Tráigame un poco de perspectiva,
una fresca y bien sazonada perspectiva
una fresca y bien sazonada perspectiva
Anton Ego [Ratatouille: Pixar]
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Por casualidad me topé con una controversia electrónica entre diversos colegas, algunos buenos amigos, que han debatido el rol que debemos jugar los abogados en Venezuela, y en especial aquellos que por ser profesores universitarios o por cualquier otro motivo, tenemos la responsabilidad no sólo de ejercer la profesión para nuestro legítimo beneficio individual, sino también la de formar los futuros juristas, y además formar opinión pública.
La controversia fue involuntariamente iniciada por un conocido abogado, quien hizo circular un correo electrónico en el que comentó la reciente entrada en vigencia de la largamente esperada Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa [LOJCA], cuyo articulado es aparentemente bueno, pero en cuyo Informe parlamentario para su segunda discusión se hicieron afirmaciones como estas:
“El proceso contencioso administrativo… ha evolucionado ostensiblemente para dejar de ser el árbitro que tutela exclusivamente las garantías jurídicas de los administrados individualmente considerados y examina la mera legalidad de la actividad administrativa, para hacer prevalecer los intereses públicos”.
“… la Constitución de 1999 ha dado un salto cualitativo en la preceptiva de la justicia administrativa que viene a superar la ficticia contradicción entre los intereses públicos y los particulares”.
“… se puede afirmar que desde la perspectiva de la Constitución de 1999, se monta una sólida plataforma para la desaparición paulatina del Estado Liberal Burgués de Derecho para dar paso a un Estado con nuevo rostro, valores y paradigmas”.
“Aunque algunas de las instituciones del naciente Estado descubren rasgos ya enunciados en el pasado, hoy requieren aplicaciones distintas y novedosas… para sustituir pacíficamente el antiguo modelo de justicia administrativa, por otro modelo que –todavía en construcción– satisfaga las exigencias de un sistema de justicia socialista y, por ende, profundamente humano…”
El debate inmediatamente posterior al primer correo se planteó en torno a dos alternativas aparentemente dilemáticas:
(i) La conveniencia de proseguir haciendo dogmática jurídica de las leyes que ha impuesto el régimen socialista en Venezuela o, como lo explicó su proponente, hacer un análisis conjunto, esto es, “estudiar las Leyes, con sus beneficios y ventajas, y al mismo tiempo, estudiar la mentalidad jurídica con la cual serán aplicadas. Por ello, al estudiar la LOJCA debe analizarse sus aspectos positivos y negativos, como corresponde con todo análisis jurídico objetivo, y al mismo tiempo, criticar el contexto en el cual esas Leyes serán aplicadas…”; o,
(ii) La conveniencia de no hacer dogmática jurídica de las leyes emanadas por el régimen pues, a juicio de uno de sus proponentes, ello implicaría caer en el juego de hacerle comparsa y reparar en nimiedades y pequeñeces. Lo preferible sería centrarse en lo verdaderamente fundamental, en lo principal: la denuncia de la ausencia de Estado de Derecho, con todo lo que ello significa, y hacer caso omiso al análisis dogmático de leyes e instituciones que en realidad han devenido en instrumento para su negación y destrucción sistemática.
Pero el debate se enriqueció aún más y ha propuesto por lo menos seis importantes interrogantes, que constituyen sin lugar a dudas un reto a la teoría de la Ciencia del Derecho en Venezuela, y un desafío a los abogados de nuestro país.
¿Tiene sentido estudiar Derecho en Venezuela?
¿Tiene valor enseñar Derecho en Venezuela?
¿Cómo debe enseñarse el Derecho en la Venezuela de hoy?
¿Cuál es el rol o misión de las Facultades de Derecho y de los estudios jurídicos de postgrado y de doctorado en la Venezuela de hoy?
¿Tiene provecho continuar haciendo dogmática jurídica en Venezuela?
¿Qué otras responsabilidades tenemos los juristas frente al País y a la profesión?
En los próximos artículos me propongo repasar –anónimamente, porque no tengo autorización de los participantes para difundir sus opiniones– algunos puntos de vista y ofrecer algunos criterios para profundizar en un debate tan trascendental para los abogados y los estudiantes de Derecho en Venezuela, y tal vez incluso para el País.
Continuará…
1 comentario:
"Hacer prevalecer los intereses públicos" esa frase me inquietó porque tengo entendido que en Derecho Administrativo se regula el funcionamiento de la Administración Pública pero, si se anula el Estado de Derecho y se sustituye por un "sistema de Justicia socialista" empezamos a tener un Derecho del Estado AUN MAS HECHO A LA MEDIDA del que ya tiene este régimen. Cuando aqui se entiende por Intereses públicos los intereses del presidente, cuando aqui se entiende por intereses del Estado algo totalmente contrario al Estado de Derecho, algo al margen de la ley
Un modelo "aun en construcción" del que no sabemos su planteamiento total, sino fragmentado, y ¿Como se puede calificar de "ficticia" la contradiccion entre los intereses públicos y particulares? Ahí se está generalizando tanto que estamos asumiendo que el interés de unos pocos adeptos al "nuevo sistema" es el interés de la mayoria.
Volvemos al mismo problema del Estado de Derecho, pero sin embargo considero que si vale la pena seguir estudiando Derecho en este país, si tiene valor y debe enseñarse no solo el "Deber ser" de las leyes sino el "Ser" de la realidad. A mi juicio el rol que deben desempeñar las Facultades de Derecho de Venezuela, es la de formar criterio y análisis jurídico, dar las dos caras de la moneda (El deber ser y el Ser)y ademas, ser vigilantes del acontecer jurídico del pais y no meros actores silentes de este drama nacional.
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