martes, 12 de noviembre de 2013

Daka, mercado y socialismo

(Reflexiones de un abogado que no es economista)
Durante las 72 horas recientes, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro emprendió una “ofensiva económica” [1] que llevó a descubrir –según la versión del gobierno– que diversas tiendas de electrodomésticos (Daka, JVG, Pablo Electrónica, Nasri, entre otras) supuestamente remarcan precios, tienen ganancias excesivas e incurren en los delitos de usura y especulación. La situación descrita propone varias reflexiones.
1. Si fuera cierto que “[t]odas [las empresas comercializadoras de electrodomésticos] recibieron los dólares de Cadivi” (palabras de Nicolás Maduro), o fuera cierto que las empresas comercializadoras utilizaban “empresas de maletín” (o de papel, ficticias) para obtener divisas de CADIVI, adquirir productos en el exterior y vendérselos a la comercializadora (palabras del Ministro de Interior y Justicia), ¿quiénes deberían ser investigados? ¿Sólo las empresas de maletín o también los funcionarios de CADIVI que les otorgaron divisas? ¿Dónde están los funcionarios que, en virtud de las acusaciones de Maduro y del ministro, necesariamente serían cómplices de la adquisición irregular de divisas? ¿Será cierto que funcionarios del SENIAT, de CADIVI y del Ministerio del Trabajo se llevaban (sin pagar) productos y artículos de la tienda DAKA como “gesto generoso” por la “ayuda” brindada a la empresa, como supuestamente lo denunciaron en 2011 unos presuntos trabajadores de esa empresa? ¿Por qué no se publica la lista de empresas beneficiadas por CADIVI, para que todos los venezolanos conozcamos quiénes se han beneficiado (legítimamente o no) de eso que llaman “cadivismo”?
2.  Aunque fuera cierto que algunos comercializadores de electrodomésticos han incurrido en diversos ilícitos (y no puede negarse que esto haya ocurrido), ¿no se les debe sancionar sin violar el derecho al debido proceso (Art. 49 de la Constitución)? Esto significa que,
a)   Los acusados (aún siendo culpables) tienen el derecho a ser notificados de los cargos que se le imputan y a disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. No pueden ser juzgados sumariamente por Maduro y por los ministros en cadena nacional de radio y televisión.
b)   Los comerciantes deben presumirse inocentes mientras no se pruebe lo contrario. En lugar de ello, Maduro acusó indiscriminadamente a “todos” de incurrir en ilícitos económicos, dispuso la confiscación arbitraria y venta forzosa de productos sin esperar los resultados de las investigaciones y ha causado un daño irreparable a comerciantes honestos que no han incurrido en ilícito alguno.
c)   Los acusados (aunque fueran culpables) tienen derecho a ser oídos y juzgados con las debidas garantías por el juez natural, esto es, un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a los hechos. Los presuntos infractores no pueden ser “ajusticiados” en cadena nacional de radio y televisión, ni juzgados de manera expedita por tribunales especiales creados para este propósito.
3. ¿Por qué los venezolanos acuden a comprar electrodomésticos en redes privadas como Daka, JVG, Pablo Electrónica o Nasri (donde supuestamente los especulan) y no en la red gubernamental Bicentenario (que supuestamente sí los vende a precios justos)? Y hay dos respuestas posibles: Una es que BICENTENARIO vende más caro que las redes privadas (en cuyo caso la “ofensiva económica” carecería moralmente de justificación). La otra es que la oferta de BICENTENARIO es insuficiente o inexistente (en cuyo caso, la escasez podría eventualmente justificar los altos precios en los comercios privados). ¿Por qué no hay electrodomésticos en BICENTENARIO o por qué se venden a precios que los consumidores no prefieren?
4. Si fuera cierto que los comercializadores de electrodomésticos en Venezuela venden con elevados márgenes de ganancia, hay que preguntarse por qué esto ocurre o puede ocurrir en Venezuela. ¿Lo hacen porque acaparan los productos y buscan beneficiarse de las fluctuaciones de precio asociadas a la escasez de esos bienes (lo que, en caso de comprobarse, sí los convertiría en especuladores)? ¿O lo hacen porque buscan protegerse de la inflación asociada a esos bienes y deben garantizar los costos de reponer los bienes que adquirirán en el futuro? ¿Por qué los venezolanos seguimos comprando bienes en estos establecimientos, aun cuando nos los venden a precios supuestamente injustos e incluso cuando se trata de bienes que no satisfacen necesidades básicas?
5.  Lo anterior nos obliga a ir más allá de esta situación puntual. Nicolás Maduro ha denunciado en otras oportunidades que comprar un carro en Colombia es más barato que en Venezuela. Y tiene razón. Está documentado que usted puede comprarse un modelo de vehículo en Colombia por 24 mil dólares, y para comprarlo en Venezuela debe pagar 88 mil dólares. Y que para comprar un carro en Colombia es suficiente con el equivalente a 92 salarios mínimos de ese país, y para comprarlo en Venezuela se requiere el equivalente a 197 salarios de Venezuela. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo se explica que comprar un carro en Colombia (donde no hay control gubernamental de precios ni de ganancias) sea más barato que en Venezuela (dónde sí hay ese control)? ¿Qué hace el gobierno de Colombia que no hace el gobierno de Venezuela y que le da mejores resultados económicos? ¿Cómo es que los precios “libres” en Colombia son inferiores a los precios “controlados” en Venezuela? ¿Sabe usted que el precio de los carros en Venezuela incorpora, según el modelo, hasta un 22% de impuesto que se le paga al Estado?
6.   Algo parecido podría decirse de España y otros países donde prevalece la libertad económica y, en consecuencia, empresarios y comerciantes fijan sus precios con entera libertad. ¿Cómo se explica que los márgenes de ganancia en España, en Estados Unidos (EEUU) y en otras economías de mercado (donde no hay control gubernamental de ganancias) oscilen entre 5% y 30%, y en Venezuela los márgenes pueden llegar al 300% o más? ¿Por que los venezolanos preferimos comprar en economías libres de mercado como las de España o EEUU, y no comprar en una economía que controla los precios como la venezolana? ¿Por que los comerciantes en España o en EEUU no remarcan precios ni especulan? ¿Es que acaso los comerciantes en EEUU son menos capitalistas o menos ambiciosos que los comerciantes venezolanos? ¿Por qué el gobierno de Venezuela no elimina o reduce sustancialmente el IVA para que los precios bajen y se reduzca la inflación?
7. Nicolás Maduro no se ha hecho estas preguntas. No sabemos si por ignorancia. O tal vez se las hizo, sabe cuáles son las respuestas y no le prestamos atención a sus palabras hace más de un mes: “… Si a nuestra parásita e importadora burguesía criolla le sigue correspondiendo alrededor del 70% del producto interno bruto, quiere decir que la dinámica económica todavía está lejos del socialismo,… [L]a burguesía se dedica fundamentalmente al comercio, ello le permite la más rápida y fluida captación de la renta petrolera y por allí se desangra el país… [A]quí no habrá socialismo si la burguesía sigue disfrutando del privilegio flagrantemente incompatible con una dinámica socialista, de importar a gran escala sin que se le ponga coto…” (Discurso al solicitar la Ley Habilitante). Lo ocurrido en las recientes 72 horas parece ser la excusa para centralizar en el gobierno la importación y comercialización de todos los bienes que se comercialicen en el país
8.   La ofensiva económica para establecer la dinámica socialista pronto verá sus efectos. La venta forzada y controlada de productos a precios justos terminará (cuando “no quede nada en los anaqueles”, como pidió Maduro). No habrá algo que vender. No tendremos motivo para correr más rápido que otros consumidores en el supermercado. No habrá algo para saquear.
9.   Nicolás Maduro ha preferido imitar la política de su socio Robert Mugabe en el 2006, y tendrá los mismos efectos (léalo aquí). En lugar de imitar la política de su otro socio, China, cuyo presidente, también secretario general del Partido Comunista en ese país, presentó ayer un “informe de trabajo” según el cual, China debe ponerse más en manos del mercado. “El principal problema –señala el documento– es administrar correctamente las relaciones entre el gobierno y el mercado", para que éste (el mercado) tenga un un “papel decisivo” en la repartición de los recursos económicos y el gobierno desempeñe “mejor su rol”.
10.El socialismo es, por definición, la represión de la libertad y de la iniciativa individual. No hay razones para esperar una rectificación voluntaria.
* Próximo post se dedicará a la orden de bloquear páginas web sobre dólar paralelo
Nota
[1]  La ofensiva económica ha consistido en lo siguiente. Según Maduro, “Todas [las empresas comercializadoras de electrodomésticos] recibieron los dólares de Cadivi… todas han burlado plenamente la confianza del Estado, todas están fuera de la Ley y no rinden sus tributos al Seniat, todas están especulando de manera creciente, mes por mes. Esto no es usura, esto no es simple especulación, esto no es normal, es una guerra económica”
Hasta el momento de escribir estas reflexiones, Nicolás Maduro ordenó la “ocupación” inmediata de las redes comerciales, la detención de sus directivos y la venta forzada de los productos a precio justo (“que no quede nada en los anaqueles”, fueron sus palabras). Seguidamente, cientos de personas ingresaron a la fuerza en el Daka de Valencia, el General Import de Los Teques y (según informaciones que han circulado en redes sociales, no confirmadas) en otros establecimientos del país, para robarse los electrodomésticos. Al mismo tiempo, miles de personas se han aglomerado en las puertas de todos los establecimientos comercializadores de electrodomésticos, con la expectativa de que podrán adquirir estos productos a “precios justos” (resultantes de los descuentos impuestos por el gobierno a los establecimientos).
Asimismo, Nicolás Maduro anunció que apenas sea aprobada la Ley Habilitante y a través de un decreto-ley, fijará límites porcentuales máximos de ganancia para todos los sectores productivos y aumentará las penas y sanciones para castigar el delito de especulación; aseguró que cambiará todo el sistema de fijación de precios y de porcentajes de ganancia en todas las actividades económicas del país; y ayer informó que se creó una fiscalía especial para luchar contra la usura y procesar a los responsables “sin ningún tipo de retardo”; advirtió a los comercios que mantienen sus puertas cerradas que debían abrir hoy martes sus puertas y vender a precios justos; y le pidió al vicepresidente ejecutivo precisar los mecanismos para devolver el dinero a las personas que compraron productos con sobreprecio.

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Elecciones con lealtad y amor

El día de ayer fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela –boletín de publicación oficial del Estado venezolano– el decreto N° 541 del presidente de la república (proclamado por el Consejo Nacional Electoral) mediante el cual, se declara el día 8 de diciembre como “DÍA DE LA LEALTAD Y EL AMOR AL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ Y A LA PATRIA” (mayúsculas y negrillas del decreto).
En el decreto puede leerse que el 8 de diciembre de 2012 “nuestro Comandante supremo Hugo Chávez Frías se dirigió a toda Venezuela para impartir su última proclama como máximo líder de la revolución Bolivariana”, y en razón de ello, “es justo ofrendar esta fecha memorable como reconocimiento a su legado de vida y de respeto infinito por su pueblo”. Semejante afirmación en un decreto oficial del gobierno convierte al fallecido presidente Chávez, líder fundamental de la “revolución bolivariana”, en “comandante supremo” de todos los venezolanos a quien, por tanto, es justo que todos ofrendemos esa fecha memorable.
De este modo, otra vez el gobierno de Maduro pretende imponer a todos los venezolanos una visión excluyente y hegemónica de pensamiento, la misma doctrina y –lo que es peor– el culto a una personalidad. Los simpatizantes del presidente Chávez tienen el derecho de homenajear y rendir culto a quien fue su líder fundador. Pero un gobierno (que debe servir a todos) no puede emplear las potestades, los recursos y las instituciones públicas para promover o imponer a la sociedad entera una “devoción” política.
Un estado plural y laico –como el que postula la Constitución de Venezuela– no puede establecer una simpatía, un culto o una devoción como política oficial o de Estado, ni puede imponer que una persona sea, por voluntad del gobierno, una divinidad oficial que merece especial culto y protección del Estado. La razón de que un Estado se proclame plural y laico, como lo hace la Constitución de Venezuela, es para permitir la convivencia pacífica y respetuosa en de la sociedad de diferentes corrientes políticas, sociales y religiosas, ninguna de las cuales tiene el derecho de proclamar su preferencia o superioridad en el Estado.
Pero además, el decreto en cuestión dispone “realizar actos y eventos conmemorativos en todo el territorio nacional… que exalten su pensamiento bolivariano, el amor infinito con su pueblo y la defensa permanente de su legado y su ejemplo infinito”, y “[s]e exhorta al pueblo virtuoso de Venezuela y a todas las Instituciones a ‘honrar con acción y pensamiento’ su herencia y legado universal” (Subrayado y negrilla añadidos). Pocas horas más tarde, el propio Nicolás Maduro confirmó que “ese día se homenajeará a Chávez como se decretó y que las instituciones del Estado estarán involucradas, sin interrumpir las elecciones”.
Así planteado, el decreto compromete seriamente la validez de las elecciones municipales a celebrarse el próximo 8 de diciembre toda vez que el jefe de gobierno y de estado “decretó” que en la fecha de unas elecciones se le rinda “lealtad” y “amor” al líder fundador de una corriente política que compite en esos comicios. Que esta lealtad se decrete mediante acto administrativo publicado en el boletín oficial del Estado –y no sólo en una proclama política– condiciona la voluntad de los electores y coarta su libertad de elección pues, implícitamente, votar en contra de los candidatos propuestos por el partido de Chávez configuraría un acto desleal y deshonroso a la memoria del “líder oficial”, y consecuencialmente un incumplimiento del decreto.
Por otra parte, el jefe de gobierno ejerce una potestad pública para hacer coincidir una fecha electoral con una fecha de culto o devoción al líder fundamental de una corriente política que compite en las elecciones, lo que evidentemente configura una desviación de poder y rompe el equilibrio y la competencia justa entre los participantes de la contienda electoral.
Por si fuera poco, el decreto en cuestión ordena realizar en los días previos a la fecha electoral, incluso en la misma fecha de las elecciones, una multitud de actos y eventos proselitistas en honor al líder fundador de la corriente política que predica el gobierno. Más aún, el decreto (y el propio Nicolás Maduro) anuncian que el día de las elecciones serán movilizadas las instituciones públicas (y desde luego, los funcionarios públicos) para homenajear al líder fundamental del partido de gobierno. En síntesis, Nicolás Maduro ejerce una potestad pública que le confiere la Constitución en su condición de presidente, para justificar la movilización de bienes y recursos públicos en la promoción del partido de gobierno y de su líder fundador, perturbar la libre circulación de los ciudadanos el día de las elecciones y coartar indirectamente el derecho de los funcionarios públicos a elegir libremente. En pocas palabras, más desviación de poder, más desequilibrio y corrupción.
El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad y el compromiso de corregir (a tiempo) esta amenaza a la pluralidad, a la libertad de elección y al orden público el día de las elecciones, y de este modo, garantizar la transparencia y la validez de las próximas elecciones municipales.