jueves, 26 de julio de 2012

Simulación de embargo ejecutivo


Simular
Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es
Diccionario de la Lengua Española
Real Academia Española

Mediante la sentencia N° 765 del 28 de junio de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró procedente una supuesta solicitud formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para hacer cumplir el pago de la multa que por más de nueve millones de bolívares (equivalente a dos millones de dólares USA), le impuso a Globovisión el Gobierno del Presidente Hugo Chávez, por informar sobre un asunto de evidente interés público: la crisis en la cárcel El Rodeo. El TSJ, sin esperar la sentencia definitiva sobre la validez de la multa, ordenó un (aparente) embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de Globovisión, por más de 24 millones de bolívares (5,68 millones de dólares USA), que en realidad fue una amenaza de expoliación.
En efecto, Globovisión impugnó ante el Poder Judicial la referida multa y anunció que la pagaría sólo cuando hubiere una sentencia judicial definitiva que ratificara su validez, y que aún no ha sido emitida por el juzgado que conoce en primera instancia de este asunto: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En el curso del juicio de nulidad, Globovisión presentó dos apelaciones ante el TSJ contra dos decisiones cautelares de la Corte Primera, posteriormente desestimadas por el Supremo Tribunal. Según la ley, estos dos expedientes quedaban cerrados al ser decididos por el TSJ.
En razón de ello y con el propósito de forzar el pago anticipado de la multa, CONATEL presentó ante el TSJ una “demanda de intimación”, tal como se lo imponía el artículo 35 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La tramitación de esta demanda exigía notificar al demandado Globovisión y realizar las audiencias correspondientes. Sorpresivamente, incluso para el demandante, el TSJ convirtió la demanda en una simple “solicitud” de pago y decretó un embargo “ejecutivo” para supuestamente ejecutar forzosamente una sentencia que aún no existe, pues como se señaló, el juicio de nulidad sobre la validez de la multa prosigue su curso en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y aún no hay una sentencia.
El embargo ejecutivo es, al menos en la legislación venezolana, una potestad que se le confiere al juez para hacer cumplir una “sentencia” o “cualquier otro acto que tenga fuerza de sentencia”. Efectivamente, el embargo ejecutivo está contemplado en el Título IV del Código de Procedimiento Civil (CPC) denominado “De la ejecución de la sentencia”. Y allí se prescribe explícitamente lo siguiente:
Artículo 523
La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, corresponderá al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia
Artículo 524
Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia.
Artículo 526
Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada.
Para decretar un embargo ejecutivo en este caso, era necesario que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (tribunal de primera instancia en el juicio de nulidad contra la multa) dictara una sentencia definitiva desfavorable al canal, en cuyo caso, la misma Corte Primera debía otorgar a Globovisión un lapso no menor de tres días para que el canal pagare voluntariamente el monto establecido en la sentencia, y en ningún caso podía comenzar la ejecución forzada de la sentencia y decretar un embargo, hasta transcurrir el lapso otorgado sin que Globovisión haya pagado voluntariamente.
Por el contrario, sin haberse decidido aún el juicio de nulidad contra la multa, y sin siquiera haber tramitado la demanda de intimación que presentó CONATEL, el TSJ se prevalió de uno de los dos expedientes previamente cerrados, para convertir la demanda de CONATEL en una solicitud de pago, insertar en ese expediente la supuesta solicitud de pago, entrometerse en el juicio de nulidad que cursa en otro tribunal, y ordenar un embargo ejecutivo que tuvo por objeto la ejecución de una sentencia que aún no existe… Y que seguramente ya no se producirá porque, aún sin terminar el juicio, ya el Gobierno lo ganó y logró su propósito de cobrar la multa a Globovisión, sin haberse borrado su inconstitucionalidad.

No hay comentarios: