miércoles, 14 de enero de 2009

¡La pregunta!

La Presidenta de la Asamblea Nacional (AN) anunció ayer la pregunta que pretende proponer dicha Asamblea para ser consultada en el referéndum sobre la enmienda constitucional, que textualmente sería la siguiente: ¿Aprueba usted la ampliación de los derechos políticos de las venezolanas y los venezolanos en los términos contemplados en la enmienda de los artículos 230, 160, 174, 192 y 162 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, tramitada por iniciativa de la Asamblea Nacional al permitirse la postulación para todos los cargos de elección popular de modo que su elección sea expresión exclusiva del voto del pueblo? Así planteado el asunto, la pretensión de la AN resulta inconstitucional por usurpar competencias del Poder Electoral y por violar el principio de imparcialidad que debe regir todo proceso de referendo, al ser sesgada la pregunta.

En efecto, según la Constitución, la Enmienda debe discutirse “según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes” (Art. 341.2), por lo que a la AN le corresponde aprobar únicamente la Enmienda a la Constitución, que deberá contener al menos cinco artículos por ser cinco la cantidad de artículos que pretenden modificarse. Sería algo así como una Ley de reforma parcial de algún texto legal, sólo que con forma de enmienda y similar a lo que fueron las enmiendas números 1 y 2 a la Constitución de 1961.

Ahora bien, es competencia del CNE la “organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos”, y específicamente, es de su competencia someter a referendo las enmiendas, las cuales “Se considerarán aprobadas… de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley relativa al referendo aprobatorio” (Arts. 293.5; 341.2 y 341.3). Es decir, le corresponde al CNE, y no a la AN, realizar la convocatoria del referéndum aprobatorio de la Enmienda. Ello así y por aplicación supletoria del artículo 182 de la Ley del Sufragio, le corresponde también al CNE, y no a la AN, realizar la formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en tales términos que pueda contestarse “sí” o “no”.

En todo caso, independientemente de quién haga la convocatoria, lo cierto es que los órganos y los procesos del Poder Electoral deben regirse por el principio de Imparcialidad (Arts. 293 y 294), por lo tanto, la pregunta que se formule no sólo debe ser clara y precisa, sino también “ponderada y sin sesgo”, como acertadamente lo advirtió Germán Yépez, rector principal del CNE, en entrevista concedida a Venezolana de Televisión. Lo que quiere decirse con tales adjetivos es que la redacción de la pregunta debe ser neutra o imparcial, que no induzca al elector para que vote de algún modo, en síntesis, que no tome partido por el Sí o por el No.

Por el contrario, la pregunta que pretende proponer la AN le hace ver a los electores que al votar Sí estarían votando por ampliar los derechos políticos de los venezolanos y para que las elecciones sean expresión exclusiva del voto popular, y que al votar No estarían votando contra los derechos políticos de los venezolanos y el voto popular. Así redactada, la pregunta claramente induce a que se vote por el Sí y por ello es sesgada y violatoria del principio constitucional de imparcialidad.

Para ser justos, colóquese en el otro lado de la acera política e imagine la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted la violación del principio constitucional de gobierno alternativo en los términos contemplados en la enmienda de los artículos 230, 160, 174, 192 y 162 de la Constitución, tramitada por iniciativa de la Asamblea Nacional, para permitir la reelección indefinida y eterna del Presidente y de los otros cargos de elección popular? Es evidente que una pregunta así redactada induciría a votar por el No y sería igual de sesgada que la propuesta por la AN.

Lo cierto es que, por tratarse de un referendo aprobatorio, como explícitamente lo denomina la Constitución, la pregunta neutra a formular es muy sencilla: ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160; 162; 174; 192 y 230 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional en fecha XXX y publicada en la Gaceta Oficial N° XXX de fecha XXX? ¡Listo! ¡Nada más! ¡Sencillo pero suficiente!

Los sectores moderados del País esperan que el CNE actúe con seriedad y prudencia, del modo señalado por el prenombrado Germán Yépez, rector electoral, quien anunció que el Poder Electoral revisaría la pregunta propuesta por la AN para ver si se ajusta a los mecanismos de consulta, y específicamente determinar si es ponderada y sin sesgo. Asimismo lo reconoció el diputado Carlos Escarrá, quien manifestó que la pregunta pudiera modificarse por el CNE si se considera que no se ajusta a determinados parámetros. Si así se procede, inevitablemente tendrá que corregirse la pregunta anunciada por la Presidenta de la AN y redactarse una similar a la que propusimos en el párrafo anterior. ¡Este es mi Punto de Vista!

jueves, 8 de enero de 2009

Gobiernos Electivos "y" Alternativos
En noviembre del 2008, el Presidente Chávez anunció su intención de promover un referéndum para que el pueblo decida si se debe permitir o no, la reelección indefinida del Presidente de la República, para lo cual, aparentemente sería suficiente con modificar el artículo 230 de la Constitución. Fue así como la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una Enmienda que, según el artículo 340 de la Carta Magna “tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución, sin alterar su estructura fundamental” ni tampoco sus principios fundamentales, sólo modificables mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Hace dos días el Presidente propuso extender la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular. La enmienda propuesta, en cualquiera de sus dos versiones, es inconstitucional por las siguientes razones.
En el Título I de la Constitución, relativo a los “Principios Fundamentales”, se señala expresamente que el gobierno de todos los niveles territoriales “es y será siempre” democrático, electivo y “alternativo” (Art. 6). Nótese que el gobierno no sólo debe ser “electivo”, sino también “alternativo”, por lo que, “Electivo” y “Alternativo” son dos requisitos distintos, cuya complementariedad a su vez promueve que el gobierno sea “democrático”, como también lo manda el art. 6.
Que el gobierno sea “electivo” quiere decir que debe ser producto de elecciones periódicas, lo cual se garantiza en el artículo 63 de la Constitución al establecerse que el sufragio es un derecho y se ejercerá mediante “votaciones libres, universales, directas y secretas…”. Pero que el gobierno sea “alternativo” quiere decir otra cosa. Quiere decir que en el gobierno debe existir alternancia, o lo que es lo mismo, que el gobierno debe ejercerse por diversas personas que se turnen sucesivamente, lo que se garantiza en los artículos 160; 174 y 230 de la Constitución, los cuales impiden la reelección indefinida de los gobernadores, de los alcaldes y del Presidente de la República.
Nótese además que la alternancia no es concebida por la Constitución sólo como una posibilidad, sino que es una condición obligada del gobierno en todos los niveles territoriales y por ello, inherente a la cualidad de gobierno democrático. En otras palabras, la Constitución no prescribe sólo la posibilidad de alternar, sino que impone la obligación de alternar. De modo que para respetar la alternancia no basta con que haya elecciones periódicas y que haya sólo la "posibilidad" de alternar, sino que debe garantizarse la "obligación" de alternar, y esto es posible sólo si se restringe la reelección del funcionario.
Para que el gobierno de la República y de los demás niveles territoriales sea democrático es necesario que sea electivo “y” alternativo, y la única forma de garantizarlo a través de elecciones periódicas y sucesivas, por una parte; y por la otra, mediante restricciones de reelección. Ambos mecanismos originan forzosamente el relevo de los gobernantes y la consecuente renovación de los gobiernos. El complemento entre ambos mecanismos facilita que las elecciones no se conviertan en un mecanismo para eternizar a una persona en el poder (hoy día puede ser Chávez, pero hace 20 años pudo ser Jaime Lusinchi, quien como se recordará, terminó su mandato con una elevada popularidad).
Alternancia implica, según el Diccionario de Ciencia Política (Serra, 1999, México: FCE), que ninguna persona puede ejercer el poder permanentemente o ejercerlo monopólicamente, sino que debe ser ejercido por diversas personas que se suceden en él por períodos previamente determinados. “La Alternancia es fundamental en la Democracia”, remata el referido Diccionario. De modo que la Constitución venezolana no se conformó con que el gobierno fuese “electivo” o emanado de elecciones periódicas, sino que también fuese “alternativo”, esto es, distribuido por turnos o por períodos entre diversas personas.
El principio de alternancia previsto en el artículo 6 es el fundamento constitucional que llevó a consagrar en los artículos 160; 174 y 230 de la Constitución, restricciones en la reelección de los funcionarios ejecutivos. De modo que mal puede enmendarse cualquiera de esos artículos para permitir la reelección indefinida del Presidente de la República, de los gobernadores y/o de los alcaldes, por ser todo ello violatorio del Principio Fundamental de Gobiernos Alternativos contenido en el artículo 6 Constitucional.
Pero aún en el supuesto negado de que esta iniciativa presidencial no viole el referido artículo 6, dicha iniciativa deviene igualmente en inconstitucional por vulnerar el artículo 345 de la Constitución, a tenor del cual, “… La iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.”. Es bien sabido que la iniciativa de reforma ejercida por el Presidente de la República durante el 2007 contempló, entre otros aspectos, la modificación del artículo 230 de la Constitución para eliminar la prohibición de reelección y permitir su reelección indefinida. Dado que esta iniciativa no fue aprobada, por aplicación del citado artículo 345 no puede presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional, y al no distinguirse en el artículo 345, es claro que no puede presentarse mediante ninguno de los dos procedimientos: ni por Reforma ni por Enmienda.
Más allá de alguna interpretación engañosa que pretenda hacerse del artículo 345 Constitucional, es necesario precisar que dicho artículo 345 no puede interpretarse aisladamente de los artículos 3 y 5 de la Constitución. El fin supremo de nuestro Constituyente fue, y así lo proclama el Preámbulo de la Constitución, “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica”, en la que, por consiguiente, “el ejercicio democrático de la voluntad popular” y su acatamiento es un fin esencial del Estado (Art. 3) y en la que los órganos del Estado están sometidos a la soberanía del pueblo (Art. 5), claramente expresada en el referéndum del 02/12/2007.
A la vista de lo expuesto, resulta claro entonces que insistir en la convocatoria de un referéndum para enmendar el artículo 230 de la Constitución es un visible fraude a la soberanía popular, y más precisamente, un abierto desafío del Presidente y de la Asamblea a la voluntad popular expresada el pasado 02 de diciembre del 2007. El solo hecho de celebrar este referéndum implica, aunque el Presidente lo vuelva a perder, vaciar de contenido el acto democrático por excelencia que es el voto como expresión de la voluntad popular. Es un hecho terrible que, si finalmente quedare bendecido por los magistrados del TSJ, tendrá un costo gigantesco para el gobierno y para el sistema democrático. El soberano debe enviar un mensaje bien sonoro. Hugo Chávez está subestimando la voluntad popular [como hace 10 años lo hicieron las antiguas élites políticas de AD y COPEI] y probablemente pagará caro las consecuencias.
¡Este es mi Punto de Vista!