domingo, 26 de febrero de 2012

A "falta" de Presidente...


Con ocasión del viaje que a partir del viernes emprendió el Presidente de Venezuela, con la aparente finalidad de practicarse una cirugía en Cuba, autorizado por la Asamblea Nacional [AN] pero sin fecha de retorno definida; y a propósito de algunas inquietudes que me han propuesto en Twitter, relativas a las consecuencias jurídicas de este viaje, quiero compartir con ustedes algunos fundamentos constitucionales que permitan resolver esas inquietudes y proponerles algunas conclusiones.
El Presidente de la República ostenta simultáneamente una triple condición
(Arts. 226 y 236.5):
1.   Jefe del Estado;
2. Jefe del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno (Jefe del Gobierno); y,
3. Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (que en mi criterio es una consecuencia de ser el Jefe del Estado).
¿Quién ejerce el Gobierno en Venezuela?
4.  El Poder Ejecutivo no lo ejerce solamente el Presidente; sino también el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros y otros funcionarios (Art. 225).
5.   Los Ministros, reunidos conjuntamente con el Presidente y con el Vicepresidente, integran y forman el Consejo de Ministros (Art. 242)
6.    De las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan salvado su voto (Art. 242). Por lo tanto,  de las decisiones que se adopten en Consejo de Ministros se hacen solidariamente responsables el Presidente, el Vicepresidente y los Ministros.
¿Quién dirige el Gobierno en Venezuela?
7.    En su condición de “Jefe del Ejecutivo Nacional”, el Presidente de la República dirige la acción del Gobierno (Art. 226).
8.    En esa condición de Jefe del Gobierno, al Presidente le corresponde presidir las reuniones del Consejo de Ministros. No obstante, él puede autorizar al Vicepresidente para que presida las reuniones “cuando no pueda asistir a ellas”, pero las decisiones adoptadas en esas reuniones deben ser ratificadas por el Presidente para su validez (Art. 242)
9.   En esa misma condición de Jefe del Gobierno, al Presidente le corresponde ejercer “en Consejo de Ministros” las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 y 22 del artículo 236.
¿Cuál es el rol o función del Vicepresidente Ejecutivo?
10.  El Vicepresidente Ejecutivo es “órgano directo y colaborador inmediato del Presidente… en su condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional” (Art. 238), mas no en su función de Jefe del Estado ni de Comandante en Jefe de la FAN.
11.  En su condición de órgano directo y colaborador inmediato del Presidente, al Vicepresidente le corresponde colaborar con él en la “dirección de la acción del Gobierno” (no así del Estado ni de la FAN); presidir el Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente; suplir las faltas temporales del Presidente; y ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente (Art. 239).
¿Cómo ejerce sus funciones el Presidente, en su condición de Jefe del Gobierno?
12.  El Presidente debe ejercer “en Consejo de Ministros” las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 y 22 del artículo 236 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma (Art. 236, aparte primero). En consecuencia, el Presidente debe ejercer “en Consejo de Ministros” las siguientes atribuciones
A.      Decretar estados de excepción y restricción de garantías constitucionales.
B.      Dictar decretos con fuerza de ley, previa ley habilitante.
C.      Reglamentar total o parcialmente las leyes.
D.     Negociar los empréstitos nacionales.
E.      Decretar créditos adicionales al Presupuesto.
F.       Celebrar contratos de interés nacional.
G.  Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.
H.     Promulgar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (Art. 214).
I.        Entre otras.
13.  Ninguna de estas competencias pueden ser ejercidas por el Presidente fuera del Consejo de Ministros. Y en virtud de lo señalado en el artículo 236, aparte segundo, todos estos actos del Presidente deben ser refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros respectivos. La Constitución exige que el Presidente ejerza estas funciones en el seno del Consejo de Ministros y que sus actos sean refrendados por el Vicepresidente y por los ministros, porque se trata de “funciones de gobierno” que deben ser ejercidas por el Gobierno en pleno (el Consejo de Ministros) y no sólo por quien lo dirige (el Jefe del Gobierno), y del ejercicio de estas funciones se hacen solidariamente responsables todos los integrantes del Consejo de Ministros: Presidente, Vicepresidente y Ministros.
¿Cómo ejerce sus funciones el Presidente, en su condición de Jefe del Estado?
14.  El Presidente puede ejercer fuera del Consejo de Ministros cualquiera de las atribuciones distintas a las señaladas anteriormente (Art. 236, aparte primero). En consecuencia, el Presidente puede en todo momento:
A.      Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo y a los Ministros.
B.      Dirigir y ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional
C.      Dirigir las relaciones internacionales y celebrar acuerdos internacionales.
D.     Conceder indultos.
E.      Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
F.       Dirigir la acción del Gobierno.
G.     Entre otras.
15. Todas estas competencias pueden ser ejercidas por el Presidente fuera del Consejo de Ministros (en cualquier momento). La CRBV no exige en este caso que el Presidente ejerza estas funciones en el seno del Consejo de Ministros porque se considera que son “funciones de Estado”, es decir, funciones que le corresponden al Presidente en su condición de Jefe del Estado o de Comandante en Jefe de la FAN, y por lo tanto no necesariamente deben ejercerlas el Gobierno en pleno (el Consejo de Ministros). Tanto es así que, dos de esas atribuciones (designar a los miembros de su Gobierno y dirigir la FAN) no requieren refrendo ministerial y el Presidente las ejerce con plena autonomía constitucional.
¿Dónde está la sede del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno?
La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional (Art. 18). Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en “otros lugares de la República”.
¿En cuáles casos puede ausentarse de su cargo el Presidente de la República?
A.  Son faltas absolutas del Presidente: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del TSJ, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la AN, el abandono del cargo, declarado como tal por la AN, así como la revocación popular de su mandato (Art. 233), las cuales se suplen conforme a lo señalado en dicho artículo.
B.  Las faltas temporales serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por 90 días más. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, “la AN decidirá… si debe considerarse que hay falta absoluta” (Art. 234). La Constitución no menciona cuáles son las faltas temporales. Mi conclusión es que, si una falta no es absoluta, necesariamente debe ser temporal. Por lo tanto, considero que son faltas temporales del Presidente, las ausencias que no configuren falta absoluta, pero que le impidan o restrinjan temporalmente el ejercicio de su cargo.
C.  La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente requiere autorización de la AN, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos (Art. 235). En mi criterio surgen tres escenarios:
a.    El Presidente viaja al extranjero por cinco días o menos, sin autorización de la AN. Se trata de una ausencia temporal autorizada por la Constitución.
b.      El Presidente viaja al extranjero por un lapso superior a cinco días consecutivos, y hasta por 90 días, previa autorización de la AN. Es una ausencia temporal autorizada por la Constitución.
Si el Presidente desea prolongar su viaje más allá de 90 días, corresponde a la AN decidir si prorroga la autorización hasta por 90 días adicionales, o declara la falta absoluta (por abandono del cargo).
c.  El Presidente viaja al extranjero por un lapso superior a cinco días consecutivos, sin autorización de la AN. En este caso es una ausencia no-permitida por la Constitución y configuraría abandono del cargo. Por lo tanto, sería una Falta Absoluta.
CONCLUSIONES SOBRE EL VIAJE DEL PRESIDENTE CHÁVEZ A CUBA
1.   La AN no puede conceder autorización al Presidente Chávez para que viaje al extranjero sin fecha de retorno pues el plazo máximo de viaje permitido por la Constitución es de 90 días. Que pueden prorrogarse por 90 días adicionales, sólo si al final del plazo original, la AN considera necesario la prórroga y no declara la Falta Absoluta. En ningún caso, el viaje puede extenderse por más de 180 días, ni la AN autorizar una prórroga que exceda ese lapso.
2.   El Presidente Chávez viajó a Cuba con autorización de la AN, pero por razones médicas que indudablemente restringen el ejercicio de su cargo (el Presidente no puede ejercer sus funciones mientras esté preparado para la cirugía, ni durante la cirugía, ni eventualmente durante el postoperatorio). El asunto es sencillo: esta ausencia del Presidente es equivalente a la de cualquier funcionario público que solicita un reposo temporal por razones de enfermedad. En síntesis, es una ausencia temporal (aún más, indefinida) autorizada por la Constitución que al no configurar algún supuesto de falta absoluta, configura una Falta Temporal.
3.    Por ser una falta temporal, debió ser suplida por el Vicepresidente Ejecutivo (Elías Jaua), que por esa razón debió juramentarse y asumir a plenitud el ejercicio de cargo en condición de Presidente encargado o interino, y ejercer temporalmente todas las atribuciones inherentes al cargo (incluso las que le corresponderían como Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la FAN). Como no ha querido reconocerse la existencia de una Falta Temporal, el Presidente en ejercicio sigue siendo Hugo Chávez.
4.    En su carácter de Presidente en ejercicio, Hugo Chávez puede seguir ejerciendo −en Cuba y en cualquier otro país del mundo− todas las funciones que le corresponden como Jefe del Estado y Comandante de la FAN, tales como, designar o remover al Vicepresidente o a los ministros, celebrar acuerdos internacionales o conceder indultos; así como ejercer el mando de la FAN y convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
5.   Lo que no podrá hacer el Presidente Chávez −mientras permanezca en Cuba− aunque siga siendo el Presidente en ejercicio, es ejercer las “funciones de Gobierno” que por exigencia del artículo 236 de la Constitución deben ejercerse en Consejo de Ministros, y que por tanto deben ser ejercidas por el Gobierno en pleno (el Consejo de Ministros) y no sólo por el Jefe del Gobierno (el Presidente). En consecuencia, mientras el Presidente permanezca en Cuba, el Gobierno no puede −constitucionalmente− promulgar las leyes que apruebe la AN, ni dictar decretos con fuerza de ley (aunque esté vigente una ley habilitante), ni reglamentar leyes, ni negociar empréstitos, ni decretar créditos adicionales al Presupuesto, ni celebrar contratos de interés nacional, ni crear o eliminar ministerios. Y en el caso de que se haga, sería inconstitucional.  
6.    El Consejo de Ministros puede reunirse y sesionar válidamente sin la presencia del Presidente Chávez, solamente en tres casos: (a) Si lo convocara y presidiera Elías Jaua, en condición de Presidente encargado (que no es posible en este caso porque no se reconoció la existencia de una falta temporal); (b) Si el Presidente Chávez hubiera delegado en el Vicepresidente Jaua el ejercicio de las funciones de gobierno, incluso la de convocar y presidir el Consejo de Ministros (delegación esta que no ocurrió); y, (c) Si lo convocara y presidiera Elías Jaua, en su condición de Vicepresidente Ejecutivo, previa autorización del Presidente Chávez, pero en este caso todas las decisiones que se adopten deben ser ratificadas (posteriormente) por el Presidente.
7.   En ningún caso el Consejo de Ministros puede ser convocado para sesionar en Cuba o en cualquier otro país pues, conforme al artículo 18 de la Constitución, el Poder Ejecutivo Nacional puede ejercerse solamente en Caracas o en “otros lugares de la República”, pero no en lugares fuera del territorio de Venezuela.
EN CONCLUSIÓN
1.   La autorización otorgada por la AN al Presidente Chávez es inconstitucional por ser indefinida ya que, según lo expuesto, el plazo máximo de viaje permitido por la Constitución a un Presidente de la República es de 90 días, prorrogable por 90 días adicionales, sólo si al final del plazo original, la AN considera necesario la prórroga. Pero en ningún caso, el viaje puede extenderse por más de 180 días, ni la AN autorizar una prórroga que exceda ese lapso.
2.  Como no se reconoció la existencia de una falta temporal y Hugo Chávez sigue siendo el Presidente en ejercicio, el Presidente Chávez puede seguir ejerciendo −incluso en Cuba− todas las funciones que le corresponden como Jefe del Estado y Comandante de la FAN, y en especial la de designar o remover al Vicepresidente o a los ministros, celebrar acuerdos internacionales y conceder indultos; así como ejercer el mando de la FAN y convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación, de considerarlo necesario.
3.  Como Hugo Chávez sigue siendo el Presidente en ejercicio, en su condición de Presidente debe autorizar al Vicepresidente Jaua para convocar y presidir temporalmente las sesiones del Consejo de Ministros, y las decisiones que se adopten en tales sesiones deberán ser ratificadas posteriormente por el Presidente Chávez. Sólo de este modo podrá el Gobierno promulgar leyes, dictar decretos con fuerza de ley, reglamentar leyes, negociar empréstitos, decretar créditos adicionales al Presupuesto, celebrar contratos de interés nacional, crear o eliminar ministerios, o ejercer el resto de las funciones de gobierno, sin violar la Constitución.

martes, 14 de febrero de 2012

Otra vez el TSJ

El que camina en integridad anda confiado,
pero el que pervierte sus caminos será descubierto
Los sabios atesoran el conocimiento,
pero la boca del insensato es calamidad cercana
Su integridad guiará a los rectos,
pero la perversidad arruinará a los traicioneros.
Proverbios de Salomón

Apenas un día después de celebrarse las Elecciones Primarias promovidas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para escoger los candidatos opositores a Presidente de la República y a diversos cargos regionales, y el mismo día en que varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) cuestionaran los procedimientos empleados en esas Primarias, y en especial la destrucción de los cuadernos de votación en un plazo de máximo de 48 horas (regla que se aprobó para proteger la identidad de los votantes y prevenir retaliaciones políticas del Gobierno contra funcionarios públicos u otras personas, al estilo Lista Tascón), el 13 de febrero –aunque el recurrente y su abogada dicen que fue en la mañana del 14– se presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un ciudadano llamado RAFAEL VELASQUEZ BECERRA, quien en su carácter de candidato a las Primarias [Alcaldía del Municipio Bruzual, Estado Yaracuy], interpuso acción de amparo constitucional con medida cautelar innominada contra la Comisión Electoral de la MUD, por la presunta violación de sus derechos a la seguridad jurídica, a la información, al sufragio y a la defensa, a consecuencia del anuncio de destruir los cuadernos electorales utilizados en el referido proceso comicial, luego de 48 horas de realizado el proceso comicial.
Al día siguiente, no más de 24 horas después, o apenas cuatro horas después, si lo que dicen el recurrente y su abogada es verdad, –en todo caso con una celeridad que casi nunca se ve en ese órgano judicial– la Sala Constitucional del TSJ “recondujo” la acción de amparo a una demanda por intereses colectivos y difusos y se declaró competente para conocer de la acción. Al hacer esta reconversión, la Sala deliberadamente convirtió el proceso en un asunto personal del accionante, con relevancia únicamente en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, en un asunto de todos y de relevancia nacional, con incidencia en todos los cuadernos electorales del proceso comicial, y no solamente en los del mencionado municipio.
Adicionalmente, la Sala Constitucional (con ponencia de Francisco Carrasquero, quien fue Presidente del Consejo Nacional Electoral antes de ser magistrado en esa Sala) acordó la medida cautelar y le ordenó a la MUD entregar [todos] los cuadernos electorales a las diversas Direcciones Regionales del Consejo Nacional Electoral [CNE] en las correspondientes circunscripciones electorales, en un lapso no mayor a las 24 horas, y será el Poder Electoral el que deberá proceder al resguardo del material electoral antes referido. “De igual forma, se ordena al Plan República, en la persona del General en Jefe Henry Rangel Silva, girar las instrucciones pertinentes a los fines de garantizar la custodia del material antes señalado y hacerlo llegar a las correspondientes sedes del Poder Electoral”. [1]
Una vez más, la Sala Constitucional actúa con una celeridad inusitada y absolutamente infrecuente, esta vez con el deliberado propósito de arrebatar a la MUD los cuadernos de votación cuya confidencialidad y pronta destrucción está contenida en las reglas de la MUD, aceptadas por el accionante y sobrevenidamente desconocidas; y el velado propósito de complacer al PSUV en su confesa aspiración de revisar los cuadernos de votación para verificar si es verdad o no, que en las Primarias votaron más de tres millones de electores, como lo anunció la MUD (y con la posibilidad de verificar quiénes votaron en dicho proceso comicial).
Caben acá hacer muchas valoraciones jurídicas y políticas sobre esta sorprendente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, tales como:
·         La mutación de la acción de amparo en una acción colectiva (para poder asumir la competencia que originalmente le correspondería a la Sala Electoral, y poder entrometerse en todo el proceso y no sólo en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy);
·         El desconocimiento sobrevenido de las reglas de juego por uno de los participantes;
·         Si la acción de amparo se presentó en el TSJ en la mañana del 14 de febrero, como declararon públicamente el recurrente y su abogada, ¿por qué la sentencia dice que se presentó el día anterior?;
·         Entre otras.
·         Acá quiero destacar solamente que el TSJ parece actuar en contra de la doctrina administrativa del CNE e, incluso, de sentencias previas del propio Tribunal.
En efecto, mediante escrito presentado el 30 de marzo de 2009, en el expediente AA70-E-2008-000089, el representante judicial del CNE le pidió a la Sala Electoral que declarara la confidencialidad de la información contenida en el material electoral que se le obligó a consignar en dicho expediente y que se restrinja el acceso y la divulgación de la misma, con el objeto de garantizar los derechos y las garantías de los datos y demás información de los electores que aparecen en la misma. A los efectos de fundamentar esta solicitud, el funcionario electoral arguyó que “… ha sido una actuación permanente y reiterada del máximo organismo electoral, la salvaguarda o resguardo de la información y de los datos relativos a la esfera íntima de los electores que se contienen en sus registros, pues es evidente que su divulgación puede suponer una afectación directa a los derechos fundamentales inherentes a la persona humana relativos a la vida privada, su intimidad, honor y reputación, entre otros.” [Véase sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, N° 46 del 02-04-2009] [2]
En esa misma sentencia, la Sala Electoral acogió con beneplácito la solicitud del CNE y resolvió que,

… [E]n efecto, como señala la representación judicial del máximo Órgano Electoral, resulta obvio que la divulgación de los datos de los electores contenidos en el Registro Electoral puede afectar su esfera íntima lo que supondría una violación a su derecho a la intimidad consagrado en el artículo 60 constitucional.
A mayor abundamiento, cabe destacar que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos (artículo 143 constitucional), y en particular las partes en el proceso tienen derecho a un debido proceso (artículo 49 constitucional), lo que incluye poder tener pleno acceso a las pruebas, sin embargo, no es menos cierto que esos derechos son relativos pues admiten límites que persigan garantizar el goce de otros derechos, como ocurre en el presente caso, en el que deben limitarse a fin de garantizarle a los todos los electores del municipio San Cristóbal del estado Táchira, su derecho a la intimidad evitando la divulgación de sus datos personales.
En consecuencia, de declara la confidencialidad de todo el material electoral consignado en autos, por lo que se prohíbe su divulgación de cualquier forma, y particularmente su reproducción fotostática o digital; siendo únicamente posible su consulta por las partes en el presente recurso o sus apoderados judiciales, en la Secretaría de esta Sala y bajo supervisión de funcionario… [Subrayado añadido]
Previamente, la propia Sala Constitucional que hoy integra Carrasquero, y que este magistrado debe conocer bien pues fue Presidente del CNE, había establecido en dos célebres –y cuestionados– fallos (casos: “Veedores de la UCAB[3] y William Ojeda [4], del 23 y 31 de agosto de 2000, respectivamente), la confidencialidad de los datos electorales. En el segundo caso, William Ojeda (casualmente también candidato en las recientes Primarias) había solicitado –infructuosamente– al CNE copia certificada de las actas de escrutinio correspondientes a las elecciones en el municipio Sucre de Miranda, y alegó ante la Sala que existía riesgo manifiesto de que se agotara el lapso legal correspondiente para impugnar la elección y la omisión del CNE lo privaba tanto a él –como candidato perdedor– como a la comunidad electoral del Municipio Sucre del Estado Miranda, para ejercer los recursos.
El artículo 28 de la vigente Constitución establece el derecho de las personas a conocer la información que sobre ellas, hayan sido compiladas por otras… Como se evidencia de la lectura de la norma, quien quiere hacer valer estos derechos (que conforman el habeas data), lo hace porque se trata de datos que le son personales,…
Desde esta concepción del derecho a la información, puede sostenerse, dando a la norma una interpretación laxa, que un candidato a un cargo de elección popular puede pedir al órgano electoral que se le informen los datos que sobre sí mismo constan en los registros electorales, por tratarse de información cuyo conocimiento no solo  es de interés personal
En principio, un candidato a cargos de elección popular, fundado en el artículo 28 de la Constitución de 1999, puede solicitar de los organismos electorales lo ponga en conocimiento de lo que a él sea atinente. ¿En qué consiste este acceso? La palabra acceder tiene varios significados, pero el que utiliza el artículo 28 eiusdem, es a juicio de esta Sala, el de paso o entrada a un lugar, es decir, entrada a los registros y documentos (ya que se trata de dos supuestos distintos) a fin de enterarse qué existe en ellos, que sea interesante para la persona. Tal acceso, sin embargo, no es ilimitado, ya que hay otros derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos que deben armonizarse con el ejercicio de este derecho (como lo son la protección a la vida privada, al honor, a la intimidad, el secreto de las comunicaciones privadas, etc.)
Ahora bien ¿los actos y cuadernos de votación de un proceso electoral, que interesan a un candidato a ser electo, forman parte de los documentos a que se refiere el artículo 28 eiusdem? A juicio de esta Sala, los actos que no se refieran en particular al candidato, sino al acto electoral, no forman parte del derecho de acceso del artículo 28, como si forman parte de él, los datos propios del candidato, registrados en alguna forma en el órgano electoral, tales como número de votos obtenidos, etc.
No digo que las sentencias previas sean acertadas. Pero, ¿qué pretende la Sala Constitucional? ¿Acaso no era suficiente con ordenar la no-destrucción del material electoral y pedirle al Plan República que lo custodiara en la sede de las Comisiones Electorales? ¿A título de qué el CNE va a custodiar material electoral que le es ajeno? ¿Cómo quedan los precedentes previos?

lunes, 6 de febrero de 2012

La Política como acción de Servicio


A  los líderes y gobernantes de Venezuela,
para que hagan de la justicia y del servicio el fundamento del orden social

En la misa de ayer domingo 05 de febrero, hicimos tres interesantes lecturas que hablan muy bien de lo que debe ser la Política, y más precisamente, lo que debe hacer un Buen Político. En la primera de las lecturas (Job 7,1-4. 6-7), dice Job: “El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio”. En la segunda lectura (1 Cor 9,16-19. 22-23), San Pablo afirma que, “siendo libre como soy, me he hecho esclavo [siervo] de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos…".
En la tercera y última lectura (Mc 1,29-39), Marcos nos cuenta que Jesús salió con sus discípulos de la sinagoga, donde predicaba, y fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con fiebre. “Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles”. Al anochecer, prosigue el relato de Marcos, la población entera de Cafarnaum se agolpó a la puerta del lugar, donde Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Más tarde, Jesús se retiró a rezar en privado y sus discípulos, al encontrarlo, le pidieron volver: “Todo el mundo te busca.” Pero Jesús les respondió: “Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.” De este modo recorrió Jesús toda Galilea, predicando en las sinagogas pero también sanando a los enfermos y expulsando a los demonios.
Estas Lecturas dejan una valiosa enseñanza a todo aquel que aspira ser un Buen Político (un auténtico Servidor Público y no un “Burócrata”). En el texto de San Marcos se describen dos cualidades que tuvo la misión de Jesús, y que debe tener también la misión de un Buen Político: la conjunción simultánea de predicación y acción. Sin lugar a dudas, el Buen Político debe predicar, divulgar sus ideas, evangelizar con su proyecto de país, y para ello dispone no solamente de los medios de comunicación de masas (radio y TV), sino también de la multitud de redes sociales que hoy día permiten difundir en instantes y a todo el mundo, las ideas que queremos difundir.
Pero el Buen Político debe “salir de la sinagoga”. El Buen Político no puede conformarse con predicar, con escribir un libro o un plan de gobierno, o con tuitear o con salir por televisión. El Buen Político debe ir –como lo hizo Jesús– a donde viven, trabajan y sufren los ciudadanos. El Buen Político debe –como lo hizo Jesús– buscar el encuentro personal, cara a cara, con los ciudadanos de carne y hueso, con sus dificultades y sus padecimientos; tomarlos por la mano con sinceridad y dispensarles la atención personal que Jesús dispensó a quienes le oían.
El ejercicio de la política no puede recluirse en Twitter o en una pantalla de televisión, ni ser solamente prédicas y discursos. La palabra y el proyecto-país del Buen Político deben traducirse en acciones. En “patear la calle”, como se dice en Venezuela, y no solamente para “decir” sino también para “escuchar”, oír las necesidades de los ciudadanos y crear conexiones con los problemas reales de la gente. En no dejarse encandilar por el éxito en algún lugar o ante una audiencia, sino en ir a todas partes, a “las aldeas cercanas” y a todas las ciudades, para predicar y actuar por doquier.
La lectura de Marcos resulta ser, entonces, el perfecto colofón a las dos lecturas anteriores, en las que Job nos recuerda que el hombre vino a la tierra –y más aún si se dedica a la Política– para cumplir un servicio, y San Pablo nos enseña que siendo libre como él lo fue, se hizo siervo [o servidor] de todos para ganar a los más posibles. En eso debe consistir la Política, en hacerse un auténtico servidor de todos, para ganar la mayor cantidad posible de adeptos. No es casualidad que ayer, en la Oración del domingo, hayamos pedido por los líderes y gobernantes de las naciones, “para que hagan de la justicia y del servicio el fundamento del orden social, y de esa forma lleven a todos un sentido de dignidad y de plena realización humana”.