jueves, 19 de mayo de 2011

Ley de Medios Comunitarios Alternativos


El pasado 04 de mayo, representantes de diferentes colectivos de medios alternativos y comunitarios de todo el país consignaron ante la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular (LMCACP). Pocos días después, durante la reunión ordinaria de la mencionada Comisión, se acordó crear cuatro comisiones que representarán a los colectivos y comunicadores comunitarios de Venezuela, que trabajarán conjuntamente con la Subcomisión de Medios de Comunicación para avanzar en la elaboración del Proyecto de Ley.
El presidente de la Comisión Permanente, el diputado Darío Vivas (PSUV), señaló que se aspira iniciar la primera discusión del proyecto de ley en la Plenaria del Parlamento para el próximo mes de julio, e incluso se aprobó convocar a comunicadores comunitarios de otros países para celebrar un congreso de medios alternativos y populares y conocer las experiencias de otras naciones. Pero, ¿qué contiene el anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular?
Más que un anteproyecto de ley, el documento conocido por la opinión pública es una suerte de socarronería cuya exposición de motivos reivindica, y cito textualmente, a los “colectivos políticos y sociales contestatarios, antiimperialistas y patrióticos”, que incluye no solamente a las estaciones de radio y TV comunitarias de servicio público y sin fines de lucro, sino también a “los impresos, radios en internet, colectivos muralistas y otros”, todos los cuales se regirían por esta nueva Ley. La pregunta que emerge de inmediato es: ¿quedarán amparados por la ley aquellos medios comunitarios, alternativos o de comunicación popular, que no sean “contestatarios, antiimperialistas y patrióticos”? ¿O es que para ser un medio comunitario, alternativo o de comunicación popular, es indispensable ser contestatario, antiimperialista y patriótico? ¿Contestatario contra quién? [1]
La técnica y presentación del anteproyecto es sumamente mala, incluso dentro de los pésimos estándares que han caracterizado a esta Asamblea Nacional. Y desde un principio, la Exposición de Motivos corre el velo y deja a la vista la principal finalidad de la Ley propuesta: garantizarle el financiamiento público o estatal a los Medios Comunitarios Alternativos, mediante las diversas formas que más adelante señalo. No por casualidad la diputada Blanca Eekhout, quien presidirá la Subcomisión de Medios de Comunicación y será la responsable de coordinar las discusiones del anteproyecto de Ley, ha señalado la existencia de fallas que se deben corregir: “Cuando van los representantes de los medios alternativos a una alcaldía o a una institución para solicitar apoyo presupuestario, pues se interpreta como si estuvieran pidiendo una limosna[2]. Los aspectos del articulado que merecen destacarse son los siguientes:
1.      El anteproyecto propone democratizar la distribución del espectro radioeléctrico y a tal efecto impone que el espectro se distribuya en tres tercios iguales: 33,33% para el “Estado”, 33,33% para el “sector Privado” y 33,33% para el “sector Comunitario Alternativo” [Art. 4]. No se proponen disposiciones transitorias que regulen la transición desde la distribución actual hacia la distribución propuesta.
Según lo anterior, pareciera que el Estado tendrá solamente un tercio del espectro radioeléctrico, y los particulares los dos tercios restantes, repartidos a partes iguales entre el sector comunitario y un componente residual llamado sector privado. Pero la realidad es que el 66,66% del espectro radioeléctrico quedará en manos del Estado ya que, si bien las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos son en apariencia, o se dice que son, medios u operadoras privadas [Art. 6], supuestamente  autónomas e independientes del Estado, igualmente se proclama explícitamente que “forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos” [Exposición de Motivos] y su principal fuente de financiamiento será un “Fondo Institucional” adscrito nada menos que a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República [Art. 12]. En otras palabras, en el proyecto late permanentemente la contradicción sobre la naturaleza de las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos pues, por una parte, se predica su autonomía e independencia, y por la otra, se consagran normas que los hacen depender del financiamiento público.
2.      El anteproyecto incluye fuentes importantes de financiamiento público o estatal:
a.      Un “Fondo Institucional, adscrito a la Vicepresidencia de la República al cual se le asignará un presupuesto anual, una especie de Situado Constitucional…”, cuya administración y distribución se hará entre las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos [Art. 12. Subrayado añadido];
b.      Publicidad proveniente de “cada municipio, estado, instituto autónomo, entidad ministerial, empresa de producción social y toda expresión institucional de la Quinta República…”, los cuales deberán destinar un porcentaje no menor del 50% de su partida o presupuesto de publicidad, a Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos [Art. 13];
c.       Patrocinio de programas por parte de empresas de producción social…” [Art. 15]. Empresas de producción social son “entidades económicas dedicadas a la producción de bienes, obras y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico. No existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica y bajo régimen de propiedad estatal, colectiva o la combinación de ambas [3]; y,
d.      Misiones comunicacionales comunitarias o humanitarias alternativas [Art. 21], que presumiblemente serán financiadas por órganos del Estado. Según la norma, los Medios Comunitarios Alternativos formarán parte de las “misiones [humanitarias] de ayuda oficial” que partan desde la República, y asimismo cubrirán las “actividades que generan los pueblos en virtud de los acuerdos, cambios o avances o en general, las protestas o celebraciones  que en aras de estos, realicen las comunidades por constituirse en demostración franca de sus conciencias y voluntades”.
En síntesis, los medios comunitarios o alternativos, además de que “formarán parte del Sistema Nacional de Medios Públicos”, dispondrán de un cuantioso financiamiento que provendrá del presupuesto público, que tendrá como grifo permanentemente abierto y fluido “una especie de Situado Constitucional”, la mitad del presupuesto oficial de publicidad asignado a todos los órganos y entes públicos, el patrocinio de las empresas de producción social y los recursos que se le asignen para cubrir misiones internacionales. ¡Casi nada!
3.      Se impone a las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos la obligación de abrir en su localidad “una escuela permanente para la promoción y socialización de la formación en Comunicación Popular” [Art. 9].
4.      Se promueve el “otorgamiento de reconocimiento académico a la experiencia y acumulación de saberes en este aspecto, de las personas que durante tiempo, se han dedicado a cultivar esta modalidad comunicacional” [Art. 10], lo que podría implicar el otorgamiento de títulos o diplomas universitarios mediante la acreditación por experiencia. Ya la mencionada diputada Blanca Eekhout remarcó la necesidad de usar esta ley para superar prejuicios y estigmas, como lo son “las descalificaciones dirigidas por parte de algunas personas hacia estos comunicadores populares debido a que varios de ellos no poseen formación universitaria”.
5.      Se crean los “Consejos Populares de Comunicación” en cada comuna [Art. 11], alineados con “la nueva geometría del Poder” que propuso el Presidente de la República en la fallida Reforma Constitucional del 2007, y que ha sido implementada por vía legislativa en fraude a la soberanía popular y a la cláusula constitucional del Estado Federal.
6.      Por último, se le atribuye a la Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de la Comunicación Popular, aplicación preferente sobre la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos [Art. 19], toda vez que el anteproyecto contempla disposiciones relativas a la programación y a la publicidad de las Operadoras de Medios Comunitarios Alternativos. De modo que estas Operadoras quedarían parcialmente exceptuadas de aplicar la polémica Ley de Responsabilidad Social.
¡Eso es lo que hay!… Por ahora
[1]   Contestatario es alguien que polemiza, habituado a protestar u oponerse de manera vehemente contra la situación establecida
[2]    http://blanca.psuv.org.ve/2011/05/07/medios-alternativos-anteproyecto/
[3]    http://www.asuntopublico.com/documentos/eps.pdf