miércoles, 6 de noviembre de 2013

Elecciones con lealtad y amor

El día de ayer fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela –boletín de publicación oficial del Estado venezolano– el decreto N° 541 del presidente de la república (proclamado por el Consejo Nacional Electoral) mediante el cual, se declara el día 8 de diciembre como “DÍA DE LA LEALTAD Y EL AMOR AL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ Y A LA PATRIA” (mayúsculas y negrillas del decreto).
En el decreto puede leerse que el 8 de diciembre de 2012 “nuestro Comandante supremo Hugo Chávez Frías se dirigió a toda Venezuela para impartir su última proclama como máximo líder de la revolución Bolivariana”, y en razón de ello, “es justo ofrendar esta fecha memorable como reconocimiento a su legado de vida y de respeto infinito por su pueblo”. Semejante afirmación en un decreto oficial del gobierno convierte al fallecido presidente Chávez, líder fundamental de la “revolución bolivariana”, en “comandante supremo” de todos los venezolanos a quien, por tanto, es justo que todos ofrendemos esa fecha memorable.
De este modo, otra vez el gobierno de Maduro pretende imponer a todos los venezolanos una visión excluyente y hegemónica de pensamiento, la misma doctrina y –lo que es peor– el culto a una personalidad. Los simpatizantes del presidente Chávez tienen el derecho de homenajear y rendir culto a quien fue su líder fundador. Pero un gobierno (que debe servir a todos) no puede emplear las potestades, los recursos y las instituciones públicas para promover o imponer a la sociedad entera una “devoción” política.
Un estado plural y laico –como el que postula la Constitución de Venezuela– no puede establecer una simpatía, un culto o una devoción como política oficial o de Estado, ni puede imponer que una persona sea, por voluntad del gobierno, una divinidad oficial que merece especial culto y protección del Estado. La razón de que un Estado se proclame plural y laico, como lo hace la Constitución de Venezuela, es para permitir la convivencia pacífica y respetuosa en de la sociedad de diferentes corrientes políticas, sociales y religiosas, ninguna de las cuales tiene el derecho de proclamar su preferencia o superioridad en el Estado.
Pero además, el decreto en cuestión dispone “realizar actos y eventos conmemorativos en todo el territorio nacional… que exalten su pensamiento bolivariano, el amor infinito con su pueblo y la defensa permanente de su legado y su ejemplo infinito”, y “[s]e exhorta al pueblo virtuoso de Venezuela y a todas las Instituciones a ‘honrar con acción y pensamiento’ su herencia y legado universal” (Subrayado y negrilla añadidos). Pocas horas más tarde, el propio Nicolás Maduro confirmó que “ese día se homenajeará a Chávez como se decretó y que las instituciones del Estado estarán involucradas, sin interrumpir las elecciones”.
Así planteado, el decreto compromete seriamente la validez de las elecciones municipales a celebrarse el próximo 8 de diciembre toda vez que el jefe de gobierno y de estado “decretó” que en la fecha de unas elecciones se le rinda “lealtad” y “amor” al líder fundador de una corriente política que compite en esos comicios. Que esta lealtad se decrete mediante acto administrativo publicado en el boletín oficial del Estado –y no sólo en una proclama política– condiciona la voluntad de los electores y coarta su libertad de elección pues, implícitamente, votar en contra de los candidatos propuestos por el partido de Chávez configuraría un acto desleal y deshonroso a la memoria del “líder oficial”, y consecuencialmente un incumplimiento del decreto.
Por otra parte, el jefe de gobierno ejerce una potestad pública para hacer coincidir una fecha electoral con una fecha de culto o devoción al líder fundamental de una corriente política que compite en las elecciones, lo que evidentemente configura una desviación de poder y rompe el equilibrio y la competencia justa entre los participantes de la contienda electoral.
Por si fuera poco, el decreto en cuestión ordena realizar en los días previos a la fecha electoral, incluso en la misma fecha de las elecciones, una multitud de actos y eventos proselitistas en honor al líder fundador de la corriente política que predica el gobierno. Más aún, el decreto (y el propio Nicolás Maduro) anuncian que el día de las elecciones serán movilizadas las instituciones públicas (y desde luego, los funcionarios públicos) para homenajear al líder fundamental del partido de gobierno. En síntesis, Nicolás Maduro ejerce una potestad pública que le confiere la Constitución en su condición de presidente, para justificar la movilización de bienes y recursos públicos en la promoción del partido de gobierno y de su líder fundador, perturbar la libre circulación de los ciudadanos el día de las elecciones y coartar indirectamente el derecho de los funcionarios públicos a elegir libremente. En pocas palabras, más desviación de poder, más desequilibrio y corrupción.
El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad y el compromiso de corregir (a tiempo) esta amenaza a la pluralidad, a la libertad de elección y al orden público el día de las elecciones, y de este modo, garantizar la transparencia y la validez de las próximas elecciones municipales.

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