jueves, 8 de enero de 2009

Gobiernos Electivos "y" Alternativos
En noviembre del 2008, el Presidente Chávez anunció su intención de promover un referéndum para que el pueblo decida si se debe permitir o no, la reelección indefinida del Presidente de la República, para lo cual, aparentemente sería suficiente con modificar el artículo 230 de la Constitución. Fue así como la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una Enmienda que, según el artículo 340 de la Carta Magna “tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental” ni tampoco sus principios fundamentales, sólo modificables mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Hace dos días el Presidente propuso extender la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular. La enmienda propuesta, en cualquiera de sus dos versiones, es inconstitucional por las siguientes razones.
En el Título I de la Constitución, relativo a los “Principios Fundamentales”, se señala expresamente que el gobierno de todos los niveles territoriales “es y será siempre” democrático, electivo y “alternativo” (Art. 6). Nótese que el gobierno no sólo debe ser “electivo”, sino también “alternativo”, por lo que, “Electivo” y “Alternativo” son dos requisitos distintos, cuya complementariedad a su vez promueve que el gobierno sea “democrático”, como también lo manda el art. 6.
Que el gobierno sea “electivo” quiere decir que debe ser producto de elecciones periódicas, lo cual se garantiza en el artículo 63 de la Constitución al establecerse que el sufragio es un derecho y se ejercerá mediante “votaciones libres, universales, directas y secretas…”. Pero que el gobierno sea “alternativo” quiere decir otra cosa. Quiere decir que en el gobierno debe existir alternancia, o lo que es lo mismo, que el gobierno debe ejercerse por diversas personas que se turnen sucesivamente, lo que se garantiza en los artículos 160; 174 y 230 de la Constitución, los cuales impiden la reelección indefinida de los gobernadores, de los alcaldes y del Presidente de la República.
Nótese además que la alternancia no es concebida por la Constitución sólo como una posibilidad, sino que es una condición obligada del gobierno en todos los niveles territoriales y por ello, inherente a la cualidad de gobierno democrático. En otras palabras, la Constitución no prescribe sólo la posibilidad de alternar, sino que impone la obligación de alternar. De modo que para respetar la alternancia no basta con que haya elecciones periódicas y que haya sólo la "posibilidad" de alternar, sino que debe garantizarse la "obligación" de alternar, y esto es posible sólo si se restringe la reelección del funcionario.
Para que el gobierno de la República y de los demás niveles territoriales sea democrático es necesario que sea electivo “y” alternativo, y la única forma de garantizarlo a través de elecciones periódicas y sucesivas, por una parte; y por la otra, mediante restricciones de reelección. Ambos mecanismos originan forzosamente el relevo de los gobernantes y la consecuente renovación de los gobiernos. El complemento entre ambos mecanismos facilita que las elecciones no se conviertan en un mecanismo para eternizar a una persona en el poder (hoy día puede ser Chávez, pero hace 20 años pudo ser Jaime Lusinchi, quien como se recordará, terminó su mandato con una elevada popularidad).
Alternancia implica, según el Diccionario de Ciencia Política (Serra, 1999, México: FCE), que ninguna persona puede ejercer el poder permanentemente o ejercerlo monopólicamente, sino que debe ser ejercido por diversas personas que se suceden en él por períodos previamente determinados. “La Alternancia es fundamental en la Democracia”, remata el referido Diccionario. De modo que la Constitución venezolana no se conformó con que el gobierno fuese “electivo” o emanado de elecciones periódicas, sino que también fuese “alternativo”, esto es, distribuido por turnos o por períodos entre diversas personas.
El principio de alternancia previsto en el artículo 6 es el fundamento constitucional que llevó a consagrar en los artículos 160; 174 y 230 de la Constitución, restricciones en la reelección de los funcionarios ejecutivos. De modo que mal puede enmendarse cualquiera de esos artículos para permitir la reelección indefinida del Presidente de la República, de los gobernadores y/o de los alcaldes, por ser todo ello violatorio del Principio Fundamental de Gobiernos Alternativos contenido en el artículo 6 Constitucional.
Pero aún en el supuesto negado de que esta iniciativa presidencial no viole el referido artículo 6, dicha iniciativa deviene igualmente en inconstitucional por vulnerar el artículo 345 de la Constitución, a tenor del cual, “… La iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.”. Es bien sabido que la iniciativa de reforma ejercida por el Presidente de la República durante el 2007 contempló, entre otros aspectos, la modificación del artículo 230 de la Constitución para eliminar la prohibición de reelección y permitir su reelección indefinida. Dado que esta iniciativa no fue aprobada, por aplicación del citado artículo 345 no puede presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional, y al no distinguirse en el artículo 345, es claro que no puede presentarse mediante ninguno de los dos procedimientos: ni por Reforma ni por Enmienda.
Más allá de alguna interpretación engañosa que pretenda hacerse del artículo 345 Constitucional, es necesario precisar que dicho artículo 345 no puede interpretarse aisladamente de los artículos 3 y 5 de la Constitución. El fin supremo de nuestro Constituyente fue, y así lo proclama el Preámbulo de la Constitución, “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica”, en la que, por consiguiente, “el ejercicio democrático de la voluntad popular” y su acatamiento es un fin esencial del Estado (Art. 3) y en la que los órganos del Estado están sometidos a la soberanía del pueblo (Art. 5), claramente expresada en el referéndum del 02/12/2007.
A la vista de lo expuesto, resulta claro entonces que insistir en la convocatoria de un referéndum para enmendar el artículo 230 de la Constitución es un visible fraude a la soberanía popular, y más precisamente, un abierto desafío del Presidente y de la Asamblea a la voluntad popular expresada el pasado 02 de diciembre del 2007. El solo hecho de celebrar este referéndum implica, aunque el Presidente lo vuelva a perder, vaciar de contenido el acto democrático por excelencia que es el voto como expresión de la voluntad popular. Es un hecho terrible que, si finalmente quedare bendecido por los magistrados del TSJ, tendrá un costo gigantesco para el gobierno y para el sistema democrático. El soberano debe enviar un mensaje bien sonoro. Hugo Chávez está subestimando la voluntad popular [como hace 10 años lo hicieron las antiguas élites políticas de AD y COPEI] y probablemente pagará caro las consecuencias.
¡Este es mi Punto de Vista!

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