viernes, 31 de diciembre de 2010

Nueva tipología de Instituciones de Educación Universitaria


Todas las instituciones de educación universitaria son públicas,
puestas al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo
…”,
Artículo 12 de la nueva Ley de Educación Universitaria
Conforme al artículo 2 de la Ley de Educación Universitaria [LEU] sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 23 de diciembre del 2010, cuya promulgación y publicación oficial es inminente, esta se aplica a la sociedad y en particular a las personas naturales y jurídicas, instituciones universitarias de carácter oficial, las de gestión popular, las de gestión privada y demás organizaciones que componen el Subsistema de Educación Universitaria. De esta forma, la Ley elimina la distinción hoy día vigente entre universidades nacionales y universidades privadas; entre universidades nacionales llamadas “autónomas” y universidades nacionales experimentales; y elimina también al Consejo Nacional de Universidades [CNU], una instancia de coordinación del sector universitario que por no estar integrada a la jerarquía del Poder Ejecutivo y al estar fundamentalmente compuesta por los rectores universitarios, es una garantía de la autonomía y por ello, un componente fundamental del sistema autonómico universitario.
En lugar de lo anterior, la LEU define a las instituciones de educación universitaria como “organizaciones que integran y desarrollan los procesos de formación integral, creación intelectual e interacción con las comunidades, para la consecución de los fines de la educación universitaria y del Estado” (Art. 12), en otras palabras, serán organizaciones que integran y desarrollan lo que hoy día conocemos como docencia, investigación y extensión, para conseguir al menos los siguientes fines (Art. 5):
1.    Formar en, por y para el trabajo creador y liberador, que proporcione la mayor satisfacción posible a los trabajadores, que consolide el modelo productivo endógeno y sustentable, las nuevas relaciones solidarias y de cooperación en el trabajo y modelos de organización productiva de propiedad y gestión social, en la búsqueda de la independencia y la soberanía científica y tecnológica del país.
2.    Construir proyectos, perspectivas, alternativas, programas e innovaciones que contribuyan a crear y consolidar la plataforma científica tecnológica de un nuevo modelo social incluyente, orientado a satisfacer las necesidades del pueblo y superar las desigualdades sociales.
3.    Desarrollar el talento humano al servicio de la transformación cultural educativa para la formación de una nueva ciudadanía que se cultiva en el espacio de lo público con elevada conciencia social y conducta ética.
4.    Consolidar la unión e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe de Nuestra América, del Sur y del mundo, bajo la perspectiva pluripolar de la nueva geopolítica internacional y la solidaridad en la lucha contra toda forma de discriminación e injusticia.
En atención a los artículos 12 a 18 de la LEU, se clasifica a las instituciones de educación universitaria según su naturaleza y según quién la gestione, dando origen a la siguiente tipología:
1.    IEU de carácter oficial: creadas por el Ejecutivo Nacional, parte integrante de la Administración Pública Nacional y su financiamiento es de origen fiscal. Sus programas de formación hasta el nivel de pregrado universitario deben ser gratuitos. Se clasifican a su vez en:
A.   Universidades oficiales: Desarrollan de forma integral e integrada sus procesos fundamentales en las diversas áreas del conocimiento. Todas serán nacionales y su denominación estará sujeta a la naturaleza, vocación y objetivos de las mismas. Tendrán la naturaleza jurídica de entes descentralizados funcionalmente con forma de Derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscritas presupuestariamente al Ministerio de Educación Universitaria.
B.   Institutos universitarios de Estado: Sus procesos fundamentales están dirigidos a la formación en áreas, ámbitos y especialidades específicas requeridas para el cumplimiento de funciones de organismos y entes del Estado. Podrán desarrollar programas de pregrado o postgrado, en campos de conocimiento orientados al estudio de problemas de las diversas dimensiones de la realidad, en correspondencia con los planes de desarrollo nacional. Tendrán la naturaleza jurídica de órganos desconcentrados del Ministerio al que corresponda, según el Decreto de creación respectivo.
2.    IEU de gestión popular: creadas por iniciativa de las organizaciones del Poder Popular, previa autorización del Ejecutivo Nacional, autogestionadas o cogestionadas con el Estado. Estarán especialmente orientadas a la autoformación colectiva, integral, continua y permanente del pueblo en las diversas áreas del saber, a fin de establecer las condiciones de organización y autoorganización popular para impulsar y consolidar las nuevas relaciones sociales de producción, en el marco de la construcción de la Patria Socialista Bolivariana. Podrán ser financiadas con recursos propios, públicos o mixtos. No se indica explícitamente si pueden ser universidades o institutos universitarios.
3.    IEU de gestión privada: Serán “aquellas propuestas por fundaciones que tengan como fin exclusivo desarrollar los procesos fundamentales de la educación universitaria en las diversas áreas del saber”, y el Ejecutivo Nacional “podrá otorgar la autorización de creación y funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de planta física y los demás que establezca el Ministerio con competencia en materia de educación universitaria”.
Nada establece la LEU en cuanto a la naturaleza jurídica de las IEU de gestión popular, y en cuanto a las de gestión privada, se señala que tendrán forma jurídica de fundaciones. No obstante, el artículo 12 de la LEU prescribe que “Todas las instituciones de educación universitaria son públicas, puestas al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo…”, lo que aparentemente significa que todas las IEU, sin distinción alguna, oficiales o no, serán públicas. Si así fuere, el artículo 12, conectado con otros contenidos en la Ley, implicarían la estatización o nacionalización de toda la educación universitaria, y sería ello lo que explicaría que a las IEU no-oficiales se les denomine IEU “de gestión popular” y “de gestión privada”. En otras palabras, todas las IEU serán Públicas y en todo caso gestionadas por el Estado, pero podrán serlo directamente por el Estado [las Oficiales], o indirectamente mediante Organizaciones del Poder Popular [las de Gestión Popular] o mediante fundaciones promovidas por particulares [las de Gestión Privada]. Por sus implicaciones, este asunto se analizará de manera específica en otro post.

jueves, 30 de diciembre de 2010

La nueva educación universitaria: Socialista




“… La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática…”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [1999]
Artículo 102
Al día de hoy, 29 de diciembre del 2010, sigue vigente aún la Ley de Universidades promulgada en 1970. Sus artículos 1 a 6 esbozan a grandes rasgos las características que han definido a la educación universitaria venezolana, al menos desde 1970. Y pueden resumirse así:
-                 Profesores y alumnos comulgan en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre;
-                 Se procura colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales;
-                 La enseñanza universitaria “se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica”;
-                 La actividades de las universidades se dirigen a crear, asimilar y difundir el saber, completar la formación integral iniciada en los ciclos anteriores, y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita el País; y,
-                 Debe respetarse la libertad de iniciativa de cada Institución.
En contraste con esta concepción autonómica, plural y universal que está plasmada en la Ley de Universidades, la Ley de Educación Universitaria sancionada hace seis días por la Asamblea Nacional, próxima a promulgarse y publicarse para que entre en vigencia, define y concibe a la educación universitaria de modo tal, que explícitamente propone la uniformidad ideológica de la educación universitaria venezolana y la construcción de una hegemonía cultural que permita superar la sociedad capitalista y construir una sociedad socialista.
En efecto, si bien el artículo 17.2 de la nueva Ley dice reconocer la libertad académica, para debatir las corrientes del pensamiento, por otra parte, la educación es definida por el artículo 3 de diversos modos, entre otros, como un “bien irrevocablemente público”, al servicio de la transformación de la sociedad, “en función de la consolidación de la soberanía, defensa integral e independencia nacional, el fortalecimiento del Poder Popular y del diálogo de saberes,… el modelo productivo endógeno y sustentable,… en el marco de la construcción de una sociedad socialista”.
Asimismo, al definir el principio de Territorialidad que caracteriza a la educación universitaria, la LEU propone asumir el territorio de influencia de las instituciones universitarias como “espacio de creación, transformación y difusión del conocimiento, con el compromiso de impulsar su apropiación colectiva desde el diálogo de saberes, el modelo productivo socialista,…” (Art. 4.12).
Igualmente, se establecen como fines de la educación universitaria, el de formar en, por y para el trabajo creador y liberador, de modo “que consolide el modelo productivo endógeno y sustentable, las nuevas relaciones solidarias y de cooperación en el trabajo y modelos de organización productiva de propiedad y gestión social,…” (Art. 5).
Disposiciones como estas se repiten en otros capítulos de la LEU. Así, por ejemplo, el artículo 48 señala que los procesos formativos en la educación universitaria, en todas las áreas de conocimiento, tendrán entre sus características generales, actitudes, valores y capacidades orientadas a la participación en el desarrollo de Venezuela en la consecución de la soberanía socioproductiva “para la construcción de la Patria socialista” (Num. 2); así como la vinculación e inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo, “contribuyendo a la construcción del modelo productivo socialista” (Num. 13).
Pero, tal vez, las disposiciones que más señaladamente enfatizan la uniformidad ideológica de toda la educación universitaria son las contenidas en los artículos 64 y 111. El primero establece de modo tajante que “La educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”; y el segundo prescribe que el Ministerio de Educación Universitaria dictará un reglamento especial “sobre la vinculación de las instituciones de educación universitaria con el modelo productivo socialista”.
Lo anterior permite concluir, sin lugar a dudas, al menos dos cosas:
1.              La enseñanza universitaria no se inspirará ya en un definido espíritu de democracia ni estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, como lo manda el artículo 102 de la Constitución y lo prescribe la Ley de Universidades, sino que inexorablemente “debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”.
2.              Tampoco las universidades gozarán de la autonomía académica que les reconoce el artículo 109 de la Constitución, ni de la libertad de iniciativa que les reconoce la Ley de Universidades, sino que todas las universidades deben vincularse necesariamente con el modelo productivo socialista.
Esta concepción de la educación universitaria es manifiestamente violatoria del artículo 102 de la Constitución, según el cual, la educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática”. Igualmente es violatoria del artículo 109, que impone al Estado la obligación de reconocer la autonomía universitaria como principio que permite a profesores, alumnos y egresados dedicarse a la “búsqueda del conocimiento”, y a las universidades “planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
Aún no logro entender cómo los diputados oficialistas, en vísperas de Navidad y de la extinción definitiva de su investidura, se prevalen de su precaria legitimidad como parlamentarios para aprobar de modo inconsulto semejante Ley. Ni entiendo cómo profesores y estudiantes universitarios, afines al chavismo, encuentran argumentos para afirmar que esta Ley respeta la libertad académica y no vulnera los artículos 102 y 109 de la Constitución.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Feliz Navidad 2010

Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor

"La liturgia de la Misa de la aurora nos ha recordado que la noche ya pasó, el día está avanzado; la luz que proviene de la gruta de Belén resplandece sobre nosotros...

Dondequiera que haya un 'nosotros' que acoge el amor de Dios, allí resplandece la luz de Cristo, incluso en las situaciones más difíciles...

El 'nosotros' de la Iglesia vive donde nació Jesús, en Tierra Santa, para invitar a sus habitantes a que abandonen toda lógica de violencia y venganza, y se comprometan con renovado vigor y generosidad en el camino hacia una convivencia pacífica...

En Europa y en América septentrional, el 'nosotros' de la Iglesia impulsa a superar la mentalidad egoísta y tecnicista, a promover el bien común y a respetar a los más débiles,...

En toda Latinoamérica, el 'nosotros' de la Iglesia es factor de identidad, plenitud de verdad y caridad que no puede ser reemplazado por ninguna ideología, un llamamiento al respeto de los derechos inalienables de cada persona y a su desarrollo integral...

Qué gran don es formar parte de una comunión que es para todos. Es la comunión de la Santísima Trinidad...

Como los pastores de Belén, contemplemos embargados de maravilla y gratitud este misterio de amor y luz..." [Benedicto XVI, 2009]

¡Feliz Navidad a mi familia, a mis amigos
y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad!

viernes, 17 de diciembre de 2010

Internet y telefonía en proyectos de Ley Resorte y LOTel


En vísperas de la extinción de su período constitucional, la Asamblea Nacional agonizante, dominada por el partido de gobierno, se propone aprobar sendas reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones [LOTEL], que afectan a la actividad de telecomunicaciones en general, incluso a los servicios de telefonía e Internet; y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (también llamada Ley Resorte), cuyos principales cambios son, precisamente, para incluir en su ámbito de regulación a las comunicaciones por medios electrónicos, incluyendo telefonía e Internet, y a los proveedores de tales servicios.
I
La Ley Resorte cambia su denominación para llamarse ahora Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Y en concordancia con ello, el artículo 1 de la Ley es también modificado para ampliar su objeto y ámbito de aplicación.
En efecto, a partir de la aprobación de la reforma, la Ley tendrá por objeto establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, pero también de los proveedores de medios electrónicos, en la difusión y recepción de mensajes (Art. 1), por lo tanto, el principio general anunciado es que el responsable de los mensajes que circulen en las comunicaciones telefónicas y de Internet ya no es solamente el autor del mensaje, sino también el proveedor del medio electrónico .
Igualmente se prevé que las disposiciones de la Ley se aplicarán a todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro de Venezuela, y sea realizada a través de los medios electrónicos. En consecuencia, todos los mensajes de Internet que circulen a través de teléfonos, computadoras u otros medios electrónicos ubicados en Venezuela, quedarán sometidos a la regulación legal.
II
Otra disposición relevante de la reforma es el artículo 28, con cuya aprobación se prohibiría difundir a través de teléfonos, computadoras y demás medios electrónicos, mensajes que tengan las siguientes características:
1.  Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2.    Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
3.    Constituyan propaganda de Guerra.
4.    Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
5.    Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
6.    Induzcan al homicidio.
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Lo llamativo de esta disposición es, en primer término, la ambigüedad de algunos numerales. En principio, parece fácil sancionar por un mensaje que de manera inequívoca convoque o exhorte a cometer un homicidio (Num. 6). Pero no parece igual de fácil sancionar por otro tipo de mensajes.
Informar sobre un terremoto o una emergencia natural, o convocar a una huelga o actividad de protesta pública, ¿serían mensajes que fomentan la zozobra o que alteran el orden público? (Num. 4). Criticar preceptos normativos aprobados por el parlamento o por el Presidente de la República, ¿sería un mensaje que promueve el incumplimiento del ordenamiento vigente? (Num. 7).
En segundo término, es igual de llamativo que, para hacer cumplir esta disposición, la Ley hace recaer en los proveedores de medios electrónicos la obligación de establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de alguno de los mensajes antes señalados, cuando ello sea solicitado por CONATEL en ejercicio de sus competencias, en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 33 de la Ley.
Dicho artículo 33 permitiría que, en la apertura o en el curso de un procedimiento sancionatorio o de cualquier índole, CONATEL podrá ordenar a los proveedores de medios electrónicos, que se abstengan de difundir mensajes que infrinjan los supuestos establecidos en la Ley. Independientemente del contenido del mensaje que pretenda restringirse, esta disposición es manifiestamente contraria al artículo 57 de la Constitución, que explícitamente prohíbe la Censura Previa.
Además, se hace responsables a los proveedores de medios electrónicos por la información y contenidos prohibidos a que hace referencia el artículo 28, en aquellos casos que hayan originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al requerimiento efectuado por CONATEL. De modo que el responsable de los mensajes que circulen en comunicaciones telefónicas o de Internet sería, además del autor del mensaje (el tuitero, el forista de algún portal electrónico, o quien escribe un mensaje de texto o de correo electrónico), sino el proveedor del medio electrónico (Movistar o Intercable, por ejemplo, pero también Movilnet).
En este orden de ideas, los responsables de los medios electrónicos pueden ser sancionados con revocatoria de la habilitación administrativa (Art. 170 LOTEL) y con multa desde 50 hasta 200 Unidades Tributarias (equivalente en el 2010 a: de 3.250,00 Bs a 13.000,00 Bs), cuando violen cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 28. Lo que quiere decir, en definitiva, que si una persona escribe en Twitter, hace un comentario en algún portal electrónico, o simplemente escribe un mensaje de texto o de correo electrónico y lo difunde, no sólo será sancionado el autor del mensaje sino también el proveedor del medio electrónico.
El artículo 28 implica, entonces:
1.    Que CONATEL podrá ordenar a los proveedores de medios electrónicos, abstenerse de difundir mensajes que a juicio de CONATEL infrinjan o podrían infringir los supuestos establecidos en la Ley.
Así, por ejemplo, CONATEL podría ordenar a los proveedores de medios electrónicos que se abstengan de difundir tweets, mensajes de texto o mensajes de correo electrónico, relativos a la convocatoria de una marcha o de una protesta pública, porque ese mensaje podría alterar el orden público. O podría ordenarles que se abstengan de difundir mensajes de correo electrónico que critiquen preceptos legales, porque podrían promover el incumplimiento del ordenamiento jurídico.
2.    Que los proveedores de medios electrónicos, interesados en evitar que los sancionen por una conducta ajena, se verán forzados a establecer -en cuanto sea posible- mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y desde luego censurar, aquellos mensajes que podrían ser interpretados como violatorios del artículo 28 de la Ley.
O sea, que si no lo hace CONATEL, es posible, por ejemplo, que portales electrónicos de noticias se abstengan de difundir informaciones relativas a la convocatoria de una marcha o de una protesta pública, u opiniones de quienes critiquen preceptos legales, por temor a que CONATEL interprete que esos mensajes podrían violar el artículo 28 de la Ley.
En ambos casos, CONATEL y/o los proveedores de medios electrónicos estarían ejerciendo la Censura Previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución.
3.    Que si los proveedores de medios electrónicos no censuran previamente un mensaje que a juicio de CONATEL, es violatorio del artículo 28 de la Ley, serán sancionados por un mensaje ajeno del que no son responsables. Y esto es algo así como sancionar al concesionario que me vendió el carro con el que atropellé posteriormente a un ciudadano.
III
Por su parte, el cambio más llamativo propuesto por la LOTEL -aparentemente eliminado en la primera discusión de la Ley, pero que podría restituirse a posteriori- es la facultad que se le atribuye al Estado para crear un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela. Y le corresponderá al Estado determinar el modelo, limitaciones, requisitos, cronograma de implementación y cualquier otro aspecto necesario para obtener las condiciones que se estimen convenientes para su adecuada implementación (Art. 212). Ello permitiría al Estado restringir de modo fácil y discrecional el acceso a contenidos o sitios web cuyo acceso público no interese al Estado, tal como ocurre en países de gobierno autocrático (China, por ejemplo).
Otro cambio relevante es que toda la actividad de telecomunicaciones es declarada de Servicio Público, lo que en principio conlleva implicaciones tales como: (i) Facultad del Estado para revocar discrecionalmente las habilitaciones y concesiones administrativas otorgadas por el propio Estado (Art. 70); (ii) Facultad del Estado para revertir la propiedad de los bienes privados afectados al servicio (Art. 22), es decir, que los bienes pertenecientes a los proveedores de medios electrónicos podrían ser revertidos al Estado al término de la habilitación; y, (iii) Amplísimas facultades de regulación e inspección de la actividad.