miércoles, 11 de febrero de 2009

¿Democracia o Tiranía de la Mayoría?

Pocos días antes de que los venezolanos acudamos a votar a favor o en contra de la Enmienda, sobre cuya inconstitucionalidad ya se escribió en este foro, es pertinente hacer una reflexión que va más allá de lo jurídico. Si un grupo de personas decide convertirse en Nación es porque hubo una aceptación general de ciertos principios fundamentales. Son esos principios los que sustentan el contrato social que une y mantiene unida a la sociedad. En el caso de Venezuela, el ciclo de guerras y de montoneras que lucharon violentamente para ejercer el poder se cerró desde mediados del siglo pasado; a partir de entonces, se conformaron ciertos principios que han permitido la convivencia relativamente pacífica de todos los venezolanos más allá de las diferencias de opinión que puedan separarnos. Dos de esos principios han sido la negativa a permitir el continuismo en el ejercicio del poder, unido al deseo de asegurar la alternabilidad política; y la decisión de dirimir nuestros antagonismos mediante mecanismos democráticos y pacíficos.
Pues bien, la tentativa de enmendar la Constitución para permitir la eternización en el poder de los gobernantes constituye la ruptura del contrato social que une a los venezolanos, al aspirarse que una supuesta mayoría circunstancial legitime lo que siempre se ha negado: el continuismo de una misma persona en cargos de gobierno, desconociéndose además la decisión pacífica y democrática que sobre este asunto dio la mayoría de los venezolanos el 02/12/2007. De allí que la mera tentativa de Enmienda sea pólvora para ejercer el derecho de resistencia previsto en el artículo 350 de la Constitución.
La primera forma de resistencia se tradujo en la inútil impugnación del proceso ante la Sala Constitucional del TSJ. Como bien se sabe, el pasado 03 de febrero dicho tribunal acudió –por pura coincidencia– a la teoría oficialista del buen gobierno para justificar que el principio de Alternatibilidad exige solamente que el pueblo tenga la posibilidad periódica de elegir sus mandatarios, olvidando deliberadamente que el artículo 6 de la Constitución exige dos requisitos distintos: que el gobierno sea “electivo”, pero también “alternativo”. La Sala fue más allá y sentenció que un asunto ya rechazado por el pueblo puede proponerse infinitamente y sin ningún límite a través de enmiendas, habilitando al Presidente –otra vez por pura coincidencia– para que este cumpla con su promesa de hacer una enmienda por año, incluso sobre el mismo asunto.
Dado que la Sala no cumplió con su principal responsabilidad –nada menos que proteger la integridad y la supremacía de la Constitución–, el ejercicio del derecho de resistencia debe traducirse ahora en un colosal rechazo al proyecto de Enmienda, en las actividades de campaña y finalmente en el voto.
Si a pesar de lo anterior, la Enmienda resultare aprobada, el Presidente, los gobernadores y alcaldes podrán postularse y reelegirse indefinidamente en sus cargos, pero más peligroso que eso es la interpretación que según lo anunciado en el mitin de ayer 12 de febrero, el Presidente se propone darle a un eventual triunfo del SI en el referendo, según la cual "se generará una 'nueva doctrina constitucional' sustentada en el poder constituyente, en el soberano: 'Se hará lo que diga el pueblo, no la burguesía". La nueva doctrina constitucional, parte de la lógica revolucionaria, sería algo así como aquí se hará lo que diga el pueblo, no la Constitución. El peligro de esta nueva doctrina, que progresivamente ha venido siendo instituida incluso por el Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 1999, es que destruye la democracia constitucional y la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho que hoy nos caracteriza.
Efectivamente, la regla de la mayoría ha sido adoptada en la democracia como mecanismo fundamental para tomar las principales decisiones públicas, de allí que, una vez adoptada la decisión por la mayoría, ésta debe ser respetada incluso por las minorías. Pero esto es así siempre que la decisión mayoritaria haya sido tomada dentro de los límites establecidos para el ejercicio de esa facultad, usualmente definidos por el mismo grupo (a través de la Constitución, por ejemplo), que generalmente aluden a los derechos de las minorías.
Es por ello que el abuso de la regla de la mayoría conduce a lo que se conoce como la tiranía de la mayoría, esto es, la capacidad que tiene la mayoría, aún en un sistema democrático, de perjudicar e incluso oprimir a una o más minorías. De allí que las constituciones contemporáneas hayan previsto mecanismos que permiten preservar los intereses de las minorías y de este modo evitar que la regla de la mayoría se convierta en un arma para tiranizar a las minorías, poniendo en crisis la existencia misma de la sociedad. Con ello además se previene la arbitrariedad de la mayoría y la ausencia de argumentos racionales en la toma de decisiones.
Traigo todo esto a colación para advertir que no es válido convocar al pueblo para que se pronuncie sobre cualquier cosa, aún en contra de los principios fundamentales contenidos en la Constitución. Hay principios y reglas que forman parte de lo que Bobbio denomina “territorio inviolable” y Ferrajoli “la esfera de lo indecidible”, diseñada por las constituciones para sustraer, precisamente a las decisiones de la mayoría, la violación de los principios que las componen, y es esta una de las características fundamentales de las democracias constitucionales.
En los inicios del Estado de Derecho la decisión de la mayoría fue omnipotente [del Absolutismo Monárquico se pasó al Absolutismo de la Mayoría], pero con el surgimiento del Estado Constitucional y de las constituciones rígidas se puso fin a ese residuo de absolutismo. Gracias a las constituciones, la voluntad de la mayoría fue sometida al Derecho y a la esfera de lo indecidible (los principios constitucionales), permitiendo incluso que la mayoría pueda ser controlada por instituciones de garantía como en este caso debió serlo el TSJ.
Aceptar que la soberanía es absoluta y que por ello, la mayoría puede modificar el principio de Alternancia o cualquier principio fundamental de la Constitución, o tomar decisiones al margen de la Carta Magna, abre las puertas para que en el futuro la mayoría pueda, por ejemplo, abrogar las libertades de expresión y de manifestación u otros derechos fundamentales. Incluso podría legitimar un tercer mandato del Presidente Chávez por vía de plebiscito y sin necesidad de elecciones, total, ¡el soberano lo puede todo!
La verdad es que la soberanía popular no lo puede todo. Enmendar o reformar la Constitución, aún por vía de referéndum popular, para derogar o vulnerar derechos humanos o principios fundamentales de nuestra Constitución que forman parte del pacto social y que por ello le dan legitimidad a nuestra Carta Magna, equivale a la tiranía de una mayoría relativa, temporal o circunstancial, que de no ser oportunamente detenida por el TSJ, mantendría encendida la chispa del derecho de resistencia previsto en el artículo 350 de la Constitución.
¡Este es mi punto de vista!

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