A la democracia
estadounidense se le suele considerar el prototipo (y el origen) de la democracia representativa, modelo de gobierno
en el que los ciudadanos no ejercen su soberanía directamente, sino indirectamente,
a través de representantes elegidos mediante sufragio. Según esto, aunque el titular del poder político es el pueblo soberano,
este no lo ejerce por sí mismo.
Al sistema estadounidense
se le suele contraponer la llamada democracia
directa, y algunos la democracia
participativa. Un ejemplo prototípico es –en teoría– el sistema de
Venezuela, en cuya Constitución se establece que el pueblo ejerce su soberanía directamente (en la forma prevista por
la Constitución y la ley), e indirectamente
mediante sufragio y por los órganos que ejercen el Poder Público; y reconoce a
los ciudadanos el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos.
La aparente
contraposición entre ambos modelos de democracia viene dada porque en la
democracia participativa predomina (o debería predominar) la participación directa y decisiva del pueblo en los asuntos públicos, que teóricamente será
consultado con regularidad y participará con frecuencia en las decisiones de
los asuntos públicos; no así en la democracia representativa, donde predomina
el decisionismo de los representantes y la casi totalidad (o la totalidad) de
las decisiones son adoptadas por los representantes electos, y rara vez (o
nunca) será consultado el pueblo para decidir directamente sobre un asunto de trascendencia
colectiva.
Sorprendentemente,
aunque en una democracia participativa como supuestamente lo es la de Venezuela,
la Constitución dispone al menos cinco tipos de referendo (el constituyente, el
constitucional, el aprobatorio de leyes, el abrogatorio, el revocatorio de
mandatos y el consultivo), y el consultivo es (o debió ser) el más frecuente, ¡en
los 16 años de vigencia que tiene la Constitución nunca se ha celebrado un referéndum
consultivo en Venezuela! Esto a pesar de que el gobierno ha decidido
(unilateralmente) asuntos trascendentales como, por ejemplo, el retiro de
Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (como un “Brexit” en esa comunidad)
y el ingreso al Mercosur, o la desvinculación (nada menos que) de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
En contraste, los gobiernos
de algunos países con la típica democracia representativa han optado por consultar
al pueblo antes de adoptar decisiones sobre asuntos trascendentales que afectan
la vida de los ciudadanos de esos países, como cuando el gobierno de España
consultó al pueblo para decidir sobre la permanencia en la OTAN (1986), o sobre
la aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
(2005), o las recientes convocatorias en Reino Unido y en Colombia para decidir
sobre el”Brexit” o sobre el acuerdo de paz, respectivamente.
Prueba mejor y
paradójica de lo que contamos es lo que pasará el próximo 8 de noviembre en la
democracia estadounidense. Los californianos, además de votar para elegir al
próximo presidente del país, votarán a favor o en contra de 17 propuestas
legislativas sobre asuntos de gran trascendencia y que marcarán precedente en los
debates que se dan sobre esas materias en los EUA.
Ese día los californianos podrán votar Sí o No a legalizar el consumo por los adultos
de la marihuana, y esto mismo podrá votarse en otros cuatro estados: Arizona,
Maine, Massachusetts y Nevada.
Otra de las
proposiciones trata del debate sobre el control del uso de armas de fuego, y
los californianos podrán votar Sí o No a prohibir la posesión de cargadores de
munición de gran capacidad y a requerir una verificación de antecedentes para poder
compra de municiones.
En el debate sobre la
pena de muerte, uno de los que más divide a la población en los EUA, los
californianos podrán votar dos iniciativas diferentes, una para eliminarla
definitivamente, otra alternativa para (en el caso de que siga aplicándose) hacer
el proceso más rápido y eficiente.
Hay más. Los
californianos podrán votar a favor o en contra de requerir el uso de
preservativos y otras medidas de protección durante el rodaje de películas
pornográficas, así como de exigir a los productores de pornografía que paguen
ciertos exámenes de salud y chequeos. Igualmente podrán votar para derogar (o
ratificar) una ley estatal de 2014 mediante la cual se prohibió en California
la fabricación de bolsas de plástico no reciclables. Y así sucesivamente, hasta
once propuestas más podrán votar los californianos, y decidir sin mediaciones
ni representantes, asuntos que afectan a sus vidas y que normalmente dividen a
la sociedad.
En este contexto, hay
quienes afirman que las iniciativas populares para consultar al pueblo se le han
ido de las manos a los gobiernos en los EUA, esto a pesar de que su modelo de
gobierno es típicamente una democracia representativa. Entretanto, en las autoproclamadas
democracias participativas (usualmente de corte populista), sigue predominando el
decisionismo directo de los gobernantes de turno y las iniciativas populares
suelen entorpecerse con formalismos y leguleyismos que buscan solamente
restringir al máximo la participación directa del pueblo en la solución de
algún asunto público (como está ocurriendo en Venezuela con las restricciones
impuestas por las autoridades a la convocatoria de un referéndum revocatorio).
Lo malo no es que sigan
decidiendo los gobernantes, que estaría razonablemente bien si lo hacen con el argumento
de ejercer su liderazgo, elegir la decisión que consideran correcta y asumir su
responsabilidad personal. Lo malo es que suelen autoproclamarse intérpretes
auténticos de la voluntad del pueblo y dicen tomar una decisión en nombre del pueblo.
Lo que ellos deciden es lo que quiere el pueblo, y sería el pueblo (no él, el
gobernante) el responsable de la decisión.
Así de falaz es la democracia
participativa en algunos países.