Desentrañando el Pacto

Dedicamos esta entrada de hoy a comentar los asuntos clave del Pacto convenido entre PSOE (Pedro Sánchez) y Junts per Catalunya (Carles Puigdemont), para investir presidente del gobierno a Pedro Sánchez, y su posible impacto en la sociedad española. Acompáñame en este breve examen.

I

PSOE Y Junts acordaron la amnistía total tanto a los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de alguna decisión o proceso judicial vinculado a estos eventos, lo cual implicará la impunidad absoluta de los culpables de incurrir en conductas de corrupción y graves alteraciones del orden público y constitucional, y que, tal como ha sido planteada, configura un trato diferenciado que pretende justificarse en motivos subjetivos e irrazonables, y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

Hay tratos desiguales que al fundamentarse en motivos objetivos y razonables, son “tratos diferenciados” aceptables en un estado constitucional de derecho; pero cuando el trato es desigual y se fundamenta en motivos subjetivos e irrazonables, es una discriminación que atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley.

Explicado en términos coloquiales, si un funcionario en el gobierno de Castilla-La Mancha o de Galicia, por poner un ejemplo, desvió recursos públicos de una partida presupuestaria para construir una escuela o un hospital en su comunidad, debe ser encarcelado por malversación. Y si usted protestara violentamente, destrozara bienes públicos y alterara indebidamente el orden público, para reclamar, por ejemplo, los tiempos de espera en la sanidad pública, usted también debe ser encarcelado, con todo y lo “nobles” que hayan sido sus intenciones, o las del funcionario.

Pero, si se es funcionario de la Generalitat o un independentista de Cataluña, es diferente. La amnistía legaliza el empleo de dinero público y y su desvío para financiar un referéndum ilegal, y protestar violentamente para defender su derecho a la autodeterminación, y em ambos casos de gozará de impunidad. Básicamente, la corrupción y la sedición se vuelve legítima, cuando se hace con la finalidad de independizar a Cataluña. Así de simple.

El impacto de este disparate es la percepción de impunidad que crece en la sociedad española y el entredicho a la equidad en la aplicación de la ley; porque además, en este caso, no contribuye a la reconciliación o a la convivencia, como falsamente se nos quiere convencer. Para que una amnistía consiga ese propósito, que podría hacerlo, es preciso que las víctimas -y no sólo los victimarios- se sientan reconocidos en la ley de amnistía, y esto se consigue sólo cuando los responsables de los delitos evidencian arrepentimiento, al menos reconocen haberse equivocado -si es que no piden perdón- y se comprometen a rectificar y a no repetir las mismas acciones. Y visto lo visto, no parece que Puigdemont y sus cómplices transiten o vayan a transitar por la senda del arrepentimiento y la rectificación. Todo lo contrario, como se verá a continuación, de lo conocido hasta ahora, el Pacto desplaza la culpabilidad de lo ocurrido a la inmensa mayoría constitucionalista de los españoles.

II

El segundo gran problema del Pacto, consecuencia del primero, es el “relato sintético de hechos” que proponen los independentistas y que Sánchez (y el PSOE) han aceptado y acogido sin escrúpulo alguno. Como bien lo explicó Puigdemont en su rueda de prensa: “Reconocer el problema real era un problema indispensable... El documento que hemos firmado significa un cambio de enfoque de la narrativa oficial”. Según esta nueva narrativa, la que ahora nos quieren imponer, es que el origen y causa del conflicto político en Cataluña no son las acciones rupturistas de los independentistas. El problema real es, según el Pacto, “la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010” -la que adaptó el Estatut de Cataluña a la Constitución-, por ser -supuestamente- la que desató los eventos del procés y culminó en “múltiples causas judiciales,… que afectan a un gran número de personas”. Y en ese sentido, el Pacto señala:

… [L]as conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas…

No obstante la complicada redacción del párrafo, y su peligrosa imprecisión, del mismo puede colegirse sin duda alguna que el PSOE ha 'comprado' la narrativa de los independentistas y admite por escrito que algunos jueces han podido prevaricar y practicado persecución judicial a los independentistas. No importa cómo intenten 'matizarlo' ahora, está claro que el PSOE acogió la narrativa independentista de desconfianza en el Poder Judicial de España, y de que en España han podido emplearse a los jueces para perseguir adversarios políticos.

Y basado en esta narrativa, el PSOE acepta que se investigue en el Congreso si los jueces han incurrido o no, en lawfare y prevaricación, lo que, según las asociaciones de jueces, “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Dicho de otro modo, podrá dictaminarse la existencia de una prevaricación judicial desde una Comisión parlamentaria, lo que resulta inadmisible en un régimen que presume de separación de poderes y de ser una 'democracia avanzada' en Europa. Como bien lo acusó el Tribunal Supremo en su reciente Comunicado, la independencia judicial es “incompatible con ‘la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado“. ¿Y cuáles serían, o al menos podrían ser, las consecuencias de semejante dictamen o conclusión?

Pues la cláusula ha sido redactada con tal ambigüedad, que fácilmente puede implicarse lo siguiente:

• Que serán las comisiones parlamentarias las que dictaminen a los jueces quiénes pueden o merecen ser amnistiados (si no, ¿cómo podrían las conclusiones de las comisiones ser tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía?).

• Que las comisiones parlamentarías podrán dictaminar la responsabilidad por 'lawfare' de los jueces (si no, ¿cómo podrían las conclusiones de las comisiones “dar lugar a acciones de responsabilidad”).

• Que las comisiones parlamentarías podrán dictaminar la existencia de 'lawfare' e impulsar 'modificaciones legislativas' para corregirlo. Estas modificaciones tendrían que consistir, necesariamente, en reformas legislativas que restrinjan las facultades de los jueces para bloquear la supuesta persecución.

  El primer ejemplo ya manifestado de esto acordado, es el artículo 4.4 del proyecto de Ley de Amnistía registrado esta semana por el PSOE, que impone a los jueces el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía, “incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones.”. Con lo cual se busca impedir que un juez proponga la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y provoque, como lo dispone la ley, la suspensión provisional de las actuaciones judiciales hasta que el Tribunal Constitucional la admita y resuelva definitivamente la cuestión. Dicho de otro modo, el proyecto de Ley de Amnistía impide a los jueces, incluso al Tribunal Constitucional, ejercer el control de constitucionalidad previo que existe para prevenir la aplicación indebida de una Ley acusada de inconstitucionalidad.

  No es solamente un asunto jurídico. El impacto político y social de este dispositivo es, o podría ser, sumamente peligroso. ¿Cómo será la situación política y social de España si se aplicara de inmediato la Ley de Amnistía, aún cuestionada su constitucionalidad, y se extinguiera la responsabilidad de los amnistiados, y uno o dos años después, el Tribunal Constitucional determinara la inconstitucionalidad de todo o parte de la Ley?

No hace falta ser un experto jurista para evidenciar cómo este Pacto socava la independencia judicial, cuestiona la separación de poderes y compromete gravemente la capacidad los jueces para impartir justicia.

Tan grave es lo señalado, que posteriormente al acuerdo, el PSOE intentó aclarar que no se contempla crear comisiones de investigación para detectar casos de supuesta judicialización de la política, ni que el Parlamento revise sentencia o resolución judicial alguna. Más curiosa es la 'aclaratoria' del ministro Bolaños. Con la 'expresividad' que lo caracteriza, se apresuró a esclarecer que las comisiones de investigación deberán ‘tenerse en cuenta’ , pero la finalidad no es poner en cuestión decisiones judiciales. En ambos casos, han anunciado lo que ellos dicen que NO harán o NO contemplan, pero nadie viene a decirnos qué es lo que SÍ harán o podrán hacer esas comisiones parlamentarias, para cumplir el Pacto.

III

Por último, El Pacto deja abierta la posibilidad de que Junts proponga modificar la Ley de financiación de las comunidades autónomas, para imponer “una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la ‘cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya.”. Lo que además de romper, otra vez, la igualdad entre los españoles, romperá el principio de solidaridad fiscal, desequilibrará aún más el sistema de financiación autonómica y causará tensiones políticas desproporcionadas entre las comunidades y sus ciudadanos.

El principio de solidaridad fiscal es esencial en el sistema de financiación autonómica, pues implica que las regiones más prósperas contribuyen económicamente para sostener a las que tienen menos recursos, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los servicios públicos y mantener la cohesión social. Permitir que Cataluña asuma el 100% de sus tributos desvincularía completamente los ingresos generados en Cataluña del sistema de redistribución fiscal, y conduciría a profundizar las desigualdades entre comunidades autónomas. Cataluña se beneficiaría de recursos fiscales completos, mientras que el resto de autonomías permanecerían en el sistema de transferencias interterritoriales.

Además, la cesión de los impuestos a Cataluña podría generar tensiones políticas significativas entre comunidades autónomas y sus ciudadanos ya que la mayoría de las regiones podrían percibirse como tratadas de manera desigual en términos de financiación. En detrimento de la estabilidad política y la cohesión nacional.

IV

Lo anterior es suficiente para rechazar con contundencia el Pacto, pero es que hay más:

• Otro problema que plantea el Pacto es la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya, supuestamente al amparo del artículo 92 de la Constitución. Un referéndum que, como jamás tendría cabida en dicho artículo 92, o es una mentira de Sánchez y el PSOE a los independentistas, o es un engaño de todos estos al resto de españoles. Un referéndum de autodeterminación, incluso en el que participaran todos los españoles y no sólo los catalanes, rompería la unidad nacional, no cabe en la Constitución y, sobretodo, dividiría y polarizaría (aún más) a los catalanes y al resto de la sociedad española.

• Asimismo, PSOE y Junts dicen apostar por la negociación y los acuerdos para resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, pero a la vez acuerdan dotarse de un mecanismo internacional que acompañe, verifique y siga el proceso de negociación. Un acuerdo que de consumarse, plantea la cuestión de la legalidad y legitimidad de una intervención extranjera en asuntos políticos internos, o de que haya un control a la acción del gobierno, extranjero y diferente al que reside en el parlamento español. De paso evidencia los recelos y la desconfianza que hay entre ambos partidos. Y tal como quedó escrito en el Pacto, se condiciona la estabilidad legislativa a que haya avances específicos en loa acordado, lo que genera aún más incertidumbre y compromete la gobernabilidad.

En Vigo, el 15/11/2023.