miércoles, 2 de noviembre de 2011

La buena fe en la Política


Los contratos deben ejecutarse de buena fe…”
Artículo 1.160 del Código Civil          
La discrepancia surgida entre Primero Justicia (PJ) y otros sectores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) debe analizarse en el marco del Reglamento de selección de los candidatos de la MUD, aprobado en mayo del 2011 y enmendado en julio del mismo año. Dicho Reglamento norma la selección de los candidatos de la MUD para los cargos de Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes en las elecciones de 2012 (Art. 1), y establece dos procedimientos para escoger a los candidatos: “mediante acuerdos unitarios o elecciones primarias” (Art. 3).
 “La selección del candidato presidencial se realizará mediante una elección primaria nacional” (Art. 5), que se celebrará el próximo 12 de febrero del 2012 (Art. 6) y a la cual pueden concurrir cualquiera de los actuales gobernadores, como en efecto quieren hacerlo los gobernadores de Miranda y de Zulia, Henrique Capriles Randonski (HCR) y Pablo Pérez (PP). Pero surgió en la MUD una interrogante; ¿cómo debía procederse en caso de que un gobernador en ejercicio aspirara al cargo de Presidente? En caso de perder, ¿podría aspirar a la reelección como gobernador?
La solución que se escribió en el Reglamento y que firmaron todos los partidos de la MUD, incluyendo PJ y Un Nuevo Tiempo (UNT), donde militan HCR y PP, fue la siguiente:
1.      La regla general es que los candidatos a gobernadores por la MUD deben seleccionarse por elecciones primarias del estado respectivo; salvo, y he aquí una primera excepción, que se produzca un acuerdo unitario en torno a una determinada candidatura (Art. 7). Habrá acuerdo unitario cuando alguna candidatura tenga el respaldo de una mayoría de fuerzas políticas MUD que sume el 70% de los votos-lista obtenidos por la Unidad en el respectivo estado, en las elecciones legislativas del 26 de septiembre del 2010 (Art. 8).
2.      Pero hay otra excepción. En el caso de gobernadores de la unidad que aspiren a la reelección, los actuales gobernadores serán los candidatos unitarios, a menos que, y esta es una excepción a la excepción, una mayoría de partidos que representen el 55% de los votos-lista de la MUD en la elecciones parlamentarias del 2010, en el estado correspondiente, soliciten elecciones primarias en ese estado (Art. 10).
3.      Faltaba por resolver el caso del gobernador en ejercicio que se postule a un cargo de elección popular diferente, como es el caso de HCR y PP, quienes son gobernadores en Miranda y Zulia pero quieren postularse al cargo de Presidente de la República. En tal caso, el Reglamento ofreció una solución explícita: “la Mesa Nacional, por una mayoría de sus miembros que refleje al menos el 70% de la votación lista para la Asamblea Nacional, podrá diferir por 45 días la convocatoria de elección primaria para la candidatura al cargo que quedaría vacante o declarar candidato por consenso en la entidad respectiva,…” [Subrayado y negrillas nuestros].
En síntesis, la solución que se pactó en el Reglamento fue la siguiente:
·         Si HCR y PP aspiran a la reelección como gobernadores, AMBOS conservan todavía la opción preferencial a ser los candidatos unitarios en las gobernaciones de Miranda y Zulia, salvo que la solicitud de Primarias tenga respaldo de una mayoría de fuerzas políticas MUD que sume el 55% de los votos-lista obtenidos por la Unidad en el respectivo estado, en las elecciones legislativas del 26-S 2010.
·         Ahora bien, si HCR y PP aspiran al cargo de Presidente de la República, necesariamente deben inscribirse en la Primaria Nacional, y en caso de que pierdan, conservarán su opción preferencial a ser los candidatos unitarios en las gobernaciones de Miranda y Zulia, pero solamente si después de la Primaria Nacional no se ha escogido aún, por Primarias o por Acuerdo, los candidatos a esas gobernaciones.
·         Para conservar las opciones preferenciales a la reelección de HCR y PP, la MUD “podrá diferir por 45 días la convocatoria de Primarias en esos estados, o de declarar candidato por consenso, mediante “una mayoría de sus miembros que refleje al menos el 70% de la votación lista para la Asamblea Nacional”. Según un antiguo principio de Derecho, el uso de verbo “podrá” le confiere discrecionalidad a la MUD para tomar su decisión, y autoriza a la mayoría para actuar según su prudente arbitrio, consultando lo que considere más equitativo o racional, según la justicia y la imparcialidad.
En otras palabras, la MUD no tiene la obligación de postergar las Primarias en Miranda y Zulia, ni de diferir una escogencia por consenso; pero “podrá” hacerlo, sólo si considera que es lo más equitativo, lo más justo y lo más imparcial, y solamente si así lo decide una mayoría de 70% (porque una mayoría inferior tampoco puede decidirlo).
Esta solución tal vez sea buena, o tal vez sea mala, pero en definitiva es la solución que se pactó en el Reglamento, la que firmaron todos los partidos de la MUD, incluyendo PJ y UNT, y es la que aplica para resolver los casos de HCR y PP. Uno intuye que para firmar este Reglamento, PJ ponderó las ventajas y los riesgos de esta solución, y calculó que no sería fácil tener la mayoría calificada para alcanzar el 70% requerido por el Reglamento y lograr un diferimiento. Aún así firmó el Reglamento. Y el Reglamento no es un asunto menor, porque ese Reglamento contiene las reglas de juego que los partidos y políticos de la MUD prometieron cumplir, y las reglas de juego que uno espera sean cumplidas.
Lo que aparentemente sucedió el lunes en la noche es que la MUD decidió realizar las Primarias regionales el mismo día de la Primaria Nacional, o lo que es lo mismo, hacer primarias en los estados Miranda y Zulia el 12 de febrero de 2012 y no 45 días después, como lo había solicitado Primero Justicia y supuestamente se había acordado.
A primera vista, la decisión de la MUD es justa y equitativa pues aplica para ambos candidatos, y por tanto ambos pierden su opción preferencial a reelegirse como gobernador. Es decir, ni HCR ni PP podrán optar a la reelección como gobernador. Pero el “doble rasero” que ayer denunció PJ tiene que ver, aparentemente, con la sospecha que tiene PJ de que PP pierda la Primaria Presidencial y sobrevenidamente se produzca un Acuerdo Unitario, con los votos de AD y UNT, para que PP sea candidato a gobernador del Zulia. Aunque esto no ha ocurrido aún, es posible que ocurra, e incluso estaría ajustado al Reglamento de la MUD. De modo que lo ocurrido el lunes en la noche, y lo que pueda ocurrir después, está ajustado al Reglamento que voluntariamente pactaron los partidos de la MUD. Y todo esto ha debido medirlo y calcularlo oportunamente PJ.
Desde luego, más allá del Reglamento, en algo tiene razón PJ: un antiguo principio de Derecho reza que los pactos deben ejecutarse de buena fe y con arreglo al espíritu de la norma y a la intención de las partes, y convertir sobrevenidamente a PP en candidato a gobernador del Zulia, por vía de un Acuerdo Unitario, seguramente es sería “legal” pero indudablemente sería también un acto de mala fe y alejado del espíritu de unidad que inspiró la firma del Reglamento y que aún prevalece en los ciudadanos democráticos. Y un acto que por lo tanto, los ciudadanos tendremos que repudiar, si fuere el caso.
Pero, ¿quién dijo que en Política se juega siempre de buena fe? Políticos honestos y de buena fe hay, y muchos, y además la buena fe se presume... Pero la experiencia dice que los Políticos no siempre juegan de buena fe.

miércoles, 19 de octubre de 2011

¿Un Directorio autónomo e imparcial?

Este Directorio de Responsabilidad Social como órgano autónomo y como Cuerpo colegiado, después de una rigurosa revisión de orden técnico y objetiva… luego de esa ponderación estrictamente jurídica, objetiva, imparcial, ha decidido de manera unánime, los 11 integrantes de este Directorio, sancionar al prestador de servicios Globovisión…”,
Pedro Maldonado
Director de CONATEL
Rueda de prensa 18/10/2008
Conforme al artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el Directorio de Responsabilidad Social debe tener doce (12) integrantes, no once (11), y está integrado así:
1.      Pedro Maldonado, DIRECTOR GENERAL DE CONATEL, designado por el Presidente de la República. Anteriormente fue Director General de Derechos Humanos del Ministerio para las Relaciones interiores y Justicia (en cuyo carácter se encargó de la expulsión de Miguel Vivanco de Venezuela)[1] y Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías [SAREN], adscrito al mismo Ministerio.
2.      Ysbelia Montiel, representante designada por el MINISTRO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Es vocera nacional del Frente Indígena Cacique Waikae'purú, organización que ella misma inscribió el pasado viernes 14 de octubre en el Gran Polo Patriótico “para la misión 7 de Octubre, donde el Presidente Chávez será reelegido por todos los venezolanos[2].
3.      Gipsy Gastello Salazar, representante designada por el MINISTRO PARA LA CULTURA. Es –o fue– Directora de Comunicación de ese Ministerio[3] y en su perfil de Twitter se proclama “periodista revolucionaria”, apenas ayer escribió: “seguimos en la lucha por la construcción de la Patria Socialista.[4].
4.      Fanny Febles, representante designada por el MINISTRO PARA LA EDUCACIÓN. Quien es –o fue–Presidenta de Colombeia TV[5], estación de televisión adscrita al Ministerio de Educación.
5.      Dora Rojas Veriguete, representante designada por el MINISTRO PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
6.      Rosario Pacheco, representante designada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER. Militante del partido de gobierno PSUV, fue diputada a la Asamblea Nacional en la anterior legislatura, y presidió la Subcomisión de Medios de dicha Asamblea[6], en cuyo carácter celebró la clausura de Radio Caracas Televisión y afirmó: “la población venezolana debe mantenerse alerta para no dejarse manipular por otro grupo editorial como lo es Globovisión[7]. Es –o fue– Directora de YVKE Mundial en el estado Nueva Esparta, estación de radio bajo control del Gobierno.
7.      Elizabeth Santos, representante designada por el INDEPABIS. Es –o fue– Directora de Relaciones Institucionales de ese Instituto[8], también Coordinadora de Promociones[9] de ese Instituto.
8.      Alba Bedoya, representante designada por el INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
9.      Samir Luzardo, representante de una Organización de Usuarios inscrita en CONATEL. En su Twitter se proclama “progresista, revolucionario”, abiertamente simpatizante del Presidente Chávez y del Gobierno[10].
10.  Pedro Pietro, representante de una Organización de Usuarios inscrita en CONATEL. Es –o fue– Coordinador de Comunicación e Información de los Círculos Bolivarianos del Alto Apure y ha participado en el rescate de asentamientos campesinos en ese Estado[11].
11.  Elías Rincón, representante de las iglesias. Es –o fue– Apóstol Presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Venezuela. No es funcionario público ni militante del oficialismo, aún así, en una carta que le dirigió al Presidente Chávez en noviembre del 2005, manifestó explícitamente: “La casi totalidad de los líderes y feligreses que conformamos las organizaciones que suscriben este documento, hemos estado respaldando el proceso de cambios que se vive en nuestro país  y  que Ud. lideriza,…”.
12.  Un docente en representación de las escuelas de comunicación social de las universidades nacionales. Este cargo está VACANTE desde que falleció el profesor Nilo Fernández en noviembre del 2010, y hasta donde sabemos, el Director de CONATEL no ha convocado a la Asamblea prevista en la ley para escoger a u nuevo representante. ¿Será porque su suplente es Asalia Venegas, quien además es Secretaria Permanente del Consejo Nacional de Universidades y es –o fue– directiva de la Televisora Venezolana Social [TVES]?
No queremos acá cuestionar los oficios, funciones y ni siquiera las simpatías políticas o ideológicas que tengan o puedan tener los integrantes del Directorio de Responsabilidad Social, pues al fin y al cabo, ellos, como cualquier venezolano, tienen derecho de acceder a la función pública y libertad para militar en el partido político o corriente ideológica que prefieran.
Pero, lo que no puede hacerse, ni es ético, es tratar de engañar a los venezolanos sobre la supuesta autonomía e imparcialidad del Directorio de Responsabilidad Social, cuando lo cierto es que dicho Directorio está integrado por ocho (8) funcionarios públicos y/o personas designadas por el Ejecutivo Nacional, y cuatro (4) representantes de la sociedad organizada que son –todos– simpatizantes de la “revolución bolivariana” y/o del Gobierno del Presidente Chávez.
Hay que ser muy ingenuo para creer que el Directorio de Responsabilidad Social es un “órgano autónomo”; que tiene la capacidad de hacer, sin interferencia del Gobierno, una ponderación estrictamente “objetiva [e] imparcial” del expediente sancionatorio; y que tiene la capacidad de juzgar imparcialmente a Globovisión. Solamente una composición tan sesgada del Directorio puede explicar que el principal canal controlado por el Gobierno, Venezolana de Televisión [VTV], viole reiteradamente la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos con total impunidad, y sólo una composición tan sesgada puede explicar las características de la sanción a Globovisión y la naturaleza de los argumentos empleados para justificar dicha sanción, pero ese será otro tema, al que nos referiremos en otra oportunidad.
Caracas, 19 de octubre de 2011


[1]   http://ensartaos.com.ve/index.php?q=node/2087
[2]   http://www.minpi.gob.ve/minpi/es/noticias/1128-1024
[3]   http://www.ministeriodelacultura.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42
[4]   http://twitter.com/#!/gipsygastello
[5]   http://www.inces.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=1057&Itemid=216
[6]   http://www.reporteconfidencial.info/noticia/21882/rosario-pacheco-dirige-radio-mundial-margarita-am-/
[7]   http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=22082&Itemid=27
[8]   http://www.7medios.com/index.php/2011/06/03/el-dato-vocera-de-la-red-de-inquilinos-es-funcionaria-del-gobierno/
[9]   http://www.indepabis.gob.ve/noticias/indepabis_detiene_la_publicidad_enga%C3%B1osa_en_el_centro_comercial_millenium

miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Derecho innominado del Procurador

La inmunidad de jurisdicción constituye un principio universal de Derecho Internacional que implica que los Estados no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello.
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional
Hace dos días, Carlos Escarrá se estrenó en el cargo de Procurador General de la República, al anunciar públicamente que presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una “Acción Innominada de Control de la Constitucionalidad” contra la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Leopoldo López. Según Escarrá, esta Acción Innominada fue elaborada sobre la base de un “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo”, en el que se detectaron varias situaciones, una de ellas, la violación de “un principio de inmunidad de respeto de los Estados”, es decir, del principio de inmunidad de jurisdicción [1], un antiguo principio del Derecho Internacional que –en su concepción original– implicaba que ningún Estado podía ser sometido a la jurisdicción de un tribunal extranjero o internacional.
Todo parece indicar que el “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo” fue insuficiente toda vez que, de haberse estudiado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría se habría enterado que la Sala Constitucional no admite el ejercicio de acciones innominadas, y que el principio de inmunidad de jurisdicción no aplica cuando el Estado ha consentido voluntariamente en someterse a la jurisdicción internacional.
1.      El Procurador y su equipo han calificado a su acción como “innominada” (que carece de nombre o denominación) porque no está prevista en la Constitución ni en la Ley; en palabras más sencillas, la Procuradoría se “inventó” esta acción pues en ninguna parte de la Constitución o de la ley venezolana se contemplan acciones de inconstitucionalidad contra sentencias de la CorteIDH. [2]
El caso es que, mediante sentencia del 20 de julio del 2009 (N° 1003), la Sala Constitucional del TSJ rechazó una “Acción innominada de Cumplimiento Forzoso” y le ordenó al accionante que rectificara su acción pues a su juicio, no se apreciaba claramente cuál era la pretensión [3]. Pero más recientemente, en una sentencia del 04 de agosto de este año (N° 1320), la Sala Constitucional fue aún más enfática y recriminó a los accionantes del caso (Fedecámaras y otros) por ejercer una acción no-prevista en el ordenamiento jurídico. “Esta Sala –afirmó el Tribunal– asegura la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, para lo cual resulta necesario que se consolide la coherencia en el ejercicio de las acciones, recursos y solicitudes que dispone el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de los particulares”. Y en razón de ello, concluyó la Sala:
… constituye una carga de los interesados interponer conforme al ordenamiento jurídico, las acciones o recursos que considere pertinentes en resguardo de lo que considere su situación jurídica infringida -o la una colectividad o de la sociedad en general-, lo cual no comporta una libertad en torno a la posibilidad de intentar al margen del régimen jurídico estatutario cualquier solicitud y; por contrario compele a la necesidad de ejercer las acciones correspondientes -vgr., nulidades, demandas o interpretaciones-… y garantizar la referida coherencia del sistema de justicia.” [4]
Explicado en palabras más sencillas, ningún abogado de la República, incluyendo el Procurador General, goza de libertad para interponer acciones judiciales al margen de la Constitución o de la Ley; por el contrario, el Procurador General tiene la obligación de ser coherente en el ejercicio de las acciones y recursos que contempla el ordenamiento jurídico para la protección de la Constitución, y en consecuencia, de presentar únicamente acciones nominadas y que estén en el ámbito de competencias de la Sala Constitucional. Lo contrario es atentar contra la coherencia del sistema de justicia, y esto es mucho más grave si quien lo hace es el Procurador General de la República, dicho sea de paso con el aparente propósito de intentar justificar una jugarreta contra la eficacia plena de la Constitución.
2.      Por otro lado, podríamos anotar acá una diversidad de argumentos para refutar el alegato de inmunidad de jurisdicción que equivocadamente alegó el Procurador. Pero, para no ser acusado de apátrida o de traidor a la Patria, prefiero repetir lo que ha sentenciado la Sala Constitucional del TSJ: “la inmunidad de jurisdicción de los Estados constituye un principio universal de Derecho Internacional Público (par in parem non habet jurisdictionen), que implica que éstos no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello…” (Sentencia N° 954 del 24 de mayo del 2004) [5], y que ha repetido también la Sala Político-Administrativa: “La inmunidad de jurisdicción es el principio según el cual ningún Estado, a menos que consienta en ello voluntariamente, puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado…” (Sentencia N° 1967 del 19 de septiembre del 2001) [6].
Venezuela ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de junio de 1977, y aceptó expresamente la competencia de la CorteIDH el 24 de julio de 1981. Esto lo sabe bien el Procurador General, y si no, que se lea el Informe de Gestión 2006 presentado por la actual Fiscal General de la República:
Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para nuestra República en razón de que Venezuela aceptó su competencia contenciosa en fecha 24 de julio de 1981, lo cual implica que reconoce y admite no solamente someterse a su jurisdicción obligatoria con relación a los casos en los que esté directamente involucrado, sino también en lo vinculado a la interpretación o aplicación que efectúe dicho tribunal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cualquier caso bajo su conocimiento[7].
Por lo tanto, por muy elocuente y adornado que quiera ser el discurso del Procurador para confundir a los venezolanos de buena fe que no son expertos en este tema, lo cierto es que el Procurador General no puede alegar en este caso la inmunidad de jurisdicción si como se demostró, en julio de 1981 Venezuela consintió libremente en someterse a la jurisdicción de la CorteIDH.
Aún más irrazonable es este alegato del Procurador si como es público y notorio, el Gobierno de Venezuela designó abogados en el juicio de Leopoldo López, compareció en el juicio, presentó sus alegatos, presentó pruebas y finalmente esperó por su sentencia. ¿Cómo puede entonces el Procurador alegar inmunidad de jurisdicción después de que Venezuela se sometió voluntariamente al proceso?
Los venezolanos no podemos aceptar que el Gobierno de Venezuela acate y ejecute las sentencias de la CorteIDH o de cualquier otro tribunal, pero sólo cuando la sentencia lo favorece. En términos deportivos, esto es tanto como decir que después de boxear 12 rounds, el boxeador derrotado desconoce al árbitro porque su veredicto no lo favoreció. Y seamos sinceros, ni siquiera los fanáticos de ese boxeador aceptarían esto.
¿Y este es el mismo Gobierno que le exige a la Oposición el compromiso de respetar los resultados que anuncie el árbitro electoral?

[1]http://www.vtv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=68343:procuraduria-interpone-ante-tsj-accion-de-control-contra-sentencia-en-caso-de-leopoldo-lopez-&catid=49:nacionales&Itemid=102
[2]    La Constitución faculta a la Sala Constitucional únicamente para verificar “la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación” (Art. 336.5), pero en ninguna parte de la Constitución se le permite verificar la constitucionalidad de los tratados después de que fueron ratificados, y mucho menos se faculta a la Sala Constitucional para verificar la constitucionalidad de sentencias judiciales derivadas de tratados internacionales ya ratificados.
[3]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1003-20709-2009-09-0241.html
[4]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1320-4811-2011-10-1388.html
[5]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/954-240504-03-0859.htm
[6]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Septiembre/01967-190901-01-0289.htm
[7] Véase http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=34812&folderId=34537&name=DLFE-946.pdf. Pág. 75. Por cierto, también la Fiscal General de la República quiere desacatar la sentencia de la CorteIDH, a pesar de lo que afirmó en su Informe del 2006.

jueves, 15 de septiembre de 2011

El valor de la educación


La educación es un privilegio que no puede
dejarse en manos de los burócratas…”,
Julián  Casanovas
Cada vez está más claro que nuestra riqueza nacional… no fue a parar a la educación. La educación, como podemos comprobar un día sí y otro también, no es una de nuestras glorias nacionales,… Y aunque los políticos suelen hablar de la educación, la mayoría de ellos no sienten ninguna devoción hacia ella y prefieren, por el contrario, estimular la ignorancia, la burricie y la estupidez.
… En términos generales, nuestros políticos sienten atracción por el poder, la comunicación, es decir, salir mucho en los medios, y por sus votantes, aunque solo por los más fieles. Como para lograr todo eso no necesitan estudiar, sentir el amor por el conocimiento, la educación les trae sin cuidado. Hablan, eso sí, de formación, pero, en realidad, quieren decir preparación, adquirir crédito profesional a través de un título, ganar dinero fácil y con rapidez. La formación es otra cosa.
Como ocurre con casi todo en la vida, no hay una única y simple verdad sobre la educación, pero hay un acuerdo bastante básico entre los especialistas en señalar que la educación significa el desarrollo integral de los individuos más allá de la preparación profesional, algo que incluye necesariamente comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. La educación es una guía imprescindible para captar los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. Conocimiento, respeto por las personas y ambición por ampliar los estrechos horizontes de la pequeña comunidad de vecinos, familia y amigos en la que cada uno habitamos. Esas son tres cualidades básicas de la educación…
Una persona educada debe ser capaz de pensar y escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar críticamente, algo que debería ser un requisito imprescindible para los estudiantes universitarios…
Una buena educación, además, debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias, de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado, de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad. No se puede ser provinciano, solo del pueblo o ciudad donde uno ha nacido, sin aspirar a aprender de verdad otros idiomas, ignorando a las otras culturas o los hechos históricos que han contribuido a configurar el presente. La educación debería servir también, por supuesto, para adquirir especialización o formación profesional en algún campo de conocimiento. De una persona educada, en fin, se espera que tenga algún conocimiento sobre los problemas éticos y morales, en constante cambio, que pueda ayudarle a formarse un juicio sólido y elegir entre las diferentes opciones.
El salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, a una apreciación crítica de las cosas, a la formación profunda, puede resultar una ambición inalcanzable, pero hay que perseguirla con ahínco a través del estudio continuo, del estímulo del hábito de la atención, del arte de la expresión y del pensamiento crítico. Desarrollar los poderes del razonamiento y del análisis no es algo que se estimule mucho entre nosotros,…
La educación es un privilegio que no puede dejarse en manos de los burócratas, de los amantes de las estadísticas y del currículo, de quienes desprecian a los profesores y limitan su autoridad ante los alumnos, los padres y la sociedad en general. En los tiempos en que vivimos, rodeados de ordenadores y tecnología moderna, la información puede adquirirse sin demasiada dificultad. La educación necesita mucho más, aunque en España todavía no nos hayamos enterado.
Seguramente el lector creyó, a lo largo de esta lectura, que tan larga cita y juicio sobre el valor de la educación estaba referido a Venezuela, pero no, en realidad apareció publicado hoy en El País de España y su autor es Julián Casanovas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, quien cuestiona la calidad de la educación en ese país. La realidad de la educación en Venezuela no dista mucho de lo que escribe el profesor Casanova sobre la realidad en España, y tal vez hasta sea peor, de modo que no está demás reivindicar sus reflexiones y proponer que la educación en Venezuela no sea solamente un medio de preparación profesional para adquirir especialización o formación en algún campo de la ciencia, sino también un salto al conocimiento informado, a la apreciación crítica de las cosas y a la formación profunda. Y para ello:
·         La educación, en todos sus niveles, debe fundamentarse en el conocimiento, el respeto por las personas y la ambición por ampliar los horizontes de la comunidad en la que cada uno habitamos;
·         La educación, y sobretodo en los primeros niveles, debe enseñar a pensar y escribir con claridad, a comunicar con precisión y a pensar críticamente;
·         La educación debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, así como conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias; de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado; de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad; y de otros idiomas, culturas y hechos históricos que han contribuido a configurar el presente de la humanidad;
·         En fin, de la educación se espera que ofrezca a todos los venezolanos, sin discriminación, no solo formación o especialización en algún área de la ciencia, sino también conocimiento sobre los problemas éticos y morales de la humanidad, para que estén en capacidad de formarse juicios consistentes y elegir libremente la mejor opción entre las diferentes disponibles.
Y desde luego, la educación no puede dejarse en manos de los políticos ni de los burócratas, es una responsabilidad principalmente de los padres y de las familias, y en general de toda la sociedad.

lunes, 5 de septiembre de 2011

La reforma constitucional de España en perspectiva


Por: JAVIER PÉREZ ROYO
Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Sevilla
 Asistimos a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional europeo. Es una exigencia para la supervivencia de la Unión Europea, pero que nos sitúa ante una limitación de soberanía… Pero así, con limitaciones de soberanía, es como se ha ido construyendo la Unión Europea.
Sin Dinero no hay Estado. Esto ya nos lo enseñó Hamilton en El Federalista (Capítulo XXX): "El dinero ha sido considerado, con razón, como el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene su vida y movimiento y le permite ejecutar sus funciones más vitales". Esta es una regla que, en términos absolutos, no admite excepción. De ahí que las relaciones entre el Estado y su moneda y su deuda sean un indicador de primera importancia para conocer el estado de salud tanto del primero como de las segundas. Y de ahí también que no haya tarea en la que el Estado ponga más empeño que en dar garantías respecto del valor de su moneda y del pago de su deuda.
Hasta la fecha ha sido muy infrecuente que el Estado haya recurrido a la Constitución en esta tarea. Pero en algunos casos sí ha ocurrido. En Estados Unidos, tras la guerra civil, se incluyó en la XIV Enmienda una garantía del pago de la deuda. A dicha garantía se ha hecho referencia en el reciente debate sobre la elevación del techo de la deuda, llegándose a sostener que el presidente podía no necesitar el concurso del Congreso para seguir haciendo frente al pago de la misma. Pero la opinión dominante en el país considera que la garantía de la XIV Enmienda está muy vinculada a la deuda contraída durante la guerra civil y no tiene alcance general. En consecuencia, se ha considerado que la decisión del Congreso era insoslayable.
El precedente más expresivo es, sin duda, el de la reforma constitucional de 1926 en la Francia de la Tercera República. Vale la pena recordarlo. "En 1926, en un momento en que la moneda francesa estaba próxima al hundimiento, especialmente porque la deuda pública era enorme y porque los ahorradores no tenían confianza en el Estado, en particular en su capacidad de pagarla en su integridad, el antiguo presidente de la República, Raymond Poincaré, volvió a formar un Gobierno que tenía ante todo como objetivo dar seguridad a los prestamistas del Estado, con la finalidad de salvar la moneda. Decidió, en consecuencia, proceder a una revisión constitucional instituyendo una Caja pública, la Caja Autónoma de Amortización, que estaría gestionada independientemente del Estado y que se alimentaría de recursos propios constitucionalmente garantizados: los derechos de sucesión, la tasa de la primera transmisión de inmuebles posterior a la entrada en vigor de la reforma y las rentas del monopolio del tabaco y de las cerillas. Esta Caja tenía como única tarea la de amortizar la deuda del Estado reembolsándola gracias a los recursos que le estaban afectados. Para hacer comprender a los ciudadanos que se trataba de un compromiso solemne del Estado y que los Gobiernos ulteriores no podrían modificar estas reglas sin encontrar obstáculos difícilmente superables, el Gobierno Poincaré solicitó y obtuvo del Parlamento una revisión constitucional inscribiendo estas reglas en la Constitución. Estas reglas, sin embargo, no conciernen a los órganos superiores del Estado: se trata, al contrario, de crear una institución secundaria, pero autónoma, cuyas funciones están excluidas de las competencias de los órganos superiores del Estado".
En estos términos comentaba 33 años más tarde el profesor Jacques Cadart (Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 2ª ed. LGDJ París 1979, T. I, p. 121) la reforma constitucional aprobada mediante la Ley Constitucional de 10 de agosto de 1926. Una norma que no es materialmente constitucional se había convertido en formalmente constitucional, con la finalidad de salvar la moneda y garantizar el pago de la deuda. En realidad, la reforma iba más lejos de lo que el propio profesor Cadart dice, ya que contenía una cláusula suplementaria para el caso de que no fueran suficientes los recursos expresamente mencionados, que consistía en la inclusión anualmente en los Presupuestos Generales del Estado de una cantidad adicional igual al montante de tales recursos. En ningún caso se admitiría el impago de la deuda. Este era el mensaje. La Constitución se incorporaba de manera inequívoca a una operación de salvamento de la moneda y de garantía de la deuda. El parecido entre la reforma francesa de 1926 y la que está en debate en España en este 2011 salta a la vista, aunque también lo hacen las diferencias entre una y otra.
En ambos casos hay una respuesta a una situación de emergencia. Pero en 1926 había solamente eso, mientras que en 2011 en España la respuesta va a ir mucho más allá de la emergencia, para incorporarse establemente a la Constitución.
La reforma constitucional que se está tramitando en España tiene su origen en la necesidad de dar respuesta a una emergencia, pero es en el fondo un episodio en el proceso de constitucionalización de la Unión Europea [UE], que tiene un precedente en la reforma constitucional alemana de 2009 y que va a ser seguida por reformas constitucionales en, por lo menos, los países que comparten el euro como moneda, aunque previsiblemente se extenderá a los demás.
Estamos asistiendo a los primeros pasos de una innovación en el Derecho Constitucional Europeo de importancia extraordinaria, aunque dicha innovación no vaya a ser el resultado de una decisión constituyente europea, sino de la suma de decisiones constituyentes de los distintos países que integran la UE. Alemania, como viene ocurriendo por lo demás en el Derecho Constitucional Europeo posterior a la II Guerra Mundial, ha empezado marcando el camino, pero después lo vamos a acabar recorriendo todos los demás. España es la que lo está haciendo en primer lugar, pero no va a ser la última en hacerlo.
Hacer de la necesidad virtud. De eso es de lo que se trata. La UE tiene una moneda única y una política monetaria única, pero ni tiene ni puede tener en las circunstancias actuales y en el tiempo en que es posible hacer predicciones una política económica y una política fiscal única. Las tensiones entre esta unidad, por un lado, y ausencia de unidad, por otro, han sido manejables hasta que la crisis económica ha hecho acto de presencia con la intensidad con que lo ha hecho. Han dejado de serlo. Y si no se encuentra una fórmula, no para manejar las tensiones, sino para evitar que vuelvan a producirse, continuar avanzando en el proceso de construcción de la UE será sencillamente imposible.
La reforma de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria y fijar el límite del déficit de todas las administraciones públicas es la expresión de la voluntad del Estado  español de seguir avanzando en el proceso de construcción de la UE. Puesto que no es posible todavía una Constitución Europea, hay que homogeneizar al menos las Constituciones de los distintos países en un tema tan decisivo como este.
Lo que no ha formado parte del Derecho Constitucional de cada uno de los países que han constituido la UE, tiene que pasar a formar parte del mismo, al menos para aquellos que comparten el euro como moneda. Formalmente va a ocurrir como consecuencia de una decisión constituyente soberana de cada uno de los países a través de sus órganos constitucionales competentes para ello. Pero materialmente es una exigencia de la supervivencia de la UE.
Esta exigencia vale para todos los países de la Unión, aunque se viva de manera muy distinta en unos y otros. Hay países que no tienen que soportar ninguna presión sobre su deuda y que no tienen que hacer frente, en consecuencia, a ninguna emergencia y hay otros a los que nos ocurre lo contrario. Pero la amenaza para la supervivencia de la UE afecta a todos los europeos.
La reforma constitucional en este terreno no es una reforma española sino europea, como también lo fue la que se hizo en 1992 para hacer posible la ratificación del Tratado de Maastricht. Lo que ocurre es que esta tiene un calado incomparablemente mayor y nos sitúa ante una limitación de soberanía mucho más visible. Pero así, con limitaciones de soberanía, es como se ha ido construyendo la Unión Europea.
05/09/2011