martes, 30 de noviembre de 2010

Estado de Emergencia y Estado de Excepción

Con motivo de las lluvias intensas y persistentes que han caído en el centro-norte costero de Venezuela, el Gobierno nacional declaró Estado de Emergencia en el estado Falcón, primero, y en la tarde de hoy lo amplió a los estados Vargas y Miranda y al Distrito Capital. Casi inmediatamente, tal vez prevenido frente a lo que ocurrió en el estado Vargas hace 11 años, un periodista advirtió vía Twitter que “El Estado de Emergencia no significa que estemos en Estado de Excepción. Al menos 14 garantías constitucionales siguen vigentes” y que “Un Estado de Emergencia es para agilizar trámites burocráticos. No es un estado de excepción”.

Antes de que se genere una alarma innecesaria en la población, es preciso aclarar rápidamente en qué consiste el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno nacional en los estados Falcón, Vargas y Miranda, y en el Distrito Capital. Y lo más importante, aclarar que dicho Estado de Emergencia no parece haberse decretado con fundamento en la Constitución ni implica la declaratoria de alguno de los estados de excepción a que se refiere la Constitución. Hagamos la distinción.

I

Conforme a los artículos 337 y ss. de la Constitución, el Presidente de la República puede, en Consejo de Ministros, decretar estados de excepción, en cuyo caso (y sólo en ese caso) pueden restringirse temporalmente algunas garantías consagradas en la Constitución, excluyendo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.

Entre las medidas específicas que pueden adoptarse como consecuencia de un estado de excepción, debidamente declarado, están: (i) Obligar a personas privadas para que cooperen con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, con la correspondiente indemnización de ser el caso; (ii) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, así como tomar las medidas  necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción; (iii) Hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en la Ley de Presupuesto; y (iv) Requisar los bienes muebles e inmuebles de propiedad particular que deban ser utilizados para restablecer la normalidad, previa  orden escrita y específica del Presidente de la República o de la autoridad competente designada, los cuales serán restituidos al término de la emergencia, sin perjuicio de la indemnización debida por el uso o goce de los mismos; entre otras (Ley Orgánica de Estados de Excepción).

Hay tres tipos de estados de excepción: el de alarma, cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos; el de emergencia económica; y el de conmoción interior o exterior. El Decreto que declare el estado de excepción debe presentarse, dentro de los ocho días siguientes, a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Aparentemente, lo que el Presidente decretó no fue alguno de estos tres estados de excepción.

II

El Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República ha sido dictado, según se desprende de las informaciones de prensa, con fundamento en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, según la cual, el Presidente de la República, un Gobernador o un Alcalde pueden, oída la opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres respectivo, declarar la existencia de un estado de alarma o de emergencia. En el mismo acto, debe clasificarse la emergencia según su magnitud y efectos; determinar las normas propias del régimen especial para situaciones de desastre; señalarse las entidades y organismos públicos obligados a participar en la ejecución del Plan de Acción Específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente, así como la forma y modalidades de participación de las entidades y personas privadas en dicho Plan de Acción.                                                                           

El de Emergencia puede declararse por cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, que puede generar víctimas o daños materiales y afectar la estructura social y económica de la comunidad involucrada, pero que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad.

Una vez que se declara el Estado de Emergencia, se permite la activación de recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el objeto de enfrentar eficazmente los efectos dañosos causados por el fenómeno natural o tecnológico que ha generado el desastre. Asimismo, las autoridades administrativas podrán ejercer las competencias que legalmente les corresponden, y en particular, las previstas en las normas del régimen especial que se determinen, hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad.

Durante el Estado de Emergencia, le corresponde a la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, en conjunto con los entes gubernamentales establecidos para tal fin, coordinar el suministro de información sobre las medidas y recomendaciones pertinentes a los entes privados y a la opinión pública, así como elaborar el Plan de Acción Específico antes señalado, para el retorno a la normalidad.

La responsabilidad de coordinar las acciones en situaciones de desastre debe asumirla el órgano que disponga de la mayor capacidad de respuesta y cantidad de medios que se correspondan con la naturaleza del desastre, que en este caso parece ser el Ejecutivo Nacional, y los demás órganos permanecerán en apoyo del órgano coordinador.

III

Si como venimos de explicarlo, el Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República no fue resultado de ejercer la potestad constitucional de declarar un estado de excepción, sino el resultado de ejercer la potestad legal prevista en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, resulta claro entonces que no puede restringirse temporalmente garantía constitucional alguna, intangible o no, pues las facultades especiales o extraordinarias que se derivan del Estado de Emergencia son exclusivamente las previstas en la mencionada Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que en ningún caso implican, debe insistirse, la restricción de garantías constitucionales.
                                                   
No deja de llamar la atención, entonces, que el Vicepresidente Ejecutivo de la República haya señalado que el Estado de Emergencia “permite tomar medidas extraordinarias para atender la situación de lluvias y poder ocupar temporalmente todos los espacios que se necesiten para poder desarrollar la atención debida a las personas” pues, como se ha señalado, imponerles a los ciudadanos obligaciones o servicios extraordinarios, o requisar sus bienes muebles e inmuebles, son medidas de excepción que sólo se permiten durante la vigencia de alguno de los estados de excepción previstos en la Constitución, y no es este el caso.

En conclusión, las facultades especiales o extraordinarias que se derivan del Estado de Emergencia son exclusivamente las previstas en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, descritas en la sección II.

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