jueves, 11 de agosto de 2011

Sobre el anteproyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular


El Estado promoverá la existencia de estaciones de radiodifusión  sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas en su ámbito respectivo…
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, artículo 200
Conocido el anteproyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular [el Anteproyecto], quiero destacar sus principales aspectos para formular observaciones que permitan adaptarlo a los estándares internacionales, principalmente contenidos en las recomendaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias [AMARC].
La Asamblea Nacional está en mora con los medios comunitarios desde el año 2000, desde que el artículo 200 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones [LOTEL] impuso al Estado la obligación de promover la existencia de estaciones de radio y TV comunitarias de servicio público, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas en su ámbito respectivo. Por lo tanto, esta iniciativa legislativa, supuestamente impulsada por un grupo de organizaciones de la comunicación popular, como se hacen llamar, debe aprovecharse para impulsar la sanción de una Ley que garantice realmente el acceso democrático de todas las comunidades y entidades sin fines de lucro a los espacios de comunicación. Pero el anteproyecto de Ley merece al menos las siguientes observaciones:
1.      El Anteproyecto incluye en su ámbito de aplicación únicamente a los “medios de comunicación del Poder Popular, es decir, incluye únicamente a los medios de comunicación de los Consejos Comunales y otras formas de organización que configuran el Estado Comunal [1], y en consecuencia no incluye a los “medios alternativos y comunitarios, como los llama el Anteproyecto, que al decir de la Exposición de Motivos, “no son expresión actual de la Comunicación para el Poder Popular”. Se requiere una Ley que incluya a todos los medios comunitarios de servicio público sin fines de lucro, como lo exige la LOTEL y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y no sólo a los del llamado Poder Popular.
2.      En línea con lo anterior, los medios beneficiados por el Anteproyecto son únicamente los medios fundados por Consejos Comunales y otras formas de organización que configuran el Estado Comunal, y de acuerdo con los estándares internacionales propuestos por la AMARC, más bien debe garantizarse que los medios comunitarios sean gestionados por comunidades y por organizaciones sociales sin fines de lucro de todo tipo [universidades, asociaciones de vecinos u otras entidades comunitarias], que deben participar en la propiedad del medio, y en su dirección, operación, financiamiento y evaluación.
3.      Igualmente consecuencia de lo señalado en el numeral 1 es que el Anteproyecto distingue entre los medios comunitarios y los medios del Poder Popular, y los somete a requisitos diferentes de creación. Mientras que los medios comunitarios deben cumplir con los requisitos técnicos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su Reglamento, y  con los legales previstos en el Código Civil [Art. 9], a los medios del Poder Popular no se les exige cumplir con los requisitos técnicos de la LOTEL, sino que simplemente se constituyen y se registran en la Vicepresidencia de la República, y sólo así podrán acceder al Fondo de financiamiento administrado por este funcionario [Arts. 7 y 8]. De este modo, aparte de la discriminación entre unos u otros medios comunitarios, los medios del Poder Popular quedarán bajo control de la Vicepresidencia de la República.
4.      El Anteproyecto condiciona el funcionamiento de los medios del Poder Popular a la construcción del Estado Comunal y Socialista [2], que están integrados por “comunicadores bolivarianos, antiimperialistas y socialistas” [Art. 4.6 y Exposición de Motivos], con lo cual se discrimina a los medios comunitarios que no están alineados con esa ideología política, y se convierte a los medios del Poder Popular en instrumentos de proselitismo y promoción de la ideología socialista. Debe exigirse que los medios comunitarios garanticen el acceso y participación plural de todas las corrientes políticas que conviven en la respectiva comunidad.
5.      El Anteproyecto establece el objetivo de democratizar el espectro radioeléctrico, “mediante políticas que ordenen al Estado el otorgamiento del espectro a todos los sectores, dándole prioridad a los medios de comunicación para el Poder Popular” [Art. 4.2], con lo cual los medios del Poder Popular tendrán hegemonía en el espectro radioeléctrico sobre el resto de los medios de comunicación, incluso sobre los medios comunitarios, con dos agravantes: (i) los medios del Poder Popular no requieren cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la LOTEL [Art. 7] y; (ii) el Gobierno puede asignar discrecionalmente y sin concursos públicos las frecuencias en el espectro. Adicionalmente, se le impone las empresas de televisión por suscripción que incluyan en su grilla de programación a los medios del Poder Popular [Art. 27]. Debe exigirse que las frecuencias sean asignadas por una Autoridad técnica independiente del gobierno, y mediante concursos públicos y transparentes; y la digitalización del espectro, que permitiría transmitir por lo menos tres canales digitales en el mismo espectro asignado a un canal analógico.
6.      Según el Anteproyecto [Arts. 18 y 19], las principales fuentes de financiamiento de los medios del Poder Popular serán los aportes anuales especiales que hagan los bancos y demás empresas del Estado, y un Fondo especial administrado por el Vicepresidente de la República, conformado por una contribución anual que deben pagar las “personas jurídicas dedicadas a la publicidad” y los “prestadores de servicios de telecomunicación con fines de lucro” (empresas de telefonía, medios de comunicación social, entre otras), equivalente al 2% de su ganancia o utilidad. Aún más, los medios impresos del Poder Popular deben imprimirse gratuitamente en las imprentas del Estado [Art. 26].
La principal crítica que esto merece es que: (1) Una vez más, tal como ocurrió con la ciencia y tecnología y recientemente con el deporte, el Estado quiere financiar una actividad de interés general, no con dinero del presupuesto público sino con dinero despojado al sector privado, administrado y asignado discrecionalmente por el Vicepresidente, sin contraloría social alguna; y (2) Se discrimina a los medios comunitarios toda vez que sólo los medios del Poder Popular registrados en la Vicepresidencia, y únicamente ellos, tendrán acceso a estos recursos.
7.      Por último, el Anteproyecto faculta a los Ministerios competentes para que certifiquen como Comunicador Integral a la experiencia y saberes de los ciudadanos dedicados a la comunicación popular [Art. 14], es decir, de los comunicadores bolivarianos, antiimperialistas y socialistas. De este modo, se discrimina a los ciudadanos con experiencia en otros medios comunitarios de servicio público, que al no prestar servicios en medios del Poder Popular, o no estar alineados con la ideología socialista y comunal del Poder Popular, simplemente carecen del derecho a que su experiencia o saberes sean evaluados o certificados por el órgano competente.
En fin, es importante que los medios comunitarios y todos los demás sectores interesados, se incorporen al debate y propongan ideas que ajusten el Anteproyecto a los estándares internacionales de libertad de expresión y que garantice realmente el acceso democrático de todas las comunidades y entidades sin fines de lucro, no solamente de las socialistas, a los espacios de comunicación.


[1]     El Estado Comunal y Socialista es un modelo de Estado basado en la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos, y cuya célula fundamental no es el municipio sino la comuna [Arts. 2; 7 y 8 Ley Orgánica del Poder Popular]
[2]     Se reitera, la célula fundamental del Estado Comunal y Socialista no es el municipio sino la comuna, y el modelo de Estado se basa en la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos [Arts. 2; 7 y 8 Ley Orgánica del Poder Popular]