martes, 3 de diciembre de 2013

[Estado de disimulo] *

[*]   Término acuñado por el fallecido José Ignacio Cabrujas para referirse a lo que Venezuela llamamos “Estado de derecho”
Por ANTONIO SILVA ARANGUREN
[Abogado y buen amigo,
comentarista habitual y mordaz del “Estado de disimulo”]
Aunque desde el viernes se sabe del decreto presidencial para regular los arrendamientos comerciales, es hoy [lunes 2 de diciembre] cuando lo hemos podido leer en la [G]aceta [Oficial de la República Bolivariana de Venezuela].
Cualquiera que haya seguido las noticias o salido a la calle, además conoce bien que el Ejecutivo nacional y algunos de sus entes descentralizados se han dedicado a darnos ejemplos prácticos de vías de hecho.
En esta ocasión, lo que se nos enseña como ejemplo es que así como el Ejecutivo no necesita procedimientos para actuar, tampoco requiere la tan mentada ley habilitante para dictar normas con una pretendida “fuerza de ley”.
El decreto lo deja claro: es un régimen transitorio mientras se dicta el decreto-ley [o sea, el decreto con rango y fuerza de ley, autorizado por la reciente ley habilitante], pero esa transitoriedad no le impide hacer [de una vez y antes de expedir el decreto-ley] todo aquello para lo cual precisamente uno podría entender que sería imprescindible la ley: fija cánones máximos, deja sin efecto cláusulas contractuales (pese al principio de que los contratos son ley entre las partes); y también prohíbe [el] arbitraje [privado como medio de resolución de conflictos, en contra de lo que promueve la Constitución], [prohíbe a los jueces expedir] medidas cautelares y [la] actuación de empresas extranjeras. Es que esto último debería quedar fuera del alcance incluso del legislador.
Al presidente de la República no sólo le parece todo compatible con la Constitución, sino que [él] entiende que es parte de sus competencias propias. Basta pasearse por su “fundamento” y por sus considerandos [los del decreto]: la invocación genérica de normas de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Administración Pública (que tan sólo nos dicen que el presidente es el Jefe del Gobierno y que puede dictar decretos) y una mención a que al Ejecutivo le corresponde la “función administrativa inquilinaria” [de lo cual Nicolás Maduro parece inferir que sólo por su proclamada condición de jefe de gobierno puede decretar cualquier tipo de cosa en cuanto a la función administrativa inquilinaria].
Es decir, para el Ejecutivo Nacional todo está dentro de sus poderes, lo que me hace pensar que en realidad los únicos que querían la ley habilitante son los diputados oficialistas, para deshacerse de la sensación de tener unos trabajos legislativos que cumplir y poder dedicar su tiempo [por ejemplo] a citar a Guillermo Dávila o [a] cosas similares.
[Disimulo de otro costal]
Leo que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia está satisfecha porque ese tribunal y el “Poder Judicial en general han cumplido con el país, pues hemos visto como se han incrementado y mejorado la cantidad y la calidad de las respuestas que damos al público que servimos”. http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11616
Por si acaso alguien tiene dudas, [y alguien pudiera confundirse con eso de “calidad de las respuestas”, ella misma] aclara: “Cuando me refiero a la calidad estoy hablando de la visión social”. [Esta aclaratoria era necesaria].

Nota: Los [entrecorchetes] son comentarios añadidos por el editor.

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