martes, 26 de junio de 2012

Paraguay: ¿Ilegitimidad o Inconstitucionalidad?


Una perspectiva desde Venezuela
Artículo 137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
La ley suprema de la República es la Constitución… Carecen de validez todas las
disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución
Constitución de la República de Paraguay

La crisis política sobrevenida en Paraguay desde el viernes pasado, consecuencia de la rapidísima y fulminante destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, trajo a la comunidad internacional el eterno debate entre lo que es legal (o constitucional) y lo que es legítimo. ¿Qué diferencia lo legal de lo legítimo? Se preguntó el editor del diario El Espectador de Colombia. Y se respondió:
Lo legal es lo apegado a la ley, en este caso a la Constitución. En ese sentido, se obró de acuerdo al texto constitucional. Sin embargo, para que el hecho sea legítimo necesita además ser justo y que se hayan brindado todas las garantías del debido proceso y la legítima defensa.
Como bien lo explica Eduardo Arnoletto en su Curso de Teoría Política, en los estudios puramente jurídicos no hay lugar para esa dicotomía pues formalmente la legitimidad no existe como algo separado de la legalidad [lo legal equivale a lo legítimo]. Mientras que en los estudios empíricos de Ciencia Política, como ciencia de realidades que es, la diferencia entre legitimidad y legalidad es clara. Aún más, es frecuente la constatación de casos en que hay tensión y hasta oposición entre legalidad y legitimidad. Buen ejemplo de ello es la diferenciación que hacen algunos y según la cual,
La distinción entre “legalidad” y “legitimidad” es una diferencia esencial en un Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo… La legitimidad forma parte del orden de la política (discrecionalidad dentro de la legalidad) y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones)… La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho…
Para la teoría del Estado de Derecho, sin embargo, el poder, por el solo hecho de ser legal es a la vez legítimo. Para ello, se acude a la teoría weberiana del poder racional: “por poder racional se entiende un poder cuya legitimidad se funda en la legalidad de su ejercicio… En el Estado de Derecho no es necesario que el poder sea legítimo; basta que su ejercicio sea legal” [léase Carrillo P., I. “Legalidad y Legitimidad…”]
Traigo esto último a colación porque “La República del Paraguay… Se constituye en Estado social de derecho,…” (Art. 1 Constitución de Paraguay 1992). Al ser un Estado de Derecho, que cuenta con una Constitución aprobada por “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente”, presumiblemente adaptada a los estándares democráticos interamericanos y a los de una democracia constitucional, en Paraguay no es necesario que el acceso al poder y su ejercicio sean legítimos. Es suficiente con que el acceso al poder (y su ejercicio) se haga de conformidad con la Constitución. La legitimidad del Poder en Paraguay se basa en la constitucionalidad de su acceso y de su ejercicio. El poder, por el solo hecho de ser constitucional, es entonces legítimo.
Lo anterior es ratificado en los artículos 137 y 138 de la Constitución de Paraguay 1992), el primero de los cuales establece que “La ley suprema de la República es la Constitución”, por lo tanto, “Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”. Por argumento al contrario, cualquier acto de autoridad que no se oponga a la Constitución es válido (y naturalmente legítimo). Por razón de ello, el citado artículo 138 autoriza a los ciudadanos a resistir a los usurpadores del orden constitucional, pero sólo en la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invoquen algún principio o representación contraria a esta constitución para detentar el poder público. Así las cosas, lo que toca discutir en el caso de la destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, para resolver sobre su legitimidad, es  su constitucionalidad y no que sea justo o políticamente correcto (o acertado), que es parte de otra discusión.
La Constitución de Paraguay 1992, por la cual se rige la vida política de ese País y que es “La ley suprema de la República, contempla explícitamente el llamado juicio político o impeachment, como se le conoce en el Derecho anglosajón. El artículo 225 establece que todos los titulares de altos cargos del Estado, incluyendo al Presidente de la República, “podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.”. Para ello, la acusación debe formularla la Cámara de Diputados por mayoría de dos tercios, y le corresponderá al Senado, también por mayoría de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados y, de ser el caso, declararlos culpables, “al sólo efecto de separarlos de sus cargos”.
Adicionalmente y en una sesión extraordinaria, el mismo día jueves el Senado aprobó un reglamento del proceso constitucional. De acuerdo con el calendario aprobado, al Presidente Lugo se le concedieron solamente 24 horas o menos para preparar su defensa, y sólo 2 horas y media hora para presentar sus alegatos ante el Senado. En vista del trámite procesal, el todavía Presidente Lugo arguyó la presunta violación de los incisos 3 y 7 del artículo 17 de la Constitución de Paraguay 1992 y presentó en la mañana del viernes –antes de consumarse su destitución– una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de ese País, para intentar suspender el juicio político en su contra. Dicho artículo establece:
En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:…
3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;…
7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;…
El caso es que, haciendo caso omiso de esta acción de inconstitucionalidad y a pesar de los pedimentos y exigencias que hicieron los abogados defensores del Presidente Lugo, el Senado concluyó el juicio político iniciado apenas 24 horas antes, y separó de su cargo al Presidente. ¿Es esta decisión constitucional (y por ende legítima)?
Prima facie, resulta incuestionable que el Congreso de Paraguay tiene competencia para impulsar y decidir un juicio político en contra del Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, y consiguientemente para separarlos de sus cargos. No obstante, luce también discutible (muy discutible) que semejante potestad pueda ser ejercida contra un Presidente electo directamente por el pueblo, que al tenor del artículo 2 de la Constitución de Paraguay 1992, es el titular de la soberanía. Por lo tanto, el Presidente de Paraguay goza de legitimidad democrática directamente concedida por el titular originario de la soberanía (y sólo el pueblo podría retirársela).
En tal caso, parece más lógico acudir al procedimiento establecido en las constituciones de Austria, Islandia, Venezuela y otros países: la revocación del mandato (o referéndum revocatorio), acertadamente caracterizado por la sentencia N° 1139/2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y es que, a diferencia del juicio político o impeachment, que carece de justificación política cuando se ejerce contra un jefe de estado y de gobierno electo directamente por el pueblo,
… La revocación del mandato no es producto de la arbitrariedad, sino una consecuencia lógica que se deriva del principio de soberanía popular, pues, por ser el pueblo soberano puede ejercer el poder con la finalidad de dejar sin efecto el mandato de sus representantes elegidos popularmente, que han dejado de merecerles confianza, por haberse desempañado en el ejercicio de sus funciones de forma inconveniente o contraria a los intereses populares o del Estado en general, quienes quedan entonces sometidos a la decisión del cuerpo electoral
Pero esta reflexión –que me parece muy pertinente– no es suficiente para cuestionar la constitucionalidad (y legitimidad) del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Así lo reconoció el propio Presidente Lugo en sus primeras palabras después de iniciarse el juicio político: “Estoy dispuesto a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias… El presidente se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político”. Mal puede el Presidente Lugo cuestionar sobrevenidamente la legitimidad (o constitucionalidad) de un juicio político previsto en la Constitución y al que voluntariamente reconoció y decidió someterse.
Lo que sí puede discutir, como en efecto lo hizo, es el procedimiento empleado para sustanciar y decidir ese juicio político, y desde luego, puede cuestionar también la legalidad de la resolución definitiva adoptada por el Senado, si esta hubiere incurrido en algún falso supuesto, en desviación de poder u otro vicio material.
Sobre el principal argumento defensivo expuesto por los abogados del Presidente Lugo, relativos a la presunta violación de su derecho a la defensa, se conoció hoy una sentencia de la Corte Suprema paraguaya, en la cual su Sala Constitucional desestimó sin más trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el Presidente Lugo, con el argumento de que un juicio político es un “procedimiento parlamentario administrativo” de la exclusiva competencia del Congreso, en el que se juzgan solamente conductas políticas. Por esa razón –agrega la Corte– el juicio político no es un juicio ordinario de carácter judicial, sino un mecanismo de control del Congreso sobre la gestión de los altos funcionarios, que no juzga en sentido estricto sino que realiza un juicio de responsabilidad como funcionario público. Por lo tanto –concluye la Corte, y es el quid de la decisión– “como se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aunque puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta sino parcial con el objeto de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado” (subrayado añadido).
Hay sobradas razones para criticar el fallo emitido por la Suprema Corte de Paraguay:
1.      Los derechos (o garantías) procesales establecidos en el artículo 17 de la Constitución de Paraguay 1992 aplican “En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción,…”. Del juicio político deriva una sanción política: la separación del cargo, en consecuencia, esa sanción puede expedirse solamente si se han respetado los derechos procesales mencionados;
2.      En el supuesto negado de que las garantías propias del proceso judicial apliquen sólo de manera parcial y con el exclusivo propósito de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado, la Corte ha debido (y no lo hizo) admitir la acción y entrar a conocer si el trámite aprobado por el Senado garantizaba adecuadamente esos derechos;
3.      Para no cumplir con lo anterior, la Corte concluyó in limine Litis (al inicio del proceso y sin examinar el fondo del asunto) que el procedimiento para la tramitación del juicio político se cumplió “dentro de los límites de las competencias constitucionales”; y,
4.      La Corte concluyó que como al día de hoy el juicio político “se halla totalmente concluido”, el reglamento procesal impugnado por el Presidente Lugo “ha perdido virtualidad jurídica”, con lo cual la Corte pareció asumir –equivocadamente– que ya no puede restablecer la situación jurídica del Presidente ni su esfera de derechos.
Varios gobiernos de América, incluyendo un pronunciamiento de un portavoz del gobierno estadounidense, y también algunas organizaciones civiles como la Federación Interamericana de Derechos Humanos, han cuestionado ya la rapidez de este juicio político. Y al día siguiente de expedirse la destitución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por haberse expedido, “a través de un juicio político que por su rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo”. Según el Comunicado de Prensa de la CIDH:
La resolución sobre el procedimiento a seguir, aprobada por el Senado de Paraguay el 21 de junio, estableció que el Presidente Lugo debía presentar su defensa al día siguiente y por espacio de dos horas. Según informaciones de prensa, fue rechazada una solicitud de más tiempo para preparar la defensa presentada ante el Senado por los representantes del presidente Lugo.
La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay
En conclusión, en un Estado de Derecho y democrático como lo es Paraguay (o dice su Constitución que lo es), no es necesario (ni correcto) acudir a especulaciones esotéricas para cuestionar la legitimidad de un acto del Congreso o de otro órgano del Poder Público, pues lo correcto es acudir al juicio de constitucionalidad. En el presente caso, el plazo concedido al Presidente Lugo para defenderse no es razonable; la resolución del Senado que reglamentó el proceso del juicio político está viciada de inconstitucionalidad y es violatoria del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y por ende, el acto subsiguiente de destitución del Presidente Lugo es inconstitucional (y consecuencialmente ilegítimo) e incompatible con la referida Convención.
Visto que ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Paraguay (y por consiguiente parece agotada ya la vía interna), le corresponderá a la OEA y a la CIDH decidir si la destitución del Presidente Lugo es compatible o no, con la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior fue un análisis jurídico del asunto en Paraguay. Para un análisis político, le recomiendo leer a Fernando Mires en sus dos brillantes artículos sobre el asunto, que si bien no suscribo enteramente, comparto en sus consideraciones y conclusiones fundamentales:


http://prodavinci.com/blogs/la-destitucion-del-presidente-de-paraguay-por-fernando-mires/
http://prodavinci.com/blogs/paraguay-entre-la-politica-y-la-demagogia-por-fernando-mires/

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