miércoles, 29 de julio de 2020

La "tiranía" de la mascarilla

Los recientes rebrotes del llamado "coronavirus" han conducido a que, aún sin estar vigente el estado de alarma, algunas Administraciones autonómicas han dictado diversas medidas que limitan o restringen algunos derechos fundamentales (DDFF). Los Ejecutivos autonómicos han decretado el confinamiento total o parcial de algunas poblaciones, una clarísima restricción del derecho a la libre circulación de personas. Recientemente, las Administraciones autonómica y/o electoral impidieron votar a determinados ciudadanos en los comicios autonómicos de Galicia y País Vasco, en clara restricción del derecho de sufragio de los afectados.

Una medida más generalizada entre las comunidades autónomas y más extendida en el ámbito de toda España, es la obligación impuesta por la mayoría de las consejerías autonómicas, de usar o portar mascarillas en todos los espacios públicos. En el caso de Galicia, se impuso el uso obligatorio de mascarilla como regla general, incluso cuando pueda respetarse y asegurarse la distancia interpersonal de metro y medio. El uso de mascarilla se volvió rigurosamente obligatorio, en cualquier circunstancia, sin importar que haya o no, distancia de seguridad suficiente entre una y otra persona. En todo momento los ciudadanos deben cubrirse nariz y boca con una mascarilla. Según se desprende de la normativa gallega, si las personas están en algún bar o restaurante, deben usar permanentemente la mascarilla y quitársela solamente en el momento de exacto de comer o beber algo, debiendo tenerla entre bocado y bocado, o entre sorbo y sorbo.

Si bien la imposición de la mascarilla ha sido aplaudida por la mayoría de los españoles, o así lo parece del "sentir" en la calle y en los medios, juristas reconocidos como Javier Tajadura han advertido con acierto que imponer el uso obligatorio de mascarilla restringe el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la propia imagen, el cual incluye "la representación simbólica de uno mismo y la facultad de utilizar o no determinadas prendas de vestir o cualquier complemento que afecte a nuestra imagen externa." (*) Que sea una restricción constitucionalmente justificable y proporcionada, o no, es otro debate. Pero que es una restricción, parece claro que lo es.

Puede que para algunos de mis lectores no resulte tan claro, pero como bien lo explica el nombrado jurista, la obligatoriedad de usar mascarillas es una restricción semejante a los intentos de prohibir, imponer y/o regular el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público, o la práctica del topless en playas o piscinas públicas, entre otras restricciones semejantes. Llevar en el rostro una mascarilla o una burka, o no llevarla; o usar (o no) un traje de baño en la playa, son todas conductas que están protegidas por diversos derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen o el derecho a la libertad religiosa, y el Estado está constitucionalmente legitimado para establecer limitaciones a tales derechos, siempre que se cumplan las premisas exigidas por el Estado Constitucional de Derecho.

La obligación impuesta por las Administraciones autonómicas de usar mascarilla no es, o al menos no lo parece, un capricho o una arbitrariedad. La justificación generalizada invocada por casi todas es evitar que las personas portadoras del virus pero asintomáticas, que por ello no conocen su condición, puedan transmitir involuntariamente la infección. De este modo, podría admitirse que en general, las medidas adoptadas por las Administraciones autonómicas persiguen (o así lo parece) una finalidad constitucional y legítima: preservar el derecho a la vida y la protección de la salud pública. Sin embargo, juristas como Tajadura y otros igualmente lo advierten: "la forma en que se han adoptado vulnera principios fundamentales del Estado de derecho." (*)

Dos de tales principios son, según lo explica Tajadura, que las limitaciones de DDFF deben establecerse mediante leyes que han de respetar [como mínimo, no solamente] el contenido esencial de aquellos, y que el régimen de los DDFF está reservado a la Ley Orgánica, es decir, a las Cortes Generales. La garantía de reserva legal que deriva del primero de los principios citados, implica que es competencia exclusiva del poder legislativo (por ser el representante de los ciudadanos), imponer restricciones a los DDFF, y gracias a ello la restricción gana en legitimidad democrática. Solo el parlamento y ninguna otra Institución puede restringir los derechos, y en ningún caso (salvo que se decrete estado de alarma, de excepción o de sitio), el Gobierno está habilitado para dictar normas de rango reglamentario que impongan restricciones de carácte general a los DDFF. Y del segundo principio deriva que solo las Cortes Generales y en ningún caso las comunidades autónomas, tienen competencia para establecer el régimen de los DDFF.

En razón de ello, solo las Cortes Generales pueden imponer el uso obligatorio de la mascarilla y restringir, en consecuencia, el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la propia imagen, con la finalidad (legítima) de proteger los derechos a la vida y a la salud. Y ningún parlamento autonómico -menos aún una consejería o un presidente autonómico- puede imponer esa obligación. Y no solo hay una razón formal. Hay también una razón jurídica sustancial (y además práctica), que es evidente: El contenido y alcance de los derechos a la libertad de expresión, a la propia imagen, a la vida o a la salud, deben ser iguales para todos los ciudadanos en toda España.

Si en verdad es necesario que los ciudadanos usen la mascarilla, para proteger la salud pública, solo las Cortes Generales pueden (y deben) establecer la obligación de usarla. Y solo una ley de las Cortes puede regular en cuáles casos es obligatorio usar la mascarilla, y en cuáles no. Luego, a las consejerías de salud de las autonomías y a los órganos locales de policía, correspondería aplicar y ejecutar esa ley. De modo que,


En ningún caso resulta admisible que sin cobertura legal alguna, mediante simples disposiciones reglamentarias autonómicas, se establezcan este tipo de obligaciones limitadoras de derechos fundamentales.

Nos encontramos, por tanto, ante una violación de garantías jurídicas formales básicas del Estado de derecho: la reserva de ley. Es una aberración limitar derechos mediante disposiciones reglamentarias... Limitando y suspendiendo derechos fundamentales mediante normas reglamentarias autonómicas subvertimos el sistema de fuentes del Derecho, erosionamos la seguridad jurídica y debilitamos la confianza en el ordenamiento jurídico. No resulta fácil de comprender por qué, ante una situación sanitaria similar, en unas Comunidades es obligatoria la mascarilla y en otras no. (*)

No obstante, es necesario reconocer que las medidas de las Administraciones autonómicas no son -necesariamente- una arbitrariedad de quienes las han tomado. No solo porque se justifican, o dicen justificarse, en la protección de los derechos a la vida y a la salud. Sino, también, porque políticamente se explican en la dejadez de las Cortes Generales. Han transcurrido cuatro meses desde que se decretó el estado de alarma, y era razonablemente previsible que al cesar dicho estado de anormalidad constitucional, serían necesarias medidas excepcionales de protección sanitaria. Aún así, las Cortes se han negado, o en el mejor de los casos han sido incapaces, de aprobar una ley orgánica para afrontar con "normalidad" .los efectos del "coronavirus", o al menos reformar la ley de medidas especiales de salud pública para adecuarla a la situación especial. Y salvo prueba en contrario, esa negligencia es responsabilidad de todos los partidos políticos representados en las Cortes... ¡De todos!

***

(*) TAJADURA TEJADA, Javier. Uso de mascarilla y “reserva de ley”. Profesor de Derecho Constitucional en la UPV-EHU. El País. 22/7/2020.

martes, 17 de marzo de 2020

Abrir o no abrir, un dilema ético en tiempos de Coronavirus


Hoy en la mañana me topé en las redes con el post de una reconocida franquicia de burguerías (que en lo adelante llamaremos La Hamburguesería), en la que he comido (bien) y cuyo modelo de negocio siempre he admirado. La Hamburguesería intenta justificar su decisión empresarial de clausurar totalmente sus actividades y no repartir a domicilio, con el pretexto de que “nos preocupamos por la salud de todos. Por eso, en ningún momento, nos hemos planteado ofrecer servicio a domicilio con el fin de no exponer a ningún riesgo a ninguno de nuestros compañeros, trabajadores de las empresas de reparto ni clientes…”. En su web lo ratifican:


La decisión de La Hamburguesería es –a primera vista– una decisión razonable y –en su caso y en su criterio– una decisión acertada. Sin embargo, La Hamburguesería insinúa “en la sombraque los establecimientos con reparto a domicilio no son responsables –como sí lo sería La Hamburguesería–, y cuestiona que los demás no se preocupan por la salud pública y que arriesgan la salud de compañeros, repartidores y clientes, solo porque siguen ofreciendo servicio a domicilio –permitido por las Administraciones sanitarias–. Este cuestionamiento de La Hamburguesería luce injusto e interesado. Puede que sea involuntario; si no lo es, sería además desleal y de mala fe.

Si prestar servicios de alimentación a domicilio fuera una decisión riesgosa e irresponsable, como insinúa La Hamburguesería, los primeros irresponsables serían las Administraciones sanitarias –que aparentemente saben menos (de salud pública) que los expertos sanitarios de La Hamburguesería– porque aquellas han permitido la actividad con la premisa de que, si se cumplen con los protocolos reforzados de higiene y seguridad alimentaria, el servicio a domicilio es una actividad segura. Intentemos comprender las razones de algunos restaurantes para mantener operativo el servicio a domicilio.

Algunos siguen abiertos porque hay personas –huéspedes en hoteles, por poner solo un ejemplo entre varios– que por cualquier razón no pueden cocinar o preparar su propia comida, y necesitan que alguien se la prepare y se la lleve a domicilio. La Hamburgusería no, pero otros establecimientos están resolviendo esa necesidad. Y no olvidemos que con el transcurrir de los días, cuando comience a cundir la impaciencia y el desespero por la prolongación de la cuarentena colectiva, variar y “pedir comida a domicilio” será una minúscula válvula de escape para algunos. Y precisamente porque existen necesidades como estas, el Gobierno del Estado y sus expertos han consentido que continúe el reparto a domicilio (como ha permitido otras igualmente necesarias).

Otros establecimientos –mayoritariamente pequeños emprendedores– siguen abiertos, tal vez por razones más “terrenales”. Como por ejemplo, buscan con cierto desespero –y tal vez sin éxito– reducir las pérdidas insoportables que les acarrea este “parón”, y que puede conducirlas a la quiebra definitiva. O tal vez, para estos pequeños emprendedores, les resulta doloroso adoptar la decisión más “cómoda”: Cerrar completamente y pedir un ERTE para todos sus trabajadores. Paradójicamente, esta decisión fue la adoptada por la mayoría de las grandes franquicias y “cadenas” de restauración, dos de las cuales ya lo anunciaron y pedirán un ERTE para 36 mil trabajadores, ¡36 mil parados en solo dos empresas!

La mayoría de establecimientos, sencillamente, no tienen el “músculo” financiero –ni el acceso al crédito– que tienen esas grandes franquicias y “cadenas”, y que aparentemente La Hamburguesería tiene, para soportar este radical “parón” –justificado, sí, nadie lo niega; pero parón al fin–. Cuando la crisis sanitaria sea superada, que se superará, franquicias como La Hamburguesería (y sus franquiciados) volverán, pero la mayoría de los establecimientos que hoy siguen abiertos tal vez hayan sucumbido y quebrado, porque no tienen las reservas ni el acceso al crédito para reiniciar.

Al contrario de lo que sutilmente sugiere La Hamburguesería, cerrar un restaurante o mantenerlo total o parcialmente operativo no es (ni lo ha sido) un asunto de responsabilidad o de quién ha sido más responsable que cuál. La realidad es que, si se ve el asunto desde su perspectiva de #SomosResponsables, ningún restaurante, ninguno (insisto, ¡ninguno!) cerró hasta que el Gobierno lo impuso. De haber sido una decisión basada solo en la responsabilidad, La Hamburguesería y demás establecimientos responsables, habrían cerrado antes de la imposición del Gobierno, desde que se supo que el contacto entre personas y con superficies era un riesgo para la salud. La realidad es que la mayoría de los restaurantes suspendieron la totalidad de sus actividades, después de decidirlo el Gobierno, sencillamente porque mantenerlos operativos solo para servicio a domicilio no les compensa económicamente o puede ser una complicación operativa.

Esa decisión empresarial de cerrar totalmente un restaurante durante la crisis sanitaria en curso, es una decisión justificada y razonable (y sobretodo afortunada, si se tiene la capacidad de hacerlo). Pero es tan justificada y razonable como la de otros, de acatar el mandamiento de la Administración sanitaria y prestar servicios parcialmente, cumpliendo con protocolos reforzados de higiene y seguridad alimentaria.

La franquicia de burguerías a la que me referido hoy se caracteriza por hacer bien lo que hace, y por ello ha conseguido lo que ha conseguido, con todo merecimiento. Seguro que esto también pueden hacerlo mejor, seguro que puede comunicar mejor y seguro que puede justificar sus decisiones y destacar sus virtudes –que las tiene– con empatía, sin invalidar las razones de los demás establecimientos y –sobretodo– sin denigrarlos ni competir deslealmente.

lunes, 4 de febrero de 2019

¿Por qué Guaidó asumió la presidencia (provisional) de Venezuela?


Algunos han consultado mi opinión acerca de por qué Juan Guaidó, presidente del parlamento de Venezuela, se proclamó Presidente (encargado) de ese país sin ser elegido como tal (directamente por el pueblo); si es legal o no; y por qué muchos medios lo llaman “presidente autoproclamado”. Intentaré explicarlo en el siguiente post.

Comienzo por lo básico: Juan Guaidó se “encargó” de la presidencia de Venezuela porque así se lo impone artículo 233 de la Constitución. ¿Y cuál fue LA CAUSA? Se produjo una “falta absoluta” en el cargo de presidente de la república. Más abajo explicaré por qué. Juan Guaidó se “encargará” de la presidencia, como lo escribe textualmente el art. 233 de la Constitución, solo “mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente”, por tanto, es un presidente provisional, mientras el pueblo elige al nuevo presidente.
¿Por qué se dice que en Venezuela hubo “falta absoluta” en el cargo de presidente de la república si Nicolás Maduro “okupa” (o ejerce de facto ese cargo? Juan Guaidó se “encargó” (temporalmente) de la presidencia porque el período de Maduro (quien fue electo en 2014) se extinguió el pasado 10 de enero. Cualquiera se preguntará: si el período de Maduro se extinguió el pasado 10 de enero, ¿por qué él permanece y aspira continuar en el cargo por otro período? Porque USURPÓ la presidencia con una juramentación inválida. Lo explico seguidamente.
En mayo de 2018 se realizaron en Venezuela “elecciones” presidenciales convocadas (al margen de la Constitución) por una “Asamblea Constituyente”, sin participación de la oposición (cuyos candidatos fueron encarcelados o inhabilitados para que no pudieran competir). Esta “Asamblea Constituyente” de Venezuela fue creada por el régimen chavista mediante elecciones indirectas (de segundo grado) y fraudulentas, para usurpar a la Asamblea Nacional el legítimo poder legislativo. Es un parlamento “paralelo” a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora). “Esta” Asamblea Constituyente no existe en la Constitución venezolana ni es reconocida por la comunidad internacional, que reconoce como único poder legislativo en Venezuela a la Asamblea Nacional.
Además de usurpar el poder legislativo, la Asamblea Constituyente usurpó también el poder electoral y convocó elecciones presidenciales anticipadas, que fueron acatadas y organizadas por el Consejo Nacional Electoral (sumiso al régimen chavista). La oposición no participó en estas elecciones porque sus candidatos más visibles, sus principales contendores, fueron (y aún lo están) encarcelados o inhabilitados para participar, no incluyeron las garantías de elecciones libres ni fue vigilada por observadores internacionales.
Por lo señalado, estas elecciones (que desde luego “ganó” Maduro) NO fueron reconocidas como válidas por EEUU, el Consejo de Europa ni la mayoría de países latinoamericanos, cuyos representantes anunciaron que darían por extinguido el período de Maduro, el 10 de enero. No obstante lo anterior, Maduro se juramentó (otra vez) como presidente el 10 de enero, pero no ante la Asamblea Nacional (que el régimen chavista nunca ha reconocido) como manda el articulo 231 de la Constitución, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia (sumiso al régimen chavista).
Aquí viene la CLAVE del asunto: La reciente juramentación de Maduro, por no proceder de una elección válida y por no hacerse ante la Asamblea Nacional (el legítimo poder legislativo), configura una USURPACIÓN del cargo de presidente de la república. Por más apariencia de elecciones y de juramentación que se le quiera dar a la presidencia (de facto) de Maduro, esta reciente juramentación es nula y carece de efectos válidos (artículo 138 de la Constitución), por tanto, no legitima la usurpación del cargo.
Al no haber elecciones ni juramentación valida, se configuró una FALTA ABSOLUTA en el cargo de presidente y se activó automáticamente (lo quiera o no Juan Guaidó) el mecanismo de suplencia (temporal) previsto en el artículo 233 de la Constitución, antes mencionado. Además de falta absoluta, hay USURPACIÓN del cargo y por tanto se activó también el articulo 138 de la Constitución, según el cual, “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos.” Todo lo actuado por Maduro a partir del 10 de enero es nulo e ineficaz.
El remedio constitucional contra la USURPACIÓN está en los artículos 333 y 350 de la Constitución. El 233 impone (a todo ciudadano) la obligación de restablecer la democracia, y el 350 la de desconocer al régimen usurpador. Y de allí viene la conclusión:
Como presidente de la Asamblea Nacional electa por el pueblo, Juan Guaidó tiene la obligación de desconocer al usurpador (como cualquier ciudadano), pero además la de encargarse temporalmente de la Presidencia de la República, solo con el fin de convocar elecciones y restablecer la democracia.
En síntesis, Juan Guaidó no se “autoproclamó” presidente (como sí lo hizo Pedro Carmona en 2002). Los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela le “imponen” asumir la presidencia, frenar la usurpación, formar un gobierno de transición y convocar elecciones. ¡Así de simple!

lunes, 15 de enero de 2018

Los animales no tienen derechos, pero...

Una reciente sentencia de un juzgado de primera instancia en Segovia ha vuelto a plantear el debate sobre los supuestos derechos de los animales. La sentencia, reseñada en un breve comentario de prensa (1), señala que “no se pueden equiparar los derechos de los animales y los de los humanos", que la tauromaquia no puede considerarse un maltrato porque el Derecho lo contempla como una profesión “lícita y regulada”, y que no se puede equiparar ni dar igual valor a la vida del ser humano que a la de un animal". Reconozco que a muchas personas les parece rudo o áspero oírlo o afirmarlo, pero jurídicamente es difícil admitir que “los animales tienen derechos”, esto así porque los animales carecen de un atributo inherente al ser humano, que fundamenta la existencia de sus derechos: la dignidad humana.
Esta noción de dignidad constituye el valor intrínseco de cada persona y el respeto mínimo de su condición de ser humano, y es el principio esencial de los valores de autonomía, de seguridad, de igualdad y de libertad. En palabras de González Pérez, la dignidad es el atributo que corresponde al hombre por ser dotado con inteligencia y libertad, que lo hace distinto y superior –sí, superior– a todo lo creado, y que por ello merece un tratamiento acorde con esa especial y superior naturaleza humana (2). En el ámbito del Derecho, la dignidad humana significa superioridad de los seres humanos sobre los animales, y como afirma Peces-Barba, es el fundamento de la ética pública de la modernidad y de los derechos humanos (3), así denominados precisamente porque derivan de la condición humana y de su dignidad.
El derecho a la integridad física, psíquica y moral, que los tratados de derechos humanos reconocen a las personas –y sólo a las personas­–, y del que deriva la prohibición de torturarlas y de tratarlas en forma cruel, inhumana o degradante, se fundamenta precisamente en la dignidad humana; y por ello no es extensible a los animales, porque estos carecen de la dignidad humana. Si existiera la dignidad animal o algo parecido equiparable a la dignidad humana, habría que reconocerle también a los animales (a todos por igual, perros o arañas, gatos serpientes, ositos o cucarachas, etc.) un derecho a la integridad física, psíquica… ¿Y moral? Y prohibir que se les trate en forma cruel, inhumana (¿?) o degradante. Y el Derecho tendría que regular la protección de ese derecho, incluso entre los propios animales.
A primera vista, parecería razonable prohibir la tauromaquia con la justificación de que la actividad sería una ofensa a la dignidad de los toros. Pero, ¿sería razonable prohibir absolutamente el sacrificio de animales para fines de alimentación humana? ¿O lo proporcionado sería solamente prohibir que se les sacrifique de forma cruel? ¿Sería razonable prohibir la experimentación con animales, para proteger su “dignidad”, aunque ello suponga retrasar los avances humanos médicos y científicos? ¿Ser´ía razonable sacrificar y matar a un pitbull que mordió a un niño? ¿Sería razonable castigar a un león que desgarre o devore a otro animal, porque ambos tienen igual “dignidad”?
Mis hijos adolescentes, que han querido y protegido siempre a sus mascotas y a la mayoría de los animales, se escandalizan cuando me oyen decir que los animales no tienen derechos. Entonces papá –me reprenden– si no tienen dignidad ni derechos, ¿por qué se hacen leyes de protección a los animales? ¿Significa entonces que un animal puede ser asesinado para cualquier fin, o puede ser maltratado o tratado en forma cruel? Mi respuesta contundente es no.
Que los legisladores de algunos estados hayan promulgado leyes de protección a los animales, que hayan regulado las conductas de los humanos hacia los animales y que penalicen los tratos crueles hacia estos, no se explica por una supuesta dignidad animal, ni porque los animales tengan unos supuestos derechos. La justificación de la protección jurídica a los animales es, paradójicamente, la dignidad humana.
Los legisladores optaron por proteger la integridad física de los animales, restringir su sacrificio y prohibir que se les maltrate, porque el asesinato injustificado de los animales y el maltrato animal es una conducta que repugna –o suele repugnar– a la dignidad y a la naturaleza humana. Si hoy día se prohíbe o se sanciona el maltrato animal, es para preservar la dignidad humana y no la supuesta dignidad o los supuestos derechos de los animales. En otras palabras, protegemos a los animales no por ellos, sino para protegernos a nosotros mismos, a nuestra dignidad y naturaleza.
Así, la razonabilidad de prohibir –o al menos regular– la tauromaquia no se fundamenta en los presuntos derechos de los toros, que no los tiene, sino en exigencias derivadas de la dignidad humana, que imponen –con razón– limitar o restringir todo o parte de los actos implicados en ese “espectáculo”.
De modo que tranquilos chicos –digo a mis hijos–. Que los animales no tengan derechos no significa que podamos maltratarlos. Protegerlos de tratos crueles y de sacrificios irrazonables es una exigencia de nuestra propia dignidad y naturaleza humana, y cuidarlos nos hace ser mejores humanos, mejores seres humanos.
(1)    “Los animales no tienen los derechos de las personas.”
      Expansión. 22/12/2017. Pág. 43.
(2)    González Pérez, Jesús. La Dignidad de la Persona.
      Madrid, Civitas, 1986, p. 81.
(3)    Peces-Barba Martínez, Gregorio.
      La Dignidad de la Persona desde la Filosofía del Derecho.
      2ª Edición. Madrid, IDH “Bartolomé de las Casas”.
      Dykinson, 2003. p. 16
.

sábado, 8 de octubre de 2016

Falacias de la democracia participativa

A la democracia estadounidense se le suele considerar el prototipo (y el origen) de la democracia representativa, modelo de gobierno en el que los ciudadanos no ejercen su soberanía directamente, sino indirectamente, a través de representantes elegidos mediante sufragio. Según esto, aunque el titular del poder político es el pueblo soberano, este no lo ejerce por sí mismo.
Al sistema estadounidense se le suele contraponer la llamada democracia directa, y algunos la democracia participativa. Un ejemplo prototípico es –en teoría– el sistema de Venezuela, en cuya Constitución se establece que el pueblo ejerce su soberanía directamente (en la forma prevista por la Constitución y la ley), e indirectamente mediante sufragio y por los órganos que ejercen el Poder Público; y reconoce a los ciudadanos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
La aparente contraposición entre ambos modelos de democracia viene dada porque en la democracia participativa predomina (o debería predominar) la participación directa y decisiva del pueblo en los asuntos públicos, que teóricamente será consultado con regularidad y participará con frecuencia en las decisiones de los asuntos públicos; no así en la democracia representativa, donde predomina el decisionismo de los representantes y la casi totalidad (o la totalidad) de las decisiones son adoptadas por los representantes electos, y rara vez (o nunca) será consultado el pueblo para decidir directamente sobre un asunto de trascendencia colectiva.
Sorprendentemente, aunque en una democracia participativa como supuestamente lo es la de Venezuela, la Constitución dispone al menos cinco tipos de referendo (el constituyente, el constitucional, el aprobatorio de leyes, el abrogatorio, el revocatorio de mandatos y el consultivo), y el consultivo es (o debió ser) el más frecuente, ¡en los 16 años de vigencia que tiene la Constitución nunca se ha celebrado un referéndum consultivo en Venezuela! Esto a pesar de que el gobierno ha decidido (unilateralmente) asuntos trascendentales como, por ejemplo, el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (como un “Brexit” en esa comunidad) y el ingreso al Mercosur, o la desvinculación (nada menos que) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En contraste, los gobiernos de algunos países con la típica democracia representativa han optado por consultar al pueblo antes de adoptar decisiones sobre asuntos trascendentales que afectan la vida de los ciudadanos de esos países, como cuando el gobierno de España consultó al pueblo para decidir sobre la permanencia en la OTAN (1986), o sobre la aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (2005), o las recientes convocatorias en Reino Unido y en Colombia para decidir sobre el”Brexit” o sobre el acuerdo de paz, respectivamente.
Prueba mejor y paradójica de lo que contamos es lo que pasará el próximo 8 de noviembre en la democracia estadounidense. Los californianos, además de votar para elegir al próximo presidente del país, votarán a favor o en contra de 17 propuestas legislativas sobre asuntos de gran trascendencia y que marcarán precedente en los debates que se dan sobre esas materias en los EUA.
Ese día los californianos podrán votar Sí o No a legalizar el consumo por los adultos de la marihuana, y esto mismo podrá votarse en otros cuatro estados: Arizona, Maine, Massachusetts y Nevada.
Otra de las proposiciones trata del debate sobre el control del uso de armas de fuego, y los californianos podrán votar Sí o No a prohibir la posesión de cargadores de munición de gran capacidad y a requerir una verificación de antecedentes para poder compra de municiones.
En el debate sobre la pena de muerte, uno de los que más divide a la población en los EUA, los californianos podrán votar dos iniciativas diferentes, una para eliminarla definitivamente, otra alternativa para (en el caso de que siga aplicándose) hacer el proceso más rápido y eficiente.
Hay más. Los californianos podrán votar a favor o en contra de requerir el uso de preservativos y otras medidas de protección durante el rodaje de películas pornográficas, así como de exigir a los productores de pornografía que paguen ciertos exámenes de salud y chequeos. Igualmente podrán votar para derogar (o ratificar) una ley estatal de 2014 mediante la cual se prohibió en California la fabricación de bolsas de plástico no reciclables. Y así sucesivamente, hasta once propuestas más podrán votar los californianos, y decidir sin mediaciones ni representantes, asuntos que afectan a sus vidas y que normalmente dividen a la sociedad.
En este contexto, hay quienes afirman que las iniciativas populares para consultar al pueblo se le han ido de las manos a los gobiernos en los EUA, esto a pesar de que su modelo de gobierno es típicamente una democracia representativa. Entretanto, en las autoproclamadas democracias participativas (usualmente de corte populista), sigue predominando el decisionismo directo de los gobernantes de turno y las iniciativas populares suelen entorpecerse con formalismos y leguleyismos que buscan solamente restringir al máximo la participación directa del pueblo en la solución de algún asunto público (como está ocurriendo en Venezuela con las restricciones impuestas por las autoridades a la convocatoria de un referéndum revocatorio).
Lo malo no es que sigan decidiendo los gobernantes, que estaría razonablemente bien si lo hacen con el argumento de ejercer su liderazgo, elegir la decisión que consideran correcta y asumir su responsabilidad personal. Lo malo es que suelen autoproclamarse intérpretes auténticos de la voluntad del pueblo y dicen tomar una decisión en nombre del pueblo. Lo que ellos deciden es lo que quiere el pueblo, y sería el pueblo (no él, el gobernante) el responsable de la decisión.
Así de falaz es la democracia participativa en algunos países.

lunes, 20 de abril de 2015

La búsqueda del emigrante

Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo… Si tienes un sueño, debes protegerlo. Si alguien no puede hacer algo, te dirá que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve tras ello. Punto.
Chris Gardner (Will Smith)
En busca de la felicidad.
Ayer comenzó a circular en la red (y ya se hizo viral) un audio o sonido que ha sido mayoritariamente titulado “el inspirador mensaje de Lorenzo Mendoza”. Según parece, el discurso del reconocido empresario venezolano (propietario y presidente de Empresas Polar) se grabó en un auditorio y en el contexto de una reunión con trabajadores del grupo empresarial, alguno de los cuales, aparentemente, habría expresado desesperanza por su futuro en Venezuela y en el grupo empresarial, y su deseo de emigrar, lo que presumiblemente animó a Lorenzo a defender sus razones para quedarse en Venezuela.
El discurso de Lorenzo Mendoza (un empresario al que admiro, aún después de oírle este discurso), es inspirador, pero merece –en mi criterio– algunos matices o correcciones. Está claro que el discurso es correcto y acertado, al menos en el auditorio donde lo realizó, y la finalidad con que lo hizo: Motivar a sus trabajadores y animarlos a seguir trabajando por Venezuela (y desde luego por su empresa, que no podría seguir siendo exitosa sin trabajadores motivados y productivos). Es el discurso que un empresario y un líder (como lo ha sido Lorenzo) debe darle a su gente. Decir (en ese contexto) algo diferente a lo que dijo, sería impertinente y sumamente criticable.
Cuando hablé de los matices o correcciones que merece el discurso de Lorenzo Mendoza, hablo de algunas expresiones que tal vez podrían no ser dichas, o dichas con otro estilo o tono, si se ejerciera el pensamiento-perspectiva y el esfuerzo (aún mayor) de colocarse en los zapatos de quienes han emigrado. Quiero decir, fuera del aludido auditorio y del contexto en que dio su discurso, el tono y estilo del discurso luce chocante, porque da la sensación de que Lorenzo no ha comprendido enteramente las razones de los venezolanos que han emigrado, y que muestra poca solidaridad y empatía con quienes se han visto motivados (y hasta forzados) a emigrar. Así lo han sentido (y expresado) muchos emigrantes, como puede leerse en la “Carta a Lorenzo Mendoza de una venezolana que cambió ‘unos problemas por otros”.
Porque, aunque Lorenzo Mendoza haya dicho que “respeta” la postura de quienes han emigrado, sutilmente los culpa por tener (y tomar) su oportunidad y por no asumir cabalmente sus responsabilidades con Venezuela. Incluso dice que “yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado”; y deja la sensación de que no está con los que se fueron. No digo que Lorenzo lo haya hecho intencionadamente o de mala fe. Creo que le habló con franqueza a sus trabajadores, sin imaginar que su discurso sería escuchado fuera de ese auditorio y heriría la sensibilidad de algunos emigrantes. Más que tolerar o “respetar” la postura del otro, es necesario “empatizar” e identificarse con las razones y las emociones del que piensa diferente a nosotros.
La primera corrección que merece el discurso de Lorenzo Mendoza es que la mayoría de los emigrantes no se han ido porque tomaron una oportunidad, y mucho menos porque crean ellos que “pueden irse a donde sea”. La mayoría de emigrantes tiene solamente una nacionalidad, un pasaporte u otro papel que les permite abordar un avión y aterrizar en otro país. Es injusto hacerlos sentir culpables por tener esa oportunidad, y por tomarla. Pero ese papel no les garantiza empleo ni prosperidad en el extranjero (y cualquier emigrante razonablemente serio sabe que es así).
Los venezolanos emigrantes no se han ido porque hayan tenido una gran oportunidad o un gran empleo esperándolos en Nueva York o en París, sino que se han ido porque han padecido persecución o discriminación (y ya no saben cómo evitarla dentro de Venezuela), o porque fueron víctimas personales de la agobiante inseguridad criminal; o simplemente huyendo de una crisis social que –al decir de quienes aún siguen en Venezuela– amenaza con convertirse en una crisis humanitaria. Cuando Lorenzo dice que “yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado”, deja la sensación de que no está con la gente que se fue, y desprecia el hecho de que estos emigrantes siguen comprando (con abnegada fidelidad) la harina PAN y otros productos que produce Empresas Polar, de los que todo venezolano se sigue sintiendo orgulloso, viva donde viva.
Es verdad que Lorenzo Mendoza ha cumplido su responsabilidad con Venezuela. Difícilmente pueda decirse que no. Pero no sólo él, ni solamente los que siguen en Venezuela. A la mayoría (o a buena parte) de los venezolanos nos criaron también para asumir responsabilidades, y precisamente por ello es que muchos venezolanos han emigrado. Porque han sentido el peso agobiante de la responsabilidad que es ofrecer a su familia oportunidades de desarrollo y crecimiento, y para su fortuna (o para su desgracia) tienen un documento que les da una responsabilidad adicional: elegir donde vivir. Como alguna vez me dijo un venezolano sin otra nacionalidad: “Yo la tengo fácil, no tengo la libertad ni la responsabilidad de elegir, para bien o para mal, mi única alternativa es quedarme en Venezuela y criar a mis hijos acá. No tengo cómo equivocarme. Difícil la tienes tú, que tienes alternativas y tienes la responsabilidad de elegir dónde es el lugar correcto para criar a tus hijos. Y lo peor es que te puedes equivocar.”.
Cuando se culpa a los emigrantes de no asumir sus responsabilidades con Venezuela, no se está considerando que la mayoría (o buena parte) de ellos se han ido, agotados de apostar por el país y de trabajar (adentro) por él; y que siguen trabajando por el país, aún afuera. Quienes somos hijos de la inmigración sabemos cuánto ayudaron los emigrantes españoles, portugueses e italianos en Venezuela, a la gente y a la economía de los países europeos, cuando estos atravesaban situaciones difíciles.
Para ser justos, hay que decir que Lorenzo Mendoza ha tenido y ha tomado también sus oportunidades, porque a sabiendas de la persecución y de los riesgos que padece su grupo empresarial en Venezuela (que son enormes), desde hace mucho tiempo tomó la decisión de abrir operaciones en países como Colombia y Estados Unidos. Los emigrantes lo saben muy bien porque todos los productos Polar que compran en el extranjero vienen de países diferentes a Venezuela. Y no por ello es reprochable la conducta de Lorenzo, ni podemos culparlo por apátrida o algo por el estilo. En verdad, da mucha tristeza ver que un empresario venezolano se haya visto necesitado de abrir plantas en el exterior para poder exportar, en vez de crear empleo y valor agregado en Venezuela, pero su decisión de "emigrar corporativamente", abrirse oportunidades en el exterior y "cambiar unos problemas por otros" es tan defendible y respetable como la decisión de los emigrantes de hacer exactamente lo mismo.
Y es verdad también que no es igual (para todos) asumir sus responsabilidades mientras se vive en Venezuela. Es más fácil asumirla si, a pesar de esta “travesía por el desierto” (como acertadamente la llama Laureano Márquez), se tienen los medios para adquirir alimentos básicos sin hacer largas colas bajo el sol y sin limitaciones de cantidad o de número de cédula de identidad; o para enviar a nuestros hijos a estudiar en alguna universidad del exterior; o para traer del extranjero un medicamento que no se consigue en Venezuela y que nuestra madre necesita para vivir; o para viajar al exterior sin “mendigar” divisas al gobierno ni cometer el delito de comprarlas en un mercado “negro” o ilegal; o para viajar por Venezuela sin ser asesinado alguna noche en la autopista de Puerto Cabello; o para salir un día del supermercado en Chuao o una noche del Centro Comercial San Ignacio, sin ser asesinado por un atracador o por un sicario…
Durante la “travesía por el desierto”, no todos tienen la misma cantidad de agua para sobrevivirla. Y mal puede culparse a una persona de intentar salvarse, si tiene y toma la oportunidad de escapar en un helicóptero, aún sabiendo que –sí es verdad– “está cambiando unos problemas por otros”, pero para el emigrante, los problemas fuera del desierto son solucionables con trabajo, con emprendimiento y con sacrificio, y no corre tan elevado riesgo de ser asesinado en el proceso. Su decisión es producto del sagrado derecho que tenemos todos los seres humanos a la búsqueda de la felicidad.
A pesar de mis críticas, sigo creyendo que Lorenzo Mendoza es un “duro”, un gerente que no se conformó con heredar una empresa, sino que ha trabajado para acrecentar la calidad de sus productos, sus valores y su imagen corporativa; que tuvo el acierto de crecer en el exterior para no comprometer la viabilidad del grupo empresarial; que ha practicado (como pocos) la responsabilidad social; y que ha logrado seguir siendo exitoso, sin comprometer su integridad ni la de su grupo empresarial (y miren que de esto hay muy poco).
Yo no le preguntaré qué hace todavía en Venezuela, cuándo se va o por qué car… no se va. Más bien, yo le pido que siga en Venezuela, que siga siendo el exitoso empresario y gerente que es, y que siga motivando y animando a sus trabajadores y a su entorno para que sean tan exitosos como él. También le pido que haga un esfuerzo adicional por comprender e identificarse con las razones y las emociones de quienes se fueron de Venezuela, y que esté también con ellos.
Porque puede llegar el día, y ojalá que no, en que a pesar de su compromiso y de su responsabilidad, él también deba “escapar” de Venezuela (como han tenido que hacerlo otros empresarios y emprendedores igual de comprometidos y responsables que él). Si ese día tuviera la desgracia de llegar, yo jamás lo culparé por irse. Jamás diría que Venezuela esté perdida “por culpa de tener emprendedores como él”. Más bien diría que se perdió “a pesar de tener emprendedores como él”.
En ese momento empecé a pensar en Thomas Jefferson y en la Declaración de la Independencia. Nuestro derecho a tener ‘vida y libertad’ y a ‘buscar la felicidad’. Y recuerdo que pensé ¿cómo se le ocurrió poner la parte de la búsqueda? Quizás la felicidad es algo que solo se busca y tal vez nunca la podamos obtener hagamos lo que hagamos…
Chris Gardner (Will Smith)
En busca de la felicidad.


jueves, 29 de enero de 2015

Derecho y totalitarismo

¿Constituye la sanción por no abrocharse el cinturón de seguridad, un uso totalitario de la ley o del Derecho?
¿Puede la sociedad (o el Estado) usar el Derecho para protegerme de mí mismo?
¿Podría la ley prohibirnos conducir vehículos, o fumar, o beber, o subir en ascensor o amar desesperadamente, porque las estadísticas demuestran que de esa manera se salvan vidas y moriríamos menos personas?
¿Podría la ley obligarnos a “echar la siesta”, o ir al gimnasio o beber con moderación, porque así disminuye el riesgo de contraer enfermedades y de esa manera, prevenimos gastos al sistema público de salud?
En el artículo que a continuación se transcribe, Javier Goma Lanzón comenta la obligación de abrocharse el cinturón de seguridad y lo usa como excusa para meditar sobre la esencia del Derecho. Básicamente, propone que el aparente paternalismo con que la sociedad política (o el Estado) pretende cuidar de nosotros como si fuéramos menores de edad, es en realidad (nada menos que) una modalidad de totalitarismo. Un artículo abierto a la polémica y que nos convoca a reflexionar sobre la protección de la libertad.
Abrochado a la dulzura de vivir
Javier Goma Lanzón. 6/11/2010. El País
Conducimos nuestro coche y vemos a cierta distancia, en una curva, a una pareja de policías en actitud vigilante. Con una maniobra arriesgada, nos apresuramos a abrocharnos el cinturón de seguridad. En España, la ley impone multas a quien circula en un coche sin el cinturón abrochado. Yo creo que esta sanción constituye un uso totalitario de la ley y, como excusa para meditar sobre la esencia del derecho, en este artículo me propongo explicar por qué.
El derecho regula las relaciones interpersonales. Y no todas. Hay algunas demasiado importantes para confiarlas a la ley, como el amor o la amistad. Así, el amor es una realidad extra legem incluso en caso de matrimonio, el cual se perfecciona válidamente sin él; y, por otro lado, ningún Parlamento se atrevería a aprobar un "estatuto del amigo" con una lista de derechos y deberes amicales bien definidos. En un Estado de derecho, la ley tiene competencia para regular un número tasado de interacciones humanas, sólo aquellas que por su naturaleza son exigibles coactivamente activando la máquina represora del Estado, y el amor o la amistad ciertamente no son de esa clase.
Pues bien, si ya sería una extralimitación que la ley regulase relaciones sociales de ámbito personal, la obligatoriedad del cinturón de seguridad va aún más lejos porque la norma que lo impone busca protegerme a mí... contra mí mismo. En el Antiguo Régimen, durante el absolutismo monárquico, si en la propia casa, guardado bajo llave en una arqueta, el alguacil real sorprendía un manuscrito íntimo donde su autor, por ejemplo, hacía profesión de ateísmo, el desgraciado podía ser torturado y llevado al patíbulo. No sólo lo que uno escribía sino lo que pensaba constituía delito: la red jurídica se introducía en el fuero interno de las personas y las sometía a servidumbre amenazando con castigos al mero flujo interior de la conciencia. Era aquélla una época en la que los príncipes ponían la felicidad de sus amados súbditos entre sus deberes de gobierno. Las democracias liberales, por el contrario, reconocen a cada ciudadano, cuando alcanza su mayoría de edad, autonomía moral y competencia cognitiva suficiente para buscar la felicidad a su manera sin obligación de aceptar tutela alguna, pública o privada, sobre las decisiones relevantes atinentes a su estilo de vida.
¿Qué bien social está reglamentando la norma que declara ilícito el incumplimiento del deber de abrocharse el cinturón de seguridad? Ninguna: está velando exclusivamente por mí y no pretende proteger interés general alguno, pues no hay aquí atisbo de mundo interpersonal. Otras normas viales -como las señales de tráfico- se enderezan a facilitar una conducción segura; pero el cinturón no previene de accidentes con terceros sino, una vez producidos éstos, sólo de lesiones propias. Si únicamente mi vida corre peligro, ¿por qué me multan? El consumo de droga no es infracción y el intento frustrado de suicidio tampoco, pero circular desabrochado sí. Las leyes sanitarias que hoy restringen severamente el consumo de tabaco se fundan en la protección de la salud de terceros. ¿Qué perjuicio de terceros trata de evitarse con la obligatoriedad del cinturón?
Se me dirá, con el cervantino maese Pedro: "Muchacho: sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sutiles". Es decir: puede que tengas razón en un plano teórico, pero el cinturón positivamente salva vidas, ahí están las estadísticas. Lo cual es sin duda cierto, como también lo es que el descenso del número de víctimas sería aún mayor si la ley nos prohibiera conducir, o por qué no, fumar, beber, subir en ascensor o amar desesperadamente, todo lo cual ha sido fuente de innumerables muertes. Este aparente paternalismo, que cuida de nosotros como menores de edad incapaces de elegir lo que nos conviene y nos lleva de la mano al recto comportamiento, es en realidad una modalidad de esos totalitarismos cuyo lema se resume en el protervo dictum de Goethe: "Prefiero el orden a la libertad". El utilitarismo de los números no debería nunca prevalecer sobre la alta dignidad de ser libres. Si nos obligan a ser felices malgré nous, podría sucedernos lo que dice Juvenal en su verso: que "por amor a la vida perdamos lo que la hace digna de ser vivida".
Se me dirá también: no es cierto que el cinturón sólo proteja bienes privados porque el herido en accidente de tráfico genera gastos al sistema público de salud. ¡La órdiga! -replico yo-, si el título habilitante del Estado para interferir en mi esfera privada es la hipótesis de un gasto público evitable, entonces no sólo el uso del cinturón sino la vida en su totalidad debería sujetarse a la ley, porque la ausencia de hábitos saludables -echarse la siesta, ir al gimnasio, beber con moderación- aumenta el riesgo de contraer enfermedades que requieren tratamiento médico soportado por la Seguridad Social; y cultivar sentimientos y pensamientos insanos también podría redundar en perturbaciones mentales causantes de bajas laborales con cargo a los presupuestos públicos: en el actual Estado de bienestar, todo tiene repercusión potencial en el gasto público y, si aceptamos el principio, aun las relaciones sexuales abiertas a la procreación deberían estar minuciosamente reglamentadas, como en China, porque quizá produzca yo con un cómplice un pequeño acreedor de prestaciones públicas futuras. Imagino el día en que, tras cortarme un dedo en la cocina y acudir a un centro de salud, el facultativo dé parte a la policía de mi comportamiento bajo la sospecha de un uso negligente de los caudales públicos. No: si mi libertad genera perjuicios, incurriré en la responsabilidad que proceda, pero cuando no hay daño de terceros, el Estado no está autorizado a evitar el daño propio convirtiendo una conducta privada en ilícita y punible.
Y ahora, un consejo: abróchate el cinturón, no por temor a la multa, sino por la douceur de vivre.