miércoles, 28 de septiembre de 2011

El Derecho innominado del Procurador

La inmunidad de jurisdicción constituye un principio universal de Derecho Internacional que implica que los Estados no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello.
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional
Hace dos días, Carlos Escarrá se estrenó en el cargo de Procurador General de la República, al anunciar públicamente que presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una “Acción Innominada de Control de la Constitucionalidad” contra la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Leopoldo López. Según Escarrá, esta Acción Innominada fue elaborada sobre la base de un “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo”, en el que se detectaron varias situaciones, una de ellas, la violación de “un principio de inmunidad de respeto de los Estados”, es decir, del principio de inmunidad de jurisdicción [1], un antiguo principio del Derecho Internacional que –en su concepción original– implicaba que ningún Estado podía ser sometido a la jurisdicción de un tribunal extranjero o internacional.
Todo parece indicar que el “estudio realizado por el Procurador y un equipo de trabajo” fue insuficiente toda vez que, de haberse estudiado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría se habría enterado que la Sala Constitucional no admite el ejercicio de acciones innominadas, y que el principio de inmunidad de jurisdicción no aplica cuando el Estado ha consentido voluntariamente en someterse a la jurisdicción internacional.
1.      El Procurador y su equipo han calificado a su acción como “innominada” (que carece de nombre o denominación) porque no está prevista en la Constitución ni en la Ley; en palabras más sencillas, la Procuradoría se “inventó” esta acción pues en ninguna parte de la Constitución o de la ley venezolana se contemplan acciones de inconstitucionalidad contra sentencias de la CorteIDH. [2]
El caso es que, mediante sentencia del 20 de julio del 2009 (N° 1003), la Sala Constitucional del TSJ rechazó una “Acción innominada de Cumplimiento Forzoso” y le ordenó al accionante que rectificara su acción pues a su juicio, no se apreciaba claramente cuál era la pretensión [3]. Pero más recientemente, en una sentencia del 04 de agosto de este año (N° 1320), la Sala Constitucional fue aún más enfática y recriminó a los accionantes del caso (Fedecámaras y otros) por ejercer una acción no-prevista en el ordenamiento jurídico. “Esta Sala –afirmó el Tribunal– asegura la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, para lo cual resulta necesario que se consolide la coherencia en el ejercicio de las acciones, recursos y solicitudes que dispone el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de los particulares”. Y en razón de ello, concluyó la Sala:
… constituye una carga de los interesados interponer conforme al ordenamiento jurídico, las acciones o recursos que considere pertinentes en resguardo de lo que considere su situación jurídica infringida -o la una colectividad o de la sociedad en general-, lo cual no comporta una libertad en torno a la posibilidad de intentar al margen del régimen jurídico estatutario cualquier solicitud y; por contrario compele a la necesidad de ejercer las acciones correspondientes -vgr., nulidades, demandas o interpretaciones-… y garantizar la referida coherencia del sistema de justicia.” [4]
Explicado en palabras más sencillas, ningún abogado de la República, incluyendo el Procurador General, goza de libertad para interponer acciones judiciales al margen de la Constitución o de la Ley; por el contrario, el Procurador General tiene la obligación de ser coherente en el ejercicio de las acciones y recursos que contempla el ordenamiento jurídico para la protección de la Constitución, y en consecuencia, de presentar únicamente acciones nominadas y que estén en el ámbito de competencias de la Sala Constitucional. Lo contrario es atentar contra la coherencia del sistema de justicia, y esto es mucho más grave si quien lo hace es el Procurador General de la República, dicho sea de paso con el aparente propósito de intentar justificar una jugarreta contra la eficacia plena de la Constitución.
2.      Por otro lado, podríamos anotar acá una diversidad de argumentos para refutar el alegato de inmunidad de jurisdicción que equivocadamente alegó el Procurador. Pero, para no ser acusado de apátrida o de traidor a la Patria, prefiero repetir lo que ha sentenciado la Sala Constitucional del TSJ: “la inmunidad de jurisdicción de los Estados constituye un principio universal de Derecho Internacional Público (par in parem non habet jurisdictionen), que implica que éstos no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, a menos que consienta libremente en ello…” (Sentencia N° 954 del 24 de mayo del 2004) [5], y que ha repetido también la Sala Político-Administrativa: “La inmunidad de jurisdicción es el principio según el cual ningún Estado, a menos que consienta en ello voluntariamente, puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado…” (Sentencia N° 1967 del 19 de septiembre del 2001) [6].
Venezuela ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de junio de 1977, y aceptó expresamente la competencia de la CorteIDH el 24 de julio de 1981. Esto lo sabe bien el Procurador General, y si no, que se lea el Informe de Gestión 2006 presentado por la actual Fiscal General de la República:
Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para nuestra República en razón de que Venezuela aceptó su competencia contenciosa en fecha 24 de julio de 1981, lo cual implica que reconoce y admite no solamente someterse a su jurisdicción obligatoria con relación a los casos en los que esté directamente involucrado, sino también en lo vinculado a la interpretación o aplicación que efectúe dicho tribunal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cualquier caso bajo su conocimiento[7].
Por lo tanto, por muy elocuente y adornado que quiera ser el discurso del Procurador para confundir a los venezolanos de buena fe que no son expertos en este tema, lo cierto es que el Procurador General no puede alegar en este caso la inmunidad de jurisdicción si como se demostró, en julio de 1981 Venezuela consintió libremente en someterse a la jurisdicción de la CorteIDH.
Aún más irrazonable es este alegato del Procurador si como es público y notorio, el Gobierno de Venezuela designó abogados en el juicio de Leopoldo López, compareció en el juicio, presentó sus alegatos, presentó pruebas y finalmente esperó por su sentencia. ¿Cómo puede entonces el Procurador alegar inmunidad de jurisdicción después de que Venezuela se sometió voluntariamente al proceso?
Los venezolanos no podemos aceptar que el Gobierno de Venezuela acate y ejecute las sentencias de la CorteIDH o de cualquier otro tribunal, pero sólo cuando la sentencia lo favorece. En términos deportivos, esto es tanto como decir que después de boxear 12 rounds, el boxeador derrotado desconoce al árbitro porque su veredicto no lo favoreció. Y seamos sinceros, ni siquiera los fanáticos de ese boxeador aceptarían esto.
¿Y este es el mismo Gobierno que le exige a la Oposición el compromiso de respetar los resultados que anuncie el árbitro electoral?

[1]http://www.vtv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=68343:procuraduria-interpone-ante-tsj-accion-de-control-contra-sentencia-en-caso-de-leopoldo-lopez-&catid=49:nacionales&Itemid=102
[2]    La Constitución faculta a la Sala Constitucional únicamente para verificar “la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación” (Art. 336.5), pero en ninguna parte de la Constitución se le permite verificar la constitucionalidad de los tratados después de que fueron ratificados, y mucho menos se faculta a la Sala Constitucional para verificar la constitucionalidad de sentencias judiciales derivadas de tratados internacionales ya ratificados.
[3]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1003-20709-2009-09-0241.html
[4]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1320-4811-2011-10-1388.html
[5]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/954-240504-03-0859.htm
[6]    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Septiembre/01967-190901-01-0289.htm
[7] Véase http://www.ministeriopublico.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=34812&folderId=34537&name=DLFE-946.pdf. Pág. 75. Por cierto, también la Fiscal General de la República quiere desacatar la sentencia de la CorteIDH, a pesar de lo que afirmó en su Informe del 2006.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Sí, el mismo ejemplo se puso en el caso de que quieras jugar un partido de beisbol y luego no aceptes lo que dice el umpire; pero, si vienen y te dicen que estás ponchao con dos strikes, yo también desconocería esa decisión.
La solicitud de control de constitucionalidad ya ha sido planteada en diversos casos, y ha sido aceptado por la Sala Constitucional (Caso de los magistrados de la Corte Primera) claro que no esperaba que citaras ese caso, eres un muy digno abogado de globovisión, has aprendido.
En lo que sí estoy de acuerdo es en que el alegato de inmunidad de jurisdicción no es adecuado, ya otra cosa es desconocer la decisión, es decir, el umpire claro que puede tomar decisión, la CIDHH claro que puede tomar una decisión, pero, si te ponchan con dos strikes, no acepto la decisión, como no se debe aceptar la decisión de la Corte, y no seremos el primer país de América en desconocer una sentencia de la CIDHH.
Además, bastantes corruptos hay acá, y por unos pocos que agarran, mal podemos dejar que quede impune.