sábado, 8 de octubre de 2016

Falacias de la democracia participativa

A la democracia estadounidense se le suele considerar el prototipo (y el origen) de la democracia representativa, modelo de gobierno en el que los ciudadanos no ejercen su soberanía directamente, sino indirectamente, a través de representantes elegidos mediante sufragio. Según esto, aunque el titular del poder político es el pueblo soberano, este no lo ejerce por sí mismo.
Al sistema estadounidense se le suele contraponer la llamada democracia directa, y algunos la democracia participativa. Un ejemplo prototípico es –en teoría– el sistema de Venezuela, en cuya Constitución se establece que el pueblo ejerce su soberanía directamente (en la forma prevista por la Constitución y la ley), e indirectamente mediante sufragio y por los órganos que ejercen el Poder Público; y reconoce a los ciudadanos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos.
La aparente contraposición entre ambos modelos de democracia viene dada porque en la democracia participativa predomina (o debería predominar) la participación directa y decisiva del pueblo en los asuntos públicos, que teóricamente será consultado con regularidad y participará con frecuencia en las decisiones de los asuntos públicos; no así en la democracia representativa, donde predomina el decisionismo de los representantes y la casi totalidad (o la totalidad) de las decisiones son adoptadas por los representantes electos, y rara vez (o nunca) será consultado el pueblo para decidir directamente sobre un asunto de trascendencia colectiva.
Sorprendentemente, aunque en una democracia participativa como supuestamente lo es la de Venezuela, la Constitución dispone al menos cinco tipos de referendo (el constituyente, el constitucional, el aprobatorio de leyes, el abrogatorio, el revocatorio de mandatos y el consultivo), y el consultivo es (o debió ser) el más frecuente, ¡en los 16 años de vigencia que tiene la Constitución nunca se ha celebrado un referéndum consultivo en Venezuela! Esto a pesar de que el gobierno ha decidido (unilateralmente) asuntos trascendentales como, por ejemplo, el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (como un “Brexit” en esa comunidad) y el ingreso al Mercosur, o la desvinculación (nada menos que) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
En contraste, los gobiernos de algunos países con la típica democracia representativa han optado por consultar al pueblo antes de adoptar decisiones sobre asuntos trascendentales que afectan la vida de los ciudadanos de esos países, como cuando el gobierno de España consultó al pueblo para decidir sobre la permanencia en la OTAN (1986), o sobre la aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (2005), o las recientes convocatorias en Reino Unido y en Colombia para decidir sobre el”Brexit” o sobre el acuerdo de paz, respectivamente.
Prueba mejor y paradójica de lo que contamos es lo que pasará el próximo 8 de noviembre en la democracia estadounidense. Los californianos, además de votar para elegir al próximo presidente del país, votarán a favor o en contra de 17 propuestas legislativas sobre asuntos de gran trascendencia y que marcarán precedente en los debates que se dan sobre esas materias en los EUA.
Ese día los californianos podrán votar Sí o No a legalizar el consumo por los adultos de la marihuana, y esto mismo podrá votarse en otros cuatro estados: Arizona, Maine, Massachusetts y Nevada.
Otra de las proposiciones trata del debate sobre el control del uso de armas de fuego, y los californianos podrán votar Sí o No a prohibir la posesión de cargadores de munición de gran capacidad y a requerir una verificación de antecedentes para poder compra de municiones.
En el debate sobre la pena de muerte, uno de los que más divide a la población en los EUA, los californianos podrán votar dos iniciativas diferentes, una para eliminarla definitivamente, otra alternativa para (en el caso de que siga aplicándose) hacer el proceso más rápido y eficiente.
Hay más. Los californianos podrán votar a favor o en contra de requerir el uso de preservativos y otras medidas de protección durante el rodaje de películas pornográficas, así como de exigir a los productores de pornografía que paguen ciertos exámenes de salud y chequeos. Igualmente podrán votar para derogar (o ratificar) una ley estatal de 2014 mediante la cual se prohibió en California la fabricación de bolsas de plástico no reciclables. Y así sucesivamente, hasta once propuestas más podrán votar los californianos, y decidir sin mediaciones ni representantes, asuntos que afectan a sus vidas y que normalmente dividen a la sociedad.
En este contexto, hay quienes afirman que las iniciativas populares para consultar al pueblo se le han ido de las manos a los gobiernos en los EUA, esto a pesar de que su modelo de gobierno es típicamente una democracia representativa. Entretanto, en las autoproclamadas democracias participativas (usualmente de corte populista), sigue predominando el decisionismo directo de los gobernantes de turno y las iniciativas populares suelen entorpecerse con formalismos y leguleyismos que buscan solamente restringir al máximo la participación directa del pueblo en la solución de algún asunto público (como está ocurriendo en Venezuela con las restricciones impuestas por las autoridades a la convocatoria de un referéndum revocatorio).
Lo malo no es que sigan decidiendo los gobernantes, que estaría razonablemente bien si lo hacen con el argumento de ejercer su liderazgo, elegir la decisión que consideran correcta y asumir su responsabilidad personal. Lo malo es que suelen autoproclamarse intérpretes auténticos de la voluntad del pueblo y dicen tomar una decisión en nombre del pueblo. Lo que ellos deciden es lo que quiere el pueblo, y sería el pueblo (no él, el gobernante) el responsable de la decisión.
Así de falaz es la democracia participativa en algunos países.

lunes, 20 de abril de 2015

La búsqueda del emigrante

Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo… Si tienes un sueño, debes protegerlo. Si alguien no puede hacer algo, te dirá que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve tras ello. Punto.
Chris Gardner (Will Smith)
En busca de la felicidad.
Ayer comenzó a circular en la red (y ya se hizo viral) un audio o sonido que ha sido mayoritariamente titulado “el inspirador mensaje de Lorenzo Mendoza”. Según parece, el discurso del reconocido empresario venezolano (propietario y presidente de Empresas Polar) se grabó en un auditorio y en el contexto de una reunión con trabajadores del grupo empresarial, alguno de los cuales, aparentemente, habría expresado desesperanza por su futuro en Venezuela y en el grupo empresarial, y su deseo de emigrar, lo que presumiblemente animó a Lorenzo a defender sus razones para quedarse en Venezuela.
El discurso de Lorenzo Mendoza (un empresario al que admiro, aún después de oírle este discurso), es inspirador, pero merece –en mi criterio– algunos matices o correcciones. Está claro que el discurso es correcto y acertado, al menos en el auditorio donde lo realizó, y la finalidad con que lo hizo: Motivar a sus trabajadores y animarlos a seguir trabajando por Venezuela (y desde luego por su empresa, que no podría seguir siendo exitosa sin trabajadores motivados y productivos). Es el discurso que un empresario y un líder (como lo ha sido Lorenzo) debe darle a su gente. Decir (en ese contexto) algo diferente a lo que dijo, sería impertinente y sumamente criticable.
Cuando hablé de los matices o correcciones que merece el discurso de Lorenzo Mendoza, hablo de algunas expresiones que tal vez podrían no ser dichas, o dichas con otro estilo o tono, si se ejerciera el pensamiento-perspectiva y el esfuerzo (aún mayor) de colocarse en los zapatos de quienes han emigrado. Quiero decir, fuera del aludido auditorio y del contexto en que dio su discurso, el tono y estilo del discurso luce chocante, porque da la sensación de que Lorenzo no ha comprendido enteramente las razones de los venezolanos que han emigrado, y que muestra poca solidaridad y empatía con quienes se han visto motivados (y hasta forzados) a emigrar. Así lo han sentido (y expresado) muchos emigrantes, como puede leerse en la “Carta a Lorenzo Mendoza de una venezolana que cambió ‘unos problemas por otros”.
Porque, aunque Lorenzo Mendoza haya dicho que “respeta” la postura de quienes han emigrado, sutilmente los culpa por tener (y tomar) su oportunidad y por no asumir cabalmente sus responsabilidades con Venezuela. Incluso dice que “yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado”; y deja la sensación de que no está con los que se fueron. No digo que Lorenzo lo haya hecho intencionadamente o de mala fe. Creo que le habló con franqueza a sus trabajadores, sin imaginar que su discurso sería escuchado fuera de ese auditorio y heriría la sensibilidad de algunos emigrantes. Más que tolerar o “respetar” la postura del otro, es necesario “empatizar” e identificarse con las razones y las emociones del que piensa diferente a nosotros.
La primera corrección que merece el discurso de Lorenzo Mendoza es que la mayoría de los emigrantes no se han ido porque tomaron una oportunidad, y mucho menos porque crean ellos que “pueden irse a donde sea”. La mayoría de emigrantes tiene solamente una nacionalidad, un pasaporte u otro papel que les permite abordar un avión y aterrizar en otro país. Es injusto hacerlos sentir culpables por tener esa oportunidad, y por tomarla. Pero ese papel no les garantiza empleo ni prosperidad en el extranjero (y cualquier emigrante razonablemente serio sabe que es así).
Los venezolanos emigrantes no se han ido porque hayan tenido una gran oportunidad o un gran empleo esperándolos en Nueva York o en París, sino que se han ido porque han padecido persecución o discriminación (y ya no saben cómo evitarla dentro de Venezuela), o porque fueron víctimas personales de la agobiante inseguridad criminal; o simplemente huyendo de una crisis social que –al decir de quienes aún siguen en Venezuela– amenaza con convertirse en una crisis humanitaria. Cuando Lorenzo dice que “yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado”, deja la sensación de que no está con la gente que se fue, y desprecia el hecho de que estos emigrantes siguen comprando (con abnegada fidelidad) la harina PAN y otros productos que produce Empresas Polar, de los que todo venezolano se sigue sintiendo orgulloso, viva donde viva.
Es verdad que Lorenzo Mendoza ha cumplido su responsabilidad con Venezuela. Difícilmente pueda decirse que no. Pero no sólo él, ni solamente los que siguen en Venezuela. A la mayoría (o a buena parte) de los venezolanos nos criaron también para asumir responsabilidades, y precisamente por ello es que muchos venezolanos han emigrado. Porque han sentido el peso agobiante de la responsabilidad que es ofrecer a su familia oportunidades de desarrollo y crecimiento, y para su fortuna (o para su desgracia) tienen un documento que les da una responsabilidad adicional: elegir donde vivir. Como alguna vez me dijo un venezolano sin otra nacionalidad: “Yo la tengo fácil, no tengo la libertad ni la responsabilidad de elegir, para bien o para mal, mi única alternativa es quedarme en Venezuela y criar a mis hijos acá. No tengo cómo equivocarme. Difícil la tienes tú, que tienes alternativas y tienes la responsabilidad de elegir dónde es el lugar correcto para criar a tus hijos. Y lo peor es que te puedes equivocar.”.
Cuando se culpa a los emigrantes de no asumir sus responsabilidades con Venezuela, no se está considerando que la mayoría (o buena parte) de ellos se han ido, agotados de apostar por el país y de trabajar (adentro) por él; y que siguen trabajando por el país, aún afuera. Quienes somos hijos de la inmigración sabemos cuánto ayudaron los emigrantes españoles, portugueses e italianos en Venezuela, a la gente y a la economía de los países europeos, cuando estos atravesaban situaciones difíciles.
Para ser justos, hay que decir que Lorenzo Mendoza ha tenido y ha tomado también sus oportunidades, porque a sabiendas de la persecución y de los riesgos que padece su grupo empresarial en Venezuela (que son enormes), desde hace mucho tiempo tomó la decisión de abrir operaciones en países como Colombia y Estados Unidos. Los emigrantes lo saben muy bien porque todos los productos Polar que compran en el extranjero vienen de países diferentes a Venezuela. Y no por ello es reprochable la conducta de Lorenzo, ni podemos culparlo por apátrida o algo por el estilo. En verdad, da mucha tristeza ver que un empresario venezolano se haya visto necesitado de abrir plantas en el exterior para poder exportar, en vez de crear empleo y valor agregado en Venezuela, pero su decisión de "emigrar corporativamente", abrirse oportunidades en el exterior y "cambiar unos problemas por otros" es tan defendible y respetable como la decisión de los emigrantes de hacer exactamente lo mismo.
Y es verdad también que no es igual (para todos) asumir sus responsabilidades mientras se vive en Venezuela. Es más fácil asumirla si, a pesar de esta “travesía por el desierto” (como acertadamente la llama Laureano Márquez), se tienen los medios para adquirir alimentos básicos sin hacer largas colas bajo el sol y sin limitaciones de cantidad o de número de cédula de identidad; o para enviar a nuestros hijos a estudiar en alguna universidad del exterior; o para traer del extranjero un medicamento que no se consigue en Venezuela y que nuestra madre necesita para vivir; o para viajar al exterior sin “mendigar” divisas al gobierno ni cometer el delito de comprarlas en un mercado “negro” o ilegal; o para viajar por Venezuela sin ser asesinado alguna noche en la autopista de Puerto Cabello; o para salir un día del supermercado en Chuao o una noche del Centro Comercial San Ignacio, sin ser asesinado por un atracador o por un sicario…
Durante la “travesía por el desierto”, no todos tienen la misma cantidad de agua para sobrevivirla. Y mal puede culparse a una persona de intentar salvarse, si tiene y toma la oportunidad de escapar en un helicóptero, aún sabiendo que –sí es verdad– “está cambiando unos problemas por otros”, pero para el emigrante, los problemas fuera del desierto son solucionables con trabajo, con emprendimiento y con sacrificio, y no corre tan elevado riesgo de ser asesinado en el proceso. Su decisión es producto del sagrado derecho que tenemos todos los seres humanos a la búsqueda de la felicidad.
A pesar de mis críticas, sigo creyendo que Lorenzo Mendoza es un “duro”, un gerente que no se conformó con heredar una empresa, sino que ha trabajado para acrecentar la calidad de sus productos, sus valores y su imagen corporativa; que tuvo el acierto de crecer en el exterior para no comprometer la viabilidad del grupo empresarial; que ha practicado (como pocos) la responsabilidad social; y que ha logrado seguir siendo exitoso, sin comprometer su integridad ni la de su grupo empresarial (y miren que de esto hay muy poco).
Yo no le preguntaré qué hace todavía en Venezuela, cuándo se va o por qué car… no se va. Más bien, yo le pido que siga en Venezuela, que siga siendo el exitoso empresario y gerente que es, y que siga motivando y animando a sus trabajadores y a su entorno para que sean tan exitosos como él. También le pido que haga un esfuerzo adicional por comprender e identificarse con las razones y las emociones de quienes se fueron de Venezuela, y que esté también con ellos.
Porque puede llegar el día, y ojalá que no, en que a pesar de su compromiso y de su responsabilidad, él también deba “escapar” de Venezuela (como han tenido que hacerlo otros empresarios y emprendedores igual de comprometidos y responsables que él). Si ese día tuviera la desgracia de llegar, yo jamás lo culparé por irse. Jamás diría que Venezuela esté perdida “por culpa de tener emprendedores como él”. Más bien diría que se perdió “a pesar de tener emprendedores como él”.
En ese momento empecé a pensar en Thomas Jefferson y en la Declaración de la Independencia. Nuestro derecho a tener ‘vida y libertad’ y a ‘buscar la felicidad’. Y recuerdo que pensé ¿cómo se le ocurrió poner la parte de la búsqueda? Quizás la felicidad es algo que solo se busca y tal vez nunca la podamos obtener hagamos lo que hagamos…
Chris Gardner (Will Smith)
En busca de la felicidad.


jueves, 29 de enero de 2015

Derecho y totalitarismo

¿Constituye la sanción por no abrocharse el cinturón de seguridad, un uso totalitario de la ley o del Derecho?
¿Puede la sociedad (o el Estado) usar el Derecho para protegerme de mí mismo?
¿Podría la ley prohibirnos conducir vehículos, o fumar, o beber, o subir en ascensor o amar desesperadamente, porque las estadísticas demuestran que de esa manera se salvan vidas y moriríamos menos personas?
¿Podría la ley obligarnos a “echar la siesta”, o ir al gimnasio o beber con moderación, porque así disminuye el riesgo de contraer enfermedades y de esa manera, prevenimos gastos al sistema público de salud?
En el artículo que a continuación se transcribe, Javier Goma Lanzón comenta la obligación de abrocharse el cinturón de seguridad y lo usa como excusa para meditar sobre la esencia del Derecho. Básicamente, propone que el aparente paternalismo con que la sociedad política (o el Estado) pretende cuidar de nosotros como si fuéramos menores de edad, es en realidad (nada menos que) una modalidad de totalitarismo. Un artículo abierto a la polémica y que nos convoca a reflexionar sobre la protección de la libertad.
Abrochado a la dulzura de vivir
Javier Goma Lanzón. 6/11/2010. El País
Conducimos nuestro coche y vemos a cierta distancia, en una curva, a una pareja de policías en actitud vigilante. Con una maniobra arriesgada, nos apresuramos a abrocharnos el cinturón de seguridad. En España, la ley impone multas a quien circula en un coche sin el cinturón abrochado. Yo creo que esta sanción constituye un uso totalitario de la ley y, como excusa para meditar sobre la esencia del derecho, en este artículo me propongo explicar por qué.
El derecho regula las relaciones interpersonales. Y no todas. Hay algunas demasiado importantes para confiarlas a la ley, como el amor o la amistad. Así, el amor es una realidad extra legem incluso en caso de matrimonio, el cual se perfecciona válidamente sin él; y, por otro lado, ningún Parlamento se atrevería a aprobar un "estatuto del amigo" con una lista de derechos y deberes amicales bien definidos. En un Estado de derecho, la ley tiene competencia para regular un número tasado de interacciones humanas, sólo aquellas que por su naturaleza son exigibles coactivamente activando la máquina represora del Estado, y el amor o la amistad ciertamente no son de esa clase.
Pues bien, si ya sería una extralimitación que la ley regulase relaciones sociales de ámbito personal, la obligatoriedad del cinturón de seguridad va aún más lejos porque la norma que lo impone busca protegerme a mí... contra mí mismo. En el Antiguo Régimen, durante el absolutismo monárquico, si en la propia casa, guardado bajo llave en una arqueta, el alguacil real sorprendía un manuscrito íntimo donde su autor, por ejemplo, hacía profesión de ateísmo, el desgraciado podía ser torturado y llevado al patíbulo. No sólo lo que uno escribía sino lo que pensaba constituía delito: la red jurídica se introducía en el fuero interno de las personas y las sometía a servidumbre amenazando con castigos al mero flujo interior de la conciencia. Era aquélla una época en la que los príncipes ponían la felicidad de sus amados súbditos entre sus deberes de gobierno. Las democracias liberales, por el contrario, reconocen a cada ciudadano, cuando alcanza su mayoría de edad, autonomía moral y competencia cognitiva suficiente para buscar la felicidad a su manera sin obligación de aceptar tutela alguna, pública o privada, sobre las decisiones relevantes atinentes a su estilo de vida.
¿Qué bien social está reglamentando la norma que declara ilícito el incumplimiento del deber de abrocharse el cinturón de seguridad? Ninguna: está velando exclusivamente por mí y no pretende proteger interés general alguno, pues no hay aquí atisbo de mundo interpersonal. Otras normas viales -como las señales de tráfico- se enderezan a facilitar una conducción segura; pero el cinturón no previene de accidentes con terceros sino, una vez producidos éstos, sólo de lesiones propias. Si únicamente mi vida corre peligro, ¿por qué me multan? El consumo de droga no es infracción y el intento frustrado de suicidio tampoco, pero circular desabrochado sí. Las leyes sanitarias que hoy restringen severamente el consumo de tabaco se fundan en la protección de la salud de terceros. ¿Qué perjuicio de terceros trata de evitarse con la obligatoriedad del cinturón?
Se me dirá, con el cervantino maese Pedro: "Muchacho: sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sutiles". Es decir: puede que tengas razón en un plano teórico, pero el cinturón positivamente salva vidas, ahí están las estadísticas. Lo cual es sin duda cierto, como también lo es que el descenso del número de víctimas sería aún mayor si la ley nos prohibiera conducir, o por qué no, fumar, beber, subir en ascensor o amar desesperadamente, todo lo cual ha sido fuente de innumerables muertes. Este aparente paternalismo, que cuida de nosotros como menores de edad incapaces de elegir lo que nos conviene y nos lleva de la mano al recto comportamiento, es en realidad una modalidad de esos totalitarismos cuyo lema se resume en el protervo dictum de Goethe: "Prefiero el orden a la libertad". El utilitarismo de los números no debería nunca prevalecer sobre la alta dignidad de ser libres. Si nos obligan a ser felices malgré nous, podría sucedernos lo que dice Juvenal en su verso: que "por amor a la vida perdamos lo que la hace digna de ser vivida".
Se me dirá también: no es cierto que el cinturón sólo proteja bienes privados porque el herido en accidente de tráfico genera gastos al sistema público de salud. ¡La órdiga! -replico yo-, si el título habilitante del Estado para interferir en mi esfera privada es la hipótesis de un gasto público evitable, entonces no sólo el uso del cinturón sino la vida en su totalidad debería sujetarse a la ley, porque la ausencia de hábitos saludables -echarse la siesta, ir al gimnasio, beber con moderación- aumenta el riesgo de contraer enfermedades que requieren tratamiento médico soportado por la Seguridad Social; y cultivar sentimientos y pensamientos insanos también podría redundar en perturbaciones mentales causantes de bajas laborales con cargo a los presupuestos públicos: en el actual Estado de bienestar, todo tiene repercusión potencial en el gasto público y, si aceptamos el principio, aun las relaciones sexuales abiertas a la procreación deberían estar minuciosamente reglamentadas, como en China, porque quizá produzca yo con un cómplice un pequeño acreedor de prestaciones públicas futuras. Imagino el día en que, tras cortarme un dedo en la cocina y acudir a un centro de salud, el facultativo dé parte a la policía de mi comportamiento bajo la sospecha de un uso negligente de los caudales públicos. No: si mi libertad genera perjuicios, incurriré en la responsabilidad que proceda, pero cuando no hay daño de terceros, el Estado no está autorizado a evitar el daño propio convirtiendo una conducta privada en ilícita y punible.
Y ahora, un consejo: abróchate el cinturón, no por temor a la multa, sino por la douceur de vivre.

sábado, 8 de noviembre de 2014

La historia vuelve a repetirse

La historia vuelve a repetirse…
el mismo amor, la misma lluvia,
el mismo, el mismo loco afán
…”
Del bolero “Por la vuelta”, Felipe Pirela
I
Los venezolanos tenían un país. Pero creían que no. A finales de los años 50, Venezuela hizo una Transición pacífica y pactada entre los partidos políticos, de la dictadura a la democracia. El resultado de esa transición fue un período de estabilidad, progreso y movilidad social, el más largo que ha tenido Venezuela en su historia.
Los venezolanos tenían un país. Era un buen país. Sí, tenía sus fallas y sus problemas, como los tienen todos los países. Había pobreza, corrupción, sí… Cada país tiene sus problemas, diferentes pero siempre relevantes para la gente que vive en el país.
Pero Venezuela era un buen país. Era un gran país. Con recursos naturales, con instituciones, que dio a los venezolanos, a los inmigrantes y a sus hijos, bonitas oportunidades para crecer, estudiar, emprender y progresar. Había gente que estaba bien y otra que no… Pero a la gente que trabajaba y se esforzaba, normalmente le iba bien.
Los venezolanos tenían un país… Pero creían que no. Y como creían que no, y además creían (de buena fe) que no podían estar peor, 40 años después decidieron elegir y votar al ‘mesías’ que estaban esperando. Un Don se les presentó y les contó que la Transición había sido mala, muy mala; que todo en Venezuela era muy malo y estaba muy mal; que solamente él (y sólo él y los que piensan como él) estaban capacitados para corregir los problemas del país, y que sólo cuando ellos gobernaran, habría ‘justicia social’ y todo en Venezuela estaría muy bien.
Aunque todos conocían al señor y a sus pésimos antecedentes, y aunque algunos les advirtieron de su ideología colectivista, que él negó y ocultó para no perder votos, los venezolanos estaban tan (comprensiblemente) hartos de la corrupción y del bipartidismo, que le creyeron al Don, los convenció y votaron por él. Los venezolanos le creyeron cuando les dijo que el problema de Venezuela eran las ‘cúpulas podridas’ de los partidos y los políticos, y solamente ellos, y que cuando los cambiaran (para que gobernara el Don), los venezolanos encontrarían –por fin y como nunca antes– la ‘felicidad social’.
15 años después de elegir al mesías, los venezolanos entendieron que antes sí tenían un país… Y que ahora lo extrañan. Que sí, es verdad, tenía sus fallas y sus problemas, pero que era un buen país. Que los demonios no eran los políticos, o no solamente ellos. Que sus demonios (ocultos) eran la corrupción generalizada (y no sólo entre los políticos); la cultura predominante del asistencialismo y el Estado benefactor que debe proveernos de todo; el hábito del ‘enchufismo’ y la riqueza fácil y rápida; así como la intolerancia, la escasa cohesión social y el ‘exclusivismo’ de buena parte de las clases alta y media, que se forjaron sus ‘burbujas’ de bienestar mientras los servicios públicos se venían al piso.
15 años después, Venezuela es un país demolido por la ideología colectivista; la corrupción desenfrenada entre las instituciones públicas y entre privados ‘enchufados’ que se valen de sus privilegios para traficar divisas, contratos y cuantos bienes y servicios escasean en el país; la inseguridad en todos los ámbitos de la vida social; y sobre todo, por la impunidad extendida.
15 años después, la mayoría de los venezolanos están arrepentidos y muchos tuvieron que emigrar del que era un gran país, Venezuela, al que es todavía un gran país, España.
II
La historia vuelve a repetirse…
el mismo, el mismo loco afán
…”
Los españoles tienen un país. Pero creen que no… [vuelva a leer el capítulo I, pero cambie Venezuela por España, venezolanos por españoles y "cúpulas podridas" por "castas"].
15 años después (o antes) la mayoría de los españoles podrían estar arrepentidos.

viernes, 3 de octubre de 2014

El derecho a decidir (I): Lo que no es decidible en democracia


Del mismo modo que no hay democracia sin un sustento de concordia, nuestra historia nos demuestra que la concordia sólo se hace efectiva con la garantía de la ley. La ley no es un capricho de la democracia, es parte consustancial de ellaMariano Rajoy. 12/10/2014
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmó el pasado sábado el decreto de convocatoria de la consulta (de autodeterminación) de Cataluña prevista para el 9 de noviembre. El objeto de la consulta es, según el decreto, “conocer la opinión sobre el futuro político de Cataluña”, y se fundamenta en el “derecho a decidir” que algunos catalanes invocan y una mayoría del parlamento catalán le atribuye al “pueblo de Cataluña”, proclamado en la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Pero el derecho que invoca una fracción de los catalanes, no es cualquier derecho a decidir. El proclamado por la mayoría (independentista) del parlamento catalán y ahora decretado por la Generalitat, es “el derecho a decidir para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo”, lo que en este caso se traduce en el derecho de los catalanes (y sólo de ellos, los catalanes) a “decidir” –en una “consulta”, cosa que me confunde–si quieren que Cataluña sea (o no) un Estado, y (sólo en el caso de que respondan Sí a esto), si quieren que sea un Estado independiente (lo que traería como consecuencia la disolución de la unidad de España y su desintegración territorial).
Cuatro ideas han intentado fundamentar este específico “derecho a decidir” que supuestamente le corresponde al “pueblo de Cataluña”:
1.   La idea –proclamada en la Declaración– de que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, idea esta que fue repetida y desarrollada hace pocos días por Artur Mas, quien afirmó que la Generalitat como institución es anterior a la Constitución de 1978, y que él es el presidente 129° de la Generalitat.
2. La idea –repetida  mil veces, hasta que todos la crean– de que el plan independentista viene respaldado por una mayoría social y consenso político.
3.  La idea de que el Gobierno de España ha (supuestamente) rechazado el diálogo (supuestamente) propuesto por la facción independentista de Cataluña, y la legalidad de la consulta (que los independentistas atribuyen al hecho de que fue aprobada por el parlamento catalán).
4.      La idea de que “el derecho a decidir de un pueblo no tiene límites” (Artur Mas). Asociada con esta, la idea de que la democracia (electoral o referendaria) es lo principal (o lo único) que importa en la organización política y nada más, por lo tanto, los ciudadanos tendríamos la facultad (aparentemente imperial) de votar y decidir sobre los asuntos que nos interesen y sin límite alguno, aunque lo hubiere en la constitución.
En esta primera entrega sobre el derecho a decidir, quiero comentar únicamente esta última idea. Es la idea que plantea una aparente contradicción o tensión entre la primacía de la soberanía y la supremacía de la constitución, o lo que es lo mismo, entre la democracia y el Estado de Derecho. Esta idea se expresa gráficamente en las recientes declaraciones del diputado izquierda-republicano Alfred Bosch, quien señaló que, “entre obedecer a un tribunal [constitucional] politizado u obedecer a la mayoría de la población en Cataluña que quiere ir a las urnas, nuestra obligación, nuestro deber y lo más correcto es obedecer a los ciudadanos de Cataluña…”. Obedecer al pueblo u obedecer a la constitución, he allí el aparente (y falso) dilema.
Lo que aspiramos explicar acá es que invocar la soberanía, la autodeterminación y la democracia como fundamento de “ese” derecho a decidir, es incompatible con la lógica de una constitución normativa que, precisamente por ello, proclama en su artículo 9.1 que [l]os ciudadanos y [no sólo] los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Este afortunado precepto impone un requisito esencial de todo Estado de Derecho: el sometimiento pleno de los poderes públicos y de los ciudadanos, al Derecho.
Del artículo 9.1 se deduce que la Constitución no es un programa de gobierno ni un catálogo de principios, sin vinculación jurídica ni obligación de inmediato cumplimiento, sino que es la “norma suprema” del ordenamiento español, y en cuanto tal, prevalece sobre cualquier otra norma, incluyendo –naturalmente– a las leyes de los parlamentos de España y de Cataluña; y todos los poderes públicos, y también los ciudadanos, estamos sujetos a lo que prescribe el Texto Constitucional (Sentencia N° 16/1982 del TCE).
La Constitución debe ser, entonces, una norma cualitativamente superior y distinta a todas las demás, principalmente por una razón que interesa a todos los españoles –insisto, a todos–: porque la Constitución, con sus virtudes y con sus defectos, contiene las “reglas básicas de convivencia”; dicho de una forma más técnica, incorpora el sistema de valores esenciales sobre el cual se constituye el orden de convivencia política entre los catalanes, los vascos, los gallegos y los demás españoles. Y por eso mismo, el artículo 9.1 señala que este principio de supremacía constitucional vincula no sólo a los poderes públicos, sino también a los ciudadanos, quienes por tanto, tenemos (todos) un deber general negativo de abstenernos de cualquier actuación que vulnere la Constitución (Sentencia N° 101/1983 del TCE).
Desde luego, un paradigma como este parece estrellarse contra algunos elementos del principio democrático, y principalmente contra el derecho a la participación, la regla de la mayoría para la toma de decisiones políticas y –para decirlo más claro– contra el traído “derecho a decidir”. De este modo y gracias al paradigma de la supremacía constitucional, aquel clásico principio de soberanía popular se ha desvanecido (o al menos se ha redimensionado), dado que hoy día todos los poderes públicos –incluso el legislativo y con él la llamada soberanía popular– están sujetos a la constitución.
Pero esta tensión o aparente choque no existe –según doctrinarios como Ferrajoli– si se asume la democracia desde una perspectiva sustancial (o constitucional) y no sólo desde una perspectiva formal (o electoral). Por “democracia sustancial” –lo explica la profesora Alterio– debe entenderse al “conjunto de límites y vínculos impuestos por los derechos y por los principios constitucionales tanto a la validez de las leyes como a la democracia política”. De este modo, Ferrajoli distingue dos dimensiones que tiene (o debe tener) la democracia.
Una dimensión formal –que es la exclusivamente defendida por los factores independentistas que hay en España– que determina el quién y el cómo se adoptan las decisiones, y que se funda en la soberanía popular y la regla de la  mayoría, pero que por sí sola no alcanza (ni es suficiente) para definir a la democracia. Para que haya realmente democracia, o para que pueda decirse que la hay, es preciso cumplir las condiciones que exige la dimensión sustancial. Las condiciones de la democracia sustancial indican qué es lo que se puede o no se puede decidir (en democracia), y sólo cuando estas condiciones se cumplen, es que se puede calificar a un sistema político como democrático. Esas condiciones sustanciales son los derechos fundamentales (según Ferrajoli), pero también los principios fundamentales que configuran la convivencia política, algunos de los cuales se refieren, precisamente, a la forma de gobierno y al modelo de Estado.
De este modo –lo expone el profesor Rentería– el núcleo de la teoría de Ferrajoli es lo que él llama la “esfera de lo indecidible”, que configuraría un nuevo paradigma democrático y jurídico. La esfera de lo indecidible, según el nombrado autor mexicano, tiene como finalidad evidenciar todos aquellos espacios que la Constitución sustrae a la esfera de la política, sobre los que el poder político no debe decidir.
En otras palabras, la “esfera de lo indecidible” proclama la existencia de unos sitios o lugares que la Constitución, si se la toma en serio y se la tiene como norma suprema vinculante, arrebató a la esfera de la política y por tanto, son lugares o espacios sobre los que el poder político, incluso el de las mayorías electorales, no debe decidir. Ese ámbito de lo indecidible incluye a los derechos fundamentales y los límites negativos que estos imponen en garantía de los derechos de libertad; pero también a todos aquellos elementos que el constituyente estableció como no-modificables (o –completamos nosotros– elementos modificables sólo mediante una reforma de la Constitución).
En lo que respecta a España, hay dos elementos que son parte de lo indecidible: la forma política del Estado español, que es la monarquía parlamentaria; y el modelo autonómico de organización territorial, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen (Arts. 1 y 2 CE); entre otros. Ninguno de estos aspectos (ni otros más) podría ser decidido o modificado fuera de un proceso constituyente o de reforma a la Constitución.
De este modo –aclara el nombrado Ferrajoli– queda desmentida esa concepción tramposa y ramplona de la democracia –hoy predicada por el independentismo catalán– que la ve solamente como un sistema político de reglas que protegen la omnipotencia de la mayoría, y que de ser cierto, conduciría inexorablemente a la tiranía de la mayoría sobre las minorías. En realidad, hay reglas del “estado democrático”, que serían las normas formales para regular cómo y cuándo puede decidir la mayoría; y reglas del “estado constitucional” (los derechos y los principios fundamentales), que serían normas materiales que cierran lo que no puede decidirse, ni siquiera por mayoría.
Aunque la doctrina de Ferrajoli merece algunas correcciones, sobre las cuales volveremos en una próxima entrega, luce temerario afirmar que la defensa de la Constitución (y de sus garantías) frente a los intentos de cambiarla por métodos “democraticistas”, sea “fundamentalismo constitucionalista dogmático”, como recientemente lo llamó el Dr. Rafael Mateu De Ros.
Antes bien, el fundamentalismo democrático que predica el independentismo catalán, y que de buena fe apoyan otros, es muy delicado y peligroso toda vez que –como la voluntad de la (supuesta) mayoría estaría antes que la Constitución (y que sus garantías)– así como hace pocos meses se predicó que mediante un simple referéndum se podía cambiar la forma de estado a República, u hoy se predica que con una consulta (parcial) los catalanes podrían disolver la unidad de la Nación española, en el futuro los españoles podrían –por ejemplo, y por una simple mayoría– interrumpir el mandato de algún gobernante aunque no haya terminado aún la legislatura ni se haya dado algún supuesto constitucional de elecciones anticipadas, sin que pueda invocarse la Constitución para contener ese desenfreno de “democraticismo”.
Si se aceptara esta especie de “democraticismo”, por vía de una mayoría electoral se podría restringir irrazonablemente (e incluso derogar) algún derecho fundamental, sólo “porque esa es la voluntad de la mayoría”. Por vía de una consulta electoral y “democrática”, los catalanes podrían decidir, por ejemplo, que a los extranjeros (los no-catalanes) se les prohíba hablar en castellano, o se les prohíba el acceso a colegios u hospitales públicos en Cataluña.
No se pretende argumentar por lo ridículo o por reducción al absurdo, para exagerar los peligros del decisionismo democrático. Porque consultas o votaciones aparentemente absurdas (e ilegítimas) como esas, que restringen arbitrariamente los derechos fundamentales de una minoría, se llevaron a cabo en 2012 en un país de tanta tradición constitucional como los Estados Unidos de América (en Maryland se le preguntó a los ciudadanos si los inmigrantes  con tres años de estudio podían acceder o no, a universidades; y en  Montana se llegó a votar la prohibición para que los inmigrantes no asistieran a escuelas de Estados Unidos).
Decir entonces que “a nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión en una urna”, como lo hizo el presidente de la Generalitat, es una falacia pues ha quedado demostrado que, por vía de consultas, referendos y votaciones, y con el apoyo de una mayoría presuntamente omnipotente (incluso superior a la Constitución), los derechos fundamentales de las minorías y los principios fundamentales de la convivencia podrían fácilmente ser mutilados.
Si –como lo escribió un reciente editorial de El Mundo– la democracia consistiera sólo en votar, no harían falta las leyes (y menos aún la constitución). Bastaría con instaurar una suerte de democracia plebiscitaria o tumultuaria y adaptarse en cada momento a lo que expresara la mayoría, soberana y por tanto ilimitada. No por casualidad, en todas las democracias del mundo existen unas normas que establecen de qué se puede votar y en qué condiciones.
Se puede concluir, en sintonía con el profesor Balaguer Callejón, que el pueblo ostenta en la Constitución una doble condición: la primera, como titular de la soberanía y del poder constituyente, por tanto, como fuente de legitimidad de la Constitución; y la segunda, como sujeto constitucionalizado que puede votar para dotar de legitimidad a los poderes del Estado, y ser consultado en la esfera de lo que no decidió previamente la constitución.
En su primera condición, como titular de la soberanía y del poder constituyente, el pueblo permanece fuera del orden constitucional y puede decidir al margen de la constitución. En este ámbito, todo (o casi todo) es decidible. Puede decidir si quiere una monarquía o una república; si un sistema parlamentario u otro diferente; si un estado autonómico, federal o unitario, e incluso si quiere romperse y dar lugar a diversos estados independientes. En esta primera condición, casi todo es decidible, pero semejante poder se manifiesta sólo cuando se ha roto el consenso constitucional y se ha tomado la decisión de ejercer el poder constituyente (o al menos el de revisión o reforma constitucional) para dar lugar a un nuevo orden. En ese momento histórico, el Pueblo actúa como un colectivo homogéneo y (en teoría) ilimitado.
Así que, cuando se afirma que vivimos en democracia, no se dice solamente porque podamos votar periódicamente a unos funcionarios, o podamos ejercer otros derechos políticos; sino también por la autolimitación del pueblo como soberano. Esa autolimitación que supone la aprobación de una constitución normativa implica –según explica el nombrado autor español– que se ha renunciado a la imposición permanente e ilimitada de un sector del pueblo sobre otro, y que se han reconocido unas reglas que definen, entre otras cosas, el tipo de vinculación que la mayoría puede imponer a la minoría.
Pero a partir de ahí, cuando la Constitución ya fue escrita y aprobada, el pueblo soberano no tiene relevancia en los asuntos por ella decididos, y tampoco la tiene en la configuración (o caracterización) del Estado como Estado democrático (que ahora es también un estado constitucional de derecho). Esto así porque la idea de estado democrático no se entiende hoy sólo como aquel en el que hay un pueblo soberano que ejerce su soberanía a través de representantes electos, o a través de referendos. En el estado constitucional de derecho, estado democrático es aquel en el que el pueblo ha renunciado a su poder soberano (originalmente ilimitado) y ha consentido en el poder supremo de la Constitución.
En esta segunda condición –que se activa cuando la Constitución ha sido dictada y entra en vigencia– es que se manifiesta perfectamente la articulación democrática del Estado constitucional (o lo que es lo mismo, la articulación entre democracia y Derecho). En su segunda condición, el pueblo no vota ni decide porque sea el titular de la soberanía, sino porque a través de la Constitución, se autoconfiguró como sujeto constitucionalizado (o poder constituido) que, en cuanto tal, vota cuando lo prescribe la Constitución (y no antes ni después), decide cuando la Constitución se lo permite; y en definitiva, actúa siempre sometido a la Constitución (y también a las sentencias del Tribunal Constitucional, como principal garante de la misma). En esta segunda condición, el pueblo no actúa ya como un colectivo homogéneo, sino como una multiplicidad de intereses (fruto del pluralismo), algunos de los cuales son mayoría y pueden imponerse sobre otros, siempre que lo hagan dentro del marco constitucional.
En conclusión: el quid del asunto ya no es quiénes votan, o si el referéndum es para todos los españoles o sólo para los catalanes. El quid del asunto es que la unidad de la Nación española es parte de la esfera de lo indecidible, por tanto, ninguna mayoría puede, por un simple referéndum, alterarla o disolverla. Para ello, se debe impulsar la reforma de la Constitución mediante el procedimiento en ella establecido, y sólo entonces, ahora sí en el ejercicio de su soberanía, el pueblo "español" podrá decidir el futuro político de toda España.

Nos vemos en la próxima entrega.

domingo, 17 de agosto de 2014

Lo que pocos te dicen sobre por qué emigran…

Juan Carlos se topó con un artículo de su amiga Daniela, Lo que pocos te dicen sobre emigrar. Como Juan Carlos ahora vive fuera de Venezuela, el artículo llamó su atención. Daniela plantea allí algunas cosas por las que –a su juicio– deben pasar las personas que desean vivir en otro país, que muy pocos dicen y que quizás usted (el lector al que ella se dirige) desconoce.
Como Juan Carlos ahora vive fuera de Venezuela, se preguntó por qué a pesar de lo que ella plantea, él y demasiados venezolanos más han emigrado recientemente y muchos otros más quieren hacerlo. Intenta comprender las razones del que emigra, que al final no es más que un intento de comprenderse a sí mismo. Juan Carlos cuenta sus respuestas:
Cuando emigra, “Usted siempre será extranjero, advierte Daniela. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), él y muchos venezolanos se sentían extranjeros en su propia tierra. Porque la Venezuela que él y su generación conocieron sí emigró, se fue a no sabe cuál parte, y lo que queda de aquella tierra les resulta extraña, ajena, no es “nuestro” país, es otro muy distinto, en el cual se sienten extranjeros.
Cuando emigra, “Usted formará parte de la minoría…”, prosigue Daniela. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya él y muchos venezolanos se sentían parte de una minoría en su propio país (para no decir que efectivamente lo eran o lo son). Muchos venezolanos tuvieron (o han tenido) que “adaptarse” para encajar en esa “nueva” mayoría que es hoy Venezuela, con la cual (aunque muchos no quieran reconocerlo públicamente) no se sienten identificados.
A Juan Carlos le consta personalmente que en su entorno muchos han tenido que emigrar porque fueron discriminados (como si fueran extranjeros), incluso por empresas privadas, y no consiguieron empleo o eran muy mal remunerados. Pero su entorno, ese que lee este artículo o el de Daniela, no es necesariamente la mayoría. Fuera de su entorno (o de la “burbuja” en la que Juan Carlos vivía), la Venezuela de verdad, la de la mayoría, siete de cada diez adolescentes abandonan el bachillerato, y tres de cada diez adolescentes son “niñas” embarazadas. Tal vez por eso, muchos de los que han emigrado (o quieren emigrar) ya se sentían (o se sienten) parte de una minoría.
Cuando emigra, “probablemente usted deberá trabajar el doble de lo que trabajaba en su país, previene Daniela. Y así lo siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya él y muchos venezolanos sentían que, para conservar razonablemente la calidad de vida que han tenido, o para alcanzar una razonablemente parecida a la que alcanzaron sus padres, debían trabajar en Venezuela el doble de lo que ya trabajaban, y aún así sospechaban que no lo lograrían. Suponer que hoy día un venezolano típico puede, con su salario y nada más que con su salario, tener capacidad de ahorro o comprar un vehículo o una vivienda, es –en opinión de Juan Carlos– una suposición muy poco realista.
Cuando emigra, “usted deberá hacer grandes sacrificios que quizás antes no hacía, sigue advirtiendo Daniela, con razón y con algunos ejemplos. Y así se siente ahora Juan Carlos. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), ya muchos venezolanos sentían que debían hacer sacrificios que antes no hacían. Muchos venezolanos acostumbrados a comer en algún restaurante el fin de semana, o a salir los viernes en la noche, o a ir a la playa en fin de semana, o a realizar alguna vacación en el exterior, sienten que ya no pueden hacerlo (y si lo hacen, es con riesgo) por temor a la creciente inseguridad pública, al deterioro generalizado de los servicios (incluso privados) o, sencillamente, porque no podían, no pueden o no podrán pagarlo.
Cuando emigra, usted “debe adaptarse a la nueva cultura”. Es la “regla de oro” del emigrante, dice Juan Carlos. No pretenda el emigrante que el país se le adapte; es él quien debe adaptarse al país que lo recibe. Pero es que, aún sin emigrar (o irse de Venezuela), y precisamente porque ya muchos venezolanos se sienten extranjeros en su propia tierra, Juan Carlos y muchos venezolanos tuvimos (o hemos tenido) que “adaptarnos” a esas “nuevas realidades” que hay hoy en Venezuela. Con la agravante de que en este caso, la adaptación puede no ser una virtud y mucho menos una regla de oro. Como muy bien lo escribió Unai Amenábar en octubre del año pasado, a quien recomienda leer, “De tanto adaptarnos hemos terminado por ser una especie de bagazo de sociedad… En muchos casos la adaptación puede producir evolución. Queda claro que en otros la firmeza en defender posiciones al menos evita la involución. El que se adapta demasiado termina siendo aplastado.”
Cuando emigra, usted “debe contar con un capital monetario importante”. Sí, sería lo ideal, dice Juan Carlos. Pero no es indispensable. Muchos europeos emigraron a Venezuela con sólo una bolsita y su sueño no se convirtió en una pesadilla. Pero sí, sería mejor hacerlo con capital para no “empezar desde cero”.
Si usted logra sobrepasar todas las circunstancias anteriores, lo más probable es que el fruto de su esfuerzo lo vean con más esplendor sus futuras generaciones. Podrían ser sus hijos o nietos que al haber nacido o haberse criado en ese otro país puedan tener las puertas más abiertas a oportunidades nuevas que quizás usted no tuvo.”. Así es. Y así se siente ahora Juan Carlos. Precisamente por eso es que muchos extranjeros emigraron a Venezuela en el siglo pasado. Y por eso es que muchos venezolanos como Juan Carlos emigran ahora. Para que sus hijos y nietos cosechen el fruto del esfuerzo y tengan las oportunidades que –en criterio de quienes emigran– ya no ofrece Venezuela.
Y además emigran porque ya muchos venezolanos sienten que cualquier esfuerzo de regeneración en Venezuela, suponiendo que se comience ahora, no verá sus frutos en el corto plazo. Que sólo sus hijos (o tal vez sus nietos) verán (o volverán a ver) una Venezuela próspera, con oportunidades y con calidad de vida para todos aquellos que trabajan con tesón y sin “enchufes” y sin “rentas” que le capturan a un petroestado.
No cuento lo de Juan Carlos para justificar la emigración; total, él intenta sólo comprenderla. Y al final, tiene razón Daniela. Si usted está pensando en emigrar, “ponga todos los elementos en su balanza”, evalúe sus debilidades y amenazas, y decida si tiene las fortalezas y las oportunidades para hacerlo. Pero si decide quedarse en Venezuela, haga lo que Daniela acertadamente le recomienda. Y sobre todo, ¡no se adapte!