viernes, 20 de mayo de 2011

Ley de Medios Comunitarios Alternativos


El pasado 04 de mayo, representantes de diferentes colectivos de medios alternativos y comunitarios de todo el país consignaron ante la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular (LMCACP). Pocos días después, durante la reunión ordinaria de la mencionada Comisión, se acordó crear cuatro comisiones que representarán a los colectivos y comunicadores comunitarios de Venezuela, que trabajarán conjuntamente con la Subcomisión de Medios de Comunicación para avanzar en la elaboración del Proyecto de Ley.
El presidente de la Comisión Permanente, el diputado Darío Vivas (PSUV), señaló que se aspira iniciar la primera discusión del proyecto de ley en la Plenaria del Parlamento para el próximo mes de julio, e incluso se aprobó convocar a comunicadores comunitarios de otros países para celebrar un congreso de medios alternativos y populares y conocer las experiencias de otras naciones. Pero, ¿qué contiene el anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular?
Más que un anteproyecto de ley, el documento conocido por la opinión pública es una suerte de socarronería cuya exposición de motivos reivindica, y cito textualmente, a los “colectivos políticos y sociales contestatarios, antiimperialistas y patrióticos”, que incluye no solamente a las estaciones de radio y TV comunitarias de servicio público y sin fines de lucro, sino también a “los impresos, radios en internet, colectivos muralistas y otros”, todos los cuales se regirían por esta nueva Ley. La pregunta que emerge de inmediato es: ¿quedarán amparados por la ley aquellos medios comunitarios, alternativos o de comunicación popular, que no sean “contestatarios, antiimperialistas y patrióticos”? ¿O es que para ser un medio comunitario, alternativo o de comunicación popular, es indispensable ser contestatario, antiimperialista y patriótico? ¿Contestatario contra quién? [1]
La técnica y presentación del anteproyecto es sumamente mala, incluso dentro de los pésimos estándares que han caracterizado a esta Asamblea Nacional. Y desde un principio, la Exposición de Motivos corre el velo y deja a la vista la principal finalidad de la Ley propuesta: garantizarle el financiamiento público o estatal a los Medios Comunitarios Alternativos, mediante las diversas formas que más adelante señalo. No por casualidad la diputada Blanca Eekhout, quien presidirá la Subcomisión de Medios de Comunicación y será la responsable de coordinar las discusiones del anteproyecto de Ley, ha señalado la existencia de fallas que se deben corregir: “Cuando van los representantes de los medios alternativos a una alcaldía o a una institución para solicitar apoyo presupuestario, pues se interpreta como si estuvieran pidiendo una limosna[2]. Los aspectos del articulado que merecen destacarse son los siguientes:
1.      El anteproyecto propone democratizar la distribución del espectro radioeléctrico y a tal efecto impone que el espectro se distribuya en tres tercios iguales: 33,33% para el “Estado”, 33,33% para el “sector Privado” y 33,33% para el “sector Comunitario Alternativo” [Art. 4]. No se proponen disposiciones transitorias que regulen la transición desde la distribución actual hacia la distribución propuesta.
Según lo anterior, pareciera que el Estado tendrá solamente un tercio del espectro radioeléctrico, y los particulares los dos tercios restantes, repartidos a partes iguales entre el sector comunitario y un componente residual llamado sector privado. Pero la realidad es que el 66,66% del espectro radioeléctrico quedará en manos del Estado ya que, si bien las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos son en apariencia, o se dice que son, medios u operadoras privadas [Art. 6], supuestamente  autónomas e independientes del Estado, igualmente se proclama explícitamente que “forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos” [Exposición de Motivos] y su principal fuente de financiamiento será un “Fondo Institucional” adscrito nada menos que a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República [Art. 12]. En otras palabras, en el proyecto late permanentemente la contradicción sobre la naturaleza de las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos pues, por una parte, se predica su autonomía e independencia, y por la otra, se consagran normas que los hacen depender del financiamiento público.
2.      El anteproyecto incluye fuentes importantes de financiamiento público o estatal:
a.      Un “Fondo Institucional, adscrito a la Vicepresidencia de la República al cual se le asignará un presupuesto anual, una especie de Situado Constitucional…”, cuya administración y distribución se hará entre las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos [Art. 12. Subrayado añadido];
b.      Publicidad proveniente de “cada municipio, estado, instituto autónomo, entidad ministerial, empresa de producción social y toda expresión institucional de la Quinta República…”, los cuales deberán destinar un porcentaje no menor del 50% de su partida o presupuesto de publicidad, a Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos [Art. 13];
c.       Patrocinio de programas por parte de empresas de producción social…” [Art. 15]. Empresas de producción social son “entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, obras y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico. No existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad estatal, colectiva o la combinación de ambas [3]; y,
d.      Misiones comunicacionales comunitarias o humanitarias alternativas [Art. 21], que presumiblemente serán financiadas por órganos del Estado. Según la norma, los Medios Comunitarios Alternativos formarán parte de las “misiones [humanitarias] de ayuda oficial” que partan desde la República, y asimismo cubrirán las “actividades que generan los pueblos en virtud de los acuerdos, cambios o avances o en general, las protestas o celebraciones  que en aras de estos, realicen las comunidades por constituirse en demostración franca de sus conciencias y voluntades”.
En síntesis, los medios comunitarios o alternativos, además de que “formarán parte del Sistema Nacional de Medios Públicos”, dispondrán de un cuantioso financiamiento que provendrá del presupuesto público, que tendrá como grifo permanentemente abierto y fluido “una especie de Situado Constitucional”, la mitad del presupuesto oficial de publicidad asignado a todos los órganos y entes públicos, el patrocinio de las empresas de producción social y los recursos que se le asignen para cubrir misiones internacionales. ¡Casi nada!
3.      Se impone a las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos la obligación de abrir en su localidad “una escuela permanente para la promoción y socialización de la formación en Comunicación Popular” [Art. 9].
4.      Se promueve el “otorgamiento de reconocimiento académico a la experiencia y acumulación de saberes en este aspecto, de las personas que durante tiempo, se han dedicado a cultivar esta modalidad comunicacional” [Art. 10], lo que podría implicar el otorgamiento de títulos o diplomas universitarios mediante la acreditación por experiencia. Ya la mencionada diputada Blanca Eekhout remarcó la necesidad de usar esta ley para superar prejuicios y estigmas, como lo son “las descalificaciones dirigidas por parte de algunas personas hacia estos comunicadores populares debido a que varios de ellos no poseen formación universitaria”.
5.      Se crean los “Consejos Populares de Comunicación” en cada comuna [Art. 11], alineados con “la nueva geometría del Poder” que propuso el Presidente de la República en la fallida Reforma Constitucional del 2007, y que ha sido implementada por vía legislativa en fraude a la soberanía popular y a la cláusula constitucional del Estado Federal.
6.      Por último, se le atribuye a la Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular, aplicación preferente sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos [Art. 19], toda vez que el anteproyecto contempla disposiciones relativas a la programación y a la publicidad de las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos. De modo que estas Operadoras quedarían parcialmente exceptuadas de aplicar la polémica Ley de Responsabilidad Social.
¡Eso es lo que hay!… Por ahora
[1]   Contestatario es alguien que polemiza, habituado a protestar u oponerse de manera vehemente contra la situación establecida
[2]    http://blanca.psuv.org.ve/2011/05/07/medios-alternativos-anteproyecto/
[3]    http://www.asuntopublico.com/documentos/eps.pdf

viernes, 13 de mayo de 2011

Las faltas del Contralor General de la República


Como bien se sabe, el pasado viernes 22 de abril, el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, fue hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Docente La Trinidad [Caracas] tras sufrir un accidente cerebro vascular que primeramente le fue atendido en la Clínica Santiago de León de Caracas, desde donde fue referido al mencionado Centro Médico en el Este de la ciudad. Diecinueve días después, se sabe muy poco del estado de salud del Contralor y sólo se ha sabido, mediante un comunicado publicado en la web de la Contraloría General de la República [*], que el Contralor fue dado de alta en la mañana del miércoles 11 de mayo, que su condición física y sus signos vitales indican, según su médico tratante, que va hacia una franca mejoría, por lo que debe profundizar el tratamiento de rehabilitación necesario para su completa recuperación. Ante su estable condición de salud, la decisión familiar fue trasladarlo a la ciudad de La Habana, Cuba.
Entretanto, surge la necesidad de asegurar el funcionamiento normal y correcto del Órgano Rector del sistema nacional de control fiscal, ante lo cual, el citado comunicado señaló que “En la Contraloría General de la República las actividades continuarán su curso cotidiano y la Subcontralora Adelina González se mantiene como Contralora encargada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal”. Toca referir cómo se suplen las faltas del Contralor, temporales y absolutas.
La Constitución establece solamente que la Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República, y que todo lo relativo a su organización y funcionamiento se determinará por ley [Arts. 288 y 290]. Y en efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, al que alude el Comunicado de la Contraloría, prescribe que la Instancia Rectora del control fiscal tendrá un Subcontralor que será de libre nombramiento y remoción por el Contralor, el cual “llenará las faltas temporales o accidentales del Contralor o Contralora y las absolutas, mientras la Asamblea Nacional provea la vacante,…”. Lo que viene ratificado por el artículo 27.1 de la Resolución Organizativa del Contralor General de la República N° 1 sobre la  Organización y Funcionamiento de los Órganos y Dependencias Adscritos a los Despachos del Contralor y del Subcontralor, según el cual, corresponde al Sub-Contralor, suplir las ausencias del Contralor.
Lo que no establece la Constitución, ni tampoco la Ley, es por cuáles motivos o en cuál momento la falta temporal del Contralor General de la República se convierte en una falta absoluta y por tanto, la Asamblea Nacional debe proveer la vacante. ¿Quiere decir ello que la Asamblea Nacional decide discrecionalmente sobre este asunto?
En mi criterio, la decisión del Poder Legislativo es discrecional, pero no puede ser caprichosa, y para ser tomada debe inspirarse en principios o normas que sirvan para resolver el aparente vacío constitucional y legislativo. En ese sentido, y por ser la Contraloría General de la República un órgano de rango constitucional, corresponde revisar, y de ser el caso aplicar, en primer término las disposiciones constitucionales.
Con excepción del artículo 279 in fine, referido a la remoción de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, la Constitución especifica únicamente los supuestos de falta temporal y de falta absoluta en el caso del Presidente de la República [Arts. 233 y 234], los cuales, de ser integrados y aplicados supletoriamente o por analogía en el caso del Contralor General de la República, conducirían a concluir que faltas temporales son aquellas que se extienden hasta por 90 días, prorrogables por la Asamblea Nacional. En consecuencia, la Asamblea Nacional puede, o debe, declarar la falta absoluta del Contralor en los siguientes supuestos:
·         Muerte del Contralor.
·         Renuncia del Contralor.
·         Remoción por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
·         Incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
·         Abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional.
·         Faltas que se extiendan por más de 90 días, salvo prórroga de igual plazo concedida por la Asamblea Nacional.
Lo que quiere decir que, de prolongarse las consecuencias del accidente ocurrido al Contralor Russián, la Asamblea Nacional podría declarar su incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia, o simplemente esperar por el plazo de 90 días previsto en la Constitución, que en este caso vencería el próximo 20 de julio, sin perjuicio de prorrogarlo por igual plazo.
[*]       http://www.cgr.gob.ve/noticia.php?notcodigo=00000495

jueves, 12 de mayo de 2011

Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores Residenciales [y Parte III]


En nuestros dos artículos anteriores hemos comentado el Decreto-Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales [anteriormente denominados conserjes] publicado en la Gaceta Oficial N° 39.668 del pasado 06 de mayo, el cual define las acciones propias del llamado oficio de conserjería, las partes del proceso, los derechos y obligaciones, así como los mecanismos especiales para la garantía efectiva de los derechos de este sector.
Terminado el comentario de la Exposición de Motivos, finalmente toca describir los aspectos principales o críticos del articulado contenido en el nuevo texto legal. De entrada, vale destacar que se aprovechó, una vez más, la vía del Decreto-Ley para avanzar mediante atajos en la consolidación de un “Estado Comunal” donde el pueblo organizado ejerza de manera directa el Poder Popular como vía para construir una sociedad socialista. Los aspectos novedosos, propiamente referidos al asunto de los conserjes, son los siguientes:
1)      Queda en el pasado la denominación “conserje” por ser un término peyorativo y que refiere una forma contemporánea de esclavitud /// Podría argumentarse que bajo esta concepción gubernamental, seguir llamando conserje a un trabajador residencial podría considerarse como una difamación o una práctica esclavista.
2)      A diferencia de los conserjes, que tenían a su cargo “la custodia de un inmueble, la atención, el aseo y el mantenimiento del mismo”, los trabajadores residenciales tienen a su cargo solamente “la limpieza y aseo de las áreas comunes de un inmueble”. En ese sentido, “[s]e prohíbe la sobreexplotación del trabajador”, esto es, “la asignación de labores que no se corresponden a la definición del oficio”, tales como:
a)      Trabajos distintos a la limpieza y el aseo de las áreas comunes.
b)      Tareas que impliquen trabajos especializados o que sean responsabilidad de la Junta de Condominio.
c)      Esfuerzos que estén por encima de sus posibilidades físicas.
d)      Control, observancia y supervisión del cumplimiento de los servicios públicos, así como otras obligaciones y responsabilidades derivadas de la administración del inmueble o de quienes habiten en el mismo.
e)      Vigilancia y custodia del edificio.
f)       Limpieza, aseo y mantenimiento de las áreas comerciales, en caso que existan, o de espacios distintos a las áreas comunes internas del inmueble.
g)      Reparación de daños y desperfectos ocurridos en el inmueble.
h)      Cualquier otro trabajo pesado.
i)        Labores que impliquen Riesgo.
3)      Es responsabilidad de los habitantes de la comunidad, conservar en buen estado de limpieza las áreas comunes y responder por los perjuicios de cualquier índole ocasionados en el inmueble.
4)      Los medios de comunicación social y los patronos o empleadores deben contribuir a la formación de los vecinos sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio del trabajador residencial.
5)      Durante la relación laboral, el trabajador residencial y los integrantes de su núcleo familiar, serán considerados como habitantes de la comunidad, con los mismos derechos inherentes a la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana, que el resto de los habitantes del inmueble. Aplicación de ello es, por ejemplo, que las áreas comunes del inmueble no podrán ser restringidas para el uso del trabajador residencial, ni para su núcleo familiar, a las que tendrá acceso en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.
6)      Son partes de la relación laboral, la comunidad de habitantes y el trabajador residencial. Las obligaciones derivadas de la relación laboral son responsabilidad de todos los propietarios, de manera individual, según la alícuota parte que le corresponda en el inmueble, o de forma colectiva, si cuentan con una instancia de organización. En todo caso, corresponde a la “asamblea de residentes o copropietarios” aprobar la contratación o despido, incluso justificado, del trabajador. La garantía de buen funcionamiento de los servicios públicos, instalaciones, maquinarias y equipos del inmueble, es responsabilidad de la comunidad de residentes, y no del trabajador residencial.
7)      El Patrono no será la empresa administradora del condominio, como es lo usual, sino la comunidad de residentes, que dictará las órdenes e instrucciones al trabajador, a través de la junta de condominio. Es responsabilidad indelegable de esta junta, todo lo relativo a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, así como la administración y garantía del buen funcionamiento de los servicios públicos del inmueble.
8)      Los trabajadores residenciales estarán sometidos a la jornada diurna de trabajo y fines de semana libres, que se desarrollará con criterio de flexibilidad para el trabajador. El justo cumplimiento de la jornada laboral será garantizado por un plan de trabajo, en el que se contemplarán aquellos “casos donde la distribución de horarios contravenga la jornada diurna o fines de semana”. El Plan de Trabajo debe ser diseñado de mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrono.
9)      Cuando la relación laboral termine por cualquier causa, el trabajador residencial tiene derecho a que se le respete su condición de miembro de la comunidad. Y por esa razón, se le debe otorgar un mínimo de tres (03) meses para la desocupación del inmueble, contado a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago total de las prestaciones sociales y demás deudas laborales que existan al término de la relación laboral. Durante ese lapso de desocupación, el trabajador residencial no está obligado a trabajar y la junta de condominio debe contratar un trabajador suplente. En caso de conflicto sobre el plazo o la ejecución concreta de la desocupación, se debe recurrir en primera instancia a procesos de mediación y agotar las vías administrativas, antes de recurrir a las instancias judiciales. “En ningún caso podrá realizarse un desalojo forzoso y arbitrario”.
10)  Hay muchos otros derechos, aparentemente nuevos, pero que en realidad eran titularidad de los conserjes simplemente por su condición de trabajadores, tales como: protección a la maternidad y paternidad, medio ambiente de trabajo, etc.
11)  El reglamento de la Ley podrá establecer un límite máximo de área física común asignada a un solo trabajador residencial para la prestación de sus servicios, por superficie o por cantidad de apartamentos, oficinas, locales o establecimientos. En tal caso, la Comunidad deberá contratar tantos Ayudantes como sean necesarios para cubrir el área física total del inmueble, con todos sus derechos laborales, con excepción de la provisión de vivienda y de los derechos como habitante del inmueble, salvo que el ayudante sea pariente del trabajador residencial y haya común acuerdo de vivir en la misma vivienda.
12)  El reglamento de la Ley puede establecer también la obligación de prever un espacio idóneo como vivienda del trabajador residencial en los desarrollos habitacionales que se construyan.
Finalmente, el Decreto-Ley contempla un plazo de seis (06) meses, que vence el próximo 06 de noviembre, para adecuar a las normas y previsiones allí establecidas, todas las relaciones con los trabajadores residenciales. Lapso dentro del cual, tocará a las Asambleas de Copropietarios y de Residentes, redefinir los contratos de trabajo con los trabajadores residenciales, en cuanto sea necesario, y probablemente los contratos de mandato con las administradoras del condominio; así como formalizar todas las decisiones que le den cumplimiento al nuevo Decreto-Ley.
Igualmente, se dispone de seis (6) meses para dictar el Reglamento, donde se regularán la figura de los Ayudantes y la obligatoriedad del espacio de vivienda para un trabajador residencial.
En resumen: Buena parte de los derechos y situaciones que aparentemente se crean o se reconocen en el Decreto-Ley, estaban ya creados y reconocidos por la Ley Orgánica del Trabajo y otras leyes laborales. Los principales cambios son tal vez, desde el punto de vista laboral, la aparente modificación de las funciones y de la jornada de los conserjes, la exclusión de las Administradoras como patronos, el régimen de pago de las prestaciones y del desalojo, y el futuro régimen de los ayudantes. Y desde otro punto de vista, la principal novedad consiste en caracterizar a los conserjes y su núcleo familiar como un grupo vulnerable, lo que impone al Estado una multitud de obligaciones y prestaciones en beneficio de ese sector laboral.
Aparte de lo señalado, no hay mayores novedades, y haciendo caso omiso del cuestionable sesgo ideológico que inspiró el Decreto-Ley, puede afirmarse que esta nueva regulación jurídica, adecuadamente aplicada e interpretada, contribuirá al bienestar social de los conserjes y al desarrollo equilibrado de la relación laboral entre ellos y las comunidades.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores Residenciales [Parte II]

La supuesta inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Trabajo [LOT]
En nuestro artículo anterior iniciamos los comentarios del Decreto-Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.668 del pasado 06 de mayo, uno de cuyos fines declarados es asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores residenciales.
Allí empezamos por la Exposición de Motivos, en la cual llamaron nuestra atención las dos premisas que fundamentan el Decreto-Ley: la primera, que “los trabajadores y trabajadoras residenciales son un grupo vulnerable y excluido en cuanto viven sometidos y sometidas a un régimen esclavista…”, comentada en el artículo anterior. La segunda, que el Ejecutivo Nacional escuchó el reclamo de las conserjes “frente a la inconstitucionalidad del marco jurídico regulatorio del oficio de conserjes, establecido en el Título V, Capítulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de Junio de 1997 [Artículos 282 y ss.], que colide con disposiciones fundamentales de la Constitución…”.
En efecto, según el Ejecutivo Nacional, el artículo 285 de la LOT ha permitido que las administradoras y juntas de condominio exijan a los conserjes una jornada laboral superior a la permitida por la Constitución, de 15 horas diarias, toda vez que en dicho artículo se contemplaba que esta categoría especial de trabajadores tenía un descanso mínimo de 9 horas a partir de las 10 de la noche [o sea, de 10:00 pm a 07:00 am].
Esta disposición –que según el Gobierno es esclavista– en realidad tiene su fundamento en el artículo 198, literal c) de la LOT, a tenor del cual, no están sometidos a las limitaciones legales sobre duración de la jornada de trabajo, aquellos trabajadores que desempeñan labores que requieren sólo su presencia, o labores discontinuas o esencialmente intermitentes que implican largos períodos de inacción durante los cuales el trabajador no tiene que desplegar actividad material ni atención sostenida, y permanece en su puesto de trabajo sólo para responder a llamadas eventuales.
Precisamente, los conserjes son un ejemplo de este supuesto pues, como resulta obvio, el cuestionado artículo 285 de la LOT no implicaba, ni quiso implicarlo, que el Conserje deba asear el edificio desde las 07:00 am hasta las 10:00 pm, de manera continua. En realidad, la labor del conserje es una actividad por naturaleza  discontinua, que comprende unos períodos de actividad y otros de inactividad, durante los cuales el conserje no tiene la obligación de realizar acciones materiales de limpieza o mantenimiento, sino que permanece en su puesto de trabajo, o incluso fuera de su puesto pero disponible, sólo para responder a llamadas o requerimientos eventuales.
Lo interesante es y esto aparentemente no lo sabe el Gobierno que mediante sentencia N° 1183 del 03 de julio del 2001 [1], suscrita unánimemente por los magistrados Iván Rincón, Jesús E. Cabrera, José M. Delgado Ocando, Antonio García García y Pedro Rondón Haaz, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la nulidad por inconstitucionalidad del mencionado artículo 198 y quince disposiciones más de la LOT, todas relativas a las excepciones del tope de jornada laboral. En el caso concreto, los recurrentes denunciaron que a los trabajadores petroleros, vigilantes, enfermeras, médicos de guardia, el servicio doméstico, los conserjes y choferes, entre otros, se les continuaba aplicando la jornada de trabajo establecida en las normas impugnadas, haciendo caso omiso a la nueva normativa constitucional.
Pero la Sala Constitucional sentenció acertadamente que hay categorías especiales de trabajadores excluidas de la jornada ordinaria, sujetos a regulación especial, “en virtud de que el trabajo desempeñado no está sometido a un horario fijo, ya que en algunas oportunidades la jornada cumplida es incluso menor a la prevista ordinariamente, y además no requiere ningún esfuerzo físico e intelectual para su efectivo desarrollo, necesitándose sólo la presencia física, y pudiendo el trabajador incluso, en el mismo sitio de trabajo –siempre y cuando no perturbe su ejercicio– emplear su tiempo en otras actividades.” Así, por ejemplo, no sería indebido que durante su jornada de trabajo, un conserje acuda a un supermercado cercano al edificio y haga sus compras familiares, siempre que se mantenga disponible ante una llamada eventual y su ausencia no perturbe alguna actividad prevista en el condominio.
Podría afirmarse, no sin mucha dificultad, que la premisa de la cual parte el Presidente Chávez y el Decreto-Ley en cuestión, es contradictoria con la interpretación constitucional que hizo la Sala Constitucional de las normas contenidas en la LOT, y por ello, el Decreto-Ley estaría sujeto a nulidad.
Ahora bien, en el supuesto negado de que el Título V, Capítulo III de la LOT de 1997, fuere contrario a la Constitución de 1999, como equivocadamente lo afirmó el Presidente Chávez en el Decreto-Ley, ¿dicho Capítulo no quedó automáticamente derogado en 1999 con la entrada en vigencia de la Constitución? Así debe ser conforme a la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de 1999, al tenor de la cual el ordenamiento jurídico “mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución”. Por lo tanto, el Título V, Capítulo III de la LOT de 1997 estaba supuestamente afectado de inconstitucionalidad sobrevenida y en razón de ello, debió entenderse derogado de pleno derecho en 1999.
Pero, si esto es así, ¿dónde han estado el Ministerio del Trabajo y los tribunales laborales, durante los últimos 10 años, que han facilitado o tolerado la aplicación de un marco jurídico supuestamente inconstitucional? ¿Cuántas leyes habilitantes debieron otorgarse al Ejecutivo Nacional para que este se diera cuenta de la supuesta inconstitucionalidad? Podría argumentarse que ambos Poderes, el Ejecutivo y el Judicial, se acogieron a la sentencia N° 1183/2001 de la Sala Constitucional, pero si así ha sido, ninguno de los Poderes puede ahora apartarse de este precedente constitucional hasta que la Sala lo modifique.
Ahora que el Gobierno se enteró de la inconstitucionalidad de la norma y dictó un Decreto-Ley Especial para la dignificación de trabajadores residenciales, ¿cómo se resolverá jurídicamente la presunta inconstitucionalidad de las prácticas ocurridas durante los últimos 10 años, que al decir del Gobierno han sido esclavistas? ¿Podría un Conserje demandar daños o denunciar penalmente a su patrono, sólo por haberlo hecho trabajar más de ocho horas diarias? ¿Cuál es la responsabilidad de la Sala Constitucional frente a la convalidación de normas de esta índole? ¿Quién ejerce la jurisdicción constitucional en Venezuela: el Presidente de la República o la Sala Constitucional del TSJ?
Cabe preguntarse finalmente, si ahora que el Gobierno se enteró de la inconstitucionalidad de la norma e incluso reformó parcialmente la Ley Orgánica del Trabajo y derogó todo el Capítulo III en cuestión, relativo a los conserjes [2], ¿no debería también derogar los artículos 195 [parágrafo único]; 196; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 206; 207; 208; 210; 325; 360 y 362 de la Ley Orgánica del Trabajo? Porque todos estos artículos fueron impugnados ante la Sala Constitucional en febrero del 2000, precisamente por permitir que se excedan los topes de jornada previstos en la Constitución. Más fácil aún, ¿no debería el Gobierno derogar la Resolución Conjunta N° 102 del Ministerio del Trabajo y N° 1460 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de 1996, que establece la jornada de trabajo de los trabajadores aéreos y el período de descanso de los tripulantes de vuelo?
El próximo artículo, y final, será dedicado a los aspectos principales o críticos del articulado contenido en el nuevo texto legal.
[2]    Decreto N° 8.202 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.- [Véase N° 6.024 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha]