viernes, 13 de julio de 2012

Por un Acuerdo sincero y efectivo de garantías electorales

Acuerdo
3.  Convenio entre dos o más partes.
4.  Reflexión o madurez en la determinación de algo.
7. Uso de los sentidos, entendimiento, lucidez.
Real Academia Española de la Lengua

Desde hace algún tiempo, el Presidente de la República y candidato del gobierno, Hugo Chávez, así como su comando de campaña (Comando Carabobo), vienen reclamándole al candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, que se comprometa a respetar los resultados que anuncie el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre. Aunque respetar los resultados que anuncie el Poder Electoral es una obligación prevista en la Constitución y en las leyes, parece que el candidato del gobierno desconfía de su contendor y piensa (con o sin razón) que Capriles se propone no-reconocer los resultados y desconocer a la Constitución.
Hace cuatro días, el coordinador nacional del comando que promueve al candidato de la MUD (Comando Venezuela), replicó al reclamo del candidato Chávez y consignó ante la presidencia del CNE un proyecto de Acuerdo de Equilibrio y Justicia Electoral, que propone a los candidatos el compromiso de aceptar los resultados que sean producto de un proceso electoral transparente y que recoja la voluntad de los electores (lo que aparentemente satisfaría al candidato del gobierno), pero que propone también otros compromisos, como el del candidato-presidente de no usar las cadenas de radio y televisión para promover su candidatura; el de no utilizar fondos públicos en la campaña electoral, ni hacer propaganda encubierta bajo formato de micros informativos de obligatoria difusión; el de no utilizar sitios oficiales, físicos o digitales, para hacer propaganda electoral; entre otros. La pretensión del Comando Venezuela fue, aparentemente, que el CNE mediara y promoviera un pacto consentido de común acuerdo.
Aparentemente, el candidato Capriles desconfía también de su contendor y piensa (con o sin razón) que el candidato del gobierno se propone usar los bienes públicos para promover su candidatura y desconocer a la Constitución. En otras palabras, hay entre los dos principales candidatos a la presidencia de la república, un rasgo común que al mismo tiempo justifica el planteamiento de un Acuerdo de garantías electorales: ambos candidatos desconfían del otro y piensan que este no quiere respetar las condiciones establecidas en la Constitución… Y aún más, ambos candidatos desconfían de la capacidad del CNE y del resto de las instituciones para hacer cumplir las condiciones previstas en la Constitución y en las leyes.
Apenas pocas horas después de conocida la propuesta MUD, el candidato-presidente respondió y ofreció respetar los resultados de los próximos comicios del 7 de octubre, pero sin las condiciones planteadas por la MUD. “Yo Hugo Chávez Frías acepto que reconoceré los resultados pero sin condiciones, eso [lo que propuso la MUD] está en ley, eso está en la constitución”. Según parece, el candidato del gobierno considera innecesario incluir compromisos adicionales en el Acuerdo pues, según su decir, las condiciones propuestas por la MUD están previstas en la Constitución y por tanto, no requieren ser pactadas para que se cumplan. Este cuestionamiento del candidato-presidente carece de sentido pues, por esa misma vía, el candidato Capriles podría sostener que el compromiso exigido por su contendor (respetar los resultados electorales) está también previsto en la Constitución y no requiere ser pactado para que se cumpla.
Como se señaló, la necesidad de un Acuerdo de garantías electorales en la coyuntura actual de Venezuela, estriba en que ambos candidatos desconfían del otro y piensan que su contendor no quiere respetar las condiciones establecidas en la Constitución, y desconfían también de la capacidad de las instituciones para hacer cumplir esas condiciones. Así las cosas, para que un Acuerdo de garantías electorales sea, en esta coyuntura, sincero y efectivo, se requieren al menos tres condiciones esenciales: 1) El Acuerdo debe ser pactado y no impuesto por alguno de los proponentes; 2) El Acuerdo debe ser firmado personalmente por los candidatos y por el CNE, que sería el principal garante del Acuerdo; y, 3) El Acuerdo debe especificar al detalle lo que ambos candidatos aspiran que el otro respete de la Constitución, e incluir TODO lo que brinde confianza al proceso y a todos los contendores, aunque ello suponga reiterar o reproducir lo que establece la Constitución o la ley.
No obstante lo señalado, el día de ayer el CNE acordó por mayoría, presentar una propuesta de acuerdo que podría ser suscrito este martes 17 de julio, por los aspirantes a la presidencia o sus representantes, y las organizaciones políticas que les respaldan. Esta propuesta, así concebida, tiene tres debilidades que atentan contra el objetivo final de alcanzar un acuerdo sincero y efectivo:
1.     Lo mínimo que se esperaba (o al menos lo que yo esperaba) era que el CNE convocara a los candidatos y abriera un espacio de conversación para mediar e intentar redactar, de común acuerdo entre los interesados, el texto del Acuerdo. En lugar de ello, el CNE convoca a los candidatos, incluso con fecha, a suscribir un documento redactado unilateralmente por el Ente Electoral, que no ha sido pactado o conversado previamente entre los interesados, y que por esa razón no tiene la oportunidad de ser sincero ni efectivo;
2.    El CNE aparentemente acogió las objeciones propuestas por el candidato del gobierno y se limitó a proponer en el punto 1, el compromiso de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”, compromiso este que planteado así, en general y sin especificar alguno de los detalles propuestos por el candidato de la MUD, carece de utilidad y no tiene oportunidad de ser efectivo. Lo vuelvo a repetir: ambos candidatos ya han dicho que prometen cumplir la Constitución, pero no confían en que su contendor quiera respetar sinceramente las condiciones establecidas en la Carta Magna, y no confían en la capacidad de las instituciones para hacerlas cumplir. Por lo tanto, si se quiere que el Acuerdo sea sincero y efectivo, debe especificar al detalle lo que ambos candidatos aspiran que el otro respete de la Constitución, e incluir TODO lo que brinde confianza, aunque ello suponga reproducir lo que establece la Constitución.
3.    Los únicos detalles incorporados por el CNE a su propuesta de Acuerdo son los originalmente propuestos por el candidato del gobierno (puntos 2 y 3): reconocer los “resultados emitidos por el Poder Electoral”; competir en un clima de respeto, paz y participación democrática; y no desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia o de cualquier tipo que atenten contra el bienestar del país. Ambos candidatos podrían sostener (razonablemente) que estos compromisos están tácitamente incluidos en el compromiso previo de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”, y por tanto no sería necesario que los candidatos se comprometan específicamente.
En síntesis, cualquiera de los candidatos podría argumentar, razonablemente, que bastaría con suscribir el punto 1 del Acuerdo y podrían borrarse completamente los puntos 2 y 3. Aún más, podría borrarse también el punto 1 toda vez que toda persona tiene el deber constitucional de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público (Art. 131 CRBV). Ello así, tampoco sería necesario que los candidatos asuman el compromiso de “actuar en estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, las normativas electorales que rigen el proceso electoral”.
En conclusión: Para que un Acuerdo de garantías electorales sea sincero y efectivo, se requieren al menos tres condiciones esenciales: 1) El Acuerdo debe ser pactado; 2) El Acuerdo debe ser firmado personalmente por los candidatos y por el CNE; y, 3) El Acuerdo debe ser fruto de la reflexión, la madurez, el entendimiento y la lucidez política, y por ello debe incluir TODO lo que brinde confianza al proceso, a los candidatos y a los venezolanos, aunque ello suponga reiterar o reproducir lo que establece la Constitución o la ley. Debe incluirse al menos:
1.     Los candidatos deben comprometerse a no permitir que los órganos y entes públicos, ni los del Poder Nacional ni de los poderes estadales o municipales, utilicen fondos y bienes públicos en la campaña electoral.
2.   Los candidatos deben comprometerse a no permitir que los órganos y entes públicos, ni los del Poder Nacional ni de los poderes estadales o municipales, utilicen sitios oficiales, físicos o digitales, para realizar propaganda electoral.
3.  El candidato del gobierno debe comprometerse a no ejercer la potestad que le confiere el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, con fines de propaganda electoral. Por tanto, las alocuciones oficiales (o cadenas) y los mensajes institucionales de difusión gratuita y obligatoria en todos los medios, no pueden incluir llamados explícitos o implícitos a sufragar por su candidatura, ni difundir sus mensajes electorales con fines propagandísticos.
4.   El candidato del gobierno debe comprometerse a que el Sistema Nacional de Medios Públicos y los trabajadores a su servicio, se rijan por principios de independencia (del Gobierno) y de neutralidad política; permitan la participación equitativa de los ciudadanos; y garanticen el acceso de todos los candidatos y sus voceros a los espacios de información y opinión (esta obligación debe extenderse a los medios públicos regionales y locales, si los hubiere).
5.   Los candidatos deben comprometerse a competir en un clima de respeto personal, paz y participación democrática; a facilitar las condiciones para que los contendores (y sus respectivos seguidores) transiten libremente por el territorio nacional y realicen campaña con tranquilidad, sin perturbaciones indebidas y sin violencia (las autoridades nacionales, estadales y municipales deben ser garantes de este compromiso).
6.  Los candidatos deben comprometerse a reconocer los resultados que anuncie el Poder Electoral, en el entendido que el Acuerdo fue razonablemente cumplido y los resultados recogen la voluntad popular. El respeto a los resultados debe incluir algunos compromisos mínimos del candidato del gobierno, para el caso de que no resulte victorioso, que garanticen la estabilidad institucional y constitucional desde el 8 de octubre hasta el 10 de enero de 2013, fecha de toma de posesión del presidente electo.
7.    Los candidatos deben comprometerse a cumplir razonablemente, de buena fe y en el contexto de una sociedad plural y democrática, el Acuerdo suscrito, el Reglamento de Procesos Electorales en materia de Propaganda y las decisiones que dicte el CNE como garante de los mismos.



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