según el cual ningún Estado, a menos que consienta en ello voluntariamente, puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado…” (Sentencia N° 1967 del 19 de septiembre del 2001) [6].
Venezuela ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de junio de 1977, y aceptó expresamente la competencia de la CorteIDH el 24 de julio de 1981. Esto lo sabe bien el Procurador General, y si no, que se lea el Informe de Gestión 2006 presentado por la actual Fiscal General de la República:
Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para nuestra República en razón de que Venezuela aceptó su competencia contenciosa en fecha 24 de julio de 1981, lo cual implica que reconoce y admite no solamente someterse a su jurisdicción obligatoria con relación a los casos en los que esté directamente involucrado, sino también en lo vinculado a la interpretación o aplicación que efectúe dicho tribunal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cualquier caso bajo su conocimiento[7].
Por lo tanto, por muy elocuente y adornado que quiera ser el discurso del Procurador para confundir a los venezolanos de buena fe que no son expertos en este tema, lo cierto es que el Procurador General no puede alegar en este caso la inmunidad de jurisdicción si como se demostró, en julio de 1981 Venezuela consintió libremente en someterse a la jurisdicción de la CorteIDH.
Aún más irrazonable es este alegato del Procurador si como es público y notorio, el Gobierno de Venezuela designó abogados en el juicio de Leopoldo López, compareció en el juicio, presentó sus alegatos, presentó pruebas y finalmente esperó por su sentencia. ¿Cómo puede entonces el Procurador alegar inmunidad de jurisdicción después de que Venezuela se sometió voluntariamente al proceso?
Los venezolanos no podemos aceptar que el Gobierno de Venezuela acate y ejecute las sentencias de la CorteIDH o de cualquier otro tribunal, pero sólo cuando la sentencia lo favorece. En términos deportivos, esto es tanto como decir que después de boxear 12 rounds, el boxeador derrotado desconoce al árbitro porque su veredicto no lo favoreció. Y seamos sinceros, ni siquiera los fanáticos de ese boxeador aceptarían esto.
¿Y este es el mismo Gobierno que le exige a la Oposición el compromiso de respetar los resultados que anuncie el árbitro electoral?

[1]http://www.vtv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=68343:procuraduria-interpone-ante-tsj-accion-de-control-contra-sentencia-en-caso-de-leopoldo-lopez-&catid=49:nacionales&Itemid=102
[2]    La Constitución faculta a la Sala Constitucional únicamente para verificar “la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación” (Art. 336.5), pero en ninguna parte de la Constitución se le permite verificar la constitucionalidad de los tratados después de que fueron ratificados, y mucho menos se faculta a la Sala Constitucional para verificar la constitucionalidad de sentencias judiciales derivadas de tratados internacionales ya ratificados.
[3]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1003-20709-2009-09-0241.html
[4]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1320-4811-2011-10-1388.html
[5]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/954-240504-03-0859.htm
[6]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Septiembre/01967-190901-01-0289.htm
[7] Véase http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=34812&folderId=34537&name=DLFE-946.pdf. Pág. 75. Por cierto, también la Fiscal General de la República quiere desacatar la sentencia de la CorteIDH, a pesar de lo que afirmó en su Informe del 2006.

jueves, 15 de septiembre de 2011

El valor de la educación


La educación es un privilegio que no puede
dejarse en manos de los burócratas…”,
Julián  Casanovas
Cada vez está más claro que nuestra riqueza nacional… no fue a parar a la educación. La educación, como podemos comprobar un día sí y otro también, no es una de nuestras glorias nacionales,… Y aunque los políticos suelen hablar de la educación, la mayoría de ellos no sienten ninguna devoción hacia ella y prefieren, por el contrario, estimular la ignorancia, la burricie y la estupidez.
… En términos generales, nuestros políticos sienten atracción por el poder, la comunicación, es decir, salir mucho en los medios, y por sus votantes, aunque solo por los más fieles. Como para lograr todo eso no necesitan estudiar, sentir el amor por el conocimiento, la educación les trae sin cuidado. Hablan, eso sí, de formación, pero, en realidad, quieren decir preparación, adquirir crédito profesional a través de un título, ganar dinero fácil y con rapidez. La formación es otra cosa.
Como ocurre con casi todo en la vida, no hay una única y simple verdad sobre la educación, pero hay un acuerdo bastante básico entre los especialistas en señalar que la educación significa el desarrollo integral de los individuos más allá de la preparación profesional, algo que incluye necesariamente comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. La educación es una guía imprescindible para captar los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. Conocimiento, respeto por las personas y ambición por ampliar los estrechos horizontes de la pequeña comunidad de vecinos, familia y amigos en la que cada uno habitamos. Esas son tres cualidades básicas de la educación…
Una persona educada debe ser capaz de pensar y escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar críticamente, algo que debería ser un requisito imprescindible para los estudiantes universitarios…
Una buena educación, además, debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias, de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado, de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad. No se puede ser provinciano, solo del pueblo o ciudad donde uno ha nacido, sin aspirar a aprender de verdad otros idiomas, ignorando a las otras culturas o los hechos históricos que han contribuido a configurar el presente. La educación debería servir también, por supuesto, para adquirir especialización o formación profesional en algún campo de conocimiento. De una persona educada, en fin, se espera que tenga algún conocimiento sobre los problemas éticos y morales, en constante cambio, que pueda ayudarle a formarse un juicio sólido y elegir entre las diferentes opciones.
El salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, a una apreciación crítica de las cosas, a la formación profunda, puede resultar una ambición inalcanzable, pero hay que perseguirla con ahínco a través del estudio continuo, del estímulo del hábito de la atención, del arte de la expresión y del pensamiento crítico. Desarrollar los poderes del razonamiento y del análisis no es algo que se estimule mucho entre nosotros,…
La educación es un privilegio que no puede dejarse en manos de los burócratas, de los amantes de las estadísticas y del currículo, de quienes desprecian a los profesores y limitan su autoridad ante los alumnos, los padres y la sociedad en general. En los tiempos en que vivimos, rodeados de ordenadores y tecnología moderna, la información puede adquirirse sin demasiada dificultad. La educación necesita mucho más, aunque en España todavía no nos hayamos enterado.
Seguramente el lector creyó, a lo largo de esta lectura, que tan larga cita y juicio sobre el valor de la educación estaba referido a Venezuela, pero no, en realidad apareció publicado hoy en El País de España y su autor es Julián Casanovas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, quien cuestiona la calidad de la educación en ese país. La realidad de la educación en Venezuela no dista mucho de lo que escribe el profesor Casanova sobre la realidad en España, y tal vez hasta sea peor, de modo que no está demás reivindicar sus reflexiones y proponer que la educación en Venezuela no sea solamente un medio de preparación profesional para adquirir especialización o formación en algún campo de la ciencia, sino también un salto al conocimiento informado, a la apreciación crítica de las cosas y a la formación profunda. Y para ello:
·         La educación, en todos sus niveles, debe fundamentarse en el conocimiento, el respeto por las personas y la ambición por ampliar los horizontes de la comunidad en la que cada uno habitamos;
·         La educación, y sobretodo en los primeros niveles, debe enseñar a pensar y escribir con claridad, a comunicar con precisión y a pensar críticamente;
·         La educación debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, así como conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias; de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado; de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad; y de otros idiomas, culturas y hechos históricos que han contribuido a configurar el presente de la humanidad;
·         En fin, de la educación se espera que ofrezca a todos los venezolanos, sin discriminación, no solo formación o especialización en algún área de la ciencia, sino también conocimiento sobre los problemas éticos y morales de la humanidad, para que estén en capacidad de formarse juicios consistentes y elegir libremente la mejor opción entre las diferentes disponibles.
Y desde luego, la educación no puede dejarse en manos de los políticos ni de los burócratas, es una responsabilidad principalmente de los padres y de las familias, y en general de toda la sociedad.

lunes, 5 de septiembre de 2011

La reforma constitucional de España en perspectiva


Por: JAVIER PÉREZ ROYO
Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla
 Asistimos a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional europeo. Es una exigencia para la supervivencia de la Unión Europea, pero que nos sitúa ante una limitación de soberanía… Pero así, con limitaciones de soberanía, es como se ha ido construyendo la Unión Europea.
Sin Dinero no hay Estado. Esto ya nos lo enseñó Hamilton en El Federalista (Capítulo XXX): "El dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y le permite ejecutar sus funciones más vitales". Esta es una regla que, en términos absolutos, no admite excepción. De ahí que las relaciones entre el Estado y su moneda y su deuda sean un indicador de primera importancia para conocer el estado de salud tanto del primero como de las segundas. Y de ahí también que no haya tarea en la que el Estado ponga más empeño que en dar garantías respecto del valor de su moneda y del pago de su deuda.
Hasta la fecha ha sido muy infrecuente que el Estado haya recurrido a la Constitución en esta tarea. Pero en algunos casos sí ha ocurrido. En Estados Unidos, tras la guerra civil, se incluyó en la XIV Enmienda una garantía del pago de la deuda. A dicha garantía se ha hecho referencia en el reciente debate sobre la elevación del techo de la deuda, llegándose a sostener que el presidente podía no necesitar el concurso del Congreso para seguir haciendo frente al pago de la misma. Pero la opinión dominante en el país considera que la garantía de la XIV Enmienda está muy vinculada a la deuda contraída durante la guerra civil y no tiene alcance general. En consecuencia, se ha considerado que la decisión del Congreso era insoslayable.
El precedente más expresivo es, sin duda, el de la reforma constitucional de 1926 en la Francia de la Tercera República. Vale la pena recordarlo. "En 1926, en un momento en que la moneda francesa estaba próxima al hundimiento, especialmente porque la deuda pública era enorme y porque los ahorradores no tenían confianza en el Estado, en particular en su capacidad de pagarla en su integridad, el antiguo presidente de la República, Raymond Poincaré, volvió a formar un Gobierno que tenía ante todo como objetivo dar seguridad a los prestamistas del Estado, con la finalidad de salvar la moneda. Decidió, en consecuencia, proceder a una revisión constitucional instituyendo una Caja pública, la Caja Autónoma de Amortización, que estaría gestionada independientemente del Estado y que se alimentaría de recursos propios constitucionalmente garantizados: los derechos de sucesión, la tasa de la primera transmisión de inmuebles posterior a la entrada en vigor de la reforma y las rentas del monopolio del tabaco y de las cerillas. Esta Caja tenía como única tarea la de amortizar la deuda del Estado reembolsándola gracias a los recursos que le estaban afectados. Para hacer comprender a los ciudadanos que se trataba de un compromiso solemne del Estado y que los Gobiernos ulteriores no podrían modificar estas reglas sin encontrar obstáculos difícilmente superables, el Gobierno Poincaré solicitó y obtuvo del Parlamento una revisión constitucional inscribiendo estas reglas en la Constitución. Estas reglas, sin embargo, no conciernen a los órganos superiores del Estado: se trata, al contrario, de crear una institución secundaria, pero autónoma, cuyas funciones están excluidas de las competencias de los órganos superiores del Estado".
En estos términos comentaba 33 años más tarde el profesor Jacques Cadart (Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 2ª ed. LGDJ París 1979, T. I, p. 121) la reforma constitucional aprobada mediante la Ley Constitucional de 10 de agosto de 1926. Una norma que no es materialmente constitucional se había convertido en formalmente constitucional, con la finalidad de salvar la moneda y garantizar el pago de la deuda. En realidad, la reforma iba más lejos de lo que el propio profesor Cadart dice, ya que contenía una cláusula suplementaria para el caso de que no fueran suficientes los recursos expresamente mencionados, que consistía en la inclusión anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad adicional igual al montante de tales recursos. En ningún caso se admitiría el impago de la deuda. Este era el mensaje. La Constitución se incorporaba de manera inequívoca a una operación de salvamento de la moneda y de garantía de la deuda. El parecido entre la reforma francesa de 1926 y la que está en debate en España en este 2011 salta a la vista, aunque también lo hacen las diferencias entre una y otra.
En ambos casos hay una respuesta a una situación de emergencia. Pero en 1926 había solamente eso, mientras que en 2011 en España la respuesta va a ir mucho más allá de la emergencia, para incorporarse establemente a la Constitución.
La reforma constitucional que se está tramitando en España tiene su origen en la necesidad de dar respuesta a una emergencia, pero es en el fondo un episodio en el proceso de constitucionalización de la Unión Europea [UE], que tiene un precedente en la reforma constitucional alemana de 2009 y que va a ser seguida por reformas constitucionales en, por lo menos, los países que comparten el euro como moneda, aunque previsiblemente se extenderá a los demás.
Estamos asistiendo a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional Europeo de importancia extraordinaria, aunque dicha innovación no vaya a ser el resultado de una decisión constituyente europea, sino de la suma de decisiones constituyentes de los distintos países que integran la UE. Alemania, como viene ocurriendo por lo demás en el Derecho Constitucional Europeo posterior a la II Guerra Mundial, ha empezado marcando el camino, pero después lo vamos a acabar recorriendo todos los demás. España es la que lo está haciendo en primer lugar, pero no va a ser la última en hacerlo.
Hacer de la necesidad virtud. De eso es de lo que se trata. La UE tiene una moneda única y una política monetaria única, pero ni tiene ni puede tener en las circunstancias actuales y en el tiempo en que es posible hacer predicciones una política económica y una política fiscal única. Las tensiones entre esta unidad, por un lado, y ausencia de unidad, por otro, han sido manejables hasta que la crisis económica ha hecho acto de presencia con la intensidad con que lo ha hecho. Han dejado de serlo. Y si no se encuentra una fórmula, no para manejar las tensiones, sino para evitar que vuelvan a producirse, continuar avanzando en el proceso de construcción de la UE será sencillamente imposible.
La reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria y fijar el límite del déficit de todas las administraciones públicas es la expresión de la voluntad del Estado  español de seguir avanzando en el proceso de construcción de la UE. Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.
Lo que no ha formado parte del Derecho Constitucional de cada uno de los países que han constituido la UE, tiene que pasar a formar parte del mismo, al menos para aquellos que comparten el euro como moneda. Formalmente va a ocurrir como consecuencia de una decisión constituyente soberana de cada uno de los países a través de sus órganos constitucionales competentes para ello. Pero materialmente es una exigencia de la supervivencia de la UE.
Esta exigencia vale para todos los países de la Unión, aunque se viva de manera muy distinta en unos y otros. Hay países que no tienen que soportar ninguna presión sobre su deuda y que no tienen que hacer frente, en consecuencia, a ninguna emergencia y hay otros a los que nos ocurre lo contrario. Pero la amenaza para la supervivencia de la UE afecta a todos los europeos.
La reforma constitucional en este terreno no es una reforma española sino europea, como también lo fue la que se hizo en 1992 para hacer posible la ratificación del Tratado de Maastricht. Lo que ocurre es que esta tiene un calado incomparablemente mayor y nos sitúa ante una limitación de soberanía mucho más visible. Pero así, con limitaciones de soberanía, es como se ha ido construyendo la Unión Europea.
05/09/2011