Desentrañando el Pacto

Dedicamos esta entrada de hoy a comentar los asuntos clave del Pacto convenido entre PSOE (Pedro Sánchez) y Junts per Catalunya (Carles Puigdemont), para investir presidente del gobierno a Pedro Sánchez, y su posible impacto en la sociedad española. Acompáñame en este breve examen.

I

PSOE Y Junts acordaron la amnistía total tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de alguna decisión o proceso judicial vinculado a estos eventos, lo cual implicará la impunidad absoluta de los culpables de incurrir en conductas de corrupción y graves alteraciones del orden público y constitucional, y que, tal como ha sido planteada, configura un trato diferenciado que pretende justificarse en motivos subjetivos e irrazonables, y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Hay tratos desiguales que al fundamentarse en motivos objetivos y razonables, son “tratos diferenciados” aceptables en un estado constitucional de derecho; pero cuando el trato es desigual y se fundamenta en motivos subjetivos e irrazonables, es una discriminación que atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley.

Explicado en términos coloquiales, si un funcionario en el gobierno de Castilla-La Mancha o de Galicia, por poner un ejemplo, desvió recursos públicos de una partida presupuestaria para construir una escuela o un hospital en su comunidad, debe ser encarcelado por malversación. Y si usted protestara violentamente, destrozara bienes públicos y alterara indebidamente el orden público, para reclamar, por ejemplo, los tiempos de espera en la sanidad pública, usted también debe ser encarcelado, con todo y lo “nobles” que hayan sido sus intenciones, o las del funcionario.

Pero, si se es funcionario de la Generalitat o un independentista de Cataluña, es diferente. La amnistía legaliza el empleo de dinero público y y su desvío para financiar un referéndum ilegal, y protestar violentamente para defender su derecho a la autodeterminación, y em ambos casos de gozará de impunidad. Básicamente, la corrupción y la sedición se vuelve legítima, cuando se hace con la finalidad de independizar a Cataluña. Así de simple.

El impacto de este disparate es la percepción de impunidad que crece en la sociedad española y el entredicho a la equidad en la aplicación de la ley; porque además, en este caso, no contribuye a la reconciliación o a la convivencia, como falsamente se nos quiere convencer. Para que una amnistía consiga ese propósito, que podría hacerlo, es preciso que las víctimas -y no sólo los victimarios- se sientan reconocidos en la ley de amnistía, y esto se consigue sólo cuando los responsables de los delitos evidencian arrepentimiento, al menos reconocen haberse equivocado -si es que no piden perdón- y se comprometen a rectificar y a no repetir las mismas acciones. Y visto lo visto, no parece que Puigdemont y sus cómplices transiten o vayan a transitar por la senda del arrepentimiento y la rectificación. Todo lo contrario, como se verá a continuación, de lo conocido hasta ahora, el Pacto desplaza la culpabilidad de lo ocurrido a la inmensa mayoría constitucionalista de los españoles.

II

El segundo gran problema del Pacto, consecuencia del primero, es el “relato sintético de hechos” que proponen los independentistas y que Sánchez (y el PSOE) han aceptado y acogido sin escrúpulo alguno. Como bien lo explicó Puigdemont en su rueda de prensa: “Reconocer el problema real era un problema indispensable... El documento que hemos firmado significa un cambio de enfoque de la narrativa oficial”. Según esta nueva narrativa, la que ahora nos quieren imponer, es que el origen y causa del conflicto político en Cataluña no son las acciones rupturistas de los independentistas. El problema real es, según el Pacto, “la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010” -la que adaptó el Estatut de Cataluña a la Constitución-, por ser -supuestamente- la que desató los eventos del procés y culminó en “múltiples causas judiciales,… que afectan a un gran número de personas”. Y en ese sentido, el Pacto señala:

… [L]as conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas…

No obstante la complicada redacción del párrafo, y su peligrosa imprecisión, del mismo puede colegirse sin duda alguna que el PSOE ha 'comprado' la narrativa de los independentistas y admite por escrito que algunos jueces han podido prevaricar y practicado persecución judicial a los independentistas. No importa cómo intenten 'matizarlo' ahora, está claro que el PSOE acogió la narrativa independentista de desconfianza en el Poder Judicial de España, y de que en España han podido emplearse a los jueces para perseguir adversarios políticos.

Y basado en esta narrativa, el PSOE acepta que se investigue en el Congreso si los jueces han incurrido o no, en lawfare y prevaricación, lo que, según las asociaciones de jueces, “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Dicho de otro modo, podrá dictaminarse la existencia de una prevaricación judicial desde una Comisión parlamentaria, lo que resulta inadmisible en un régimen que presume de separación de poderes y de ser una 'democracia avanzada' en Europa. Como bien lo acusó el Tribunal Supremo en su reciente Comunicado, la independencia judicial es “incompatible con ‘la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado“. ¿Y cuáles serían, o al menos podrían ser, las consecuencias de semejante dictamen o conclusión?

Pues la cláusula ha sido redactada con tal ambigüedad, que fácilmente puede implicarse lo siguiente:

• Que serán las comisiones parlamentarias las que dictaminen a los jueces quiénes pueden o merecen ser amnistiados (si no, ¿cómo podrían las conclusiones de las comisiones ser tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía?).

• Que las comisiones parlamentarías podrán dictaminar la responsabilidad por 'lawfare' de los jueces (si no, ¿cómo podrían las conclusiones de las comisiones “dar lugar a acciones de responsabilidad”).

• Que las comisiones parlamentarías podrán dictaminar la existencia de 'lawfare' e impulsar 'modificaciones legislativas' para corregirlo. Estas modificaciones tendrían que consistir, necesariamente, en reformas legislativas que restrinjan las facultades de los jueces para bloquear la supuesta persecución.

  El primer ejemplo ya manifestado de esto acordado, es el artículo 4.4 del proyecto de Ley de Amnistía registrado esta semana por el PSOE, que impone a los jueces el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía, “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones.”. Con lo cual se busca impedir que un juez proponga la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y provoque, como lo dispone la ley, la suspensión provisional de las actuaciones judiciales hasta que el Tribunal Constitucional la admita y resuelva definitivamente la cuestión. Dicho de otro modo, el proyecto de Ley de Amnistía impide a los jueces, incluso al Tribunal Constitucional, ejercer el control de constitucionalidad previo que existe para prevenir la aplicación indebida de una Ley acusada de inconstitucionalidad.

  No es solamente un asunto jurídico. El impacto político y social de este dispositivo es, o podría ser, sumamente peligroso. ¿Cómo será la situación política y social de España si se aplicara de inmediato la Ley de Amnistía, aún cuestionada su constitucionalidad, y se extinguiera la responsabilidad de los amnistiados, y uno o dos años después, el Tribunal Constitucional determinara la inconstitucionalidad de todo o parte de la Ley?

No hace falta ser un experto jurista para evidenciar cómo este Pacto socava la independencia judicial, cuestiona la separación de poderes y compromete gravemente la capacidad los jueces para impartir justicia.

Tan grave es lo señalado, que posteriormente al acuerdo, el PSOE intentó aclarar que no se contempla crear comisiones de investigación para detectar casos de supuesta judicialización de la política, ni que el Parlamento revise sentencia o resolución judicial alguna. Más curiosa es la 'aclaratoria' del ministro Bolaños. Con la 'expresividad' que lo caracteriza, se apresuró a esclarecer que las comisiones de investigación deberán ‘tenerse en cuenta’ , pero la finalidad no es poner en cuestión decisiones judiciales. En ambos casos, han anunciado lo que ellos dicen que NO harán o NO contemplan, pero nadie viene a decirnos qué es lo que SÍ harán o podrán hacer esas comisiones parlamentarias, para cumplir el Pacto.

III

Por último, El Pacto deja abierta la posibilidad de que Junts proponga modificar la Ley de financiación de las comunidades autónomas, para imponer “una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la ‘cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya.”. Lo que además de romper, otra vez, la igualdad entre los españoles, romperá el principio de solidaridad fiscal, desequilibrará aún más el sistema de financiación autonómica y causará tensiones políticas desproporcionadas entre las comunidades y sus ciudadanos.

El principio de solidaridad fiscal es esencial en el sistema de financiación autonómica, pues implica que las regiones más prósperas contribuyen económicamente para sostener a las que tienen menos recursos, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los servicios públicos y mantener la cohesión social. Permitir que Cataluña asuma el 100% de sus tributos desvincularía completamente los ingresos generados en Cataluña del sistema de redistribución fiscal, y conduciría a profundizar las desigualdades entre comunidades autónomas. Cataluña se beneficiaría de recursos fiscales completos, mientras que el resto de autonomías permanecerían en el sistema de transferencias interterritoriales.

Además, la cesión de los impuestos a Cataluña podría generar tensiones políticas significativas entre comunidades autónomas y sus ciudadanos ya que la mayoría de las regiones podrían percibirse como tratadas de manera desigual en términos de financiación. En detrimento de la estabilidad política y la cohesión nacional.

IV

Lo anterior es suficiente para rechazar con contundencia el Pacto, pero es que hay más:

• Otro problema que plantea el Pacto es la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya, supuestamente al amparo del artículo 92 de la Constitución. Un referéndum que, como jamás tendría cabida en dicho artículo 92, o es una mentira de Sánchez y el PSOE a los independentistas, o es un engaño de todos estos al resto de españoles. Un referéndum de autodeterminación, incluso en el que participaran todos los españoles y no sólo los catalanes, rompería la unidad nacional, no cabe en la Constitución y, sobretodo, dividiría y polarizaría (aún más) a los catalanes y al resto de la sociedad española.

• Asimismo, PSOE y Junts dicen apostar por la negociación y los acuerdos para resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, pero a la vez acuerdan dotarse de un mecanismo internacional que acompañe, verifique y siga el proceso de negociación. Un acuerdo que de consumarse, plantea la cuestión de la legalidad y legitimidad de una intervención extranjera en asuntos políticos internos, o de que haya un control a la acción del gobierno, extranjero y diferente al que reside en el parlamento español. De paso evidencia los recelos y la desconfianza que hay entre ambos partidos. Y tal como quedó escrito en el Pacto, se condiciona la estabilidad legislativa a que haya avances específicos en loa acordado, lo que genera aún más incertidumbre y compromete la gobernabilidad.

En Vigo, el 15/11/2023.

Negociaciones y Polarización

La Búsqueda de la Gobernabilidad en España

Cumplido el trámite electoral del 23-J, la gobernabilidad en España se ha vuelto aún más compleja y delicada. La fragmentación política resultante, aún siendo menor que la del 2019, confirma que, si bien los dos partidos de Estado (PSOE y PP) son, en conjunto, los ganadores de las elecciones, los únicos ganadores, ninguno de ellos -ni de los 'bloques' ideológicos que podrían conformar- logró una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para alcanzar la investidura, y menos aún un gobierno estable y con posibilidades reales de ejercer su acción política. Lo que hace depender la gobernabilidad de partidos minoritarios y, en algunos casos, de partidos extremistas y radicales.

Digo que PSOE y PP fueron (en conjunto) los 'únicos' ganadores porque ambos han recuperado la fuerza electoral del bipartidismo y han conseguido sumar entre los dos una mayoría contundente de 258 escaños, es decir, 73% del Congreso de diputados. Mayoría calificada suficiente para aprobar, cuando tengan a bien entenderse entre sí, cualquier política o decisión de Estado. Cuestión diferente es que, no obstante lo señalado, el Bipartidismo se empeñe en autolesionarse.

El PP 'gana' las elecciones, sube 'espectacularmente' sus escaños de diputados y consigue la mayoría absoluta del Senado, pero no alcanza su principal objetivo: Suficiencia para formar gobierno ni para impedir que Sánchez intente formarlo. Adoptar una actitud triunfalista, si es que la adoptara, sería un error.

El PSOE pierde las elecciones que había ganado en 2019, pero podría gobernar. Sólo que entregándose a las exigencias controvertibles de una coalición plurinacional-cultural-ideológica. Hacerse aún más dependiente de minorías extremistas y nacionalistas y presentarse como triunfador de las elecciones, es una auténtica 'memez'.

Sumar y Vox son los principales perdedores. Yolanda Díaz estaba llamada a revitalizar el espacio de la Plus-Izquierda y hacerlo aún más relevante en la política nacional, y al final consiguió siete diputados menos que los conseguidos por el espacio que lideró Pablo Iglesias en 2019, y ni siquiera le ganó a Vox. Da igual, nunca antes el fracaso de perder siete escaños ha sido celebrado con tanta alegría.

Vox perdió 19 escaños y más de 600 mil votos, y no consiguió su objetivo de ser decisivo en la formación de gobierno; por el contrario, se ha vuelto el principal obstáculo para componer alguna coalición. Da igual, Abascal culpa al PP de “desmovilizar” a una “parte del electorado” (ya nos enteramos de que era tarea del PP movilizar al electorado de Vox).

Sólo EH Bildu (sí, Bildu) podría sentirse feliz con su resultado, pues consiguió incrementar escaños, superar al PNV (otro perdedor) y seguir siendo relevante en la política nacional.

Claro que, en una democracia parlamentaria, lo normal es que los candidatos busquen construir coaliciones y pactos con otros partidos para lograr la gobernabilidad y evitar la repetición de elecciones. Lo cual implica, se necesita, la capacidad de llegar a consensos y encontrar puntos de encuentro con otras fuerzas políticas para llevar adelante una agenda común.

El problema en España es que se ha llegado a una situación paradójica, y absurda, en la que los dos principales partidos centrales y de Estado, aún habiendo recuperado su fuerza electoral y aún habiendo conseguido sumar entre los dos una mayoría contundente de 73% en el Congreso, por su rivalidad excesiva y su 'pequeñez' para entenderse entre sí, dependen como nunca antes, para conseguir una simple investidura (que no necesariamente la gobernabilidad), de nacionaismos radicales y de exigencias controvertidas que, de aceptarse, comprometerían la cohesión social y el orden constitucional.

Es lamentable, al menos para aquellos que creemos en los consensos y la centralidad política, que el PSOE y el PP prefieran, en la mayoría de las ocasiones, destacar de manera excesiva sus diferencias (que logicamente las hay), en lugar de 'encontrarse' en áreas de posible cooperación. El deber de ambos partidos sería asegurar que su fiera rivalidad no agrave la incertidumbre sobre quién debe gobernar en España, ni ponga en riesgo la estabilidad gubernamental. Veamos otras opciones brevemente, porque esta del consenso no parece probable.

Escenario 1. El candidato del PP procura su investidura

¿Por qué y para qué Alberto Núñez Feijóo querría presentarse a la investidura si, como parece, tendrá muy difícil conformar una mayoría parlamentaria? Lógicamente, Feijóo reclama en su favor la Legitimidad que le da ser la fuerza política más votada por los ciudadanos en las elecciones. Y lo hará, o debe hacerlo, por Responsabilidad.

Presentarse a la investidura, aún fallida, mostraría su compromiso en asumir la responsabilidad de liderar el país y de conseguir la gobernabilidad. Además, si Feijóo no se presentara a la investidura, como hizo Mariano Rajoy en 2016, le abriría inmediatamente a Sánchez la posibilidad de intentar formar gobierno. Presentarse a la investidura sería al menos un intento (fallido o exitoso, ya se verá) de cambiar el ciclo político o de evitar la repetición de las elecciones.

Al momento de escribir estas líneas, Feijóo no tiene los votos suficientes para ser investido, pero dijo estar dispuesto a negociar y a buscar acuerdos que le permitan obtener el respaldo necesario para formar un gobierno. Y reconoció haber contactado con UPN, Coalición Canaria (CC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y VOX. Cuyos apoyos, de conseguirlos, serían suficientes para lograr una mayoría absoluta o una relativa, según se presenten las circunstancias. El apoyo del navarro está confirmado, pero lo más difícil será conjuntar simultáneamente a los otros con VOX. Este es un partido de ultraderecha que aboga por el patriotismo-español e ilegalizar a los partidos nacionalistas, uno de ellos el PNV, un partido nacionalista que aspira a la autonomía y el reconocimiento de Euskadi como una nación.

Por una parte, al día siguiente de las elecciones el secretario de VOX avisó de que no habría 'voto patriótico' al lado del PNV, y que no regalarían sus votos si en la ecuación de gobierno hay un apoyo de los nacionalistas vascos al PP. Por la otra, el PNV ha tenido siempre una conducta pragmática y ha respaldado a gobiernos de diferentes signos políticos en el pasado, pero desde antes de las elecciones aseguró que su partido no facilitaría la normalización de VOX; tras las elecciones, hicieron público su compromiso para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, y al momento de escribir estas líneas, ya respondieron a Feijóo que ni siquiera iniciarán conversaciones para facilitar su investidura.

Salvo que se esté en las antípodas ideológicas o se tenga ya cerrado un acuerdo con otra alternativa de gobierno, en una democracia parlamentaria es cuestionable que un partido se niegue a conversar con el vencedor de las elecciones (sea cual fuere), sin conocer lo que este puede proponer para que los diversos implicados se sientan razonablemente cómodos e integrados en el acuerdo. Como sea, sería apresurado descartar a priori una opción de mayoría del PP pues, como sabemos, la formación de alianzas y acuerdos políticos en un sistema parlamentario suele ser un proceso complejo, dinámico y a veces 'inexplicable', y en definitiva depende de las circunstancias políticas específicas y las posturas de cada partido en determinado momento.

En última instancia, la decisión de Feijóo de presentarse (o no) a la investidura y buscar la gobernabilidad dependerá de su estrategia y sus habilidades de negociación, de las dinámicas políticas y de las posturas que adopten los partidos convocados a ese acuerdo de investidura.

Escenario 2. El candidato del PSOE procura su investidura

¿Por qué y para qué Pedro Sánchez se presentaría a una nueva investidura si no ha sido el más votado? Tal como hizo en 2016, cuando Rajoy (el ganador de aquellas elecciones) declinó la investidura, razonará que se presenta a la investidura para evitar la repetición de elecciones, encontrar la gobernabilidad y prevenir el bloqueo político. Y claro está, que la continuidad de su proyecto político es vital para España, y presentarse a la investidura es una manera de asegurarlo, aun sabiendo que necesita acuerdos difíciles con partidos muy diferentes para conseguirlo.

De momento, parece que Sánchez cuenta con el apoyo de partidos minoritarios, incluyendo al PNV, los cuales en conjunto suman 172 votos, suficientes en una segunda votación, donde se requiere solamente tener más Síes que Noes. Pero esta opción, para que funcione, tiene al menos dos problemas:

El primero, Sánchez está obligado a concertar los intereses de al menos seis formaciones muy divergentes en lo ideológico (JxCat, ERC, Bildu, PNV, BNG y Sumar), cuyo único 'pegamento' es el interés de bloquear al PP, y algunas de ellas opuestas al consenso que fundamenta la Constitución.

El segundo, se necesita del reticente Junts per Catalunya.

Aceptar el apoyo de JxCAT es problemático por las exigencias que realiza este partido: Amnistía para los implicados en la organización del referéndum ilegal -incluyendo a Carles Puigdemont- y traspaso de las competencias a Cataluña para poder celebrar referendos autónomamente, de modo que puedan organizar uno vinculante sobre la secesión, lo que obviamente iría en contra del marco constitucional español.

El quid del asunto es que el PSOE dice ser un partido defensor de la unidad de España y estar comprometido con el respeto a la Constitución. Por lo que aceptar el apoyo de JxCAT con exigencias que contradicen la legalidad constitucional, podría generar tensiones y conflictos en la sociedad, incluso dentro del propio partido. Es probable que al menos dos de los tres barones territoriales que le quedan al PSOE, no aceptarán sentarse a negociar con JxCat si el referéndum de independencia está sobre la mesa. Y además sería rechazado por los sectores de la opinión pública que defienden la unidad de España y se oponen a cualquier intento de secesión.

La investidura del PSOE parece posible solo en en el caso de que JxCat desista 'tácticamente' de sus exigencias y se conforme con alguna oferta alternativa del PSOE que no implique (al menos en apariencia) amnistía para los procesados ni la posibilidad de un referéndum en Cataluña. Y aún en este caso, el apoyo de JxCAT podría ser visto como una concesión al partido que lideró el intento separatista en Cataluña, cuyos líderes no han asumido (aún) su responsabilidad y persisten en su propósito; lo que probablemente reavivirá las críticas de parte de la sociedad, que lo acusará de complacer al separatismo, a expensas de la unidad del país.

En otras palabras, aceptar el apoyo de JxCAT supone un dilema para el PSOE institucional, por cuanto debe resolver el desafío de equilibrar la búsqueda de apoyos parlamentarios con su compromiso con la unidad de España y la lealtad constitucional, sin que ello propicie más tensiones y debates complicados en un contexto de fragmentación política y polarización.

Hay una complicación adicional: Cualquier fórmula que resulte de pactar con JxCat, chocaría contra una barrera frontal que ya no controla el PSOE: la Cámara del Senado y el poder territorial de la oposición. He aquí donde se plantea otra grave amenaza a la gobernabilidad.

3. Oposición y Gobernabilidad.

La investidura es un procedimiento necesario para formar un gobierno. Pero no es un objetivo en sí mismo. El fin último del trámite, y es la racionalidad del sistema parlamentario, es conseguir una mayoría estable que permita gobernar el país conforme a un proyecto que promueva el interés nacional.

Si bien el PP no alcanzó mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sí que la consiguió, y holgada, en el Senado. Esta Cámara, ahora controlada por el PP, podría ejercer su influencia para vetar u obstaculizar la acción política de un gobierno presidido por el PSOE, al menos en las siguientes áreas:

1. Acción legislativa: El PP en el Senado tendrá la capacidad de vetar iniciativas legislativas del gobierno, ralentizar la tramitación y en algunos casos, obligar a su aprobación definitiva por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, lo que requerirá del PSOE mayoría legislativa sólida y estable para aprobar sus iniciativas.

2. Integración territorial: El PP será decisivo en la dotación, distribución y regulación del Fondo de Compensación Interterritorial.

3. Nombramiento de altos cargos: El PP podrá usar su mayoría en el Senado para decidir unilateralmente los nombramientos de cuatro magistrados en el Tribunal Constitucional, de la mitad de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, de cuatro de los 10 miembros del Consejo de Administración de RTVE, y además podrá vetar el nombramiento del Defensor del Pueblo.

Incluso en el Congreso de los Diputados, el Gobierno sufrirá para sacar adelante sus iniciativas legislativas. La oposición de derecha contará con 171 escaños en contra, por lo que el PSOE se verá obligado a mantener la cohesión de sus socios en todas las votaciones, y que ninguno vote en contra. Dicho de otro modo, el PSOE tendrá que mantener siempre de acuerdo a Bildu y PNV entre ellos, y luego a JxCat, a ERC y el BNG.

En ese mismo orden de dificultades, el PSOE ha necesitado antes del PP para sacar adelante parte de sus iniciativas políticas, como la reforma de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o 'Ley del Solo Sí es Sí', cuando sus socios de 'investidura' no han respaldado la iniciativa del Gobierno. Y el PSOE volverá a necesitar del PP para proseguir con parte de sus iniciativas políticas, como, por ejemplo, el apoyo a Ucrania en la guerra contra Putin.

Aparte de lo señalado, un hipotético gobierno del PSOE tendrá enfrente a un poderoso líder opositor, con la legitimidad de ser el vencedor de las elecciones, y con un poder territorial inmenso: el Senado; 12 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla; la inmensa mayoría de los ayuntamientos, incluyendo las ciudades de Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza, y la llave del Ayuntamiento de Barcelona.

En resumen, el poder 'opositor' del PP y su significación como partido de Estado en algunas decisiones políticas de relevancia, podría tener, si así lo decide el partido, un impacto significativo en la capacidad de un gobierno presidido por el PSOE. Claro que, siempre queda el recurso empleado en democracias 'iliberales' y populistas de emplear al Supremo Tribunal o al Constitucional para convalidar actos o decisiones que infringen la ley o la Constitución.

Lo que vuelve a subrayar la importancia de la negociación y el diálogo político entre los dos partidos de Estado, PSOE y PP, para alcanzar acuerdos que permitan la gobernabilidad y el funcionamiento efectivo del sistema político. Si esto no fuera posible,

¿Seria razonable que el PP amenace con 'bloquear' o entorpecer la legislatura, si se llegara a conformar una coalición de gobierno que ponga en riesgo la gobernabilidad, la cohesión social o el orden constitucional?

¿Estarán dispuestos ambos partidos a convenir que uno de los dos 'consienta' la investidura de alguno de los candidatos, y facilitar la gobernabilidad con referencia a un acuerdo de temas básicos?

4. ROMPER EL BLOQUEO Y LA POLARIZACIÓN POLÍTICA

Desde una perspectiva política, es común y legítimo que los partidos negocien y utilicen su posición de influencia para defender sus intereses y objetivos. Y en un contexto de fragmentación política, donde nadie tiene mayoría absoluta, con más razón cada partido, y sobretodo los que tienen más escaños, aumentan su presión para facilitar o dificultar la gobernabilidad.

En este sentido, sería comprensible, que no necesariamente justificado, que el PP maximice sus intereses y objetivos políticos y amenace al PSOE con usar su influencia política para bloquear o entorpecer la acción política de su gobierno, aunque conllevaría (aún más) una situación de confrontación política, complicaría (aún más) la formación de un gobierno estable y efectivo, y haría de la legislatura una 'pesadilla' (incluso para el PSOE). Eso no lo quieren los españoles, ni debería quererlo el PSOE. Y semejante amenaza debería ser suficiente para disuadir al PSOE de una investidura precaria, sujeta a boicot permanente.

En una democracia constitucional, la gobernabilidad y la estabilidad política son fundamentales para el buen funcionamiento del país. Por tanto, lo deseable es que ambos partidos políticos busquen puntos de encuentro y acuerdos que permitan formar un gobierno con el apoyo suficiente para llevar adelante sus políticas y proyectos. Lo deseable es que prevalezcan los intereses de España y la voluntad de buscar soluciones que favorezcan el interés general, por encima de intereses partidistas.

Si ninguno de los dos candidatos consigue mayoría para formar un gobierno estable y con acción política efectiva, y en mi criterio ninguno de los dos podrá conseguirlo sin el apoyo del otro, el PP o el PSOE, según sea el caso, podrían optar por facilitar la formación de un gobierno mediante la abstención en la investidura, permitiendo así que algún candidato sea investido como presidente y se evite el bloqueo político que podría derivar en la repetición de elecciones.

Claro que, para alcanzar este objetivo, ambos partidos deben contribuir a reducir la polarización y fomentar el diálogo político, lo cual requiere:

Abordar un discurso político constructivo y respetuoso. Esto pasa por centrar el debate político en los temas y propuestas que interesan a los ciudadanos, aún manifestando las diferencias legítimas que hay entre ellos, y abandonar los ataques personales y descalificaciones que se han vertido entre sí. El PSOE podría dejar de llamar a Feijóo insolvente, mala fe, incapaz, narco, etc. Y el PP hacer lo propio con el axioma "derogar el sanchismo".

Encontrar puntos de acuerdo. A pesar de sus diferencias ideológicas, que es razonable que las haya, existen también áreas de convergencia que podrían identificar y con base a las cuales podrían convenir un acuerdo de legislatoria con políticas básicas.

Apostar a la negociación y el diálogo para buscar consensos en temas de interés nacional y cuestiones clave, lo que podría favorecer la estabilidad política y la gobernabilidad.

Abrirse al consenso con otros partidos constitucionalistas, incluso los partidos más pequeños, para formar mayorías más amplias, alcanzar acuerdos más estables y superar la fragmentación política.

Fortalecer las instituciones democráticas, incluyendo acuerdos consensuados sobre la composición de los órganos del Poder Judicial y de otros altos cargos del Estado.

Sí, parece complicado, muy complicado, pero es que reducir la polarización y fomentar el diálogo político no es una tarea sencilla, por el contrario, requiere de un esfuerzo conjunto por parte de todos los actores políticos. No obstante, si al menos los dos principales partidos de Estado mostraran la voluntad real de buscar consensos y trabajar en beneficio del interés general, contribuirían significativamente a mejorar el clima político y la gobernabilidad del país.