viernes, 31 de diciembre de 2010

Nueva tipología de Instituciones de Educación Universitaria


Todas las instituciones de educación universitaria son públicas,
puestas al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo
…”,
Artículo 12 de la nueva Ley de Educación Universitaria
Conforme al artículo 2 de la Ley de Educación Universitaria [LEU] sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 23 de diciembre del 2010, cuya promulgación y publicación oficial es inminente, esta se aplica a la sociedad y en particular a las personas naturales y jurídicas, instituciones universitarias de carácter oficial, las de gestión popular, las de gestión privada y demás organizaciones que componen el Subsistema de Educación Universitaria. De esta forma, la Ley elimina la distinción hoy día vigente entre universidades nacionales y universidades privadas; entre universidades nacionales llamadas “autónomas” y universidades nacionales experimentales; y elimina también al Consejo Nacional de Universidades [CNU], una instancia de coordinación del sector universitario que por no estar integrada a la jerarquía del Poder Ejecutivo y al estar fundamentalmente compuesta por los rectores universitarios, es una garantía de la autonomía y por ello, un componente fundamental del sistema autonómico universitario.
En lugar de lo anterior, la LEU define a las instituciones de educación universitaria como “organizaciones que integran y desarrollan los procesos de formación integral, creación intelectual e interacción con las comunidades, para la consecución de los fines de la educación universitaria y del Estado” (Art. 12), en otras palabras, serán organizaciones que integran y desarrollan lo que hoy día conocemos como docencia, investigación y extensión, para conseguir al menos los siguientes fines (Art. 5):
1.    Formar en, por y para el trabajo creador y liberador, que proporcione la mayor satisfacción posible a los trabajadores, que consolide el modelo productivo endógeno y sustentable, las nuevas relaciones solidarias y de cooperación en el trabajo y modelos de organización productiva de propiedad y gestión social, en la búsqueda de la independencia y la soberanía científica y tecnológica del país.
2.    Construir proyectos, perspectivas, alternativas, programas e innovaciones que contribuyan a crear y consolidar la plataforma científica tecnológica de un nuevo modelo social incluyente, orientado a satisfacer las necesidades del pueblo y superar las desigualdades sociales.
3.    Desarrollar el talento humano al servicio de la transformación cultural educativa para la formación de una nueva ciudadanía que se cultiva en el espacio de lo público con elevada conciencia social y conducta ética.
4.    Consolidar la unión e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe de Nuestra América, del Sur y del mundo, bajo la perspectiva pluripolar de la nueva geopolítica internacional y la solidaridad en la lucha contra toda forma de discriminación e injusticia.
En atención a los artículos 12 a 18 de la LEU, se clasifica a las instituciones de educación universitaria según su naturaleza y según quién la gestione, dando origen a la siguiente tipología:
1.    IEU de carácter oficial: creadas por el Ejecutivo Nacional, parte integrante de la Administración Pública Nacional y su financiamiento es de origen fiscal. Sus programas de formación hasta el nivel de pregrado universitario deben ser gratuitos. Se clasifican a su vez en:
A.   Universidades oficiales: Desarrollan de forma integral e integrada sus procesos fundamentales en las diversas áreas del conocimiento. Todas serán nacionales y su denominación estará sujeta a la naturaleza, vocación y objetivos de las mismas. Tendrán la naturaleza jurídica de entes descentralizados funcionalmente con forma de Derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscritas presupuestariamente al Ministerio de Educación Universitaria.
B.   Institutos universitarios de Estado: Sus procesos fundamentales están dirigidos a la formación en áreas, ámbitos y especialidades específicas requeridas para el cumplimiento de funciones de organismos y entes del Estado. Podrán desarrollar programas de pregrado o postgrado, en campos de conocimiento orientados al estudio de problemas de las diversas dimensiones de la realidad, en correspondencia con los planes de desarrollo nacional. Tendrán la naturaleza jurídica de órganos desconcentrados del Ministerio al que corresponda, según el Decreto de creación respectivo.
2.    IEU de gestión popular: creadas por iniciativa de las organizaciones del Poder Popular, previa autorización del Ejecutivo Nacional, autogestionadas o cogestionadas con el Estado. Estarán especialmente orientadas a la autoformación colectiva, integral, continua y permanente del pueblo en las diversas áreas del saber, a fin de establecer las condiciones de organización y autoorganización popular para impulsar y consolidar las nuevas relaciones sociales de producción, en el marco de la construcción de la Patria Socialista Bolivariana. Podrán ser financiadas con recursos propios, públicos o mixtos. No se indica explícitamente si pueden ser universidades o institutos universitarios.
3.    IEU de gestión privada: Serán “aquellas propuestas por fundaciones que tengan como fin exclusivo desarrollar los procesos fundamentales de la educación universitaria en las diversas áreas del saber”, y el Ejecutivo Nacional “podrá otorgar la autorización de creación y funcionamiento, previo cumplimiento de los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de planta física y los demás que establezca el Ministerio con competencia en materia de educación universitaria”.
Nada establece la LEU en cuanto a la naturaleza jurídica de las IEU de gestión popular, y en cuanto a las de gestión privada, se señala que tendrán forma jurídica de fundaciones. No obstante, el artículo 12 de la LEU prescribe que “Todas las instituciones de educación universitaria son públicas, puestas al servicio del logro de la suprema felicidad social del pueblo…”, lo que aparentemente significa que todas las IEU, sin distinción alguna, oficiales o no, serán públicas. Si así fuere, el artículo 12, conectado con otros contenidos en la Ley, implicarían la estatización o nacionalización de toda la educación universitaria, y sería ello lo que explicaría que a las IEU no-oficiales se les denomine IEU “de gestión popular” y “de gestión privada”. En otras palabras, todas las IEU serán Públicas y en todo caso gestionadas por el Estado, pero podrán serlo directamente por el Estado [las Oficiales], o indirectamente mediante Organizaciones del Poder Popular [las de Gestión Popular] o mediante fundaciones promovidas por particulares [las de Gestión Privada]. Por sus implicaciones, este asunto se analizará de manera específica en otro post.

jueves, 30 de diciembre de 2010

La nueva educación universitaria: Socialista




“… La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática…”
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [1999]
Artículo 102
Al día de hoy, 29 de diciembre del 2010, sigue vigente aún la Ley de Universidades promulgada en 1970. Sus artículos 1 a 6 esbozan a grandes rasgos las características que han definido a la educación universitaria venezolana, al menos desde 1970. Y pueden resumirse así:
-                 Profesores y alumnos comulgan en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre;
-                 Se procura colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales;
-                 La enseñanza universitaria “se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica”;
-                 La actividades de las universidades se dirigen a crear, asimilar y difundir el saber, completar la formación integral iniciada en los ciclos anteriores, y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita el País; y,
-                 Debe respetarse la libertad de iniciativa de cada Institución.
En contraste con esta concepción autonómica, plural y universal que está plasmada en la Ley de Universidades, la Ley de Educación Universitaria sancionada hace seis días por la Asamblea Nacional, próxima a promulgarse y publicarse para que entre en vigencia, define y concibe a la educación universitaria de modo tal, que explícitamente propone la uniformidad ideológica de la educación universitaria venezolana y la construcción de una hegemonía cultural que permita superar la sociedad capitalista y construir una sociedad socialista.
En efecto, si bien el artículo 17.2 de la nueva Ley dice reconocer la libertad académica, para debatir las corrientes del pensamiento, por otra parte, la educación es definida por el artículo 3 de diversos modos, entre otros, como un “bien irrevocablemente público”, al servicio de la transformación de la sociedad, “en función de la consolidación de la soberanía, defensa integral e independencia nacional, el fortalecimiento del Poder Popular y del diálogo de saberes,… el modelo productivo endógeno y sustentable,… en el marco de la construcción de una sociedad socialista”.
Asimismo, al definir el principio de Territorialidad que caracteriza a la educación universitaria, la LEU propone asumir el territorio de influencia de las instituciones universitarias como “espacio de creación, transformación y difusión del conocimiento, con el compromiso de impulsar su apropiación colectiva desde el diálogo de saberes, el modelo productivo socialista,…” (Art. 4.12).
Igualmente, se establecen como fines de la educación universitaria, el de formar en, por y para el trabajo creador y liberador, de modo “que consolide el modelo productivo endógeno y sustentable, las nuevas relaciones solidarias y de cooperación en el trabajo y modelos de organización productiva de propiedad y gestión social,…” (Art. 5).
Disposiciones como estas se repiten en otros capítulos de la LEU. Así, por ejemplo, el artículo 48 señala que los procesos formativos en la educación universitaria, en todas las áreas de conocimiento, tendrán entre sus características generales, actitudes, valores y capacidades orientadas a la participación en el desarrollo de Venezuela en la consecución de la soberanía socioproductiva “para la construcción de la Patria socialista” (Num. 2); así como la vinculación e inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo, “contribuyendo a la construcción del modelo productivo socialista” (Num. 13).
Pero, tal vez, las disposiciones que más señaladamente enfatizan la uniformidad ideológica de toda la educación universitaria son las contenidas en los artículos 64 y 111. El primero establece de modo tajante que “La educación universitaria debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”; y el segundo prescribe que el Ministerio de Educación Universitaria dictará un reglamento especial “sobre la vinculación de las instituciones de educación universitaria con el modelo productivo socialista”.
Lo anterior permite concluir, sin lugar a dudas, al menos dos cosas:
1.              La enseñanza universitaria no se inspirará ya en un definido espíritu de democracia ni estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, como lo manda el artículo 102 de la Constitución y lo prescribe la Ley de Universidades, sino que inexorablemente “debe contribuir a la construcción del modelo productivo socialista”.
2.              Tampoco las universidades gozarán de la autonomía académica que les reconoce el artículo 109 de la Constitución, ni de la libertad de iniciativa que les reconoce la Ley de Universidades, sino que todas las universidades deben vincularse necesariamente con el modelo productivo socialista.
Esta concepción de la educación universitaria es manifiestamente violatoria del artículo 102 de la Constitución, según el cual, la educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática”. Igualmente es violatoria del artículo 109, que impone al Estado la obligación de reconocer la autonomía universitaria como principio que permite a profesores, alumnos y egresados dedicarse a la “búsqueda del conocimiento”, y a las universidades “planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.
Aún no logro entender cómo los diputados oficialistas, en vísperas de Navidad y de la extinción definitiva de su investidura, se prevalen de su precaria legitimidad como parlamentarios para aprobar de modo inconsulto semejante Ley. Ni entiendo cómo profesores y estudiantes universitarios, afines al chavismo, encuentran argumentos para afirmar que esta Ley respeta la libertad académica y no vulnera los artículos 102 y 109 de la Constitución.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Feliz Navidad 2010

Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor

"La liturgia de la Misa de la aurora nos ha recordado que la noche ya pasó, el día está avanzado; la luz que proviene de la gruta de Belén resplandece sobre nosotros...

Dondequiera que haya un 'nosotros' que acoge el amor de Dios, allí resplandece la luz de Cristo, incluso en las situaciones más difíciles...

El 'nosotros' de la Iglesia vive donde nació Jesús, en Tierra Santa, para invitar a sus habitantes a que abandonen toda lógica de violencia y venganza, y se comprometan con renovado vigor y generosidad en el camino hacia una convivencia pacífica...

En Europa y en América septentrional, el 'nosotros' de la Iglesia impulsa a superar la mentalidad egoísta y tecnicista, a promover el bien común y a respetar a los más débiles,...

En toda Latinoamérica, el 'nosotros' de la Iglesia es factor de identidad, plenitud de verdad y caridad que no puede ser reemplazado por ninguna ideología, un llamamiento al respeto de los derechos inalienables de cada persona y a su desarrollo integral...

Qué gran don es formar parte de una comunión que es para todos. Es la comunión de la Santísima Trinidad...

Como los pastores de Belén, contemplemos embargados de maravilla y gratitud este misterio de amor y luz..." [Benedicto XVI, 2009]

¡Feliz Navidad a mi familia, a mis amigos
y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad!

viernes, 17 de diciembre de 2010

Internet y telefonía en proyectos de Ley Resorte y LOTel


En vísperas de la extinción de su período constitucional, la Asamblea Nacional agonizante, dominada por el partido de gobierno, se propone aprobar sendas reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones [LOTEL], que afectan a la actividad de telecomunicaciones en general, incluso a los servicios de telefonía e Internet; y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (también llamada Ley Resorte), cuyos principales cambios son, precisamente, para incluir en su ámbito de regulación a las comunicaciones por medios electrónicos, incluyendo telefonía e Internet, y a los proveedores de tales servicios.
I
La Ley Resorte cambia su denominación para llamarse ahora Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Y en concordancia con ello, el artículo 1 de la Ley es también modificado para ampliar su objeto y ámbito de aplicación.
En efecto, a partir de la aprobación de la reforma, la Ley tendrá por objeto establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, pero también de los proveedores de medios electrónicos, en la difusión y recepción de mensajes (Art. 1), por lo tanto, el principio general anunciado es que el responsable de los mensajes que circulen en las comunicaciones telefónicas y de Internet ya no es solamente el autor del mensaje, sino también el proveedor del medio electrónico .
Igualmente se prevé que las disposiciones de la Ley se aplicarán a todo texto, imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro de Venezuela, y sea realizada a través de los medios electrónicos. En consecuencia, todos los mensajes de Internet que circulen a través de teléfonos, computadoras u otros medios electrónicos ubicados en Venezuela, quedarán sometidos a la regulación legal.
II
Otra disposición relevante de la reforma es el artículo 28, con cuya aprobación se prohibiría difundir a través de teléfonos, computadoras y demás medios electrónicos, mensajes que tengan las siguientes características:
1.  Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
2.    Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
3.    Constituyan propaganda de Guerra.
4.    Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
5.    Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
6.    Induzcan al homicidio.
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.
Lo llamativo de esta disposición es, en primer término, la ambigüedad de algunos numerales. En principio, parece fácil sancionar por un mensaje que de manera inequívoca convoque o exhorte a cometer un homicidio (Num. 6). Pero no parece igual de fácil sancionar por otro tipo de mensajes.
Informar sobre un terremoto o una emergencia natural, o convocar a una huelga o actividad de protesta pública, ¿serían mensajes que fomentan la zozobra o que alteran el orden público? (Num. 4). Criticar preceptos normativos aprobados por el parlamento o por el Presidente de la República, ¿sería un mensaje que promueve el incumplimiento del ordenamiento vigente? (Num. 7).
En segundo término, es igual de llamativo que, para hacer cumplir esta disposición, la Ley hace recaer en los proveedores de medios electrónicos la obligación de establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de alguno de los mensajes antes señalados, cuando ello sea solicitado por CONATEL en ejercicio de sus competencias, en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 33 de la Ley.
Dicho artículo 33 permitiría que, en la apertura o en el curso de un procedimiento sancionatorio o de cualquier índole, CONATEL podrá ordenar a los proveedores de medios electrónicos, que se abstengan de difundir mensajes que infrinjan los supuestos establecidos en la Ley. Independientemente del contenido del mensaje que pretenda restringirse, esta disposición es manifiestamente contraria al artículo 57 de la Constitución, que explícitamente prohíbe la Censura Previa.
Además, se hace responsables a los proveedores de medios electrónicos por la información y contenidos prohibidos a que hace referencia el artículo 28, en aquellos casos que hayan originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al requerimiento efectuado por CONATEL. De modo que el responsable de los mensajes que circulen en comunicaciones telefónicas o de Internet sería, además del autor del mensaje (el tuitero, el forista de algún portal electrónico, o quien escribe un mensaje de texto o de correo electrónico), sino el proveedor del medio electrónico (Movistar o Intercable, por ejemplo, pero también Movilnet).
En este orden de ideas, los responsables de los medios electrónicos pueden ser sancionados con revocatoria de la habilitación administrativa (Art. 170 LOTEL) y con multa desde 50 hasta 200 Unidades Tributarias (equivalente en el 2010 a: de 3.250,00 Bs a 13.000,00 Bs), cuando violen cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo 28. Lo que quiere decir, en definitiva, que si una persona escribe en Twitter, hace un comentario en algún portal electrónico, o simplemente escribe un mensaje de texto o de correo electrónico y lo difunde, no sólo será sancionado el autor del mensaje sino también el proveedor del medio electrónico.
El artículo 28 implica, entonces:
1.    Que CONATEL podrá ordenar a los proveedores de medios electrónicos, abstenerse de difundir mensajes que a juicio de CONATEL infrinjan o podrían infringir los supuestos establecidos en la Ley.
Así, por ejemplo, CONATEL podría ordenar a los proveedores de medios electrónicos que se abstengan de difundir tweets, mensajes de texto o mensajes de correo electrónico, relativos a la convocatoria de una marcha o de una protesta pública, porque ese mensaje podría alterar el orden público. O podría ordenarles que se abstengan de difundir mensajes de correo electrónico que critiquen preceptos legales, porque podrían promover el incumplimiento del ordenamiento jurídico.
2.    Que los proveedores de medios electrónicos, interesados en evitar que los sancionen por una conducta ajena, se verán forzados a establecer -en cuanto sea posible- mecanismos tecnológicos que les permitan revisar, moderar y desde luego censurar, aquellos mensajes que podrían ser interpretados como violatorios del artículo 28 de la Ley.
O sea, que si no lo hace CONATEL, es posible, por ejemplo, que portales electrónicos de noticias se abstengan de difundir informaciones relativas a la convocatoria de una marcha o de una protesta pública, u opiniones de quienes critiquen preceptos legales, por temor a que CONATEL interprete que esos mensajes podrían violar el artículo 28 de la Ley.
En ambos casos, CONATEL y/o los proveedores de medios electrónicos estarían ejerciendo la Censura Previa que explícitamente prohíbe el artículo 57 de la Constitución.
3.    Que si los proveedores de medios electrónicos no censuran previamente un mensaje que a juicio de CONATEL, es violatorio del artículo 28 de la Ley, serán sancionados por un mensaje ajeno del que no son responsables. Y esto es algo así como sancionar al concesionario que me vendió el carro con el que atropellé posteriormente a un ciudadano.
III
Por su parte, el cambio más llamativo propuesto por la LOTEL -aparentemente eliminado en la primera discusión de la Ley, pero que podría restituirse a posteriori- es la facultad que se le atribuye al Estado para crear un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela, con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela. Y le corresponderá al Estado determinar el modelo, limitaciones, requisitos, cronograma de implementación y cualquier otro aspecto necesario para obtener las condiciones que se estimen convenientes para su adecuada implementación (Art. 212). Ello permitiría al Estado restringir de modo fácil y discrecional el acceso a contenidos o sitios web cuyo acceso público no interese al Estado, tal como ocurre en países de gobierno autocrático (China, por ejemplo).
Otro cambio relevante es que toda la actividad de telecomunicaciones es declarada de Servicio Público, lo que en principio conlleva implicaciones tales como: (i) Facultad del Estado para revocar discrecionalmente las habilitaciones y concesiones administrativas otorgadas por el propio Estado (Art. 70); (ii) Facultad del Estado para revertir la propiedad de los bienes privados afectados al servicio (Art. 22), es decir, que los bienes pertenecientes a los proveedores de medios electrónicos podrían ser revertidos al Estado al término de la habilitación; y, (iii) Amplísimas facultades de regulación e inspección de la actividad.

martes, 30 de noviembre de 2010

Estado de Emergencia y Estado de Excepción

Con motivo de las lluvias intensas y persistentes que han caído en el centro-norte costero de Venezuela, el Gobierno nacional declaró Estado de Emergencia en el estado Falcón, primero, y en la tarde de hoy lo amplió a los estados Vargas y Miranda y al Distrito Capital. Casi inmediatamente, tal vez prevenido frente a lo que ocurrió en el estado Vargas hace 11 años, un periodista advirtió vía Twitter que “El Estado de Emergencia no significa que estemos en Estado de Excepción. Al menos 14 garantías constitucionales siguen vigentes” y que “Un Estado de Emergencia es para agilizar trámites burocráticos. No es un estado de excepción”.

Antes de que se genere una alarma innecesaria en la población, es preciso aclarar rápidamente en qué consiste el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno nacional en los estados Falcón, Vargas y Miranda, y en el Distrito Capital. Y lo más importante, aclarar que dicho Estado de Emergencia no parece haberse decretado con fundamento en la Constitución ni implica la declaratoria de alguno de los estados de excepción a que se refiere la Constitución. Hagamos la distinción.

I

Conforme a los artículos 337 y ss. de la Constitución, el Presidente de la República puede, en Consejo de Ministros, decretar estados de excepción, en cuyo caso (y sólo en ese caso) pueden restringirse temporalmente algunas garantías consagradas en la Constitución, excluyendo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Entre las medidas específicas que pueden adoptarse como consecuencia de un estado de excepción, debidamente declarado, están: (i) Obligar a personas privadas para que cooperen con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso; (ii) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como tomar las medidas  necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción; (iii) Hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto; y (iv) Requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad, previa  orden escrita y específica del Presidente de la República o de la autoridad competente designada, los cuales serán restituidos al término de la emergencia, sin perjuicio de la indemnización debida por el uso o goce de los mismos; entre otras (Ley Orgánica de Estados de Excepción).

Hay tres tipos de estados de excepción: el de alarma, cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos; el de emergencia económica; y el de conmoción interior o exterior. El Decreto que declare el estado de excepción debe presentarse, dentro de los ocho días siguientes, a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Aparentemente, lo que el Presidente decretó no fue alguno de estos tres estados de excepción.

II

El Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República ha sido dictado, según se desprende de las informaciones de prensa, con fundamento en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, según la cual, el Presidente de la República, un Gobernador o un Alcalde pueden, oída la opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres respectivo, declarar la existencia de un estado de alarma o de emergencia. En el mismo acto, debe clasificarse la emergencia según su magnitud y efectos; determinar las normas propias del régimen especial para situaciones de desastre; señalarse las entidades y organismos públicos obligados a participar en la ejecución del Plan de Acción Específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente, así como la forma y modalidades de participación de las entidades y personas privadas en dicho Plan de Acción.                                                                           

El de Emergencia puede declararse por cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, que puede generar víctimas o daños materiales y afectar la estructura social y económica de la comunidad involucrada, pero que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad.

Una vez que se declara el Estado de Emergencia, se permite la activación de recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el objeto de enfrentar eficazmente los efectos dañosos causados por el fenómeno natural o tecnológico que ha generado el desastre. Asimismo, las autoridades administrativas podrán ejercer las competencias que legalmente les corresponden, y en particular, las previstas en las normas del régimen especial que se determinen, hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad.

Durante el Estado de Emergencia, le corresponde a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, en conjunto con los entes gubernamentales establecidos para tal fin, coordinar el suministro de información sobre las medidas y recomendaciones pertinentes a los entes privados y a la opinión pública, así como elaborar el Plan de Acción Específico antes señalado, para el retorno a la normalidad.

La responsabilidad de coordinar las acciones en situaciones de desastre debe asumirla el órgano que disponga de la mayor capacidad de respuesta y cantidad de medios que se correspondan con la naturaleza del desastre, que en este caso parece ser el Ejecutivo Nacional, y los demás órganos permanecerán en apoyo del órgano coordinador.

III

Si como venimos de explicarlo, el Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República no fue resultado de ejercer la potestad constitucional de declarar un estado de excepción, sino el resultado de ejercer la potestad legal prevista en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, resulta claro entonces que no puede restringirse temporalmente garantía constitucional alguna, intangible o no, pues las facultades especiales o extraordinarias que se derivan del Estado de Emergencia son exclusivamente las previstas en la mencionada Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que en ningún caso implican, debe insistirse, la restricción de garantías constitucionales.
                                                   
No deja de llamar la atención, entonces, que el Vicepresidente Ejecutivo de la República haya señalado que el Estado de Emergencia “permite tomar medidas extraordinarias para atender la situación de lluvias y poder ocupar temporalmente todos los espacios que se necesiten para poder desarrollar la atención debida a las personas” pues, como se ha señalado, imponerles a los ciudadanos obligaciones o servicios extraordinarios, o requisar sus bienes muebles e inmuebles, son medidas de excepción que sólo se permiten durante la vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en la Constitución, y no es este el caso.

En conclusión, las facultades especiales o extraordinarias que se derivan del Estado de Emergencia son exclusivamente las previstas en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, descritas en la sección II.

sábado, 27 de noviembre de 2010

Modelos de gobierno: A propósito del Modelo K

Dedicado a:
Mis nuevos amigos en Argentina

A un mes del fallecimiento del ex Presidente de Argentina, Néstor Kirchner [NK], quise compartir con mis lectores el diálogo virtual que en esa víspera tuve con una amiga, también virtual, “una caribeña en el Sur”, como ella se hace llamar en su blog, y más precisamente, una venezolana que desde hace casi 8 años vive en Argentina y que, según sus palabras, sufrió como muchos argentinos la muerte de una persona que con su proyecto hizo bastantes cosas importantes y muy positivas [“Y me fui en llanto”, disponible en Mi lista de blogs].

Según su decir, muchos criticaban a NK por sus formas, por su arrogancia, etc., pero a ella a eso no le importa. Gracias al MODELO K –escribió en su blog– ella aprendió a querer a la Nación albiceleste, se interesó sin buscarlo por su historia, cada vez que veía que se hacían cosas por la justicia y la memoria, por los desaparecidos y por tantos argentinos que aún siguen buscando a los suyos.

Desde su experiencia personal, mi amiga explica que el modelo NK le abrió las puertas a ella también, como extranjera. Le hizo fácil y placentero el camino de su ciudadanía. Y por si su experiencia personal no es importante, concluye explicando que puede nombrar muchas otras cosas que sí lo son, como las políticas de derechos humanos, la lucha junto a las abuelas de Plaza de Mayo, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos para una mejor y rápida identificación de los nietos desaparecidos, la ley de medios audiovisuales, la salida de la crisis económica que le tocó a la Argentina, la Asignación Universal por hijo, los créditos para autos, las jubilaciones de los abuelos, las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.
                                                                                                           
Su mensaje llamó mi atención. Y es que, por primera vez escuchaba una perspectiva buena de NK, pero claro, yo vivo en Venezuela, no en Argentina. Generalmente, me resulta difícil aceptar que las cosas son en blanco o negro, o de colores primarios, porque la realidad y la verdad suele tener muchos colores que conducen al gris o a colores secundarios como el naranja, el verde o el morado. Así que le pedí a mi amiga si podía documentarme sobre lo que había escrito, y de manera diligente me remitió a vínculos de Internet que revisé cuidadosamente.

La verdad, no dejo de reconocer que la primera década del Siglo XXI en Argentina perteneció por derecho propio a NK. Y razones abundan. Parece cierto que su presidencia sacó del hospital a una Argentina en estado de coma tras diez años de neoliberalismo. Al modelo K puede reconocérsele, en el orden económico, una rápida recuperación del crecimiento –favorecida por un crecimiento de las exportaciones y estas a su vez por una brutal devaluación– y el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

En materia de derechos humanos, importantes avances como la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a los represores de la última dictadura. Y en lo social, demostró que pueden conciliarse los fundamentos de la economía de mercado con políticas basadas en la solidaridad, la inclusión social, el pleno empleo y el desarrollo productivo.

Tal vez uno de los legados del MODELO K sea –y aquí tomo las palabras de un kirchnerista como Matías Kulfas– proponer y ganar una batalla mucho más importante que cualquier acción de gobierno: “demostró que es posible recuperar la senda de la transformación, enfrentando poderes establecidos, desmembrando tabúes y desarticulando mitos. Todo ello a partir de planteos ideológicos formulados con sencillez, con una sólida voluntad política y con una notable capacidad de construcción política. Su legado no es una obra en particular, es haber demostrado que es posible avanzar en una nueva etapa de ampliación de los derechos políticos, económicos y sociales.”.

Pero el asunto no es sólo blanco. Para lograr todo lo anterior, NK mostró la otra cara del poder: la beligerancia y la soberbia, basado en un carácter iracundo e implacable con sus adversarios. Conciliación no puede equivaler a impunidad, pero justicia tampoco puede equivaler a venganza.

NK construyó una fuerza arropante de poder mediante un estilo personalista y autoritarios que para alcanzar sus objetivos comprometió la institucionalidad y, ahora que falleció, incluso la estabilidad política de Argentina. Tal vez otro de los legados del MODELO K sea –y aquí tomo las palabras de otro argentino: Mariano Gorennuevas formas de crear y profundizar la disputa, la confrontación como leitmotiv y la visión dualista: o “ellos o nosotros”, una práctica que por cierto ha polarizado a la Argentina en dos bandos enfrentados, como en tiempos del General Perón.

A esto se une la pretensión de edificar, aunque cuidando las formas, una suerte de gobierno hereditario que se perpetúa de modo familiar e indefinido en el poder. ¡Cuánto parecido, salvando las diferencias, con el régimen de Hugo Chávez!

Salvo las diferencias pues el MODELO K podría ser a lo sumo un “mal gobierno”; el MODELO CHÁVEZ es ya un “régimen” donde un oficial militar de alto rango se da el lujo de amenazar, con total impunidad, que si la Oposición alcanzara el poder, “se alzarían los militares y el pueblo, entonces la revolución cambiaría de signo,… porque [ellos] son minoría y no tendrían como detener aquí una revolución violenta liderada por los militares y el pueblo venezolano”. Otro militar de alto rango afirma que “La Fuerza Armada no tiene lealtades a medias sino completas hacia un proyecto de vida y un Comandante en Jefe… Un gobierno de la oposición es difícil, sería vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la Fuerza Armada no,…”. Palabras textuales, lectores del extranjero. Además, justo hoy, Chávez está ascendiendo a este oficial a General en Jefe, en premio a su soberbio arrodillamiento.

Otro lunar del MODELO K es la fortuna de la pareja presidencial. Obligado como estoy a pensar como abogado, debo decir que hasta el momento no he visto medios de prueba que demuestren la ilicitud de origen de esa fortuna. Pero, desde la perspectiva de un ciudadano, creo firmemente que una pareja presidencial está sometida a un severo escrutinio público. Es por ello que actos indecentes que normalmente forman parte de la vida privada de una persona, quedan sujetos al escrutinio público cuando lo hace un Presidente [caso Bill Clinton]. En consecuencia, NK y su esposa debieron tener la transparencia de demostrar con detalles cómo siendo abogados en ejercicio y/o servidores públicos amasaron la fortuna que tienen. Y aún siendo legítima esa fortuna, me cuesta entender cómo la hoy día Presidenta de Argentina exterioriza tanta elegancia y glamour frente a una realidad de pobreza, limosneros y cartoneros, que en sólo siete días abrumaron mi conciencia mientras caminaba por Buenos Aires.

Comparto con mis lectores estas reflexiones porque me permitió hacer una reflexión general que involucra a todos los gobernantes de izquierda de América. ¿Por qué para implementar políticas basadas en la solidaridad y la inclusión social, ellos creen que deben ser beligerantes y autoritarios? ¿Es que acaso el ejercicio de la democracia no es compatible ni conciliable con políticas sociales?

Admito que para enfrentar poderes establecidos, desmembrar tabúes y desarticular mitos, es necesaria una buena dosis de voluntad política y Auctoritas, que no es lo mismo que autoritarismo. Pero es necesaria también una vocación democrática incuestionable, sólo así conduces tus convicciones sin sobrepasar la delgada línea que separa a una democracia real de una democracia autoritaria.

Para mí, la democracia y el respeto a la libre iniciativa de los ciudadanos son compatibles con políticas de solidaridad e inclusión social y con acciones regulatorias eficaces, es por eso que no justifico gobiernos que pretenden disculpar su debilidad democrática en su eficacia social. Y creo sinceramente que ciudadanos como mi amiga en Argentina, que creen legítimamente y de buena fe en modelos como el de NK, están llamados a defender sus logros pero también a criticar sus desviaciones y a exigir que las corrijan. Tal vez estoy prejuiciado por la actual situación venezolana, pero es que en definitiva, la historia enseña que los modelos de confrontación y de polarización no conducen al progreso, todo lo contrario.

viernes, 19 de noviembre de 2010

Constitución, Indígenas, Wayuu y Unesco

Conforme al artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
Antes de Venezuela, ya dos países andinos habían hecho un reconocimiento similar al de la Constitución venezolana. La Constitución de Colombia estableció en 1991 que “[l]as autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República…” (Art. 246). Y en 1993, la Constitución de Perú dispuso que “[l]as autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”.
Después de Venezuela, otros dos países andinos hicieron lo propio. Primero Ecuador, en cuya Constitución del 2008 se señaló que “[l]as autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio,… Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.” (Art. 171)
Finalmente, en el 2009, pero con más amplitud que todas las anteriores, la Constitución de Bolivia determinó que “Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios…” (Arts. 190 y ss.).
Debe destacarse que en todos los casos, el verbo empleado por todas las constituciones es “reconocer” el sistema normativo y jurisdiccional indígena, lo que implica que ninguno de los textos constitucionales está creando la jurisdicción indígena sino que está admitiéndose en el ordenamiento constitucional una situación preexistente, lo que en la tipología de García-Pelayo supone una aproximación al concepto histórico de Constitución, más que al racional-normativo.
Por si todo lo anterior resultara insuficiente, antes de todas estas constituciones ya existía el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), en cuyo artículo 8 se dispuso que, al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas, “deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”, y que “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.”.
Ahora bien, ¿qué tienen de especial los sistemas normativos y jurisdiccionales indígenas que les han valido, primero el reconocimiento de la OIT y luego el reconocimiento constitucional en todos los países andinos? Pues resulta que hace dos días la UNESCO decidió, y tuvo gran efecto mediático, incluir por primera vez a la gastronomía en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (al incorporar la gastronomía francesa, la cocina tradicional mexicana y la dieta mediterránea). Pero, aunque tuvo menos resonancia, la UNESCO tomó otra decisión igual de relevante pero probablemente más importante para Venezuela o al menos más cercana a nuestra realidad que la anterior.
Y es que, precisamente a petición de Colombia, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad al sistema normativo de los wayuus, propio de una comunidad indígena asentada en la Península de La Guajira, situada entre Colombia y Venezuela. El sistema normativo que ahora es patrimonio cultural de la humanidad comprende –según la UNESCO– un conjunto de principios, procedimientos y ritos que rigen la conducta social y espiritual de esa comunidad.
Según la nota de la UNESCO, el sistema está inspirado en principios de reparación y compensación y es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los pütchipü’üis o “palabreros”, personas experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los wayuus. Cuando surge un litigio, las partes en conflicto, agresores y agredidos, solicitan la intervención de un pütchipü’üi, quien examina la situación y posteriormente comunica a las autoridades pertinentes su propósito de resolver el conflicto por medios pacíficos. Si la palabra –pütchikalü– se acepta, se entabla el diálogo en presencia del pütchipü’üi, quien actúa con diplomacia, cautela y lucidez.
El sistema de compensación acude a símbolos, representados fundamentalmente por la oferta de collares confeccionados con piedras preciosas o el sacrificio de vacas, ovejas y cabras. Incluso los crímenes más graves pueden ser objeto de compensaciones, que se ofrecen en el transcurso de ceremonias especiales a las que se invita a las familias en conflicto para restablecer la armonía social mediante la reconciliación. La función de pütchipü’üi recae en tíos maternos –parientes especialmente respetados en el sistema de clanes matrilineales de los wayuus– que se destacan por sus virtudes en el plano ético y moral.
Una vez más, Colombia le ganó en iniciativa a los demás países andinos, primero cuando hizo el reconocimiento constitucional, y ahora cuando impulsó –y logró con éxito– que la UNESCO haya hecho del sistema normativo y jurisdiccional wayuu un patrimonio cultural no sólo de esa comunidad indígena, sino de toda la humanidad.
El reto que proponen las constituciones andinas es, según Raquel Yrigoyen, elaborar leyes de desarrollo constitucional que resuelvan al menos dos aspectos: (i) Establecer mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional, o entre las funciones de justicia indígenas y los poderes del Estado; y, (ii) Establecer procedimientos para solucionar las incompatibilidades que puedan surgir entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos.
Esto parece haberse logrado en Venezuela a través de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), en la que el Estado confirmó el reconocimiento del Derecho propio de los pueblos indígenas, “conformado por los sistemas de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio y que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno” (Art. 125).
En virtud de ello, se le reconoce a los pueblos indígenas “la potestad de aplicar instancias de justicia dentro de sus tierras por sus autoridades legítimas y que solo afecten a sus integrantes, de acuerdo a su cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República, interculturalmente interpretados”, todo ello en el marco de los principios de coordinación establecidos por los artículos 126 y subsiguientes de la misma ley.
Los veo en el próximo post...