sábado, 13 de marzo de 2010

Los Distritos Motores de Desarrollo

En la Gaceta Oficial Nº 39.382 del 09 de marzo de 2010, fue publicado el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (RLOCFG), dictado por el Presidente de la República, y conforme al cual:
  • Le corresponde al Presidente de la República crear los Distritos Motores de Desarrollo (DMD), cuyos límites podrán coincidir o no, con los límites geográficos de los estados y de los municipios (Artículo 21 del RLOCFG);
  • Le corresponde al Presidente de la República designar a las Autoridades Únicas Distritales (Artículos 24 RLOCFG y 73 de la Ley Orgánica de la Administración Pública), cuyas funciones son: Administrar los recursos que le asigne el Ejecutivo Nacional y el Fonde de Compensación Interterritorial en función de una presunta Misión Distrital; Garantizar el buen desempeño de los organismos nacionales en el correspondiente Distrito; Procurar soluciones a los problemas de las comunidades, entre otros (Art. 25 RLOCFG).
  • Se establece la obligación de los estados y de los municipios (y obviamente de sus gobernadores y alcaldes) de coordinarse y colaborar con la Autoridad Distrital para la ejecución y logro de las metas fijadas por el Consejo Federal de Gobierno (Artículo 26 RLOCFG).
  • Se le atribuye al Presidente de la República la competencia para decretar las competencias que los estados y los municipios deben transferirle obligatoriamente a las comunidades organizadas (Art. 3°: Transferencia de competencias), en franca violación del artículo 184 de la Constitución.

A través de los DMD se sigue implantando la Nueva Geometría del Poder que propuso el Presidente de la República en la Reforma Constitucional del 2007 y que fue rechazada por el Pueblo ya que los DMD son el equivalente de los Distritos Funcionales previstos en el artículo 16 de la Reforma, lo que hace suponer que dos o más municipios, del mismo o de distintos estados, serán agrupados para conformar un DMD, y serán gobernados por una Autoridad que dependerá del Presidente y que gobernará con un Plan Estratégico diseñado por el Gobierno Nacional.

Para cumplir con las “apariencias” constitucionales, los estados y los municipios no son eliminados, pero quedan subordinados a las transferencias de competencias que les ordene el Presidente de la República, y se crean los DMD son creados como “unidades de gestión territorialcuyas Autoridades Únicas se supraordinan y se superponen a los gobernadores y a los alcaldes y a través de las cuales, con el pretexto de la “coordinación”, el Gobierno Nacional podrá controlar el gobierno de los estados y de los municipios.

Así las cosas, el Reglamento y la Ley Orgánica son violatorios de la autonomía que la Constitución le confiere a los estados y a los municipios (pues se les obliga a “coordinarse” con las Autoridades Distritales); usurpan la competencia que la Constitución le da a los estados para organizar a sus municipios y su división político territorial (Art. 164.2); interfiere en las competencias constitucionales del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y del Consejo Local de Planificación Pública (Arts. 166 y 182); violan los artículos 170 y 171 de la Constitución, los cuales establecen la potestad de los municipios para asociarse (voluntariamente) en mancomunidades, en distritos metropolitanos o en otras modalidades asociativas intergubernamentales, cuando ello sea necesario para armonizar y optimizar el desarrollo de las entidades municipales involucradas; y violan de manera manifiesta el artículo 184 de la Constitución, que atribuye a los estados y a los municipios la potestad de transferir competencias a las comunidades organizadas, mediante mecanismos “abiertos” y “flexibles”, no-impuestos por el Presidente de la República.